Los Juzgado de la Vergüenza: Hoy, el Juzgado Primero Civil Municipal de Ipiales.

Juzgados de la Vergüenza Colombia

Cuando Campo Elias Cordova fue juez aquí en Cali, también salió con fallos judiciales que atentaban abiertamente contra la institución del régimen de insolvencia, de los cuales hablé en su momento. Y tristemente, se debe documentar que lo sigue haciendo en otra región.

Quien me envía este auto lo define como una providencia canalla (no que el operador lo sea, sino la providencia) que expone una abierta ignorancia del trámite de insolvencia y posturas clasistas. Resulta ofensivo saber que, a ocho años desde la creación de esta figura, todavía veamos a jueces que le estén poniendo trabas a los deudores en dificultades, que sólo buscan una solución a su problema de endeudamiento a través de un régimen creado, justamente, para solucionarlo. Pero más ofensivo resulta que existan conciliadores en insolvencia que permitan que los jueces Civiles Municipales estén invadiendo, de manera tan asquerosa, su esfera de competencia, como si fueran las coimas de ellos.

La providencia que hoy entra a esta deshonrosa sección, parte de unas premisas falaces y clasistas, y desborda las facultades el operador judicial que lo profiere (muy a pesar de lo que opinen en el Muladar Superior de Cali y sus fallos sobre la materia, que parecen hechos con las patas). Quiero exponerlas para que usted aprenda a defenderse cuando las vea, no sin antes recordarles que, si consideran que se ha configurado una conducta punible en este caso, son bienvenidos a denunciarla ante la Fiscalía (de pronto ahora que está el mejor fiscal de la historia de Colombia, termina en algo).

La primera de las premisas falaces de la providencia es la siguiente: “Debe considerarse, que el Régimen de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante, no solo le permitirle al deudor acceder a un aliento financiero, sino, que mediante acuerdos de pago proteja el crédito, satisfaga las deudas adquiridas, supere la crisis financiera, para incorporarse nuevamente a la vida crediticia.”

Esta premisa es falsa porque en ningún momento ha sido la intención del régimen de insolvencia proteger el crédito. Sus finalidades están expuestas en el artículo 531 DE MANERA MÁS QUE CONTUNDENTE. Incluso, esta misma finalidad ha sido reconocida por diversos tratadistas, destacándose la tesis doctoral de Barreto Mogolló, en la cual se indica con claridad que la finalidad del régimen es “atender la situación de  sobreendeudamiento  de  una  persona  que  se  caracteriza  por  no  ser comerciante,  otorgándole  la  oportunidad de  renegociar  sus  deudas  con  los  acreedores antes de que se inicien las respectivas acciones judiciales. Esta figura jurídica genera la posibilidad de que le (SIC) deudor  se  reincorpore  a  las  relaciones  comerciales  y  financieras, impulsando  la  economía  de  país”

Continúa diciendo Barreto que “Esta   norma   tiene   como   objetivo   no   solo   incluir   a las   personas   naturales   no comerciantes  nuevamente  a  la  vida  económica  del  país, sino  que  también  pretende garantizar a los acreedores el efectivo cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el deudor. Es por esto que los efectos jurídicos que se derivan de la admisión del trámite de negociación de deudas son tan contundentes y van desde la suspensión inmediata de los procesos judiciales en contra del deudor hasta la nulidad del trámite del remate si se ha iniciado la actuación ante el centro de conciliación antes de la audiencia de remate” (Aproximación crítica al procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante en el código general del proceso colombiano. Barreto Mogollón, Shirley Maverly. 2020. Visible en http://hdl.handle.net/10366/145239)

Descarguen la tesis de Barreto, aquí

Estas obviedades parecen no haber quedado claras para una persona que lleva conociendo este régimen desde que salió, cuyas providencias considero vomitivas y más una declaración de guerra (no sólo contra quienes se declaran en insolvencia, sino contra la institución de la insolvencia en sí misma) que una aplicación juiciosa del tenor literal de normas como el artículo 563 del C.G.P, que le ordenaba decretar la apertura de plano del trámite de liquidación patrimonial.

Aquí es donde muchos jueces salen con el cuento de que la expresión “decretar la apertura de plano” no cambia en absoluto que el Juez debe hacer un control de legalidad sobre el procedimiento, en los términos del artículo 132 del Código General del Proceso. Esta interpretación leguleya de ambos artículos, termina desplazando las funciones legales y constitucionales del Operador Judicial en Insolvencia, que gracias a esta postura ha sido reducido por estos personajes a un simple facilitador, en lugar de un operador judicial que tiene entre sus funciones hacerle control de legalidad al trámite de negociación de deudas, el cual queda precluido cuando se decreta el fracaso de la negociación de deudas.

Y no me vengan con el cuentico de que el Juez no puede tramitar las insolvencias si encuentra irregularidades, que estos llevan años tramitando despachos comisorios de procesos ejecutivos abiertamente irregulares, sin que entren a cuestionar el trámite del proceso que lleva el juez que ordena la comisión. Aparte de lo anterior, no he visto al primer juez compulsando copias a los conciliadores que, supuestamente, incurren en las irregularidades que denuncian, lo cual obedece a la simple razón de que dicha denuncia no le corresponde presentarla a ellos, sino a las partes, quienes estuvieron presente en las audiencias y debieron advertirlas.

Sin más análisis, se concluye que los jueces Civiles Municipales que profieran autos como el aquí denunciado, están profiriendo providencias prevaricadoras que le hacen el trabajo a abogados mediocres, acaban con el principio de la preclusión de las etapas procesales, y usurpan las funciones de otro operador judicial. Todo lo cual se hace con total impunidad por los órganos de vigilancia y control de estos jueces, en detrimento de los deudores que pierden dinero y de los conciliadores que enfrentan el dilema de devolverlo, a pesar del trabajo realizado.

Ahora bien, si le hiciéramos caso a los delirios clasistas de quienes aseguran que la finalidad del régimen es proteger el crédito, considero que este argumento llevaría a inferir que el régimen de insolvencia está sustituyendo los procesos ejecutivos, de tal suerte que quien debería acogerse a insolvencia es el acreedor y no el deudor. Si quienes apoyan este tipo de argumentos fueran inteligentes, partirían del hecho de que, para acogerse al régimen de insolvencia, el deudor debe demostrar que tiene la calidad de tal, siendo el único facultado para acogerse al mismo.

La protección de los pobrecitos acreedores: ¿una prioridad en este Juzgado?

Continúa la providencia insinuando que “la deudora manifestó contar con un bien del que solo afirmó, estaba avaluado en $339.623.215 millones de pesos, para afrontar un pasivo de $616.095.685, circunstancia que obligaba al operador de insolvencia a ponderar las garantías tanto para el deudor, como para los acreedores, ya que deben emerger motivos suficientemente razonables, apegados a la juridicidad, para convertir en obligaciones naturales, desprovistas de toda acción, deudas que superan los trescientos millones de pesos, pues la finalidad del activo disponible o liquidable, es convertirse en efectivo para hacer frente a sus obligaciones de pago, distribuyéndose de manera proporcional entre los acreedores, y del resultado de los bienes en relación se tiene que son insuficientes, pues escasamente alcanza a cubrir la mitad del valor del crédito a su cargo, y debe entenderse que no se ha exigido que el bien o los bienes de la deudora, deban cubrir la totalidad de las deudas a su cargo, sino, que respetando el equilibrio e igualdad de las partes, debe emerger un planteamiento que justifique convertir acreencias de alrededor de 300 millones, en obligaciones naturales, reducidas en el mejor de los casos, a trozos de papel, de lo contrario, y obrar como lo propone la recurrente, sería asentir en que el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, solo busca legitimar la postura de la deudora, y a costa del patrimonio de sus acreedores, con mínimo esfuerzo, permitirle acceder a un borrón y cuenta nueva, desconociendo el verdadero propósito de la norma”.

Con esta frase, Campo Elías deja en evidencia su total desconocimiento del régimen de insolvencia y sus finalidades, debido a que le exige a una deudora que su casa tiene que valer más de lo que le prestaron para poderse acoger a este régimen, lo que de entrada negaría la situación insostenible de endeudamiento que tiene la deudora. Bajo esta lógica, ningún deudor que pida prestado para un carro se va a poder insolventar porque estos vehículos, y en general todos los bienes muebles, se deprecian. Cosa que también pasaría con el acreedor hipotecario al que se le queme la casa. ¿Ven por qué es importante pensar antes de asumir estas posturas?

Lo peor de todo es que el análisis que hace, parte de la falsa creencia de que el trámite de liquidación patrimonial sólo admite a deudores solventes, lo que demuestra que este señor, o no ha leído el nombre del régimen (IN-SOL-VEN-CIA), o simplemente ha optado por ignorarlo para enfocar su atención en los pobrecitos acreedores que le prestaron a una persona que cometió el pecado de pasar por una mala racha económica, que alguien que lleva años mamando de la teta del estado, con un contrato a término indefinido, tal vez no entienda desde el privilegio.

Extraña de esta postura dos peligrosas afirmaciones, y es insinuar que los deudores y los acreedores son iguales y que la parte deudora busca acogerse al régimen de insolvencia para “a costa del patrimonio de sus acreedores, con mínimo esfuerzo, permitirle acceder a un borrón y cuenta nueva, desconociendo el verdadero propósito de la norma”

En primer lugar, ¿Quién putas le dijo a Campo Elías que los deudores y los acreedores son iguales? No Campo Elías: Una cosa es que sean iguales ante el conciliador y ante el Juez Civil Municipal, para efectos del trámite de insolvencia, y otra muy distinta es que efectivamente lo sean. El acreedor siempre se ha caracterizado por ser la persona que tiene al deudor en estado de indefensión, no sólo porque el Código Civil garantiza que los bienes de este último son prenda general de sus obligaciones (sin importar si la cuantía de esos bienes cubre el valor de las deudas), de tal suerte que puede llevarse todos sus bienes para buscar el pago de la deuda (siempre que no sean inembargables); sino que es la persona que estará acosando al deudor eternamente para que le pague, aun si este claramente le indicó que no podía pagarle. Fuera de lo anterior, este argumento pretende satanizar a los deudores y desconocer las situaciones por las cuales entraron en cesación de pagos, dando a entender que la deudora de ese caso está incurriendo en una insolvencia punible, que ningún Juez que conozca de la liquidación patrimonial, que se considere neutral, está en condiciones de calificar de tal.

Y en segundo lugar, decir que una persona que se declara en insolvencia en plena pandemia, lo hace para burlar a sus acreedores, es una completa canallada que, reitero, está poniendo una barrera clasista a este régimen, dejándolo sólo para quienes pueden pagar sus deudas y, en consecuencia, haciéndolo innecesario.

La exigencia de requisitos extralegales para acceder al régimen.

El artículo 539 numeral 4 del C.G.P siempre ha sido claro en que el deudor sólo debe indicar el valor estimado de sus bienes (lo que no quiere decir que ponga cualquier valor), de tal suerte que no se exige que el deudor realice un peritaje que determine dicho valor que, en todo caso, siempre será subjetivo y más alto que el avalúo catastral, si hablamos de bienes inmuebles.  

Por lo anterior, el que Campo Elías esté exigiendo a la parte deudora un perito avaluador que determine ese precio no es más que un simple consejo de como él cree que deben tramitarse estas solicitudes, en lugar de atender a la realidad procesal sobre cómo deben presentarse.

Pero aparte de esto, Campo Elías incurre en una contradicción: Si le exige a la deudora poner el valor que está en el impuesto predial, ¿Por qué está extrañando que el valor del bien sea inferior al de las deudas?

Así le duela, El Juez Civil Municipal es un simple amanuense.

Campo Elías ya ha dejado en claro en otras providencias que, fuera de preocuparse por los probrecitos acreedores, lo que más le preocupa es ser un convidado de piedra en estos procedimientos, lo que una vez más deja claro en esta providencia. Sobre este punto, debo recordarle que al decretar la apertura del trámite de liquidación patrimonial, su papel es de simple amanuense, y que este obedece a que está recibiendo un trámite que ya tuvo un desarrollo y una conclusión por parte de otro operador judicia, de tal suerte que no puede retrotraerse sólo porque alguien ajeno a su desarrollo cree que se pudo haber realizado de otra manera, so pena de violentar la independencia de dicho operador judicial y poner en riesgo su solvencia económica (¿o cree que los deudores no van a ir por ahí exigiendoles el dinero de vuelta a los centros de Conciliación después de ese Auto?). Adicionalmente, hay que reiterar que el papel del Conciliador es el de un verdadero operador judicial en Insolvencia, cuyas funciones de administrador de justicia de carácter temporal también lo hacen merecedor de que se garantice su independencia frente a las decisiones que toma, por lo que está mal visto que llegue un Juez, o un Magistrado, a decirle cómo tiene que actuar sólo con base en lo que quiere creer que es el procedimiento a su cargo.

Y es que el único fundamento legal de esta decisión es eso: Un “quiero creer” del operador judicial que parece que da a entender que los deudores son unos delincuentes que se escudan en un trámite (cuyo acceso tiene costo), para perjudicar a los pobrecitos acreedores, sin detenerse en la finalidad del trámite y las circunstancias personales de cada deudor (que en esta providencia ni siquiera se analizan, pero Campo Elías ya habla hasta de una posible mala fe). En ese “quiero creer” los jueces que conocen de los trámites de liquidación patrimonial se siente en condiciones de “iluminar” a ese “malvado” deudor sobre cómo creen que puede salir de una crisis de endeudamiento que parece que consideran imaginaria.

Es hora de tomar acciones contundentes para erradicar el clasismo de quienes están a cargo de los Juzgados del país. No puede ser que, con el cuento de la independencia de los jueces, estos terminen desfigurando las finalidades de los procesos y basando sus fallos en meras apreciaciones sin fundamento. Incluso si esto se hace para que no los echen quienes los nominan, tales posturas no tienen excusa en un país donde más de la mitad de su población ahora es pobre gracias a la pandemia. Los operadores judiciales en Insolvencia, los abogados asesores de los deudores, y los deudores mismos deben denunciar este tipo de fallos con contundencia, además de proferir las acciones de tutela necesarias y exigir que estas sean revisadas por la Corte Constitucional.

Y si los acreedores fueran inteligentes, también los atacarían: Al fin y al cabo, los grandes damnificados con estas posturas serán ellos.

Descargue aquí el fallo completo que hoy entra a esta sección:

Publicado por Abogado Juan Carlos Muñoz

Abogado tributarista. Egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, ejerciendo el derecho desde 2011. Experto en insolvencia económica, divorcios y eliminación de reportes negativos. Es también Conciliador en en Insolvencia de la Persona Natural No Comerciante desde 2014. Le gusta escribir sobre el dinámico mundo del derecho colombiano. Antes lo hacía en el Diario Occidente en el año 2011 y ahora lo hace en este blog. Ha colaborado con la página Finanzas Personales y con Las2Orillas.

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