Estado del Régimen de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante en Cali al 2020: Vamos directo al abismo.

Hablemos de lo mal que están las cosas en Cali frente al desarrollo del Régimen de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante, a siete años de la primera audiencia que se celebró en la ciudad (y en todo el país)

No sé en qué momento los caleños permitimos que la Sala Civil de Urinal Tribunal Superior de Cali, abusando de la acción de tutela, nos terminara fijando criterios a los Operadores Judiciales en Insolvencia de Cali sobre cómo admitir los trámites de insolvencia de Persona Natural No Comerciante, pero ciertamente se hace necesario ponerle un tatequieto a este claro abuso del derecho, del cual ya he hecho referencia en el pasado, porque no me está gustando nada lo que se está presentando.

Para quienes sean ajenos al desarrollo del Régimen de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante en Cali, les comento que este trámite se encuentra en los artículos 531 y subsiguientes del Código General del Proceso, que entraron a regir después del 21 de diciembre de 2012 cuando reglamentaron el régimen. Desde entonces, los colombianos tuvimos que esperar seis meses antes de que se llevara a cabo, en Cali, la primera audiencia de Negociación de Deudas de todo el país, llevada a cabo en la Noaria Sexta de Cali (donde estoy vinculado). Al 2020, ya han pasado siete años desde que se hizo esa primera audiencia y el panorama es lamentable.

(Nota al margen: Comencé a hacer trámites de insolvencia desde inicios de 2014)

En estos siete años de desarrollo del Régimen de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante, puedo decir que ha quedado prostituído gracias a buena parte de Jueces Civiles Municipales mal preparados, brutos, deshonestos y parcializados que hemos tenido que padecer en esta ciudad, ya que la mayoría son nombrados en provisionalidad y son cuotas de los Magistrados de la Sala Civil del Muladar Superior de Cali. La falta de preparación de muchos de estos funcionario, y el desconocimiento de los fines del régimen de insolvencia, ha quedado documentada en este blog aquí, pero se resume en los siguientes actos prevaricadores que cometen:

  1. Excluir a los deudores del trámites de insolvencia por no tener bienes (para estos cagatintas, un patrimonio sólo es una casa y un carro y todo lo demás no sirve), o tener bienes de cuantía menor a sus obligaciones. Tal postura no tiene fundamento, como quiera que el Código General del Proceso sólo le exige al deudor estar en cesación de pagos para declararse insolvente y porque el patrimonio es inherente a la persona, por ser un atributo de esta.
  2. Calificar a deudores de comerciantes sólo por tener un certificado de cámara de comercio, sin darle lugar al deudor de desvirtuar esa presunción legal.
  3. Terminar trámites de insolvencia de forma anticipada, con argumentos leguleyos, como hizo el famoso Juzgado 8 Civil Municipal de Cali.
  4. Desconocer el tenor literal de las normas que regulan el régimen de insolvencia, dando lugar a unas supuestas controversias no previstas en el cuerpo normativo del régimen de insolvencia, muchas de las cuales son de inventiva de abogados litigantes que trabajan para bancos.

Estas actuaciones, a todas luces ilegales, no pueden ser recurridas con los recursos ordinarios, dado que los jueces resuelven sobre estos trámites en unica instancia. Es la razón por la cual el Muladar Superior de Cali está resolviendo tutelas en segunda instancia donde no sólo confirma estos argumentos prevaricadores, sino que en muchos fallos ha enviado el mensaje solapado de que sus criterios sobre este régimen son palabra de dios y deben ser tenidos en cuenta por los demás Juzgados Civiles Municipales de Cali. En consecuencia, muchos de estos jueces terminan jutificando sus fallos prevaricadores con el argumento ad verecundiam de “la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali lo dijo”, que en últimas crea un argumento cíclico en donde el Muladar Superior de Cali termina justificando las imbecilidades de estos Jueces, quienes a su vez las justifican en los fallos de tutela de ese cuerpo colegiado.

Las consecuencias

Como hemos permitido que nos impongan criterios, en Cali los fallos de estos jueces brutos se están convirtiendo en una especie de pseudoprecedente judicial que abogados mucho más brutos están teniendo en cuenta para asesorar deudores, lo que en últimas no es más que una denegación de justicia en donde se le cierran las puertas del acceso al trámite a los deudores con un registro mercantil viejo, o que no tienen carros o casas (unicos bienes que el Muladar Superor de Cali cree que un deudor debe tener si quiere declararse insolvente).

Para el deudor que padece estas brutalidades, el rechazo de un trámite trae como consecuencia la natural denegación de justicia en razón a que no tiene un carro o una casa de determinado patrimonio, la vulneración al derecho fundamental a la igualdad, como quiera que aunque paga lo mismo que pagaría alguien que si tiene bienes, y debe ajustarse a cumplir los mismos requsitos de estos deudores que si los tienen, su trámite se da por terminado de manera anticipada sólo por no tener bienes. Ya no hablemos de la violación al derecho al habeas data (una liquidación patrimonial admitida trae como consecuencia la cuenta regresiva para la eliminación de los reportes negativos) y el acceso a la posibilidad de celebrar acuerdos resolutoros dentro de los trámites de liquidación patrimonial.

Otra consecuencia es que los conciliadores en insolvencia mal preparados están remitiendo los expedientes a los Jueces Civiles Municipales para que resuelvan cosas ajenas a las objeciones establecidas en el artículo 550 del Código General del Proceso, olvidando que un Juez sólo resuelve las controversias previstas en ese cuerpo normativo y no la que se inventen los abogados litigantes. Esto es tan cierto que actualmente unos cagatintas que trabajan con bancos están impulsando un proyecto de decreto reglamentario del régimen de insolvencia donde si permiten esas “controversias” (reconociendo que antes no existían).

La existencia de ese proyecto de decreto reglamentario es otra consecuencia del silencio complice de muchos abogados y Conciliadores en Insolvencia que no han querido defender este trámite de manera contundente. Basta leerlo para saber que, en su afán por acomodar este régimen a los acreedores, contiene errores conceptuales tan repugnantes que parecen escritos por un niño de ocho años que no quiere que sus papás lo regañen. Dentro de esos errores está el convertir al Conciliador en un simple auxiliar de la Justicia del Juez, olvidando que el Conciliador es el primer filtro para admitir las solicitudes de negociación de deudas y es un funcionario autónomo e independiente. Por lo cual, rebajarlo al nivel de un perito, o de un promotor de la Ley 1116 de 2006 es una cuestión que le compete al Legislador, y no al Ministerio de Justicia.

Para más inri, los Jueces Civiles Municipales que odian el trámite, o no saben cómo manejarlo, están “inadmitiendo” las liquidaciones patrimoniales mediante la revisión de las actuaciones del Conciliador, con base en un supuesto ejercicio del control de legalidad que no es más que una injerencia en las facultades y atribuciones de este. En algunos casos ordenan que se realice de nuevo un trámite de negociación de deudas con base en errores que no son culpa del conciliador o que puden ser subsanados por el Juez (en un claro ejercicio de exceso ritual manifiesto). Si consideramos que la unica razón por la cual un Conciliador le remite un trámite de estos a un Juez es por la terminación del trámite a su cargo, y en consecuencia tiene sus etapas procesales precluídas, el que un juez haga esto es bastante exótico.

Es preocupante, también, ver apoderados de acreedores que le están vendiendo a sus clientes el tumbar los trámites de insolvencia como unico mecanismo efectivo de recaudo del valor adeudado. Haciendo a un lado el que esto desconoce el deber legal del abogado de promover el uso de los métodos alternativos de solución de conflictos, no se entiende qué le están vendiendo a sus clientes cuando en muchos casos estos deudores, cuyos trámites de insolvencia lograron “tumbar”, vuelven y se acogen al régimen. Ya incluso se han presentado casos de deudores que han presentado hasta siete solicitudes de negociación de deudas sin que los acreedores escuchen cómo les va a pagar.

Pero la consecuencia más triste es ver como el ejercicio de la defensa de deudores y acreedores dentro de este régimen en Cali, le ha dado protagonismo a cagatintas que no tienen fundamento en lo que hacen para defender a sus patrocinados, dado que el menosprecio al tenor literal del Código General del Proceso hace que los abogados más destacados en este régimen sean los que griten más duros: llamense abogados de acreedores que pretenden tumbar los trámites de insolvencia (con argumentos que sólo pueden ser calificados de estupidos por su falta de fundamento) en lugar de buscar el recaudo efectivo de las sumas de dinero adeudadas; o Conciliadores que se hacen amigos de estos apoderados para ver si le aprueban las propuesta (lease la expresión “hacerse amigos” como el ejercicio de actos de lagartería que derivan en un inevitable conflicto de intereses en donde el más perjudicado es el deudor). La presencia de Conciliadores que están haciendo negocios con los bienes del deudor, o de abogados de deudores que ven con preocupación como en dos casos difentes, donde los deudores tienen el mismo perfil de riesgo y le deben a las mismas entidades, se presenta la misma propuesta de pago pero sólo se aprueba en uno de dichos trámites y con base en consideraciones tan banales como el Centro de Conciliación donde se tramitó la solicitud de negociación de deudas o el nivel de lagartería del apoderado de la parte deudora (que no es lo mismo a buenas relaciones públicas)

¿Tienen la culpa los deudores de lo que pasa en este trámite?

Se alega un mal uso del régimen de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante por parte de algunos deudores cuando los acreedores encuentran, por ejemplo, créditos de alimentos de 400 millones de pesos en cabeza de niños de 4 años, o acreencias laborales de más de 100 millones de pesos y otros casos sobre los cuales, como Conciliador, yo no voy a opinar porque finalmente yo no puedo confirmar o negar si un crédito es falso (la verdad procesal, que llaman) y quien tiene que demostrar la existencia de mala fe en esos casos es el acreedor afectado, para lo cual ellos tienen una plétora de acciones que muchos no ejercen por irse por el camino de querer tumbar todo el trámite, sólo porque ven algo que no les gustó.

Sin embargo, lo que no han entendido los Jueces Civiles Municipales de Cali, el Muladar Superior de Cali, y algunos abogados de acreedores, es que el hecho de que algunos deudores usen “mal” la figura NO es culpa de ese instrumento jurídico, sino de quienes lo usan para eso. En consecuencia, cometer actos prevaricadores, o buscar tumbar insolvencias de manera leguleya sólo porque algunos deudores abusan de esta figura, es como satanizar a la SAS porque DMG era una, o satanizar los procesos ejecutivos porque por años se han usado para cobrar deudas falsas.

Por lo anterior, las actuaciones deshonestas de algunos deudores no es justificación para que algunos agentes usen argumentos pseudojurícos para proferir fallos prevaricadores en el desarrollo de estos trámites, dado que si consideramos que la gran mayoría de los deudores si utilizan el régimen de insolvencia de manera positiva y honesta, el argumento de que “hay deudores malos” no es más que una excusa de gente que en el fondo no quiere ver a un deudor insolvente para cerrarle la unica oportunidad que tiene para solucionar su crisis económica.

¿Qué va a pasar entonces con este trámite?

Los abogados y Operadores Judiciales en Insolvencia de Cali, que nos preocupamos por la forma irregular en que se desarrollan estos trámites actualmente, hemos denunciado tales irregularidades sin que las denuncias hayan sido escuchadas por la Fiscalía o el Consejo Superior de la Judicatura, que se está limitando a secundar estos argumento pseudojurídicos. Por lo tanto, las acciones a desarrollar para hacer respetar este régimen deben ser más contundentes:

  1. Un Conciliador en Insolvencia NO debe dar lugar a tramitar objeciones o controversias distintas a las presentes en el artículo 550, o 552 del Código General del Proceso.
  2. Un Conciliador no debe acatar decisiones judiciales que le ordenen reaperturar trámites de negociación de deudas que fueron declarados fracasados.
  3. Los apoderados de los Deudores SIEMPRE deben interponer acciones de tutela contra estos fallos prevaricadores de los Jueces Civiles Municipales, así sea que el Muladar Superior de Cali los confirme después. Esto se debe hacer para que alguno de estos fallos llegue eventualmente a la Corte Suprema de Justicia.
  4. Un buen apoderado de deudor debe estar dispuesto a recusar, o denunciar disciplinariamente, a todo Conciliador que esté parcializado en favor de los acreedores o que esté dando trámite a las famosas “controversias”. Las “controversias” nunca pueden ser usadas a menos que el legislador diga expresamente que existen.
  5. La celebración de acuerdos de pago deberá ser privilegiada a toda costa.
  6. Un Conciliador NO debe rechazar trámites que ya admitió sólo porque un Juez lo diga. Ni los Jueces Civiles Municipales de Cali tienen la facultad (ni la inteligencia, por lo visto) para decir quién es y quién no es comerciante, ni son superiores jerárquicos del Conciliador como para decirle qué debe y qué no debe admitir (además, procesalmente hablando queda como ridículo rechazar algo que ya se admitió). En este caso, lo que se recomienda es retirar la solicitud y radicarla en la Superintendencia de Sociedades. Como allá también lo van a rechazar, hay que interponer una tutela contra TODOS los involucrados en esa insolvencia: Tanto al conciliador a quien le usurpan su competencia, como al Juez Civil Municipal Bruto que está diciendo que es comerciante y a la Delegatura de Procesos de Insolvencia de la Supersociedades. De esta forma, esto lo va a resolver el Muladar Superior de Cali, PERO EN PRIMERA INSTANCIA, lo que permitirá que la Corte Suprema de Justicia tenga la última palabra sobre el tema.

Si estas cosas no se hacen, el Régimen de Insolvencia en Cali seguirá bajo la tiranía de la estupidez, y sus objetivos de ayuda al deudor en dificultades quedarán completamente desfigurados.

Autor: Abogado Juan Carlos Muñoz

Abogado tributarista. Egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, con más de 7 años de experiencia en insolvencia económica, divorcios y eliminación de reportes negativos. Es también Conciliador en en Insolvencia de la Persona Natural No Comerciante. Le gusta escribir sobre el dinámico mundo del derecho colombiano. Antes lo hacía en el Diario Occidente en el año 2011 y ahora lo hace en este blog. Ha colaborado con la página Finanzas Personales y con Las2Orillas.

2 thoughts

  1. Dr. apenas inicé la lectura. En el segundo párrafo, creo que la palabra que iba a tachar era Muladar y no Tribunal.

    Saludos.

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