Karma is a bitch

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El Juzgado 10 Civil Municipal de Cali es un uno que he querido incluir en la sección de Los Juzgados de la Vergüenza, pero no puedo a pesar de ser un enemigo del régimen de insolvencia. El operador Judicial que preside ese despacho ha llegado a archivarle procesos a deudores por tener bienes que a él le parecen poquitos (en uno de sus fallos le pareció que un deudor que lo perdió todo, no se podía insolventar porque sólo tenía unos libros y una bicicleta), para luego decirles a esos deudores que esa es la oportunidad para que se pongan al día. Sus posturas son el reflejo de la enseñanza de algunas Universidades del país, que a su vez no son más que perros de los bancos que enseñan a sus egresados a cobrar platas de manera leguleya y a ver al deudor moroso como una especie de ratero.

Y a pesar de que el país merece conocer las providencias de este personaje, y en consecuencia debería publicarlas en esa sección del blog, no lo he hecho porque sus decisiones judiciales se metieron directamente con mis competencias funcionales como Conciliador, lo cual derivó en sendas denuncias penales y disciplinarias que por ley estoy obligado a interponer cuando ejerzo como Operador Judicial en Insolvencia (como dato cultural, él interpretó las denuncias como si alguien del Juzgado me estuviera pasando información, por lo que los despidió a todos y abrió una investigación interna a la cual tuvo el descaro de citarme como testigo. Obviamente no fui porque prefiero entenderme con el dueño del Circo, además de que cuando me citó no estaba en Colombia). Por lo anterior, aunque es una persona por la cual no siento ningún respeto, justamente por ello tengo una estricta política de no incluir en este blog mis casos, ni los trámites que me asignan como Operador Judicial en Insolvencia, porque parecería como si yo quisiera ejercer alguna clase de vendetta contra los jueces que no fallan como yo quiero (algo que mucho cagatinta subnormal ya cree aun cuando es fácilmente comprobable que no estoy involucrado en ninguno de esos casos como apoderado, conciliador o parte).

Pero más allá de esto, hoy quiero referirme a un fallo que me encontré en Facebook, y que ahora están citando en varias partes. El fallo es de una tutela que él interpuso ante el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Cali, en la cual solicita que lo exoneren de pagar el impuesto solidario porque, en síntesis, tiene demasiados gastos, descuentos, hijos y una esposa enferma que mantener, por lo que su mínimo vital se ve comprometido si le descuentan ese tributo. Es un fallo de tutela que sorprende porque:

  1. Es lamentable que un Juez gane tan poco. He visto abogados que cobran 500 millones de pesos por firmar, por lo que lo menos que esperaría de este país es que los jueces no anden en harapos frente a esos abogados. El salario que describe Conde es asquerosamente precario para un funcionario que maneja más de mil procesos al año. Con razón algunos no lo hacen de buena gana…
  2. Según mis fuentes, en los trámites de insolvencia él nunca hace el análisis que hizo en la tutela para demostrar lo precaria de su situación personal, a la situación económica que describen los deudores en dificultades en sus solicitudes de negociación de deudas, lo cual sería adecuado antes de perjudicarlos con sus decisiones de archivar las liquidaciones patrimoniales con base en los argumentos torticeros sobre la ausencia de bienes (es decir, antes de poner en práctica las posturas prevaricadoras del Muladar Superior de Cali). Fuera de no cuestionar la legalidad de su postura, tampoco analiza las consecuencias de las decisiones que toma en la vida y finanzas de un deudor. Eso en la vida real se llama hipocresía, pero eso lo van a juzgar ustedes mismos cuando lean el fallo.
  3. Describe que, aunque se gana más de 10 millones de pesos sólo le quedan $352.5599,93 para subsistir, después de sacar todo lo que le descuentan, algo que se volvería más precario si le aplican el impuesto solidario. En este punto, yo sólo me imagino a un deudor cualquiera en su misma condición viendo como sus acreedores lo juzgan por insolventarse con base en argumentos subjetivos (que él, con o sin culpa, valida con sus decisiones) de tipo por qué se endeudó, por qué no ahorró, por qué tiene carro si no lo puede mantener (¿de cuándo acá un pobre tiene carro? que ande en bus!) o por qué no consiguió otra fuente de ingresos (Vamos! el pobre es pobre porque quiere, y la plata ya está hecha, sólo hay que recogerla. #mentesmillonarias). Y siguiendo esa misma línea argumentativa, esos acreedores pondrían en tela de juicio sus gastos y deudas, que son muy exagerados. No no no no… pobrecitos los acreedores! Ese malvado deudor no les paga porque la situación del país es muy dura. No no no no no!!, imperdonable!.
  4. Aunque Conde Tamayo dice que su esposa no trabaja desde que perdió a su bebé (algo desgarrador),  y describe de manera sorprendentemente detallada la precariedad de su situación (que, posiblemente, él cuestionaría si el mismo cuento se lo echara un deudor en dificultades, como según me cuentan ya ha pasado), el Ministerio de Hacienda hace una afirmación bastante lapidaria como contundente: “sólo revela detalles de los privilegios personales y sociales, fundamentándolos erróneamente en un supuesto de vulneración que no ha ocurrido, argumentando bajo una interpretación subjetiva, la presunta vulneración de derechos, sin embargo, no aporta sustento probatorio de dicha vulneración”
  5. El Juez Segundo Administrativo de Oralidad de Cali debió nombrar a un conjuez para resolver ese fallo, ya que ningún Juez está en condiciones de ser objetivo al momento de referirse a ese impuesto solidario, pues todos ellos lo deben pagar.
  6. La tutela está mal dirigida y se condena a la parte equivocada, además de no resolver el problema de Conde Tamayo. El Juez décimo Civil Municipal de Cali dirigió la tutela contra su pagador, para que este le dejara de descontar un impuesto del orden nacional que dicho pagador no cobra por razones distintas a ser un agente recaudador. Es decir, la tutela debía ir dirigida únicamente contra Ministerio de Hacienda, que en últimas es la entidad que se encarga de administrar ese impuesto, y debería exigir que dicha entidad diera la orden a su pagador de no hacerle descuentos por ese concepto.
  7. Los argumentos del mínimo vital que esbosa el Juez Segundo Administrativo de Oralidad de Cali son bastante flojos. En uno de estos argumentos, se indica que “un salario vital adecuado (…) debe permitirle al señor Víctor Guillermo Conde Tamayo  y a su núcleo familiar llevar una vida modesta pero digna”, pero no tiene en cuenta que en este país absolutamente TODOS LOS COLOMBIANOS estamos en el deber de tributar (artículo 95 numeral 9 de la Constitución) según nuestras capacidades económicas, de tal suerte que el Juez Segundo Administrativo de Oralidad de Cali debió hacer una ponderación entre el mínimo vital y ese derecho, la cual se extraña en su fallo. Por otro lado, debió tener en cuenta que, por equidad, algunos colombianos tributan más que otros, por lo que debió analizar si, efectivamente, Conde está tributando de una manera inequitativa y analizar el origen de esa posible inequidad. Finalmente, y salvo mejor criterio, no veo que tiene que ver el derecho al mínimo vital con un excesivo ritmo de gasto de sus ingresos. Es más, el mismo Conde Tamayo indirectamente reconoce que su mínimo vital no se ha visto comprometido, ya que él mismo dijo que todo lo que le queda resulta de quitarle a sus ingresos las deducciones de ley, pago de deudas y los gastos de su familia. Luego, el mínimo vital no se afecta aquí por el pago del impuesto solidario, sino de sus propias decisiones personales (no es lo mismo a que usted le bajen el sueldo a que mantenga el mismo sueldo, pero le toque pagar más impuestos y sus gastos personales)
  8. La parte resolutiva del fallo es, sino risible, inútil. De entrada, no ordena que le reintegren lo que ya le descontaron a Conde, dado que ese impuesto se causa los primeros días del mes. Desvincula al Ministerio de Hacienda, que como ya dije es el que administra ese impuesto (a través de la Dian, aclaro), y además le exige a un agente recaudador dejar de descontarle un impuesto de orden nacional pero sin indicar si debe, o no, reintegrarle las sumas que ya le descontaron del mes de mayo (el impuesto se causa cuando se abone en cuenta los salarios, que es algo que suele ocurrir los primeros días del mes en el sector público). Finalmente, no exonera a Conde de su deber de seguir pagando ese impuesto (la condición de contribuyente del impuesto solidario viene dada de un decreto legislativo, no de lo que haga el agente recaudador en cumplimiento del mismo), por lo que salvo mejor criterio ahora este pobre señor se convertirá en deudor moroso del Estado (de ahí la gravedad de haber desvinculado al Ministerio de Hacienda).
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Así las cosas, el fallo no sólo refleja la precaria situación socioeconómica de una persona que, por más juez que sea, sigue siendo un empleado más (situación que prueba, una vez más, que en Colombia existe pobreza oculta), sino que además es un fallo jurídicamente flojo, inviable y que espero sea impugnado por el Ministerio de Hacienda porque abre un peligroso precedente judicial desde un punto de vista fiscal: Todo el que crea que un impuesto lo vuelve más pobre de lo que ya era podrá dejar de pagarlo amparándose en esa condición, lo cual manda a la basura todo el Estatuto Tributario.

En este orden de ideas, mi invitación para Conde Tamayo es a que se declare en insolvencia. Si su situación es tan precaria que no puede pagar un impuesto relativamente bajo (a él sólo le iban a descontar el 10% del salario neto, no del bruto, por lo que tendría que pagar menos de la chichigua que él dice que le queda después de todo lo que se gasta), se puede afirmar que esta no va a mejorar con una tutela ¿O es que en el futuro va a poner otra, por lo mismo, cuando le toque declarar renta? Vamos, no sea penoso. Nosotros los Conciliadores no lo vamos a juzgar por convertirse en uno de los deudores a los cuales usted ha perjudicado con esos fallos en su despacho. Ni siquiera yo, aunque disfrute de lo irónico de su situación.

En este espacio encuentra disponible la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Cali.

Autor: Abogado Juan Carlos Muñoz

Abogado tributarista. Egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, con más de 7 años de experiencia en insolvencia económica, divorcios y eliminación de reportes negativos. Es también Conciliador en en Insolvencia de la Persona Natural No Comerciante.Le gusta escribir sobre el dinámico mundo del derecho colombiano. Antes lo hacía en el Diario Occidente en el año 2011 y ahora lo hace en este blog. Ha colaborado con la página Finanzas Personales y con Las2Orillas.

3 pensamientos

  1. Con la inexequibilidad de ese tributo, esperemos que le quede de experiencia al señor Juez que sí existe la insolvencia de personas que por «más» dinero que ganen se ven en dificultades económicas y ajuste sus próximas decisiones a derecho.

  2. Entonces ahora los jueces se van a conceder tutelas entre ellos para mantener el tren de gastos voluntarios mientras han continuado percibiendo ingresos a pesar de la situación, y luego le negaran los trámites de insolvencia a quienes las medidas en favor de las mayorías les llevaron a incumplir involuntariamente….
    Interesante postura desde la barrera mientras echan a los demás al ruedo….

  3. Será que, ¿»la rabia» de este endeudado accionante hace que niegue liquidaciones patrimoniales de otros deudores insolventes que están en su mismo estado por la negación de afrontar su propia situación económica acogiéndose a ese régimen? Señor actor, si lee este magnífico blog – espero que así sea – y, si está en hilo su mínimo vital, deje la necedad; ejercite la empatía (a nivel personal) con sus conciudadanos y respete la Ley tratando con igualdad a los deudores en difíciles situaciones Vs los acreedores que pasan por su despacho. Por último, aunque no lo quiera, acepte y acójase a las bondades de los arts. 531 y s.s CGP para que esté tranquilo y continuando no solo con la Honorable labor de impartir justicia, sino también, con el deber constitucional de contribuir al financiamiento del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. (C.P. artículo 95-9).

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