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Hasta en época de pandemia, el Tribunal Superior de Cali sigue atropellando a los deudores

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El Muladar Superior de Cali ha hecho de las suyas de nuevo, esta vez con un fallo de tutela con el cual se superaron a sí mismo en brutalidad e irrespeto a una interpretación básica de la norma.

Bien sabida es la postura complaciente con los pobrecitos bancos que asume este pseudo organismo jurídico en los trámites de insolvencia (que espero de todo corazón lamenten enormemente ahora que estamos en pandemia), consistente en negarle la oportunidad a los deudores en dificultades de acceder a uno de los derechos más básicos de cualquier trámite de insolvencia, como es el derecho de descargue. Es una postura que, como vimos en el reciente fallo de Medellín, no tiene ningún tipo de fundamento y sólo demuestra la poca empatía (e inteligencia) de quien la defiende. Sin embargo, con este reciente fallo, el Muladar Superior de Cali peló el cobre y se muestra como una casa de cobranzas más.

Ahora resulta, amable lector, que un deudor comete un delito si se acoge a insolvencia por no tener bienes.

El caso es que una deudora, cuya insolvencia se terminó por vencimiento de términos, ahora tiene que enfrentar cargos penales, incluso en la situación actual del país porque a este remedo de Tribunal (cuyos Magistrados no sé cómo llegan a ese cargo con esa falta de sistematización para interpretar una norma tan clara como el 563 parágrafo del C.G.P, y la expresión «decretar apertura de plano en ella contenida»), le dio pesar con el pobrecito banco Itaú que no iba a poder recibir el pago de la deuda por ser acreedor quirografario, como si es que un trámite de liquidación patrimonial fuera un puto proceso ejecutivo. Al parecer, y a pesar de que incluso el Decreto 560 de 2020 ha reafirmado que el derecho de descargue es un derecho mínimo elemental en una liquidación patrimonial, esta gente insiste en seguir negándolo en un momento en el que se hace más necesario.

Lo peor de todo es que para llegar a pisotear los derechos fundamentales de una deudora, estos energúmenos utilizaron el siguiente argumento:

Para la sala es probable que se hubiese obrado de manera fraudulenta en contra de los acreedores al no relacionar suficientes bienes que pudieran garantizar el pago, así fuera de manera parcial, ya que con los activos relacionados por la deudora de $5´500.000.oo es más que evidente que burla sus deudas, que como lo indicó el señor Juez natural en la providencia reprochada, asciende a la suma de $1.862´138.972.oo, sin tener en cuenta intereses, aunado a lo manifestado por el acreedor Banco Itau Corpbanca Colombia S.A. en la contestación de la tutela al precisar que el trámite de insolvencia “…fracasó por el vencimiento de los términos y no porque no hubiese gustado la propuesta de pago, es decir, vencen lo términos, por la incuria de la oferente; el fracaso de la negociación de deudas se debió por cuestiones ajenas a las entidades crediticias, hoy vinculadas a la presente acción constitucional, pues dicho fracaso se dio y se debió exclusiva y únicamente por el vencimiento de términos, ya sea por la no presencia de la concursada a la mesa de negociación o a los largos intervalos de fecha para la fijación de las audiencias, siendo la primera de ellas una plena demostración del poco interés que demostraba la insolvente en obtener un eventual acuerdo de pago, falta de interés que se vio acompañado de la ausencia de diligencia por parte del centro de conciliación en la fijación de las audiencias conforme a lo regulado en la 1564 de 2012, en cuanto al espacio temporal en que se debe fijar las audiencias…” afirmación que demuestra un posible fraude que deberá ser investigado por la autoridad competente, por lo que se ordenará oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones pertinentes para establecer si existió o no alguna actuación fraudulenta en el trámite de

insolvencia adelantada ante el centro de conciliación Asopropaz.

Entonces, como estos soretes ahora criminalizaron ser pobre en Colombia, sugiero a mis colegas que asesoran deudores declararse en desobediencia civil con estos fallos, y denunciar disciplinaria y penalmente a estos Magistrados. No puede ser que aquí se vuelva corriente que se convierta la Acción de Tutela en una tercera instancia en los trámites de insolvencia, que el Tribunal termine subsanando la falta de técnica jurídica de los subnormales que algunos bancos mandan a defenderlos (a quienes ni siquiera se les ocurre objetar un avalúo), y que un deudor tenga miedo de insolventarse sólo porque a tres cagatintas les dio la gana de inventarse que ese trámite es para pagar deudas (ha de ser uno muy imbécil para convertir un trámite de insolvencia en un proceso ejecutivo) y, de paso, negar todos los derechos inherentes al mismo.

Lo digo sin asco: El Tribunal Superior de Cali no expide fallos, vomita chistes de mal gusto. No merece ningún tipo de reverencia y la ciudadanía debería de pedir la renuncia de los chiflamicas que lo integran.

Lean el Fallo completo, y si no tienen algo mejor quee hacer coadyuven las denuncias que se piensan interponer por este fallo, que ya superó todos los límites del decoro profesional tolerable.

Abogado tributarista. Egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, con más de 7 años de experiencia en insolvencia económica, divorcios y eliminación de reportes negativos. Es también Conciliador en en Insolvencia de la Persona Natural No Comerciante.Le gusta escribir sobre el dinámico mundo del derecho colombiano. Antes lo hacía en el Diario Occidente en el año 2011 y ahora lo hace en este blog. Ha colaborado con la página Finanzas Personales y con Las2Orillas.

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