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Reseña del libro “Abogados Sin Reglas”

Libro Abogados Sin Reglas

Libro Abogados Sin Reglas

O lo que sucede cuando gente clasista, que nunca sale de la facultad de derecho,  ya tiene una opinión sobre el Derecho Colombiano (y encima se atreve a ofrecer alternativas a cómo reformarlo)

Como el Doctor Tobón lo dijo en una reciente entrevista, citando al Doctor Fernando González, Colombia es un país de abogados cagatintas. Y es justamente la razón por la cual dejé de participar de eventos académicos y discutir con abogados: Con algunos (porque no son todos) sólo he visto que sus propuestas son nulas, les duele aceptar que la carrera está en franca decadencia, sus eventos son un concurso de vanidades y sólo tienen acogida porque traman incautos con los nombres pomposos que le ponen (como “Encuentro con la Justicia”, “Congreso Internacional De Derecho Procesal”), o porque escogen lugares turísticos para realizarlos (como Cartagena).

Discutir con estas alimañas es ver como la identidad de muchos de ellos se fundamenta en un diploma, en ser egresados de una facultad o en un cargo público, por lo que es fácil concluir que la carrera de Derecho es una carrera llena de narcisistas y sociópatas.

Por estas razones, recibí con agrado el libro “Abogados Sin Reglas”, de los abogados de Dejusticia Mauricio García Villegas y Maria Adelaida Ceballos, ya que pensé que sería un libro valiente, que denunciaría de manera objetiva, ponderada y con base en una investigación seria (más allá de una búsqueda en Google) no sólo lo antes indicado, sino otras conductas repugnantes de mis colegas, como acomodar la ley a las necesidades del cliente en lugar de acomodar esas necesidades a la ley. Pero luego descubrí que, como todos los libros de derecho de Colombia, prometen mucho pero al final no dicen nada.

Mi colega, la Doctora Mildred Pinto, leyó el libro y escribió para este blog la reseña que hoy les presento. Es una abogada más ponderada que yo, y sé que la reseña que realizó del libro es justa (en la cual sólo intervine para corregir estilo) por lo que espero que su reseña sea recibida con agrado:


 

Reseña del Libro Abogados Sin Reglas

Por Mildred Pinto

De las varias cosas que un profesional hace con su salario es comprar cosas según sus convicciones y pasatiempos. Claro, cuando devenga un salario debido a un empleo y cuando este no se va en gran medida pagando créditos educativos. Y en esas estaba en una librería, curioseando libros a la par que veía LinkedIn, lleno de abogados ofreciendo su hoja de vida a su red de contactos, esperando que alguno le lograra acercar a un empleo, a un salario, a una librería como la que yo visité aquel domingo. En eso, encontré el libro del que hablaré a continuación.

El libro tiene  un título llamativo, efectista, es de un tamaño moderado, discreto, y de un precio accesible ($42000 al 2019), al verlo, no pude evitar comprarlo :” Abogados Sin Reglas – Los Profesionales Del Derecho En Colombia: Mucho mercado y poco Estado”.

En un momento donde la JEP, la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno de turno se enredan con la extradición de Santrich , con el “cartel de la toga”, el caso Odebrech; y la renuncia del Fiscal General de la Nación y la Ministra de Interior y Justicia, este libro pareciera perfecto para dar una idea de cómo llegamos a este punto y que podríamos hacer todos los profesionales del derecho.

El libro es de una lectura rápida, que en un estilo sencillo y directo plasma los grandes problemas del ejercicio del derecho desde su génesis en los claustros universitarios, pasando por el campo profesional y sugiriendo algunas soluciones al respecto.

Siendo honestos, los problemas que plantea ya han sido hablados en distintos espacios, y me atrevería a decir que muchos abogados, en algún punto, entre filas, trámites y búsquedas de empleo, ha llegado a muchas de las conclusiones que tiene el libro. Sin embargo, este le da forma y orden a todas esas ideas, por ende, lo que más me llamó la atención fue la obviedad e idealismo en su contenido.

A pesar de esto, por su precio y modo de lectura sencillo, debe ser lectura obligada en asignaturas como “introducción al derecho” “ética profesional” “deontología jurídica” o cualquier que, de una forma u otra, toque el tema de la ética y el panorama del derecho en Colombia. Pero Es un libro que trabaja sobre obviedades, llegando a conclusiones de profundidad mediana, por ende, un abogado con mayor experiencia probablemente no encontrará en este libro nada nuevo o interesante.

Es acertado que muestre como el apartheid educativo (explicado en el libro a través de la idea de la “cancha de futbol inclinada”) como un problema de fondo, que básicamente consiste en que quienes tienen más dinero obviamente acceden a más y mejores oportunidades académicas y de forma conexa a más y mejores oportunidades laborales, y viceversa. Al respecto, no comparto una visión tan benevolente sobre el asunto. Es lógico que en este país se da esa discriminación injusta y producto del neoliberalismo descontrolado, que hay que combatirlo y que sus implicaciones son graves y palpables. A pesar de ello, debe tenerse en cuenta: Muchos estudiantes de derecho son mediocres en su formación, vienen con la idea escuelera que lo que no pide el docente no se estudia, de invertir su tiempo en vida social y dejar el estudio para última hora. Buscando a como dé lugar la forma de graduarse rápido, de no leer más allá de las fotocopias de la carrera (a veces mal leídas), de ni siquiera vestir bien o ir un poco más allá de lo que su universidad (buena o mala) le dé; lo que aumenta más este apartheid educativo, por culpa de los mismos que la padecen. Y segundo, porque en esta época la internet dio un acceso  realmente democrático al conocimiento, en línea hay lecciones de Harvard, textos de Yale, libros de la UNAM, fallos de la Corte Constitucional, podcast y sin fin de elementos que, aunque limitados en comparación con los que hay de ciencias exactas, permiten la autoformación. Así que ese apartheid educativo es alimentado, tristemente, pos sus mismas víctimas.

Hay un claro mensaje contra las universidades de baja calidad. Lanza en ristre contra ellas y su ánimo de lucro a costa de la falta de oportunidades académicas y económicas de sus estudiantes, que deviene en la decepción, informalidad y desempleo para ellos y en un serio problema para la sociedad, al ser egresados sin una garantía real de calidad profesional. Pero ignora a las universidades de nivel medio, las que sirven como medio verdadero de movilidad social, incluso ignora el caso sui géneris de la Universidad Militar Nueva Granada, universidad pública que por su forma de financiamiento mixto (parte de su presupuesto proviene del Ministerio de Defensa) los convenios interadministrativos y descuentos institucionales de descuentos y becas, sumado a su acreditación de alta calidad en ella y su facultad de derecho, son muestra fehaciente de esto.

El aparte sobre la educación en postgrados es lúcido y acertado, haciendo casi indiscutible lo que dice allí, sobre todo frente a la necesidad de regular los mismos. Sin embargo, espera que al bajar el número de abogados en ejercicio baje la necesidad de realizar un postgrado, algo que en realidad condiciona el mismo mercado laboral, no sólo para el derecho, sino para otras carreras con mayores filtros y menor número de profesionales.

Expone como un abuso de derecho del Derecho Constitucional a la autonomía universitaria, que ha hecho de cada facultad de derecho un feudo en el cual el Estado poco y nada tiene que hacer, dejando que los mismos egresen sin control abogados de toda clase sin ningún tipo de filtro de entrada o salida distinto a la capacidad de pago (a excepción de la ley 1905 de 2018,  recientemente declarada constitucional que obliga a tomar un examen para acceder a una T.P.), al respecto, en mi opinión la solución quedará en manos de la Corte Constitucional al sentar jurisprudencia al respecto, así como en una reforma a la ley 30 de 1992 añadiendo un aparte específico para las facultades de derecho, a la legislación sobre el control y vigilancia de los consultorios jurídicos y centros de conciliación en manos del Ministerio de Interior y Justicia (que son una primera muestra de la formación jurídica) y extendiéndose sus respectivos decretos reglamentarios, que ahonden y exijan mayores requisitos que los ya existentes para su fundación y mantenimiento (que se resumen en un inmueble, mobiliario, docentes y una sociedad comercial constituida), añadiendo mecanismos de queja más accesibles y expeditos para que los estudiantes interpongan quejas sobre sus universidades (tomando el modelo de queja virtual de la SIC o no simplemente como un llano PQRS como prácticamente se hace ahora).

La parte propositiva del mismo es muy poca, reduciéndose a un puñado de propuestas en abstractos y poco acordes con la realidad e incluso contradictorias como proponer que SÓLO LOS ABOGADOS CON PHD SEAN LOS QUE DICTEN CLASES EN LAS FACULTADES DE DERECHO A TIEMPO COMPLETO Y NO LOS LITIGANTES, dejándolos como estandarte de la ética académica y la imparcialidad, como los únicos que pueden transmitir ese sentido de lo público y lo ético, puesto que es una falacia ad hominen, que ignora los cientos de casos de docentes con PhD que acosan estudiantes o que son un desastre enseñando, que ignora muchísimos litigantes que, sin títulos rimbombantes pero llenos de vocación acuden a las universidades y comparten su conocimiento y experiencia, cuestiones como la ética y el sentido de lo público no se ganan con un título. Por demás siendo problemático  ya que dejaría de lado la parte práctica que pueden transmitir los litigantes que de una forma u otra hacen un puente entre la realidad académica y profesional.

Queda a criterio de quien lea el libro alguna otra observación, o que de acuerdo este con este texto, mis palabras finales sobre el tema: no se deje llevar por las estadísticas que lo ubicarán en un porcentaje de posibilidades de acceder a determinado cargo, usted es único, estudie, lleve su profesión con decoro y disciplina , y sobre todo, lea.

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1 comentario

  1. Yeison says

    Acertado el análisis. Au que discrepo de lo del PhD. Me parece que es una exigencia necesaria que se formuló como si fuera excluyente. Creo que deben tomarse en cuenta otros factores y por supuesto privilegiar ese tipo de formación. Nadie ha dicho que un litigante no pueda tener PhD.

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