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Juzgados de la Vergüenza

Los Juzgados de la vergüenza: Hoy, el Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá.

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Si la implicada en este caso no hubiera sido Vicky Dávila, los abogados del país no saldrían corriendo en bandada a alabar este esperpento jurídico que veremos hoy.

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Los Juzgados de la Vergüenza: hoy, el Juzgado 10 Civil Municipal de Cartagena.

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La objeción de consciencia es un derecho fundamental básico que tiene todo ser humano. Lo tienen los médicos que se niegan a practicar un aborto, y lo tienen los abogados que se niegan a defender violadores. Lo tienen los muchachos que no quieren prestar servicio militar, como también lo tienen los policías que se nieguen a hacer un desalojo. Sin embargo, con los jueces este tema es más complejo.

A un juez se le exige imparcialidad, y estar sometido únicamente al imperio de la ley en sus providencias. En muy pocos casos se le exige actuar de forma mecánica para hacer cumplir las leyes (y por muy pocos casos, me refiero a los procesos ejecutivos). De esta forma, la libertad que tiene un juez de interpretar situaciones es casi que ilimitada, cosa que en últimas es deseable si partimos de la base de que un juez es un tercero que NO conoce el caso, no conoce a las partes y ni siquiera le interesa quién gane o pierda el caso.

Lamentablemente, la práctica es totalmente diferente: De entrada, tenemos a los jueces que ya viven predispuestos y sólo se limitan a acomodar la ley a su putrefacta forma de ver los hechos (caso típico, el manejo de las insolvencias en Cali), los jueces que olvidan que este no es el common law y pasan a interpretar leyes de manera creativa y, como siempre, tenemos a los jueces con marcados sesgos ideológicos que no dejan en la puerta del juzgado sino que se sienten orgullosos de llevarlos como si fueran la toga. Esto, sumado a la doctrina bastante manoseada, y ya de por sí inaplicable por estas tierras, de personajes como Robert Alexy o López Medina, ha llevado a que estos tipos se estén creciendo, olvidando que la gente acude a la justicia para resolver un problema y no para agrandarlo. Son jueces de mierda que hacen aun más miserable la vida de las personas que acuden a sus despachos.

Toda esta introducción me permite mostrarles al Juzgado que hoy engrosa esta deprimente lista, el cual profiere una sentencia que, si no fuera por su repugnante y medieval sesgo religioso, me daría hasta risa.

Todo se origina con la radicación de una solicitud de matrimonio civil entre personas del mismo sexo, que llega al despacho mencionado. Algo que debería ser bastante normal si consideramos que desde hace casi 5 años las parejas del mismo sexo se pueden casar en Colombia.

El juez, un fanático de la biblia, se niega a casarlos diciendo que prefiere mil veces hacerle caso a su amigo imaginario que a la ley que juró proteger y a ejercer el cargo por el cual le pagan. Todo esto lo deja plasmado en un fallo que hoy lo tiene en esta lista. Vamos, que a lo mejor se metió a juez pero porque quería ser como esos jueces de la Biblia (tipo Sansón)

Gracias a semejante burrada que ustedes van a leer descargando el fallo completo, ahora el preámbulo de la constitución colombiana acaba de tener un nuevo significado que nos devuelve a 1886, además de acabar de tajo con los fallos de la Corte Constitucional y nos presenta una nueva corriente filosófica que he denominado “la escuela leguleya judeoquimbaya”, que asumo que hará parte de la filosofía de comedia de Ayn Rand o de Pampelé

El fallo del Juzgado 10 Civil Municipal de Cartagena arranca con una pregunta digna del profesor idiota de la Tele Letal, y es que nos dice que para ser juez se establece un juramento ante dios, pero apartándose del laicismo que fundamenta las bases de este país y afirmar que ese dios debe ser indudablemente el dios de la mitología judeocristiana (que si no fuera por la tozudez de los judíos y cristianos, sería otra mitología más como la que creían los demás beduinos de la edad de bronce que habitaron el norte de África junto con los Hebreos), ya que quien haya redactado ese fragmento no concibe que otras personas puedan creer en lo que se les dé la gana:

En este punto, aprovecho para recordarle a don Ramiro, el Juez que preside ese despacho, que en este mundo absolutamente todos somos ateos, con la única diferencia de que un ateo declarado cree en un dios menos que usted. Cuando se ponga a pensar por qué usted sólo cree en un dios y no en los miles de dioses habidos y por haber que existen, y han existido, a lo largo de la historia de la humanidad, verá el porqué un ateo no creen en el suyo. Además, podrá responder a la pregunta que se hizo en el fragmento del fallo citado.

Continúa esta providencia grotesca con una frase que parece dicha por un católico de 17 años:

Don Ramiro se iría de para atrás cuando se entere de que en Colombia también existen personas que no creen en el dios judeocristiano, comenzando con todos los indígenas que habitan este país y que, por lo visto, ni son buenas personas ni existen de forma material por negar que fueron creados por un dios que, según el juzgado de marras, dizque creó todo para su propio deleite (¿o sea que dios se deleita viendo como esos gusanos se le meten por los pies a esos niños de África para luego dejarlos ciegos? ¿O acaso también se deleita viéndonos encuarentenados por cuenta de otra de sus supuestas creaciones, como son los virus?)

Al final, toda esta diatriba es para decir que:

Y remata diciendo que “no es discriminación, es comprensión de las normas que nos rigen” O sea, tras de camandulero nos salió cínico el cristianito. A ver señor ¿Por qué más bien no se declaró impedido y le remitió el caso a otro juez? Tal vez en su casa no le paren bolas, y tenga que hacer estos shows para ocultar lo que sea que lo acompleje, pero usted está aquí para defender la ley, la cual está por encima de su dios y de cualquier otro personaje de la literatura universal. Si no le gusta eso, pues renuncie.

Hágale, renuncie. Ve y te metes a un convento donde puedas escribir, con base en estas posturas tan incoherentes que han quedado plasmadas en el Auto, el nuevo tratado de derecho que se alimenta directamente de la fuente divina. Puede que de pronto termines escribiendo la nueva Suma teológica. Pero por favor, deje de estorbarle a la gente en su felicidad.

No sobra recordar que, debido a que el juez no se declaró impedido, a que no existe un error invencible en este caso (bastaba con leer el resto del juramento para saber que él también le responde a la patria y a la ley en caso de incumplir con sus funciones) y a que le denegó el acceso a la justicia a dos personas con base en su orientación sexual, este señor deberá ser investigado por los delitos de prevaricato y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

El auto puede descargarlo aquí:

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Los Juzgados de la vergüenza: Hoy, el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín

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No voy a decir cómo llegan al cargo muchas jueces de estos despachos laborales de pequeñas causas, porque ni tengo cómo probarlo ni viene al caso. Pero justamente por esa forma en que suben es que esto que denunció Juan Pablo Barrientos no me sorprende.

Los hechos, que denuncia el periodista autor del libro «dejad que los niños vengan a mí» que denuncia la pederastia en la Arquidiócesis de Medellín, dan cuenta de una serie de errores conceptuales que la Juez, que lidera ese despacho, comete de forma descarada en una tutela que Barrientos le interpuso a la Arquidiócesis de Medellín:

1.           Declara improcedente una tutela porque debía agotarse el recurso de insistencia, el cual no aplica para entidades privadas y, además, no hay reserva en lo que él pedía.

2.           Ponerle trabas a cumplir un fallo de la Corte constitucional, que revocó su fallo.

3.           Ser la primera juez del mundo que estuvo a punto de meter preso al Papa Francisco por desacato.

Esto último es lo que más me dio risa. Pero como no quiero narrar los detalles, los dejo con el artículo de Juan Pablo Barrientos, para que lo lean. Además, les dejo la sentencia de tutela para lo pertinente.

Aquí podrá ver el artículo de barrientos.

Y aquí podrá descargar la sentencia T-091 de 2020

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Karma is a bitch

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El Juzgado 10 Civil Municipal de Cali es un uno que he querido incluir en la sección de Los Juzgados de la Vergüenza, pero no puedo a pesar de ser un enemigo del régimen de insolvencia. El operador Judicial que preside ese despacho ha llegado a archivarle procesos a deudores por tener bienes que a él le parecen poquitos (en uno de sus fallos le pareció que un deudor que lo perdió todo, no se podía insolventar porque sólo tenía unos libros y una bicicleta), para luego decirles a esos deudores que esa es la oportunidad para que se pongan al día. Sus posturas son el reflejo de la enseñanza de algunas Universidades del país, que a su vez no son más que perros de los bancos que enseñan a sus egresados a cobrar platas de manera leguleya y a ver al deudor moroso como una especie de ratero.

Y a pesar de que el país merece conocer las providencias de este personaje, y en consecuencia debería publicarlas en esa sección del blog, no lo he hecho porque sus decisiones judiciales se metieron directamente con mis competencias funcionales como Conciliador, lo cual derivó en sendas denuncias penales y disciplinarias que por ley estoy obligado a interponer cuando ejerzo como Operador Judicial en Insolvencia (como dato cultural, él interpretó las denuncias como si alguien del Juzgado me estuviera pasando información, por lo que los despidió a todos y abrió una investigación interna a la cual tuvo el descaro de citarme como testigo. Obviamente no fui porque prefiero entenderme con el dueño del Circo, además de que cuando me citó no estaba en Colombia). Por lo anterior, aunque es una persona por la cual no siento ningún respeto, justamente por ello tengo una estricta política de no incluir en este blog mis casos, ni los trámites que me asignan como Operador Judicial en Insolvencia, porque parecería como si yo quisiera ejercer alguna clase de vendetta contra los jueces que no fallan como yo quiero (algo que mucho cagatinta subnormal ya cree aun cuando es fácilmente comprobable que no estoy involucrado en ninguno de esos casos como apoderado, conciliador o parte).

Pero más allá de esto, hoy quiero referirme a un fallo que me encontré en Facebook, y que ahora están citando en varias partes. El fallo es de una tutela que él interpuso ante el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Cali, en la cual solicita que lo exoneren de pagar el impuesto solidario porque, en síntesis, tiene demasiados gastos, descuentos, hijos y una esposa enferma que mantener, por lo que su mínimo vital se ve comprometido si le descuentan ese tributo. Es un fallo de tutela que sorprende porque:

  1. Es lamentable que un Juez gane tan poco. He visto abogados que cobran 500 millones de pesos por firmar, por lo que lo menos que esperaría de este país es que los jueces no anden en harapos frente a esos abogados. El salario que describe Conde es asquerosamente precario para un funcionario que maneja más de mil procesos al año. Con razón algunos no lo hacen de buena gana…
  2. Según mis fuentes, en los trámites de insolvencia él nunca hace el análisis que hizo en la tutela para demostrar lo precaria de su situación personal, a la situación económica que describen los deudores en dificultades en sus solicitudes de negociación de deudas, lo cual sería adecuado antes de perjudicarlos con sus decisiones de archivar las liquidaciones patrimoniales con base en los argumentos torticeros sobre la ausencia de bienes (es decir, antes de poner en práctica las posturas prevaricadoras del Muladar Superior de Cali). Fuera de no cuestionar la legalidad de su postura, tampoco analiza las consecuencias de las decisiones que toma en la vida y finanzas de un deudor. Eso en la vida real se llama hipocresía, pero eso lo van a juzgar ustedes mismos cuando lean el fallo.
  3. Describe que, aunque se gana más de 10 millones de pesos sólo le quedan $352.5599,93 para subsistir, después de sacar todo lo que le descuentan, algo que se volvería más precario si le aplican el impuesto solidario. En este punto, yo sólo me imagino a un deudor cualquiera en su misma condición viendo como sus acreedores lo juzgan por insolventarse con base en argumentos subjetivos (que él, con o sin culpa, valida con sus decisiones) de tipo por qué se endeudó, por qué no ahorró, por qué tiene carro si no lo puede mantener (¿de cuándo acá un pobre tiene carro? que ande en bus!) o por qué no consiguió otra fuente de ingresos (Vamos! el pobre es pobre porque quiere, y la plata ya está hecha, sólo hay que recogerla. #mentesmillonarias). Y siguiendo esa misma línea argumentativa, esos acreedores pondrían en tela de juicio sus gastos y deudas, que son muy exagerados. No no no no… pobrecitos los acreedores! Ese malvado deudor no les paga porque la situación del país es muy dura. No no no no no!!, imperdonable!.
  4. Aunque Conde Tamayo dice que su esposa no trabaja desde que perdió a su bebé (algo desgarrador),  y describe de manera sorprendentemente detallada la precariedad de su situación (que, posiblemente, él cuestionaría si el mismo cuento se lo echara un deudor en dificultades, como según me cuentan ya ha pasado), el Ministerio de Hacienda hace una afirmación bastante lapidaria como contundente: “sólo revela detalles de los privilegios personales y sociales, fundamentándolos erróneamente en un supuesto de vulneración que no ha ocurrido, argumentando bajo una interpretación subjetiva, la presunta vulneración de derechos, sin embargo, no aporta sustento probatorio de dicha vulneración”
  5. El Juez Segundo Administrativo de Oralidad de Cali debió nombrar a un conjuez para resolver ese fallo, ya que ningún Juez está en condiciones de ser objetivo al momento de referirse a ese impuesto solidario, pues todos ellos lo deben pagar.
  6. La tutela está mal dirigida y se condena a la parte equivocada, además de no resolver el problema de Conde Tamayo. El Juez décimo Civil Municipal de Cali dirigió la tutela contra su pagador, para que este le dejara de descontar un impuesto del orden nacional que dicho pagador no cobra por razones distintas a ser un agente recaudador. Es decir, la tutela debía ir dirigida únicamente contra Ministerio de Hacienda, que en últimas es la entidad que se encarga de administrar ese impuesto, y debería exigir que dicha entidad diera la orden a su pagador de no hacerle descuentos por ese concepto.
  7. Los argumentos del mínimo vital que esbosa el Juez Segundo Administrativo de Oralidad de Cali son bastante flojos. En uno de estos argumentos, se indica que “un salario vital adecuado (…) debe permitirle al señor Víctor Guillermo Conde Tamayo  y a su núcleo familiar llevar una vida modesta pero digna”, pero no tiene en cuenta que en este país absolutamente TODOS LOS COLOMBIANOS estamos en el deber de tributar (artículo 95 numeral 9 de la Constitución) según nuestras capacidades económicas, de tal suerte que el Juez Segundo Administrativo de Oralidad de Cali debió hacer una ponderación entre el mínimo vital y ese derecho, la cual se extraña en su fallo. Por otro lado, debió tener en cuenta que, por equidad, algunos colombianos tributan más que otros, por lo que debió analizar si, efectivamente, Conde está tributando de una manera inequitativa y analizar el origen de esa posible inequidad. Finalmente, y salvo mejor criterio, no veo que tiene que ver el derecho al mínimo vital con un excesivo ritmo de gasto de sus ingresos. Es más, el mismo Conde Tamayo indirectamente reconoce que su mínimo vital no se ha visto comprometido, ya que él mismo dijo que todo lo que le queda resulta de quitarle a sus ingresos las deducciones de ley, pago de deudas y los gastos de su familia. Luego, el mínimo vital no se afecta aquí por el pago del impuesto solidario, sino de sus propias decisiones personales (no es lo mismo a que usted le bajen el sueldo a que mantenga el mismo sueldo, pero le toque pagar más impuestos y sus gastos personales)
  8. La parte resolutiva del fallo es, sino risible, inútil. De entrada, no ordena que le reintegren lo que ya le descontaron a Conde, dado que ese impuesto se causa los primeros días del mes. Desvincula al Ministerio de Hacienda, que como ya dije es el que administra ese impuesto (a través de la Dian, aclaro), y además le exige a un agente recaudador dejar de descontarle un impuesto de orden nacional pero sin indicar si debe, o no, reintegrarle las sumas que ya le descontaron del mes de mayo (el impuesto se causa cuando se abone en cuenta los salarios, que es algo que suele ocurrir los primeros días del mes en el sector público). Finalmente, no exonera a Conde de su deber de seguir pagando ese impuesto (la condición de contribuyente del impuesto solidario viene dada de un decreto legislativo, no de lo que haga el agente recaudador en cumplimiento del mismo), por lo que salvo mejor criterio ahora este pobre señor se convertirá en deudor moroso del Estado (de ahí la gravedad de haber desvinculado al Ministerio de Hacienda).

Así las cosas, el fallo no sólo refleja la precaria situación socioeconómica de una persona que, por más juez que sea, sigue siendo un empleado más (situación que prueba, una vez más, que en Colombia existe pobreza oculta), sino que además es un fallo jurídicamente flojo, inviable y que espero sea impugnado por el Ministerio de Hacienda porque abre un peligroso precedente judicial desde un punto de vista fiscal: Todo el que crea que un impuesto lo vuelve más pobre de lo que ya era podrá dejar de pagarlo amparándose en esa condición, lo cual manda a la basura todo el Estatuto Tributario.

En este orden de ideas, mi invitación para Conde Tamayo es a que se declare en insolvencia. Si su situación es tan precaria que no puede pagar un impuesto relativamente bajo (a él sólo le iban a descontar el 10% del salario neto, no del bruto, por lo que tendría que pagar menos de la chichigua que él dice que le queda después de todo lo que se gasta), se puede afirmar que esta no va a mejorar con una tutela ¿O es que en el futuro va a poner otra, por lo mismo, cuando le toque declarar renta? Vamos, no sea penoso. Nosotros los Conciliadores no lo vamos a juzgar por convertirse en uno de los deudores a los cuales usted ha perjudicado con esos fallos en su despacho. Ni siquiera yo, aunque disfrute de lo irónico de su situación.

En este espacio encuentra disponible la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Cali.

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No sé si meter este juzgado en los de la vergüenza o en los del triunfo.

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¿Me ayudan a clasificarlo?

El juzgado 7 Civil Municipal de Cali es uno de los enemigos del régimen de insolvencia, dado que es bien sabido que le niega el acceso a la justicia a personas que no tienen bienes (al no exigir al liquidador que haga bien su trabajo y a los acreedores a que pongan a trabajar los subnormales que los mal asesoran).

Sin embargo, hoy salió con un fallo que me dejó pensando… Realmente no sé si la cagaron o tienen razón.

Y no lo digo por la decisión que tomaron, de negarle la tutela a una chica que pedía el reintegro a su empresa, y la reliquidación de sus prestaciones sociales (finalmente, en su argumentación tienen razón, como también la puede tener la tutelante). Lo digo por esta afirmación que ellos realizan.

Entonces…. ¿Siempre se han podido radicar otras demandas? Porque si bien es cierto los juzgados están cerrados en la práctica, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cali tiene razón en que los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura sólo suspenden términos, más nunca ordena el cierre de despachos judiciales (cosa que si hizo supernotariado expresamente). Y si partimos del hecho de que estamos en una pandemia, que obligó a los empleados de los despachos judiciales a teletrabajar, más no a dejar de hacerlo, esta afirmación se torna interesante.

Así las cosas… me dejaron pensativo esta noche. ¿Están mal redactados los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura? ¿El Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cali se equivoca, y la cagó con esta afirmación? ¿Los abogados litigantes que actualmente protestan, para que abran los Juzgados, son unos brutos que no entendieron suspensión de términos con cierre de despachos? Abro debate.