Los enemigos del régimen de insolvencia en la Rama Judicial: ¿Quienes son y cómo actuar frente a sus decisiones?

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Artículo editado el 20 de marzo de 2018

La publicación de denuncias de irregularidades en las decisiones judiciales es un ejercicio completamente protegido por la libertad de expresión, que no encuentra límite en razón de cuál es el oficio de quien se expresa. En consecuencia, no es posible argumentar que el hecho de ser abogado de alguna manera mengua el derecho a la libertad de expresión cuando se trata de examinar la conducta de operarios judiciales. También se debe señalar que el artículo 22 el Código Disciplinario establece que no habrá responsabilidad disciplinaria cuando se obre en legítimo ejercicio de un derecho o de una actividad lícita. En este caso el derecho a la libertad de expresión.

Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP)

Para nadie es un secreto que en este blog:

  1. Me enfoco en ayudar a deudores en dificultades porque soy Conciliador en Insolvencia de la Persona Natural No Comerciante y cuento con más de seis años experiencia en esa labor.
  2. Realizo un trabajo periodístico paralelo a mi labor como abogado, con la cual denuncio irregularidades que se presentan al interior de los Juzgados.
  3. El enfoque de ese trabajo periodístico, condensado en la sección “Los Juzgados de la vergüenza” se inspira en dos cosas: El título se inspira en el capítulo de Los Simpson “Homero El Grande” (Temporada 6 episodio 12) y su memorable escena de “la piedra de la vergüenza“. Pero también en el trabajo del Doctor Juan José Saavedra, quien entre los años 2000 y 2009 escribió cuatro libros denominados Sobre Fallos y Fallas, en los cuales publicaba decisiones judiciales burdas con el fin de denunciar a los Jueces “mediocres, perezosos, brutos y deshonestos
  4. Últimamente ese trabajo se ha enfocado en denunciar las actuaciones irregulares de los Jueces Civiles Municipales de Cali frente a los procedimientos de insolvencia de la Persona Natural No Comerciante.

En ese orden de ideas, revisé todos los artículos de los juzgados de la vergüenza, y con fundamento en hechos recientes que han ocurrido frente a este régimen, llegué a una conclusión en una hipótesis que ya estaba cavilando hace tiempo: Es un hecho que en Cali se busca acabar con los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante porque no le conviene a ciertos sectores, y lo que hacen esos jueces es, sea o no de manera intencionada, servir de caja de resonancia a los argumentos esgrimidos por esas personas que quieren destruir insolvencias.

Primero: ¿Por qué los llama enemigos del régimen de insolvencia?

Los llamo enemigos del régimen de insolvencia teniendo en cuenta que el Diccionario de la RAE define la expresión “ser alguien enemigo,ga de algo” como “No gustar de ello”. Es decir, los llamo así porque a lo largo de sus providencias los jueces denunciados a continuación han dejado patente que:

  • El régimen no les gusta.
  • Que para ellos el deudor (parte que se encuentra en estado de DEBILIDAD MANIFIESTA en estos procesos según ha dicho la MISMA CORTE CONSTITUCIONAL en sentencia C-699 de 2007 y en sentencias posteriores) podría estar defraudando a sus acreedores sólo por acogerse al régimen.
  • Han inventado un proceso sumario extralegal para resolver controversias de inventiva de abogados litigantes con dislexia (que terminaron convirtiendo la etapa de objeciones en una Kangaroo Court (no me refiero a la genial canción de la banda Capital Cities, sino al significado que esa palabra tiene en el derecho anglosajón. Ya se los explicaré más adelante), a pesar de que el el artículo 534 del C.G.P ha indicado perfectamente que ellos sólo pueden referirse a aspectos taxativos del mismo.
  • Algunos, inclusive, han compulsado copias a la Fiscalía y a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura a los conciliadores, apoderados de los deudores, o a los mismos deudores en dificultades, sólo porque les piden aterrizar sus decisiones.

No se trata de que estén tomando decisiones que no le convengan a los deudores (como por ejemplo, que no levanten los embargos, que es algo perfectamente legal), se trata de que estos despachos han demostrado tal irrespeto al régimen de insolvencia, que raya en el desprecio por el procedimiento establecido para ese trámite. Han demostrado estar dispuestos no sólo a tergiversar el espíritu de esa norma sino también a desconocer su contenido, hasta el punto de legitimar un proceso sumario extralegal qué se inventaron los abogados de algunos acreedores bancarios e irrespetar la autonomía y la independencia del conciliador en Insolvencia, quien es un operador judicial igual a ellos, sólo que cumpliendo funciones distintas y establecidas en diferentes leyes y de carácter temporal. Pero no por ello sin autonomía e independencia al momento de administrar justicia.

¿Quienes son los enemigos del régimen de insolvencia y por qué?

Considero que son enemigos del Régimen de Insolvencia, actualmente, los siguientes Juzgados Civiles Municipales de Cali:

  1. Juzgado 6: Ha rechazado liquidaciones patrimoniales a deudores que no tienen bienes.
  2. Juzgado 8: Fue quien inventó la tesis de que un deudor que se acoja a este régimen debe tener bienes que puedan ser adjudicados a sus acreedores en la etapa de liquidación patrimonial, so pena de rechazar esa etapa.
  3. Juzgado 9: Este Juzgado ha intervenido de manera indebida en las funciones de los Conciliadores en Insolvencia, llegando incluso a darles órdenes directas. Esto último está prohibido expresamente por el Código Disciplinario Único.
  4. Juzgado 18: Este es un enemigo declarado del régimen de insolvencia: resuelve controversias de inventiva de abogados litigantes, califica a cualquier deudor como comerciante de manera sumaria, así sea por tener un certificado de cámara de comercio sin renovar, no se atiene al tenor literal del régimen de insolvencia y basa sus decisiones en fallos de tutela del Tribunal Superior de Cali, que no sólo no tiene aplicación en este caso sino que han sido corregidas por la misma corporación.
  5. Juzgado 24: Realiza controles de legalidad indebidos, y enteramente subjetivos, cuando el proceso le es remitido en las etapas de objeciones.
  6. Juzgado 25: El peor de los enemigos que tiene ese régimen. Cuando empezó el mismo, en 2013, denegó abrir una liquidación patrimonial  porque para él esa norma entraría en vigencia en 2016. Ha llegado a realizar controles de legalidad que no son más que imposiciones subjetivas a los Conciliadores y, en un caso bastante aberrante, se pronunció sobre su competencia y dijo que después de hacer esos controles él ya no seguía siendo competente para resolver nada más del caso. Es decir, manda al Conciliador a corregir su trabajo pero luego dice que debe remitirlo a otro Juzgado. Esto contradice abiertamente el parágrafo del artículo 534 del C.G.P
  7. Juzgado 22: La operadora judicial de este despacho es enemiga declarada del régimen. Son bien conocidas sus sentencias en donde se abstiene de abrir liquidaciones patrimoniales para combatir la cultura del no pago, otras donde acusa a personas que realizan una profesión liberal de ser comerciantes sólo porque ejercían esa profesión bajo una unidad de negocios organizada. Ha compulsado copias a los conciliadores que le exigimos atenerse al tenor literal del régimen de insolvencia, y finalmente me enteré por boca de un liquidador que la operadora judicial ni siquiera conocía el decreto reglamentario que regula ese régimen (Decreto 2677 de 2012).
  8. Juzgado 27: Resuelve controversias inexistentes y califica a cualquiera de comerciante.
  9. Juzgado 28: Resuelve controversias inexistentes y califica a cualquiera de comerciante
  10. Juzgado 34: Aunque trata de ser ecuánime al momento de resolver las controversias (llegando a negarlas cuando ve que las pruebas son contundentes en favor del deudor), finalmente las está resolviendo. Además, realiza controles de legalidad sumarios para aperturar liquidaciones patrimoniales, que está expresamente prohibido por el Código General del Proceso porque.
  11. Juzgado 35: La postura de este juzgado ha sido ambivalente. A veces resuelve bien los casos, pero otras veces comete los mismos pecados de los otros despachos. Así que su línea jurisprudencial horizontal es contradictoria, lo que vulnera el derecho fundamental a la igualdad.

En los Juzgados Civiles del Circuito de Cali también hay enemigos del régimen, los cuales son lo siguientes:

  1. Juzgado 3 (cuya operadora fue juez civil municipal y decretaba nulidades de las actuaciones de los conciliadores sin tener competencia para ello. Esta Juez legitimó el invento infundado del Juzgado 8 C.M de cali de prohibir que deudores sin bienes accedieran al régimen)
  2. Juzgado 14 (que ha emitido múltiples pronunciamientos en los cuales se legitima estas posturas, aunque en acciones de tutela no puede imponer criterios a los conciliadores, so pena de crear una segunda instancia en un trámite que es de única)
  3. Juzgado 17. Su postura, frente a las tutelas contra Conciliadores, es similar al Juzgado 14 Civil del Circuito.

Si usted conoce más, por favor diganmelos. 

¿Cuáles son las pruebas que tiene contra estos juzgados?

Abundantes providencias judiciales que ellos mismo han proferido en la materia. En algunos casos, los despachos han cambiado de jueces pero intentan mantener esa línea jurisprudencial (como el Juzgado 35 Civil Municipal). Algunos han cambiado radicalmente esa línea, como los Juzgados 29 u 11 Civiles Municipales, y por eso ya no los menciono aunque en el pasado tuvieron líneas argumentales similares a los Despachos mencionados.

Algunas de esas sentencias han sido publicadas en la sección de Los Juzgados de la Vergüenza, y pueden encontrarlas haciendo clic aquí.

¿Por qué considera que estos Juzgados están equivocados en sus pronunciamientos?

Porque en algunos despachos se nota de frente que están parcializados en favor de los acreedores. Tal es el caso de los Juzgados 8, 9, 22 y 25 Civiles Municipales de Cali. El caso del Juzgado 22 Civil Municipal me parece el más grave, porque sus pronunciamientos ni siquiera están fundamentados. Aquí encontrará un ejemplo.

En los demás, como dije al principio, se ve que se han convertido en caja de resonancia de unos abogados que representan a acreedores bancarios (generalmente Colpatria, BBVA, Bancoomeva, Av Villas, Bancolombia y Banco de Occidente), quienes haciendo uso de una cita inexacta de la norma se inventaron  un proceso sumario para resolver las famosas “controversias”, de las cuales ya he hablado mucho en este espacio pero las puedo resumir en esta forma para quienes no entiendan de qué hablo: Es como si en un partido de fútbol un funcionario de la NBA (que obviamente nada tiene que ver con el fútbol) le estuviera diciendo cómo hacer su trabajo al árbitro desde las graderías y, como si fuera poco, le cambiara las reglas del juego sobre la marcha porque está parcializado en favor del equipo de su preferencia.

Lo peor de todo es que esas controversias son tal ilegales, que hasta el Mismo Tribunal Superior de Cali, que en algún momento las avaló, cambió su postura y las declaró como una vía de hecho.

Por ejemplo, en el año 2015, mediante Fallo de segunda instancia en la tutela con Radicación 76001-31-03-014-2015-00124-01-2225, esto es lo que el Tribunal Superior de Cali dijo sobre las Controversias:

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Sin embargo, en el mismo año, en el fallo de Tutela del 29 de mayo de 2015, con radicado único nacional 76001-31-03-006-2015-00226-01, con consecutivo interno 3059, Magistrado Ponente Julián Alberto Villegas Perea, el Tribunal dijo lo siguiente:

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Estas sentencias, inclusive, dejan ver que, posiblemente, el mismo Tribunal Superior de Cali, o está dividido al interior de la Sala Civil frente a esas “controversias”, o actúa como enemigo del régimen a veces, como quiera que a lo largo de estos años su línea jurisprudencia en materia de tutela,  en estos casos puntuales, no ha sido homogénea y parece como si en algunos casos legitimara esas controversias, a pesar de tratarse de casos indiscutiblemente similares al caso con radicación 76001-31-03-006-2015-00226-01.

Lo peor es que hasta el sol de hoy, algunos jueces enemigos de este régimen, como el Juez 18 C.M, se están basando en la sentencia citada primero, la que más perjudica al deudor y a los mismo acreedores porque avala la creación de un proceso sumario que convierte al juzgado Civil Municipal en una Kangaroo Court. Son tan caraduras que cuando se les cita la sentencia que corrige esa postura ni siquiera hacen referencia a la misma, e ignoran por completo su ratio decidendi.

¿Qué es una Kangaroo Court (Juzgado Canguro) y por qué un Juzgado Civil Municipal que resuelva controversias se convierte en uno?

En el Common Law se le llama Kangaroo Court a los Juzgados que ignoran abiertamente los principios del derecho y las normas procedimentales. O que se crean para intervenir en casos que, en algunos casos, ni siquiera son de su competencia funcional o territorial. También se le llama así a los Juzgados que, siendo competentes y creados oficialmente, como en el caso de los Juzgados Civiles Municipales de Cali, intencionalmente desprecian el derecho procedimental o los principios del derecho (o se lo “saltan”, como un canguro).

En una Kangaroo Court, se busca que unas decisiones que ya están tomadas, incluso antes del mismo juicio, tengan un barniz de legalidad para dar una apariencia de que el juicio fue justo. En el peor de los casos, en este tipo de juzgados una de las partes tiene una excesiva ventaja sobre la otra (como lo ha reconocido la Corte Constitucional cuando declaró que los deudores se encuentran en estado de debilidad manifiesta frente a los acreedores)

En el caso de las decisiones judiciales que toman los enemigos del régimen de insolvencia, como declarar que un deudor es comerciante o que su propuesta de pago no es clara expresa y objetiva (para ellos), ellos realizan estos pronunciamientos usando el procedimiento legal que realmente fue establecido para resolver objeciones sobre la existencia, naturaleza y cuantía de obligaciones (art. 550, 551 y 552 C.G.P), que no admite recurso por tratarse de una decisión de plano. Esto genera un desequilibro en la práctica, porque el deudor jamás tiene cómo probar un negativo como este, los jueces le terminan dando más preponderancia a “hechos” que en realidad son sólo presunciones de que está ejerciendo el comercio, y esto ha devenido en un hecho muy grave: El 98% de las controversias son ganadas por los acreedores Bancos, que son los mismos de siempre en Cali: BBVA, Av Villas, Banco Colpatria y Banco de Occidente (cuando es representado por Conalcreditos). Algunos de los abogados de las entidades mencionadas, a quienes les pagan expresamente para tumbar a toda costas las insolvencias, fueron denunciados por un colega recientemente en un comunicado que repartió a todos los juzgados y a todos quienes trabajamos con este régimen en Cali. A mí no me consta la veracidad de lo que dice el comunicado, pero es muestra del descontento de algunos sectores por la forma agresiva de los ya mencionados para la defensa de sus intereses.

¿Qué pasa con los deudores afectados con estas posturas?

Ya es de por sí un atentado al sentido común que estos “canguritos” crean que en un proceso como este, que sólo admite pruebas documentales, una persona no comerciante va a demostrar un hecho negativo para controvertir que un certificado de cámara y comercio lo hace comerciante, o probar que la única propuesta que puede cumplir si es clara, expresa y objetiva (calificación que, por demás, hace el Conciliador) porque sus ingresos no le dan para algo diferente. Pero más grave es que los deudores que pierden las controversias (que por demás, pagaron por acceder al régimen), sólo tienen dos alternativas a partir del momento en que estos despachos resuelven esas controversias: O pagan de nuevo para acceder al régimen (como le ha pasado a un ingeniero contratista del Estado que ha sido calificado como comerciante tres veces por jueces civiles municipales de Cali y tres veces se ha acogido al régimen en el Centro de Conciliación Paz Pacífico), o intentan acceder al régimen de insolvencia de personas comerciantes (establecido en la Ley 1116 de 2006), en donde les niegan el acceso al mismo porque NO SON COMERCIANTES, aún incluso si van con la sentencia de estos Juzgados donde los califican como tales.

En este caso, encontramos una providencia de la Superintendencia de Sociedades en donde se rechaza el acceso a la Ley 1116 de 2006 a una persona que había sido devuelta del régimen de insolvencia para no comerciantes porque, supuestamente, era controlante de una sociedad:

No se ustedes, pero si una persona no puede acceder a ninguno de los dos regímenes de insolvencia que existen actualmente en Colombia (porque el tercero, el de la Ley 550, es para entidades territoriales), entonces estamos ante uno de los casos de denegación de justicia más graves que ha cometido la Rama Judicial, en especial la Seccional del Valle del Cauca. Y así es como hay que denunciarlos.

¿Ha denunciado a estos Jueces? ¿Han surtido efecto estas denuncias? ¿Cómo los denuncio yo como afectado?

Personalmente he denunciado penal y disciplinariamente a los jueces 6, 18, 22, 27, 29 y 20 (los dos últimos, antes del cambio de operador judicial) civiles Municipales de Cali. Pero en la Fiscalía de Cali estos casos, de manera sorprendente y a pesar de las disposiciones establecidas en abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre los delitos de prevaricato por acción y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, son archivados porque las posturas de esos despachos las están manejando como una opinión fundamentada “respetable” que ellos asumen, como si hablar mierda y ponerle un artículo al lado mal citado le diera fundamento jurídico. Vale anotar que esto suele ocurrido porque los asesores de los deudores NI SIQUIERA AGOTAN TODOS LOS RECURSOS  A SU ALCANCE para buscar tumbar esas decisiones.

Y es que la ruta legal que un deudor afectado por decisiones como estas debe seguir antes de denunciar penal y disciplinariamente a un Juez enemigo del régimen es lo siguiente:

  1. Debe interponer un recurso de reposición, que será negado.
  2. Posteriormente, debe interponer una acción de tutela contra el fallo. En primera instancia la conocerán los Juzgados Civiles del Circuito, así que debe rogar que no le caiga en los Juzgados de esa instancia que son enemigos del régimen.
  3. Si la tutela es denegada, como cosa rara si cae en algún Juzgado enemigo del régimen, debe impugnarla. La impugnación la conocerá el Tribunal Superior de Cali, Sala Civil.
  4. Cuando la Sala Civil resuelva la Tutela, y la deniegue, ahí si debe entrar a denunciar penalmente y disciplinariamente. No antes.

También se puede pedir acompañamiento de la Procuraduría, pero esta entidad no sólo se hará la rogada para recibir la solicitud de acompañamiento (como me dijo un deudor que le pasó en su caso), sino que le dará traslado a la Personería de Cali, en la que entra a resolver un abogado medio lerdo que reduce estos casos a una simple diferencia de criterios, sin entrar a analizar de fondo los argumentos esgrimidos por el Despacho Judicial o el debido proceso establecido por el Código General del Proceso en estos casos. Incluso, fija postura en favor del Despacho aunque diga lo contrario.

Sin embargo, ustedes, deudores afectados, no se pueden dejar desmotivar por estas dificultades. Hay que seguir denunciando, atacando esos fallos con los argumentos pertinentes y reducirlos al absurdo que son sin desfallecer. Tarde o temprano la justicia llegará y ustedes tienen la ventaja de tener la razón de su parte. Si ve que el abogado que lo asesora no hace esto, hágalo usted mismo pero HÁGALO. Levante su voz contra esta injusticia y grite tan fuerte que esta gente sepa que usted no es ningún homúnculo que ellos pueden pisotear como se les de la gana.

¿Debo denunciar a los abogados de las entidades financieras que interpongan controversias?

Por supuesto. Estos abogados en los escritos en los cuales sustentan sus controversias suelen cometer las siguientes faltas disciplinarias:

  1. Falta contra la dignidad de la profesión (Art. 30 numeral 4 de la ley 1123 de 2007.)
  2. Faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del estado (Art. 33 numeral 8 y 10 de la ley 1123 de 2007)
  3. Faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del estado (Art. 33 numeral 8 y 10 de la ley 1123 de 2007)
  4. Faltas contra el deber de prevenir litigios y facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos (Art. 38 numeral 1 y 2 de la ley 1123 de 2007)

Se considera que se han configurado dichas faltas por los siguientes hechos que estos abogados suelen cometer en las audiencias:

  1. Si el Conciliador niega remitir el expediente para resolver esas controversias, objetan algún crédito y luego presentan las controversias negadas debajo de cuerda, como si el Conciliador en Insolvencia fuera un convidado de piedra que no tomara decisiones sobre la adecuada orientación del trámite, a pesar de ser el director del Trámite de Negociación de Deuda. Es decir, para ellos el Conciliador está contando chistes. Si lo anterior no es un ejemplo de lo que es la presentación de un recurso temerario, entonces no sé qué lo sea.
  2. Uso de citas inexactas para inducir al Juez de conocimiento de las objeciones para que resuelva unas supuestas “controversias” que no sólo NO EXISTEN, sino que habían sido previamente negadas por improcedentes. Esto último es grave, porque ellos siempre tergiversan el tenor literal del artículo 534 del C.G.P, y llegan incluso a negarlo al darle más prevalencia al artículo 17 numeral 9 del C.G.P, que es una norma de carácter general y anterior al artículo 534. ¿No entendió lo que dije? Se lo resumo en una analogía: Estos abogados leen en un texto “azul” en donde dice, literalmente y sin lugar a dudas, “aguacate”. Y están tan seguros que dice azul que le hacen creer a un juez que no se habla de una fruta sino de un color.

Reflexión

Yo a estos Jueces enemigos del régimen, honestamente les deseo que NUNCA se vayan a encontrar en la situación de deudores. NUNCA lleguen a encontrarse en ese estado de indefensión, para ver si así sus acreedores no los pisotean como se les da la gana unos Jueces Civiles Municipales que abiertamente estarán del lado de los “pobrecitos acreedores”, así sean las entidades que tanto se aprovecharon de usted en el pasado y que no le dieron la mano en el momento en que más los necesitaba.

Espero de todo corazón que NUNCA tengan que rogar por la oportunidad de organizar su vida de una manera diferente a perderlo todo en una carrera de ratas donde el único que va a despojar al deudor de sus bienes es el acreedor que se los embargue primero. Y mientras piensan en esto, les deseo que la próxima vez que se quejen porque les llegan muchos procesos ejecutivos a sus despachos, piensen que están destruyendo la ÚNICA NORMA que les permite reducirlos considerablemente.

Postdata: ¿Algún Juez se ofendió por la imagen que puse al inicio? Aquí le dejo la fuente. Sé que la disfrutará mucho https://www.youtube.com/watch?v=LAJ6_UbFNK8

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Publicado por

Abogado Juan Carlos Muñoz

Abogado tributarista. Egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, con más de 7 años de experiencia en insolvencia económica, divorcios y eliminación de reportes negativos. Es también Conciliador en en Insolvencia de la Persona Natural No Comerciante. Le gusta escribir sobre el dinámico mundo del derecho colombiano. Antes lo hacía en el Diario Occidente en el año 2011 y ahora lo hace en este blog. Ha colaborado con la página Finanzas Personales y con Las2Orillas.

2 respuestas a “Los enemigos del régimen de insolvencia en la Rama Judicial: ¿Quienes son y cómo actuar frente a sus decisiones?

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