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¿Quiere registrar una marca? aquí le enseñaré cómo hacerlo

Pero, en primer lugar, qué es una marca?: Una marca, según la Superintendencia de Industria y Comercio es una categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario”. Para la SIC, existen tres tipos de marcas: la marca propiamente dicha, cuya definición es la ya enunciada, la marca colectiva (la que usa un grupo de personas o una sociedad para identificar todos los bienes o servicios que ofrecen) y la de certificación (las que se usan para garantizar una calidad o estándar en un producto o servicio)

 

Marcas Colectivas

Ejemplo típico de marcas colectivas

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Dos ejemplos típicos de marcas de certificación

Pero la realidad cotidiana nos indica que una marca es mas que eso: es cualquier cosa que sirva para identificar sus productos de la competencia (desde un logo hasta una botella, como la de la Coca Cola, que en los años 60 tuvo el registro de su botella como marca, pero esa es otra historia) y para que sus clientes identifiquen el producto de forma más rápida y lo asocien más rápido con cualidades como la calidad y el buen servicio.

Esas son todas las clases de marcas que hay? no, según el diseño están las marcas nominativas (sólo el nombre, indicando en la solicitud la fuente y el color de la letra), figurativas (una figura, no tiene ciencia), olfativas (un olor), sonoras (un sonido, obvio!), tridimensionales (como la botella de Coca Cola), o mixtas (una combinación de dos o más de las anteriores. Esta es la que más se recomienda y es la que más se usa, como pueden ver en las marcas mostradas en las imágenes, donde todas son mixtas menos Gucci, que es nominativa).

Es importante registrar la marca?: Claro!, o es que le gustaría que el día de mañana su competencia se lucre a costa de usted?

Entonces, cómo registro la marca?: Este trámite se lo puedo explicar de dos formas: de la forma simple, o de la forma compleja (para los abogados).

Simple: lleve su marca a una oficina de la Superintendencia de Industria y Comercio junto con este petitorio debidamente diligenciado y un recibo por valor de $712500 que usted consignó en el Banco de Bogotá previamente (todo debe de ir en una carpeta amarilla), luego de lo cual espere 9 meses y ya tendrá su marca registrada.

Compleja:

  • Recuerde, la norma aplicable para el registro de las marcas es la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
  • En primer lugar, solicite los antecedentes marcarios de la marca que quiera registrar, indicando en nombre de la marca, la clasificación de Niza en la cual se incluye la marca a registrar, y un correo electrónico suyo para que, ese mismo día, le envíen ahí los resultados de esta gestión. Ese trámite, al año 2012, vale 30 mil pesos y debe consignarse en el Banco de Bogotá, cuenta corriente No 062754387 (Superintendencia de Industria y Comercio) y el código rentístico 01.
  • Si los antecedentes son favorables a su marca, entonces proceda a registrarla llenado el petitorio debidamente (no es obligatorio, pero es recomendable si usted no tiene experiencia radicando marcas), indicando la Clasificación de Niza del Producto, la cual puede consultar aquí (recuerde que puede elegir varias para una misma marca).
  • A la petición debe anexarle el poder de un abogado (si actúa a través de uno), su certificado de existencia y representación (si usted es una persona jurídica) y el recibo de pago.
  • Una vez radica la solicitud, la SIC realizará un estudio de forma de su solicitud, en la cual examinarán si le faltó algún requisito. Si falta algo, a usted lo requerirán para que lo complemente en un plazo no mayor a 60 días hábiles.
  • Si no hubo problema con el estudio de forma, o si lo subsanó debidamente, su solicitud se publicará en la Gaceta de Propiedad Industrial por 30 días hábiles, la cual es una publicación que sale cada 15 días. La idea de esta publicación es que la solicitud sea oponible a terceros.
  • Si hay oposición…: las personas interesadas en oponerse al registro, deberán presentarla en 30 días hábiles usando, si quiere, el formulario único de oposición, desde que salió el trámite publicado en la Gaceta (previo pago de los derechos de oposición), luego de lo cual su solicitud se convertirá en un tinglado jurídico que pasará por una audiencia de facilitación y que fácilmente puede terminar en una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (en el peor de los escenarios).
  • Si no hay oposición o si se resolvieron a su favor…: entonces sigue el examen de fondo o de registrabilidad. Si su marca sale favorecida y la SIC la registra, entonces la SIC expedirá una resolución como esta, y su marca quedará registrada por 10 años, luego de los cuales deberá renovarla (tendrá 6 meses para ello, prorrogables por 6 meses mas)
  • Si no se concede el registro de la marca…: entonces, debe apelar, y volverá al mismo tinglado jurídico que lo llevará a usted hasta la Comunidad Andina de Naciones, pasando por el Consejo de Estado (o simplemente, cambie su marca e inicie de cero)
  • Ahora, si desea información más detallada, le sugiero visitar esta pagina, y esta otra

Si registrar una marca apenas cuesta $712000, entonces, por qué mi abogado me está cobrando millones de pesos por ello, sin incluir el costo del trámite? Esto puede ocurrir por dos razones básicas: 1. su abogado es un ladrón distinguido personaje especializado en lograr registro de marcas de forma exitosa como también lo haría usted o cualquier otra persona, porque sólo se trata de seguir instrucciones.  o 2. Porque su abogado le está garantizando servicios adicionales al registro de la marca, como por ejemplo:

  • Representación legal en caso de que alguien presente oposición a la solicitud (incluye llevar su caso hasta las últimas instancias).
  • Representación legal en caso de que rechacen su solicitud (hasta las últimas instancias).
  • Vigilancia por 10 años de la Gaceta de la Propiedad Industrial, por si alguien se pasa de listo y le copia su marca.

Y todos los abogados me pueden ofrecer esto? no todos. Tristemente, para seguir con su trámite hasta las últimas instancias usted deberá contratar a un buen equipo de abogados, el cual le cobrará miles de millones por esto dado que implica pasar por el Consejo de Estado y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, que se encuentra en Quito (Ecuador).

Finalmente, el registro de mi marca sólo es valido para Colombia? Así es. Si quiere que valga en otro país, debe registrarla allá donde quiere que valga. La buena noticia es que en Perú, Ecuador y Bolivia, al ser miembros de la CAN, el trámite es exactamente el mismo y sólo cambia la entidad que se encarga de su registro.

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¿Por qué los notarios siguen pidiendo el inventario solemne de bienes?

Ya hemos hablado con anterioridad del inventario solemne de bienes, y concluimos que este es un trámite inútil si el menor no tiene bienes pero que tiene un soporte jurídico que exige su cumplimiento. ¿O no?

Después de ver este concepto que encontré en Internet, no sólo reafirmo lo que pienso de los notarios, sin que concluyo que el inventario solemne de bienes, cuando el hijo no es propietario, no es mas que un negocio redondo que debe desaparecer.

El concepto,de agosto de 2008, viene acompañado de una carta firmada por el Dr. Alvaro Rojas Charry (presidente de la Unión Colegiada del Notario) en la cual se llegan a unas importantes conclusiones con respecto al inventario de marras:

La conclusión a que se llega de acuerdo al concepto de la Oficina Jurídica, se precisa en lo siguiente:
1. No se puede exigir el inventario solemne, sino en aquellos casos donde real y físicamente existen bienes en cabeza de los menores y estos estén administrados por sus padres, entendiéndose, que los bienes pueden ser muebles o inmuebles.
2. Cuando no hay bienes del menor bajo la administración de algunos de los padres que va a contraer matrimonio, NO ES NECESARIO SOLICITAR INVENTARIO SOLEMNE DE BIENES.
3. Si el menor no tiene bienes, no es viable administrar ni efectuar inventario de lo que no se tiene.

Pero el problema viene cuando a esta conclusión el Dr. Rojas agrega:

Respetando la autonomía en la interpretación de la ley, le compete al Notario decidir la aplicación del concepto de la Oficina Jurídica de Supernotariado.

Es importante analizar profundamente el anterior concepto, para que el Notariado adopte una posición coherente y uniforme sobre el tema que aquí se plantea.

Como queda en evidencia en los comentarios que llegan a este blog, los notarios no tienen una posición uniforme frente al inventario solemne de bienes si el hijo no tiene bienes. Y la decisión que tomaron muchos notarios fue interpretar la Ley de acuerdo a sus intereses.

Yo soy respetuoso de la autonomía en la interpretación de la Ley, pero exigir un trámite costoso a personas que no lo necesitan aun cuando existe un soporte legal para NO HACERLO, no es mas que una bajeza y deja mucho que pensar de quienes la exigen.

Esperemos que los notarios recapaciten y dejen de exigir este trámite a personas que no lo necesitan.

Este es mi artículo favorito del Código Civil

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El código Civil es un anacronismo, pero a pesar de ello tiene grandes ventajas y no niego que en muchos casos sea muy sabio. Como cuando logra que un codeudor deje de serlo.

En Colombia se ha vuelto común que algunos acreedores (léase Bancos) [inserte música maléfica de su agrado aquí] pidan como requisito para un préstamo que el futuro deudor tenga un codeudor, que básicamente es un pobre parroquiano al que también le cobrarán toda la deuda en caso de que el deudor no pague. Pero, con el Art. 1579 del Código Civil, esto no tiene fundamento.

Y es que en su afán por no pedir fiadores, los bancos pasaron por alto este articulo que dice lo siguiente:

ARTICULO 1579. <SUBROGACION DE DEUDOR SOLIDARIO>. El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda.

Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria, concernía solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, serán estos responsables entre sí, según las partes o cuotas que le correspondan en la deuda, y los otros codeudores serán considerados como fiadores.

La parte o cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos los otros a prorrata de las suyas, comprendidos aún aquellos a quienes el acreedor haya exonerado de la solidaridad.

(la negrilla es mía)

Básicamente, ahí dice que si la deuda sólo beneficia a uno de los dos deudores, sólo el deudor beneficiado responde de la deuda y los demás sólo serán fiadores. En la practica, esto significa que para poder demandar al codeudor, primero deben ejecutar al deudor principal totalmente.

Lo increíble es que este articulo tenga casi 200 años y hasta el momento pocos abogados y ciudadanos lo conocen. Es un articulo que permitiría que muchos codeudores logren conseguir algo de tiempo y unas mejores ventajas jurídicas al convertirse en fiadores si demuestran que la deuda sólo benefició a uno de los deudores solidarios (que es lo que siempre pasa).

Código General del Proceso fortalecerá a las firmas de abogados y estimulará su creación

Quizá la gran novedad que trae el Código General Del Proceso recién aprobado es la establecida en el inciso dos de su Art. 75 que dice:

igualmente podrá otorgarse poder a una persona jurídica cuyo objetivo social sea la prestación de servicios jurídicos. En este evento podrá actuar en el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia y representación legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jurídica pueda otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma. Las Cámaras de Comercio deberán proceder al registro de que trata (sic) este inciso

Este articulo no puede ser más claro: una persona jurídica puede ser el apoderado de alguien en un proceso, y ya no será necesario otorgar varios poderes a varios abogados, ya que bastará con que usted firme uno, y que dicho poder esté acompañado de un Certificado de Cámara y Comercio sobre la existencia y Representación Legal de una firma.

Este detalle hará al mundo jurídico del país, al fin, interesante.

¿Existe un derecho del futbol?

tarjeta-roja-y-amarillaClaro!. Como toda actividad humana, está regida por el derecho. De hecho, el lector se sorprenderá al saber que existe un área del derecho llamada Derecho Deportivo, que se encarga justamente del análisis de las normas, leyes, y jurisprudencias que regulan el deporte (para Colombia hay un software gratuito disponible para abogados, que compila todas las figuras jurídicas referentes al derecho del deporte).

Pero volviendo al tema de este artículo, Algunos dirán que El derecho del Futbol en realidad no existe como una rama del derecho “autónoma” (como el Derecho Civil, o el Derecho Penal), porque es una rama del derecho que analiza las normas jurídicas que rigen en el Futbol, como la actividad cultural, jurídica, política y económica que es, en un país determinado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Futbol tiene un reglamento propio que lo determina la FIFA (actualmente, el futbol se rige por 17 reglas),  y está sujeto a unas instancias en las cuales se puede, incluso, apelar los resultados de un partido de futbol o la sanción a un jugador, o incluso, los casos por dopaje (porque el árbitro es un juez de primera instancia).

Una de esas instancias, quizá la más importante, es el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), el cual es, básicamente, un órgano de arbitraje que dirime los conflictos que se presentan en un deporte (no sólo rige al futbol), siempre y cuando las partes en conflicto estén de acuerdo en aceptar su jurisdicción.

Adicionalmente el Derecho del Futbol combina algunas ramas del Derecho tales como:

  • El Derecho laboral: Los jugadores son trabajadores del Club en el cual juegan, están sometidos al C.S.T y por ende, el club está obligado a afiliarlos a una A.R.L, a un fondo de pensiones y cesantías y debe pagarle sus prestaciones laborales debidas.
  • El derecho comercial: Desde la perspectiva de esta rama del derecho, el futbol es una actividad económica que no sólo ofrece entretenimiento deportivo. Pero esta rama del derecho también está presente la compra y venta del “pase” de algún jugador, el registro del nombre y el escudo de un equipo de futbol como una marca comercial para vender mercancía o prestar algún servicio. Además, muchos clubes de futbol están organizados como sociedades comerciales sujetas a registro en Cámara de Comercio y vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.
  • El derecho tributario: Pago de impuestos por esas transacciones millonarias a los cuales los fanáticos del futbol están tan acostumbrados, así como el pago de los impuestos propios de las sociedades comerciales (no olvidar que muchos clubes de futbol en el mundo son sociedades anónimas que cotizan en bolsa)
  • Derecho internacional privado: qué norma rige cuando se transfiere un jugador a un club extranjero? ante qué jurisdicción acudir en caso de incumplimientos? estas son algunas de las dudas que el derecho internacional privado pretende responder en el futbol.

Si usted desea más información sobre el derecho del Futbol, puede encontrarla en este excelente ensayo jurídico o bien, en el blog de la Asociación Mexicana para el Derecho Del Futbol. Además, si usted está interesado en conocer jurisprudencia del TAS, lo invito a visitar este enlace.

 

Salió el Código General del Proceso, pero….

Sin duda es un acierto que después de tantos años se modifique el Código de Procedimiento Civil a través de la Ley 1564 de 2012. Pero, esto será suficiente para que los procedimientos se tramiten de manera más ágil y se acabe, de una vez por todas, la pesadilla de la congestión judicial?.

Recordemos que en su momento, el actual Código de Procedimiento Civil fue un gran avance frente a la Ley 105 de 1931 (Código Judicial), que a su vez modificó otra ley que de seguro era tan antigua como el Código Civil (esa pieza de museo que aun sigue vigente aunque apenas responde a la realidad del Derecho Privado y que si merece ser modificada por otra Ley, y pronto). Es decir, cada 40 años se modifica el Procedimiento Civil y las cosas no mejoran a pesar de lo bonitas que estén redactadas esas leyes (y eso que la Ley 105 de 1931, en su Art. 1208, ya hablaba de procesos verbales que se  resolverían de forma tan ágil como una conciliación en un Centro de Conciliación y que costaban lo mismo, ya que había que pagar por ello).

Y eso se debe a que el verdadero logro de los cambios de normas procedimentales es el reconocimiento de la realidad del país en el cual van a regir. De este modo, así como el C.P.C tuvo como gran logro la gratuidad de la justicia frente al Código Judicial, la Ley 1564 de 2012 tendrá como gran logro la implementación de las TIC en el Procedimiento Civil (Ver arts. 171 y 291 del Código General del Proceso) y la creación de procesos especiales para situaciones cotidianas que hoy por hoy se resuelven en procesos ordinarios porque el C.P.C ni siquiera las contemplaba (como los Procesos Monitorios del Art. 419 del C.G.P) o introduce grandes avances como el Proceso de Insolvencia de Personas naturales No Comerciantes contemplado en el Art. 531 del C.G.P (A.K.A: Ley 1380 de 2010) .

Pero, si usted lo que espera es que el Procedimiento Civil se haga más ágil, que los funcionarios lo atiendan más rápido, que no llegue a un juzgado y lo encuentre todo lleno de carpetas por doquier y otro tipo de aberraciones éticas y estéticas, creo que se desilusionará enormemente. Si no me cree recuerde cómo se sintió cuando salió la Ley 906 de 2004 y mire en lo que estamos ahora en materia de Procedimiento Penal.

Antes que una modificación de normas procedimentales, para lograr la tan anhelada descongestión judicial se requiere de una concientización de los operadores judiciales y su relación frente a los particulares (mejor dicho, que se den cuenta que servidor público no es igual a emperadorcito), de una reingeniería del funcionamiento de los Juzgados que permita un manejo gerencial para el cual los jueces ni siquiera están preparados, y de una aplicación inmediata de las TIC en todos los aspectos que rigen el funcionamiento de la Rama Judicial. Si esto se lograra, estoy seguro que hasta con la Ley 105 de 1931 el procedimiento Civil sería aun más ágil y menos congestionado de lo que es hoy en día.

Nuevo sistema de riesgos laborales (Ley 1562 de 2012)

accidente de trabajo

ARTICULO ACTUALIZADO EL 20 DE MARZO DE 2015

Mediante proyecto de Ley 67 (senado) y 217 de 2011 (cámara) el Congreso acaba de modificar el Sistema de Riesgos Profesionales, que en adelante se llamará Sistema de Riesgos Laborales.

Una de las novedades, innecesarias en mi opinión, es el cambio de nombre de algunas definiciones con las cuales los empresarios y los trabajadores ya venían familiarizados desde la década de los 90, cuando se creó el Sistema de Riesgos Profesionales. Algunas de las nuevas definiciones son las siguientes:

  • Sistema General de Riesgos Laborales = Sistema General de Riesgos Profesionales
  • Seguridad y Salud en el Trabajo = Salud Ocupacional
  • Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) = Programa de Salud Ocupacional
  • ARP = ARL

    Personalmente, el cambio de nombre era innecesario porque esto, fuera de no mejorar por sí mismo el Sistema, simplemente genera confusión porque ya los colombianos están familiarizados con unos nombres que, en esencia, evocan lo mismo que la nueva Ley (que está para sanción presidencial al momento en que escribo esto y por ende, aun no tiene número consecutivo) ofrece. De hecho, si observan el proyecto de Ley se darán cuenta que los cambios no son muchos.

    Sin embargo, el cambio a destacar, es la nueva regulación a las Juntas Nacionales y Regionales de Calificación de Invalidez, ya que en dicho proyecto de Ley se puede apreciar una modificación al Art. 42 de la Ley 100 de 1993 de la siguiente manera:

    Artículo 16. El artículo 42 de la Ley 100 de 1993, quedará así:

    Artículo 42. Naturaleza, administración y funcionamiento de las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de invalidez. Las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de invalidez son organismos del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas
    al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio, sin perjuicio de la segunda instancia que corresponde a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, respecto de las regionales y conforme a la reglamentación que determine el Ministerio del Trabajo
    Será conforme a la reglamentación que determine el Ministerio del Trabajo, la integración, administración operativa y financiera, los términos en tiempo y procedimiento para la expedición de dictámenes, funcionamiento y la inspección, vigilancia y control de estos aspectos, así como
    la regionalización del país para los efectos de funcionamiento de las Juntas, escala de honorarios a sus integrantes, procedimientos operativos y recursos de reposición y apelación.

    Parágrafo 1º. Los integrantes de las Juntas Nacional y regionales de Calificación de Invalidez se regirán por la presente ley y su reglamentación, actuarán dentro del respectivo período y, en caso necesario, permanecerán en sus cargos hasta tanto se realice la posesión de los nuevos integrantes para el período correspondiente, serán designados de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio del Trabajo.

    Parágrafo 2º. Las entidades de seguridad social y los integrantes de las Juntas Regionales y Nacionales de Invalidez y los profesionales que califiquen, serán responsables solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o a los Administradores del Sistema
    de Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté plenamente probado.

    Es obligación de los diferentes actores de los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales la entrega oportuna de la información requerida y de la cual se disponga para fundamentar la calificación del origen, entre las entidades competentes para calificar al trabajador.

    Parágrafo 3º. El Ministerio del Trabajo deberá organizar dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, la estructura y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez como parte de la estructura del Ministerio de Trabajo

En la práctica esto supone mas vigilancia y control para estas entidades dado los diferentes problemas que estas tenían con sus usuarios. Además, de ahora en adelante el pago de los honorarios a las Juntas Regionales y Laborales no los cubrirá el usuario sino la ARP (o ARL) si la calificación de origen es laboral (si es común, lo pagará el fondo de pensiones). Esos pagos sólo los hará las ARL (o el fondo de pensiones según el caso) en primera instancia. Sin duda, un gran alivio para quienes deban recurrir a estas juntas debido a que los colombianos que acuden a las Juntas de Calificación de Invalidez lo hacen para poder pedir una pensión que, en muchos casos, se convertirá en la única fuente de ingresos a partir de que se la otorguen.

Finalmente, otros datos importantes a resaltar de esta nueva regulación, que aun no entra en vigencia, es que de ahora en adelante todas las prestaciones establecidas en el nuevo sistema de riesgos profesionales prescriben en 3 años y se crea una Comisión Especial de Inspectores de Trabajo en Materia de Riesgos Laborales, que tendrá a su cargo “la prevención y promoción en materia de riesgos laborales y la vigilancia del estricto cumplimiento de las normas relativas a la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y así mismo, velará por el cumplimiento y observancia de las normas en materia de salud ocupacional y seguridad industrial.”

En cuanto salga la Ley se observarán con más detalle los nuevos cambios. Pero por ahora puede ver el proyecto de Ley haciendo click aquí.

ACTUALIZACIÓN (14/07/12): La Ley que modifica el Sistema de Riesgos Laborales es la Ley 1562 de 2012 y pueden consultarla aquí

ACTUALIZACIÓN DEL 20 DE MARZO DE 2015: Mediante el Decreto 472 de marzo de 2015, el Gobierno Nacional reglamentó el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, estableciendo de esta forma los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y salud en el trabajo y Riesgos Laborales. Además, ese decreto también establece las normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas. Pueden descargar el Decreto 472 de 2015 aquí.