Los Juzgados de la Vergüenza: Hoy, el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Cali.

Hace un mes decidí iniciar esta sección a manera de protesta por un Auto de un Juez Civil Municipal en Cali que me dejó bastante indignado por su falta de fundamento jurídico. Sin embargo, el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Cali lo acaba de superar con creces por cuenta de los Autos que verán a continuación:

Aclaremos conceptos previos.

Como ustedes ya saben, la Ley 640 de 2001 es la norma que regula la Conciliación extrajudicial en Colombia, y su artículo  28 es muy claro cuando se refiere a las conciliaciones en materia laboral.

ARTICULO 28. Conciliación extrajudicial en materia laboral. La conciliación extrajudicial en derecho en materia laboral podrá ser adelantada ante conciliadores de los centros de conciliación, ante los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales de la defensoría del pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral y ante los notarios. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales.

Subrayado Declarado Inexequible por Sentencia Corte Constitucional 893 de 2001

Este artículo ha generado una serie de malos entendidos debido a que la Ley 962 de 2005, en su artículo 20 suprime los sellos en las actuaciones de la administración pública. Si no me creen, les dejo a cita a continuación:

Supresión de sellos: En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o técnica utilizada en el otorgamiento o trámite de documentos, salvos lo que se requiera por motivos de seguridad.

La firma y la denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo (…)” En ese orden de ideas, los Inspectores de Trabajo no requieren del sello para la validez de una conciliación laboral”

Dado que la Ley 962 de 2005 es norma posterior frente a la Ley 640 de 2001, la consecuencia lógica es que EN MATERIA LABORAL NINGÚN ACTA DE CONCILIACIÓN DEBERÍA DE LLEVAR SELLOS.

Esto tampoco me lo estoy inventando yo, esta fue una respuesta dada a este servidor por el mismo Ministerio de Trabajo mediante un Derecho de Petición.

Por ello, cuando se decidió presentar una demanda ejecutiva con base en una conciliación extrajudicial laboral que una empresa no pagó, fue muy grande la sorpresa al ver la argumentación del Juzgado para abstenerse de librar mandamiento ejecutivo:

01. niega mandamiento de pago

02. niega mandamiento de pago

Como pueden observar, dicho Auto adolece de los siguientes errores gravisimos:

1. El Juzgado de marras está exigiendo sellos que, como ya vimos, el Ministerio no tiene.

2. El Juzgado está aplicando el artículo 115  del Código de Procedimiento Civil, que NADA tiene que ver en el trámite de admisión de un proceso ejecutivo laboral con Acta de Conciliación. Esto, dado a que dicho artículo se refiere a la Copia de Actuaciones Judiciales.

ARTÍCULO 115. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 63 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> De todo expediente podrán las partes o terceros solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:

1. Cuando la copia sea parcial, la parte que no la haya solicitado podrá pedir a su costa que se agreguen piezas complementarias, dentro del término de ejecutoria del auto que la ordene. El juez negará la agregación de piezas notoriamente inconducentes y decretará de oficio las que estime necesarias para evitar abusos con actuaciones incompletas.

2. Si la copia pedida es de una sentencia o de otra providencia ejecutoriada que ponga fin al proceso, apruebe liquidación de costas, fije honorarios o imponga condenas, se ordenará de oficio agregar las piezas que acrediten su cumplimiento, si lo hubiere.

Solamente la primera copia prestará mérito ejecutivo; el secretario hará constar en ella y en el expediente que se trata de dicha copia. Si la providencia contiene condenas a favor de diversas personas, a cada una de ellas se le entregará su respectiva copia.

En caso de pérdida o destrucción de la mencionada copia, podrá la parte solicitar al juez la expedición de otra sustitutiva de aquélla, mediante escrito en el cual, bajo juramento que se considerará prestado con su presentación, manifieste el hecho y que la obligación no se ha extinguido o sólo se extinguió en la parte que se indique. Además manifestará que si la copia perdida aparece, se obliga a no usarla y a entregarla al juez que la expidió, para que éste la agregue al expediente con nota de su invalidación.

3. También se ordenará la expedición de las copias que solicite una autoridad en ejercicio de sus funciones; en este caso, las partes no podrán pedir la agregación de nuevas piezas.

4. La expedición de copias de la totalidad de un proceso terminado, en el cual no esté pendiente ningún trámite previsto por la ley, se ordenará mediante auto de cúmplase.

5. A petición verbal de cualquier persona, el secretario expedirá copias no autenticadas del expediente o de parte de éste, en trámite o archivado sin necesidad de auto que las autorice. Tales copia no tendrán valor probatorio de ninguna clase.

<Jurisprudencia Vigencia>

6. Las copias podrán expedirse mediante transcripción o reproducción mecánica.

7. Las copias auténticas requerirán auto que las ordene y la firma del secretario.

<Notas de Vigencia>

<Legislación Anterior>

(negrillas fuera del texto y corresponde a lo que citó el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Cali)

3. El Ministerio de Protección Social no es la autoridad Competente para conciliar en Materia Laboral, lo que demuestra que más que un Auto, este esperpento fue formateado.

La gran sorpresa viene después del recurso de reposición:

Como era de esperarse, ningún abogado se quedaría quieto viendo que le niegan un mandamiento ejecutivo con unos fundamentos jurídicos tan endebles, y por consiguiente se interpuso el siguiente recurso de reposición:

reposición 1reposición 2

Y, oh sorpresa!, observen la respuesta dada por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Cali en la pieza jurídica más especial del Derecho Colombiano:

04. No repone05. No repone 2

06. No repone 3

Ahora si, veamos por qué este juzgado entra hoy a la deshonrosa lista de los juzgados de la vergüenza:

1. Porque para arreglar su error con lo que había dicho de los sellos, termina desfigurando su propio argumento, lo que en últimas, no es un argumento sino una excusa. Así vemos como este Juzgado toma la frase subrayada en el primer auto referente a los sellos, omite dicha referencia, y se concentra en las firmas para finalmente concluir que lo que quiso decir es que no debía haber sello sino una firma. Argumento del hombre de paja, ¿dónde?

2. Un Acta de Conciliación hecha por un funcionario público no se puede equiparar a un Acto Administrativo. Porque en primer lugar, cuando un Funcionario Público, sea Inspector de Trabajo, defensor del Pueblo, Fiscal, o Procurador, o el que sea; funge como conciliador lo cobijan las mismas facultades y deberes que tiene todo conciliador en la Ley 640 de 2001 y en la Ley 446 de 1998 (por algo es la Dirección de Métodos del Ministerio de Justicia quien diseña los programas de capacitación de esos funcionarios), siendo una de las más importantes que UN CONCILIADOR NO IMPONE LA DECISIÓN PORQUE ÉL ES UN TERCERO NEUTRAL.

Esto tampoco me lo estoy inventando yo, está en la Ley 446 de 1998, cuando define la conciliación, de la siguiente forma:

Artículo 64. Definición. La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. Exequible Sentencia Corte Constitucional C-114-99

Lo anterior es importante, porque si un Acta de Conciliación fuera un Acto Administrativo en el mismo estaría plasmada la voluntad de quien emite dicho acto (ver Sentencia C-069 de 1995), y por consiguiente las partes nunca gestionarían la solución a sus diferencias, sino que el conciliador impondría su voluntad, lo que en últimas deforma la naturaleza de la Conciliación Extrajudicial. Además, las Actas de Conciliación tendrían todas las consecuencias propias de un Acto Administrativo, tales como:

  • Posibilidad de revocatoria directa por parte del mismo funcionario que lo expidió (pisoteando por ahí derecho la voluntad de las partes).
  • Serían susceptibles del recurso de reposición ante el mismo funcionario y el recurso de apelación ante el superior jerárquico (entonces todo trabajador tendría que agotar la famosa vía gubernativa para poder exigir su pronto pago por parte de su empleador).
  • Susceptibles de demanda de nulidad y restablecimiento del Derecho (Si la tesis del Juzgado 16 Laboral de Cali fuera verdad, implica que ese juzgado debió de haberse declarado incompetente para conocer de dicha demanda porque el funcionario competente sería un Juez Contencioso Administrativo).
  • El documento no se llamaría “Acta de Conciliación” sino “resolución” o “decreto” u otro  nombre similar que deje en claro que la voluntad de las partes no tuvo nada que ver en su elaboración.
  • Dicho Acto Administrativo tendía que ser notificado a los afectados (en este caso, las partes), aún si fueron ellos mismos quienes lo firmaron.
  • Y la más obvia: Ningún particular tendría que haberlo firmado.
    Al parecer, el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Cali confunde “Conciliación Administrativa” con “Acto Administrativo” y por consiguiente está exigiendo formalidades propias de estos actos, lo que deviene en ese triste Auto Interlocutorio que ya vimos.

3. Porque ningún Juez tiene la facultad de poner en tela de juicio la autenticidad de un documento con valor probatorio en la Etapa de Admisión de una demanda, ya que no se ha escuchado a todas las partes involucradas y no conoce las pruebas que controviertan la presunción de autenticidad de la cual gozan todos los documentos: Y es que, si observan en la página 3 del Auto que niega el recurso de reposición, el Juzgado 16 Laboral del Circuito indica que la anotación contenida en el Acta de Conciliación de “primera copia presta mérito ejecutivo” es “simplemente una nota posterior a la terminación de la diligencia”. Tamaña afirmación es gravísima considerando que dicha Acta de Conciliación ni siquiera ser firmó delante de algún funcionario de ese Juzgado, que la Ley sólo exige que la anotación esté contenida en el Acta más no le exige la forma en que debe de estarlo, y que la única forma en que ella pueda conocer esa situación es conociendo la versión de la parte demandada cuando conteste la demanda (cosa que nunca pasó porque ni siquiera la admitió).

4. Porque, las formalidades para que un documento preste mérito ejecutivo son taxativas. Lo más pintoresco de todo el asunto es que el juzgado 16 laboral del Circuito cita correctamente las normas que contienen dichas formalidades (artículo 100 del Código Procesal Laboral y artículo 488 del Código de Procedimiento Civil) las hace a un lado y sólo se limita al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil porque es el que más le conviene para arreglar el daño que hizo con su primer auto.Esto, sin contar que, como ya vimos, no puede aplicar ese artículo porque el mismo sólo hace referencia a actuaciones judiciales (Autos y Sentencias).

Reflexión: Este tipo de situaciones vuelven a poner en tela de juicio la preparación de nuestros jueces y ratifican la necesidad de una aplicación científica del Derecho que se base en hechos y en fundamentos jurídicos sólidos más no en meras opiniones.

Es muy triste saber que una diferencia tan básica entre un Acto Administrativo y un Acta de Conciliación se pase por alto para justificar un error inicial. Pero es aún más triste que un operador judicial fundamente un Auto sólo con puras excusas para no admitir que se equivocó. Esto, mis amigos, demuestra un sentimiento de orgullo que ningún operador judicial puede permitirse porque el orgullo puede convertirse en una venda que ciega a las personas de los hechos y lleva al orgulloso a deformarlos.

ATENCIÓN: Para evitar posibles denuncias se borrarán los nombres de las personas implicadas en dichas actuaciones. No obstante se mantiene el nombre del Juzgado para que los usuarios de la justicia conozcan la línea de interpretación que está manejando dicho juzgado. Aún así, dejo en claro que los hechos que se denuncian corresponden a la realidad y yo no me estoy inventando nada.

Y así mismo, dejo en claro, una vez más, que esta publicación sólo busca fines académicos. Si usted, amable lector, se siente aludido, entonces lo invito a manifestar su desacuerdo y no a denunciarme, ya que no sólo no cometo ningún delito haciendo esto, sino que además estoy amparado por la misma Constitución Política de Colombia y tratados internacionales en lo referente al Derecho a la Información, a la protesta y a la libertad de expresión. Eso, y recordando que aquí no se hace mención de una persona en concreto sino de un Despacho judicial en el cual trabaja mucha gente, todo lo cual se hace en un marco de respeto personal.

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21 comentarios en “Los Juzgados de la Vergüenza: Hoy, el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Cali.

  1. dr. buen dia estoy por esta pagina aberiguando sobre una demanda contra el iss de cali debido a una discapacidad que me quedo por unaESCLEROSIS MULTIPLE con numero de radicado 525 – 2015 viendome con esto mas afectado ya que el abogado que consegui para este caso me es dificil ubicarlo agradesco su colaboracion buen resto de dia

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  2. hoy mi abogado fue a este juzgado donde habian trasladado un proceso que el me lleva i le dijeron que el expediente no aparece se desaparecio y eso me parece muy delicado .

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  3. Decir las cosas por su nombre es sinónimo de rectitud y de valentía, de lo que muchos abogados a veces somos huérfanos. Es natural que esas posiciones acarreen “persecuciones” por parte de aquellos a quienes se les descubre su desgano para proferir posiciones, en nuestro caso, jurídicas que se aparejen a la realidad. Pero lo importante es que esta tribuna es eso, un lugar en donde se escruten posiciones que a la postre, no todos pueden compartir.

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  4. Estoy en la mar de quejas contra el juzgado 22 Civil Municipal de Cali.
    Mediante una macabra carta circular a las entidades bancarias induce a los embargos de pensiones, encargos fiduciarios y cuentas de ahorros.
    Manda a la porra las limitantes en fiducias y cuentas de ahorros.
    Se originó la medida por no pago de tarjeta de crédito.
    Obviamente actúo en contra del juez ante la Sala Disciplinaria, banco de Occidente (que tiene abogados que no saben de leyes) ante Superfinanciera, y contra Colpensiones en solidaridad.
    Este es otro juzgado de la vergüenza. Tengo escaneada la carta circular pero no hallo la manera de remitírsela por este medio a efectos de que conozca semejante bodrio. Es de colección para el museo de la ignominia.

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  5. No es de extrañar el desparpajo con que algunos funcionarios aplican el famoso “código secretarial” con el que cortan y pegan sin ninguna consideracion y mucho menos asombro da la falta de asomo de estudio de los casos que se pretenden resolver en estrados.

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  6. Muy buen análisis del caso en esta entrada del blog, pone de manifiesto la calificación caprichosa que muchos juzgadores le dan a actuaciones variando de un solo plumazo su naturaleza jurídica. Esto ocurre constantemente con los despachos que no han sabido diferenciar entre título ejecutivo y título valor, por solo citar un caso.

    No obstante creo que las advertencias sobre la posible comisión de delitos podrían obviarse, en tanto que la calificación de los mismos no le corresponde al litigante sino al fiscal del caso y al juez penal competente. Las menciones de este carácter suelen generar reacciones airadas por los juzgadores y quitan un poco de elegancia a la defensa ejercida, la cual debe circunscribirse a los razonamientos para refutar la posición del juez.

    Espero seguir viendo esta clase de entradas para saber como prepararse ante situaciones similares.

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  7. Excelente crítica a ese yerro del Juzgado. Me parece que tiene toda la razón. Ojalá ese Juzgado haga méritos para salir de esa deshonrosa lista.

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  8. si pero no se enoje…estimado doctor, como siempre, excelente apreciación jurídica; es posible que el juzgador haya interpretado de buena fe, la falta de los sellos pensando en que el acta de controversia sea una fotocopia simple, la cual carece de valor probatorio y ésta sí tendría que autenticarse por “motivos de seguridad”… ?, apelará…? lo seguimos

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      • De hecho, en mi humilde concepto, resulta un tanto inadecuado ventilar los procesos judiciales en medios de comunicación, o redes sociales, etc., cuando aquellos se encuentran en curso. Téngase en cuenta que cuando un funcionario judicial adopta una decisión, ésta puede ser objeto de revisión por parte del mismo funcionario o de su superior funcional a través de los recursos que la Ley establece. Los abogados debemos debatir en derecho, no de forma mediática.

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        • Ignacio, es que de ahí parte el problema. En muchos juzgados saben que los abogados prefieren no apelar ese tipo de autos porque sale mejor retirar la demanda y volverla a radicar que esperar la respuesta del Tribunal Superior de cada distrito. En otras palabras, este tipo de autos no se profieren por desconocimiento de la norma (imposible si se supone que el juez se mató 5 años en una universidad y pasó un examen exigente para ocupar un cargo que es de carrera) sino por pereza de darle trámite al proceso.

          Ahora bien, es cierto que los abogados debaten en derecho. Pero, haciendo a un lado que debatir en derecho frente a este tipo de actitudes irregulares es perder el tiempo, debes de tener presente que en este espacio el debate se centra en explicar por qué la decisión tomada por el Juzgado fue contraria a derecho y a la lógica más elemental. Esto, con el fin de que el error tenga sanción social independiente de los recursos que quepan contra esas decisiones y de las acciones penales y disciplinarias que le quepan al funcionario. De esta forma se espera que no se cometa de nuevo o que otros abogados puedan enfrentar mejor estas situaciones

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