Las preguntas que nos deja la ley de borrón y cuenta nueva: Esa ley no es para todo el mundo.

implicaciones de la ley de borrón y cuenta nueva

No es descabellado decir que la ley 2157 de 2021, más conocida como ley de borrón y cuenta nueva, creó un antes y un después en materia de derecho de habeas data financiero. Es una modificación justa, obvia y necesaria a la ley 1266 de 2008, que recoge todo el desarrollo jurisprudencial de los últimos 13 años sobre la materia, tal y como lo hiciera la Ley 1266 de 2008 en su momento. En este espacio hemos hablado sobre sus ventajas con claridad, y quedan invitados a leer estos artículos.

Pero bueno, ya hablamos mucho sobre sus ventajas, pero llegó la hora de hablar sobre sus desventajas, las dudas y las contradicciones que he encontrado mientras estudio el contenido de esa norma, todo por amor al conocimiento.

LEA: ¿Por qué es importante la ley de borrón y cuenta nueva, que fue aprobada recientemente por la Corte Constitucional?

Lea, además: La ley de borrón y cuenta nueva y la pandemia de COVID 19: La Corte Constitucional no tuvo en cuenta mi intervención

Con esto no se pretende desvirtuar los beneficios de la ley, pero si llamar la atención sobre algunas contradicciones que se están presentando a medida que más clientes me contactan para que los atienda, ante el hype que se ha causado con la promulgación de esta norma. Definitivamente todos quieren subirse a este bus, pero pocos caben en sus pequeños asientos.

Las preguntas que me deja esta ley.

¿Qué pasará con los deudores que se acogieron al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante?

Una deudora que conocí hace años, porque me designaron como operador judicial en insolvencia en su trámite de negociación de deudas, me escribió para saber si ella podría salir de Datacredito con esta nueva ley. La deudora, en su momento, celebró un excelente acuerdo de pago con todos sus acreedores, siendo uno de los pocos casos que he gestionado en donde se ha alcanzado una votación del 100% para la aprobación del acuerdo de pago.

El tema con ella es que no puede alegar falta de comunicación previa, si finalmente celebró un acuerdo de pago con todos su acreedores. No puede acogerse al régimen de transición porque ella no ha extinto sus obligaciones, dado que el acuerdo de pago fue de hace tres años y tiene una duración de cinco años.

En todo caso, la ley de borrón y cuenta nueva busca reincorporar a las personas al sector financiero, más ahora que afrontamos las consecuencias del covid19. Sin embargo, esta ley dejó por fuera a quienes se acogieron a un régimen de insolvencia, tanto personas naturales como jurídicas. Siempre ha sido difícil trabajar con estos deudores, para la eliminación de reportes negativos, por lo que esta hubiera sido la oportunidad perfecta para aclarar los alcances del derecho fundamental al habeas data financiero frente a los deudores en insolvencia. Esto es importante, porque el régimen especial en matera de habeas data del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, visible en el artículo 573 del Código General del Proceso, lo único que dice es que el término de caducidad se cuenta a partir del año siguiente a la apertura de la liquidación patrimonial, sin mencionar los acuerdos de pago.

¿Será que esto se corrige vía jurisprudencial? Ahí les dejo trabajo a los abogados que quieran intentar eliminar reportes negativos de deudores insolventes.

¿Las deudas que el Icetex cedió, también están cobijadas por las ventajas del régimen de transición?

Sabemos que la ley de borrón y cuenta nueva creó un régimen de transición que va a ir hasta el 30 de octubre de 2022, que beneficia a los deudores del Icetex que paguen sus obligaciones (sea de forma total o sólo las cuotas vencidas), consistente en el retro inmediato de los bancos de datos.

Sin embargo, el Icetex vendió algunas carteras entre los años 2009 y 2016, que ahora están en manos de cesionarios como Cisa, Reintegra o Mundial de Cobranzas. Estas obligaciones adquieren una situación jurídica nueva, en donde ya no tienen las prerrogativas que tiene el Icetex para cobrarlas, de modo que pasan a ser obligaciones normales, que la entidad cesionaria deberá recaudar mediante los medios tradicionales.

¿Pero esto basta para negar las intenciones del legislador frente a estos deudores? Porque si el legislador quiso que los deudores, y codeudores, que tuvieran deudas con el Icetex obtuvieran tal beneficio, no se entiende como este puede ser negado por las mismas acciones del Icetex, que por cierto son ilegales en cuanto a la cesión de su cartera vencida. De nuevo, otro caso que tendrá que solucionarse por los jueces.

¿Qué pasa con las deudas que una entidad no reporte dentro de los 18 meses siguientes en que entra en mora?

El artículo 4 de la ley de borrón y cuenta nueva creó un término de caducidad para el reporte de datos negativos, que aplicará para las obligaciones reportadas después del 29 de octubre de 2021. Es un paso importante que celebramos, ya que se han visto casos de entidades que reportan deudas de hace 10 años, en cualquier día de la semana. Como si fueran deudas recientes.

Sin embargo, no está claro si después de cumplidos los 18 meses la entidad pierde el derecho a reportar negativamente al deudor, y si esa prohibición se extiende a sus cesionarios, quienes son los que más incurren en ese abuso.

¿A cuáles “soportes correspondientes” se refiere el artículo 7 de la Ley de borrón y cuenta nueva?

Quizá la novedad más importante de la ley de borrón y cuenta nueva sea la eliminación de los reportes negativos en casos de suplantación, que era una deuda histórica de la ley 1266 de 2008. Antes de que entrara en vigor la ley de borrón y cuenta nueva, la eliminación de los reportes negativos fraudulentos dependía enteramente de la buena voluntad de la Fiscalía (que podría librar una orden a la fuente de la información para que eliminara el reporte), o de la fuente de la información, que casi nunca eliminaba el reporte negativo (ya que, en Colombia, como buen país subdesarrollado e hispanohablante, prima el principio de la mala fe y la desconfianza mutua).

El problema que yo encuentro con este artículo es que la víctima de suplantación, que desee ser eliminada de centrales de riesgo, “deberá presentar petición de corrección ante la fuente adjuntando los soportes correspondientes” (art. 7 Ley 2157 2021). Sin embargo, no indica cuáles son esos soportes, quién define sus alcances o los criterios de los cuales debe partir la fuente de la información para su valoración.

Una primera lectura del citado artículo 7 nos lleva a creer que los soportes correspondientes no son más que la copia de la denuncia penal. Sin embargo, la interpretación de esa norma quedó a la subjetividad de la fuente de la información, por lo que puede ser posible que no le baste la copia de la denuncia, como quiera que esta noticia criminal, por sí sola, no prueba la ocurrencia del hecho denunciado.

Entonces, esos soportes pueden terminar siendo las pruebas de la suplantación, que podrían ser pantallazos hasta pruebas grafológicas (que son costosas). Si partimos de esta interpretación, entonces es claro que el legislador olvidó que gran parte de esos documentos no los tiene el titular de la información, sino la fuente.

Pero me parece grave que la ley le haya dado poderes de Fiscalía a las fuentes de la información, que, según la ley, tienen que cotejar los soportes que aporte el titular junto con los que ya tiene. De esta forma, aunque hay proceso, todo queda a la subjetividad de la fuente de la información, nuevamente.

¿Si hay silencio positivo, cómo se protocoliza?

El mismo artículo 7 de la ley de borrón y cuenta nueva nos trae el silencio positivo en materia de habeas data, consistente en que si la fuente de la información no resuelve las peticiones en 15 días hábiles (prorrogables por 8 días hábiles más), esta se tendrá como aceptada. Esto es muy bello, hasta que te das cuenta de que el silencio administrativo positivo, que se compara con este, debe ser protocolizado ante notario para que sea válido. Eso acá no se exige, pero si establece que, si la entidad no elimina el reporte después de causarse este silencio positivo, podrá ser denunciada ante la SIC o la Superfinanciera.

En este orden de ideas, veremos como el silencio positivo terminará siendo, más que un saludo a la bandera, un asunto altamente litigioso en donde las superintendencias sean quienes tengan la última palabra. A menos, claro, que la entidad decida reconocer el silencio administrativo (asumo que mediante otra nueva petición), y conceda las pretensiones sin chistar.

¿cómo se demuestra la calidad de independiente?

El régimen de transición contempla la eliminación inmediata de los reportes negativos del independiente, cuando este pague las deudas. Sin embargo, nada se dice de cómo se demuestra la calidad de trabajador independiente. ¿Con el certificado de cámara y comercio? ¿La planilla Pila, con la cual cotiza a salud y pensión? ¿Con el Rut? ¿Y si es vendedor ambulante, de catálogo o de Instagram?

La calidad de independiente la define el trabajo que realiza la persona, más allá de los documentos que lo prueben. Por lo tanto, si esto no se aclara cualquiera puede pedir la eliminación del reporte por independiente (incluso, los desempleados), y sería válida la Pila de independiente, sobre la cual cotizan los desempleados.

La preocupación surge porque, ante la necesidad de probar esta calidad, las fuentes de la información podrían pedir más documentos que sirvan de sustento, como también podrían limitarse a lo que diga el titular de la información, y proceder con la eliminación del reporte negativo.

¿Qué clase de educación financiera será enseñada a los niños, niñas y adolescentes?

El artículo 11 de la ley de borrón y cuenta nueva ordena al Gobierno Nacional fortalecer la educación económica y financiera en población estudiantil, lo que me da a entender que ya existía antes, pero era muy endeble.

En un contexto actual de polarización, y debido a ese componente pseudocientífico que siempre acompañará a la Economía, me preocupa que la orden de enseñar economía sea interpretada como una orden de enseñar ideología libertaria, escuela austriaca, o basura sin fundamento similar.

Nótese que la ley le ordena al gobierno revisar y publicar material pedagógico sobre orientación socio ocupacional y sobre educación económica y financiera, como también habla de una articulación con el sector privado para fomentar “la formación docente y la producción de material pedagógico pertinente”.

Creo que este es el momento para que se exija que tal orientación no termine siendo mero adoctrinamiento, basado en autoayuda, pseudociencia, o magufadas.

¿Pueden continuar reportando las fuentes de información que no demuestren la responsabilidad y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 1266 de 2008?

El artículo 12 de la ley de borrón y cuenta nueva exige a los operadores (Datacredito, Cifin, Procredito), las fuentes (quien reporte a los deudores) y usuarios (quien consulte a la gente) de los reportes en centrales de riesgo, ahora deben demostrar que implementaron medidas para cumplir con la ley 1266 de 2008 y todas las normas que la reglamentan. Esta orden se complementa con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley de borrón y cuenta nueva,  en donde les exige a estas entidades mencionadas garantizar organizaciones administrativas, mecanismos internos y procesos para la atención de los usuarios y administración de la información financiera y crediticia de sus deudores. En la práctica, esto podría traducirse en un departamento interno de cada entidad que se encargue de la gestión de reportes negativos.

Sin embargo, los cesionarios más pequeños suelen comprar esas carteras, y como tienen la capacidad económica para ello, contratan los servicios de Datacredito y Cifin para reportar a la gente. A veces esos reportes no son hechos cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley 1266 de 20008. Con esta exigencia, estas empresitas se verán obligadas a adoptar, por mínimo, una organización administrativa para adoptar e implementar políticas consistentes con la ley 1266 de 2008.

Si tienen más preguntas sobre la ley de borrón y cuenta nueva, no dude en plantearlas. Estaré encantado de intentar responderlas. Y no olvide que si desea eliminar su reporte negativo puede contactarme al whatsapp 3042874360. Estaré encantado en asesorarle.

Publicado por Abogado Juan Carlos Muñoz

Abogado tributarista. Egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, ejerciendo el derecho desde 2011. Experto en insolvencia económica, divorcios y eliminación de reportes negativos. Es también Conciliador en en Insolvencia de la Persona Natural No Comerciante desde 2014. Le gusta escribir sobre el dinámico mundo del derecho colombiano. Antes lo hacía en el Diario Occidente en el año 2011 y ahora lo hace en este blog. Ha colaborado con páginas como Finanzas Personales y con Las2Orillas.

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