Así lo dejó en claro la Corte Constitucional al recordarle a las EPS que la mora en el pago de las cuotas no es un impedimento para vulnerar el derecho a la salud de los usuarios, en especial si tienen enfermedades graves.

Según indicó la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-724 de 2014, la protección efectiva del derecho fundamental a la salud prevalece frente a cualquier contingencia de tipo administrativo. En consecuencia, las entidades prestadoras deben, primero, suministrar los medicamentos y practicar los procedimientos idóneos para el restablecimiento de la salud de sus usuarios y, luego, adoptar medidas legítimas para exigir el cumplimiento de las obligaciones correlativas del interesado.

En cualquier caso, la suspensión del servicio de salud para exigir el pago de una cotización en mora es una medida inconstitucional, advirtió la corporación. Para tal efecto, las entidades promotoras de salud (EPS) deben hacer uso de la facultad legal de cobro, o ejecutar acciones menos lesivas, como llamar al usuario y acordar el pago de lo debido, de acuerdo con sus necesidades y sin afectar su derecho al mínimo vital.

Con estos argumentos, la corporación amparó el derecho a la salud de un paciente, al ordenarle una EPS autorizar la práctica de una cirugía y garantizar los servicios que los médicos determinen como idóneos para la recuperación postoperatoria.

De no llegar a un acuerdo sobre el pago de cotizaciones adeudadas, la EPS debe brindar un acompañamiento en los trámites pertinentes, para que el usuario ingrese al régimen subsidiado,sin suspender la continuidad en la prestación del servicio.

El alto tribunal agregó que el proceso de restablecimiento de la salud no se puede obstaculizar, y menos si se trata de enfermedades graves cuya recuperación depende de que haya intervención médica constante.

Por último, advirtió que la salud es un presupuesto esencial de la vida en condiciones dignas y de la realización de otros derechos. Por lo tanto, siempre prevalece frente a las razones administrativas o financieras de las entidades prestadoras.

Tomado de Ámbito Jurídico (con acceso el 30 de diciembre de 2014)

Anuncios