La imposición de fallos de opinión por parte de los Juzgados civiles municipales de Cali: ¿Hay un nuevo cartel de la Toga en la ciudad?

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A raíz de la llamada que recibí de un prestigioso abogado de Cali, que se dedica a asesorar deudores en insolvencia, y debido a lo que parece un plan de algunos jueces civiles municipales para cerrarle el acceso a la justicia a los deudores que no tienen bienes, se advierte a la comunidad, mediante este escrito, sobre lo que está pasando en Cali con los trámites de Insolvencia de Personas Naturales No Comerciante: Los Juzgados Civiles Municipales de Cali, en contubernio con la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, están imponiendo sus opiniones personales sobre la forma en que ellos creen que se deben tramitar los trámites de insolvencia de persona natural no comerciante.

Sin ningún tipo de análisis, o fundamento jurídico, estos jueces, a los cuales ya denuncié en este espacio hace unos meses, tienen las siguientes opiniones EQUIVOCADAS sobre los trámites de insolvencia y las quieren imponer de manera torticera:

  1. No es lógico que un deudor sin bienes (o con bienes muebles inembargables) se acoja al régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante.
  2. Si un deudor retira su solicitud, o estos jueces se la rechazan con base en sus babosadas, no se puede volver a acoger al régimen de insolvencia en cinco años.
  3. El Conciliador, y el liquidador, no son Operadores Judiciales autónomos e independientes, sino meros auxiliares de estos jueces.
  4. Cualquier presunción de ejercer el comercio, establecidas en el artículo 13 del Código de Comercio, convierte a alguien en comerciante, así esa persona logre demostrar que no lo es.

Es tal su afán por imponer estos criterios, que algunos jueces han llegado a denunciar a los abogados asesores porque, según ellos, están defraudando la administración de justicia cuando son apoderados de deudores sin bienes, o cuya calidad de comerciante es jurídicamente discutible. De hecho, esto le sucedió al abogado que me contactó para que lo ayude con una compulsa de copias que le hiciera un Juzgado que, de hecho, yo ya denuncié en este espacio por su abierta parcialidad en estos trámites.

Como ejemplo de lo que digo, partamos de esta situación: Supongamos que usted se acoge al régimen de insolvencia, paga por acceder a dicho régimen, no tiene bienes fuera de los muebles de su casa (sala, comedor, nevera….), no logra llegar a un acuerdo de pago con sus acreedores, lo cual es causal de liquidación patrimonial. Pero resulta que el Juez Civil Municipal, quien tiene la O-BLI-GA-CI-ÓN de decretar la apertura DE PLANO del trámite de liquidación patrimonial, le parece que tramitar una insolvencia de estas es desgastar la administración de justicia (porque con esa clase de argumentos es que han salido algunos jueces, como ocurrió con un caso en el Juzgado 26 Civil Municipal de Cali recientemente) y “rechaza la demanda”.

Luego, usted se devuelve al Centro de conciliación, hace el reclamo y logra que vuelvan a tramitar su solicitud. Nuevamente no llega a ningún acuerdo de pago y remiten nuevamente el expediente a los Jueces Civiles Municipales, donde vuelven a rechazar su solicitud de insolvencia: Esta vez, porque el Juez le dice que debe esperarse cinco años para volver a presentar una nueva solicitud.

Si, así como lo oye, hay jueces en Cali que están devolviendo insolvencias por causas que ni siquiera aparecen en la norma, como la anteriormente expuesta.

Pero lo que sorprende en este punto no es tanto que estos jueces realicen estos actos, sino la pasividad con la cual los Centros de Conciliación, los Conciliadores y los abogados asesores están naturalizando esa imposición de opiniones personales. Es más, en algunas universidades están tomando dichas opiniones como doctrinas, sin ningún análisis, sin ningún sentido crítico, y obviando el sentido literal de normas de carácter IMPERATIVO (ver Corte Constitucional, Sentencia No. T-597/95), como los son el artículo 574 del Código General del Proceso, que reza lo siguiente:

Artículo 574. Solicitud de un nuevo procedimiento de insolvencia. El deudor que cumpla un acuerdo de pago, solo podrá solicitar un nuevo procedimiento de insolvencia una vez transcurridos cinco (5) años desde la fecha de cumplimiento total del acuerdo anterior, con base en la certificación expedida por el conciliador.

El deudor cuyo patrimonio haya sido objeto de liquidación en los términos previstos en este título, solo podrá solicitar los procedimientos aquí previstos una vez transcurridos diez (10) año después de la providencia de adjudicación que allí se profiera.

La interpretación de esta norma no está en discusión, y se necesitaría no tener neuronas para entender algo diferente de lo que ahí expresa, que básicamente consiste en lo siguiente:

  1. Si llega a cuerdo de pago, espera cinco años para volverse a insolventar. Ese término cuenta desde la fecha de cumplimiento total del acuerdo.
  2. Si llega a liquidación patrimonial, debe esperarse 10 años desde la providencia de adjudicación.

En ningún momento ahí aparece la palabra rechazo de la demanda (algo legalmente imposible, ya que la liquidación patrimonial no es una demanda sino una remisión que obliga al Juez a continuar con un trámite en curso), ni desistimiento, ni nada parecido. Así que mientras no se den estos supuestos, y se cuente con el dinero, el deudor en insolvencia puede presentar las solicitudes que se le de la gana, gustele o no a los jueces civiles municipales de Cali.

El Caso del Juzgado 26 Civil Municipal al cual hago referencia.

Como muestra de la imposición grosera y burda de opiniones personales, observemos la decisión que tomó el Juzgado 26 Civil Municipal de Cali cuando debía decretar DE PLANO la apertura de un trámite de liquidación patrimonial:

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Aquí en este caso hay tres irregularidades:

  1. El Juez no hace una relación de cuáles son esos bienes que supuestamente son inembargables.
  2. El Juez no tuvo en cuenta que la excepción de incluir bienes inembargables, que menciona el artículo 565-4 del C.G.P, es una consecuencia de la APERTURA del trámite de liquidación patrimonial (que él nunca realizó).
  3. Quien califica como inembargable un bien del deudor no es el Juez, es el Liquidador. Este último, está obligado a hacer una nueva relación de los bienes del deudor partiendo de la que este hizo en su solicitud de negociación de deudas, más no quiere decir que deba seguirla ciegamente (ya que el liquidador podría ir a la casa y ver cómo son esos bienes, si tiene más de un bien inembargable o si son suntuarios)
  4. El Juez hace referencia al espíritu de la norma para desobedecer una orden imperativa de decretar la apertura DE PLANO del trámite de liquidación patrimonial, lo cual es manifiestamente contrario al artículo 27 del Código Civil Colombiano.
  5. El espíritu de la norma que cita el Juez Civil Municipal no es el espíritu real de la norma, sino una alucinación  que sólo vive en su cabeza: De hecho, el espíritu de la liquidación patrimonial es que el deudor pueda descargarse de sus obligaciones, y ponerle fin a su situación de endeudamiento para volver a tener vida crediticia. Además, de buscar descongestionar la justicia de tanto proceso ejecutivo.

Pero lo más grave de este fallo es que es calcado de otros fallos similares, que en el último año han proferido algunos jueces civiles Municipales en Cali. Si lleva tiempo leyendo mi blog, y mis denuncias, sabrá que llevo casi cuatro años denunciando estas arbitrariedades, las cuales no sólo no se han detenido sino que se han recrudecido, hasta el punto de que ahora, prácticamente, para insolventarse en Cali hay que tener Carro o Casa. no vale la plata, o un cuadro de renoir que usted tenga en la sala. Ni siquiera valen los depósitos judiciales producto de un embargo, que expresamente están a órdenes del Juzgado que tramita la liquidación patrimonial.

De esta forma, cualquiera podría concluir que lo que quieren estos despachos, con estas decisiones, es DESESTIMULAR la tendencia al alza en la tramitación de Insolvencias de Personas Naturales No Comerciantes en Cali. Esta tendencia, para desgracia de los jueces, no va a detenerse sencillamente porque este tipo de decisiones no son de obligatorio cumplimiento por parte de los Conciliadores, quienes son independientes de las mismas por disposición directa del Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia. Por lo que estas insolvencias les van a seguir llegando, hasta que finalmente el turno de insolventarse llegue para estos jueces el día en que, por una condena Judicial (sea penal, disciplinaria o administrativa contra la Rama Judicial), tengan que pagar por las consecuencias de imponer su opinión sobre la Ley.

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA APERTURA DE LA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL: EL VERDADERO ESPÍRITU DE LA NORMA.

Los antecedentes legislativos nos permiten saber qué quiso decir el legislador cuando estaba redactando una norma como el Código General del Proceso, ya que en ellos quedan plasmadas sus intenciones y justificaciones a todo cambio que haya sufrido la ley antes de su promulgación. Estos antecedentes jamás son consultados por los Jueces Civiles Municipales de Cali que están negándole el acceso a la justicia a los deudores. Si lo hubieran hecho, habrían encontrado que sobre la Liquidación patrimonial, el Congreso pretendió lo siguiente:

Capítulo IV del Título IV de la Sección Tercera del Libro Tercero. Se incluye un segundo capítulo denominado ¿LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL¿.
Artículos 563 al 571. El Capítulo IV del Título prevé el procedimiento de liquidación patrimonial, como un procedimiento liquidatorio complementario del trámite recuperatorio de negociación de deudas.
El texto aprobado en segundo debate establecía, en los eventos en que fracasara la negociación, o se incumpliera o se anulara el acuerdo, se reanudarían los procesos ejecutivos contra el deudor. Ante un escenario de crisis, caracterizado por la existencia de una pluralidad de acreedores, a menudo de distinta clase y grado, no resulta conveniente deferir el tema a una pluralidad de procesos ejecutivos, en los que prima la regla de la temporalidad, que favorece a quien primero haya demandado o a quien primero haya practicado medidas cautelares. Asimismo, el régimen tradicional de los procesos ejecutivos pueden llevar a la perpetuación de los mismos si los activos del deudor llegasen a ser insuficientes, y mientras se logran realizar nuevos activos, a menos que opere alguna de las formas anormales de terminación del proceso, como el desistimiento tácito previsto en el artículo 317.
De esta manera, las modificaciones prevén el establecimiento de un trámite liquidatorio concursal para la persona natural no comerciante, en el que se disponga el pago ordenado y de acuerdo con la prelación de créditos, dentro de un contexto que afecte la totalidad de los bienes del deudor, salvo los inembargables, que comprenda a todos sus acreedores, y les dé a estos un trato igualitario (par condicio creditorum).
Dicho procedimiento inicia con una providencia de apertura (artículo 564) que se profiere ante la ocurrencia de alguno de los eventos de fracaso de la negociación, nulidad o incumplimiento del acuerdo (artículo 563), y en la que se adoptan órdenes relativas al proceso y con base en la cual se producen diversos efectos sobre los activos del deudor, los créditos pendientes de pago, su exigibilidad e incorporación a la liquidación, así como las relaciones del deudor con sus trabajadores (artículo 565). A partir de la apertura se disponen reglas particulares para la citación de los acreedores (artículo 566) y la integración y avalúo de los activos de la masa de la liquidación, que comprende los bienes con los que se satisfarán los créditos de aquellos (artículo 567). El juez luego resolverá sobre el activo y el pasivo y citará a audiencia (artículos 568 y 570), en la que se atenderán las obligaciones a través de la adjudicación de los bienes del deudor. A diferencia de lo que ocurre en los procesos ejecutivos, el efecto principal de la adjudicación consiste en la mutación de los saldos insolutos a obligaciones naturales, que siguiendo los avances del derecho comparado sobre el tema, brinda al deudor la posibilidad de un nuevo inicio en su situación patrimonial (artículo 571), dejando libre la posibilidad al deudor de que complete el pago con posterioridad para lograr la eliminación de la información negativa que sobre él existiere en las bases de datos, y lograr así su rehabilitación. Deudor y acreedores pueden, en el curso del procedimiento, evitar la adjudicación a través de un acuerdo, similar en su forma y requisitos al acuerdo de pago de que trataba la negociación de deudas (artículo 569).

Si quiere consultar los antecedentes legislativos del Código General del Proceso, los puede leer aquí.

Y los del régimen de insolvencia, antes de su incorporación al Código General del Proceso, aquí

En conclusión

En Cali existe un grupo de Jueces Civiles Municipales que no están fallando en derecho en materia de Insolvencia de Personas Naturales no Comerciante: Están fallando en opinión. En Lugar de obedecer las ordenes imperativas, están negando su existencia para terminar obviandolas. En lugar de Consultar el espíritu de la norma, están consultando con su imaginación y su cuestionable moral, que tiene invertidas las prioridades al estar del lado de la parte fuerte en estos trámites, como lo es el acreedor. Todo lo cual genera inseguridad jurídica en Cali y un ambiente de persecución judicial contra quien no esté de acuerdo con lo que está sucediendo.

En palabras del abogado que me llamó al principio, la percepción es que en Cali “ya no puede uno como litigar tranquilo en esos procesos de insolvencia. Definitivamente [para] los jueces (….) este tipo de procesos están mal vistos” Depende, entonces, de estos abogados, de los Conciliadores en Insolvencia, los liquidadores, y en general, de cualquiera que CON SUS IMPUESTOS está pagando el salario de estos funcionarios judiciales para que esta vagabundería no siga haciendo carrera en Cali.

El pilar de una sociedad próspera es una administración de justicia independiente, sin intereses particulares, sin sesgos ideológicos y que se limite a hacer cumplir el imperio de la ley, al cual están sometidos en sus providencias. Si estos jueces no dan el ejemplo y hacen respetar la ley, nadie lo hará y terminarán perjudicadas hasta los mismos acreedores (y sus apoderados) que ellos, de manera atrabiliaria, quieren proteger con estas decisiones.

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Categorías:Derecho en general, Juzgados de la Vergüenza

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