Etiqueta: Colombia

Este es mi artículo favorito del Código Civil

pidedinero

El código Civil es un anacronismo, pero a pesar de ello tiene grandes ventajas y no niego que en muchos casos sea muy sabio. Como cuando logra que un codeudor deje de serlo.

En Colombia se ha vuelto común que algunos acreedores (léase Bancos) [inserte música maléfica de su agrado aquí] pidan como requisito para un préstamo que el futuro deudor tenga un codeudor, que básicamente es un pobre parroquiano al que también le cobrarán toda la deuda en caso de que el deudor no pague. Pero, con el Art. 1579 del Código Civil, esto no tiene fundamento.

Y es que en su afán por no pedir fiadores, los bancos pasaron por alto este articulo que dice lo siguiente:

ARTICULO 1579. <SUBROGACION DE DEUDOR SOLIDARIO>. El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda.

Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria, concernía solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, serán estos responsables entre sí, según las partes o cuotas que le correspondan en la deuda, y los otros codeudores serán considerados como fiadores.

La parte o cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos los otros a prorrata de las suyas, comprendidos aún aquellos a quienes el acreedor haya exonerado de la solidaridad.

(la negrilla es mía)

Básicamente, ahí dice que si la deuda sólo beneficia a uno de los dos deudores, sólo el deudor beneficiado responde de la deuda y los demás sólo serán fiadores. En la practica, esto significa que para poder demandar al codeudor, primero deben ejecutar al deudor principal totalmente.

Lo increíble es que este articulo tenga casi 200 años y hasta el momento pocos abogados y ciudadanos lo conocen. Es un articulo que permitiría que muchos codeudores logren conseguir algo de tiempo y unas mejores ventajas jurídicas al convertirse en fiadores si demuestran que la deuda sólo benefició a uno de los deudores solidarios (que es lo que siempre pasa).

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Las cuantías en el Código General del Proceso

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Artículo actualizado el 3 de abril de 2019.

Para los que no lo sepan, una cuantía en derecho procesal es el valor de la materia litigiosa. Mejor dicho, lo que vale su proceso para la justicia colombiana. Es un concepto que a estas alturas todos los abogados debemos saber qué es en derecho procesal y qué significa para los intereses del cliente.

Sin embargo, a partir del primero de Octubre, y gracias a la Ley 1564 de 2012, las cuantías han cambiado para siempre.

A partir del primero de octubre ya no aplicará mas el Art. 19 del C.P.C por mención expresa del Código General del Proceso en su Art. 626, numeral B, que establece:

b) A partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012) quedan derogados: los artículos 19, 90, 91, 346, 449, y 690 del Código de Procedimiento Civil; y todas las que sean contrarias a las que entran en vigencia a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012).

Para no dar más vueltas al asunto, estas serán las nuevas cuantías según el C.G.P, Art. 25:

  • Mínima Cuantía: menor a 40 SMLMV
  • Menor Cuantía: Mayor de 40 y menor de 150 SMLMV
  • Mayor Cuantía: mayor a 150 SMLMV

Las cuantías en el Código General del Proceso

¿Existe un derecho del futbol?

tarjeta-roja-y-amarillaClaro!. Como toda actividad humana, está regida por el derecho. De hecho, el lector se sorprenderá al saber que existe un área del derecho llamada Derecho Deportivo, que se encarga justamente del análisis de las normas, leyes, y jurisprudencias que regulan el deporte (para Colombia hay un software gratuito disponible para abogados, que compila todas las figuras jurídicas referentes al derecho del deporte).

Pero volviendo al tema de este artículo, Algunos dirán que El derecho del Futbol en realidad no existe como una rama del derecho “autónoma” (como el Derecho Civil, o el Derecho Penal), porque es una rama del derecho que analiza las normas jurídicas que rigen en el Futbol, como la actividad cultural, jurídica, política y económica que es, en un país determinado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Futbol tiene un reglamento propio que lo determina la FIFA (actualmente, el futbol se rige por 17 reglas),  y está sujeto a unas instancias en las cuales se puede, incluso, apelar los resultados de un partido de futbol o la sanción a un jugador, o incluso, los casos por dopaje (porque el árbitro es un juez de primera instancia).

Una de esas instancias, quizá la más importante, es el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), el cual es, básicamente, un órgano de arbitraje que dirime los conflictos que se presentan en un deporte (no sólo rige al futbol), siempre y cuando las partes en conflicto estén de acuerdo en aceptar su jurisdicción.

Adicionalmente el Derecho del Futbol combina algunas ramas del Derecho tales como:

  • El Derecho laboral: Los jugadores son trabajadores del Club en el cual juegan, están sometidos al C.S.T y por ende, el club está obligado a afiliarlos a una A.R.L, a un fondo de pensiones y cesantías y debe pagarle sus prestaciones laborales debidas.
  • El derecho comercial: Desde la perspectiva de esta rama del derecho, el futbol es una actividad económica que no sólo ofrece entretenimiento deportivo. Pero esta rama del derecho también está presente la compra y venta del “pase” de algún jugador, el registro del nombre y el escudo de un equipo de futbol como una marca comercial para vender mercancía o prestar algún servicio. Además, muchos clubes de futbol están organizados como sociedades comerciales sujetas a registro en Cámara de Comercio y vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.
  • El derecho tributario: Pago de impuestos por esas transacciones millonarias a los cuales los fanáticos del futbol están tan acostumbrados, así como el pago de los impuestos propios de las sociedades comerciales (no olvidar que muchos clubes de futbol en el mundo son sociedades anónimas que cotizan en bolsa)
  • Derecho internacional privado: qué norma rige cuando se transfiere un jugador a un club extranjero? ante qué jurisdicción acudir en caso de incumplimientos? estas son algunas de las dudas que el derecho internacional privado pretende responder en el futbol.

Si usted desea más información sobre el derecho del Futbol, puede encontrarla en este excelente ensayo jurídico o bien, en el blog de la Asociación Mexicana para el Derecho Del Futbol. Además, si usted está interesado en conocer jurisprudencia del TAS, lo invito a visitar este enlace.

 

Salió el Código General del Proceso, pero….

Sin duda es un acierto que después de tantos años se modifique el Código de Procedimiento Civil a través de la Ley 1564 de 2012. Pero, esto será suficiente para que los procedimientos se tramiten de manera más ágil y se acabe, de una vez por todas, la pesadilla de la congestión judicial?.

Recordemos que en su momento, el actual Código de Procedimiento Civil fue un gran avance frente a la Ley 105 de 1931 (Código Judicial), que a su vez modificó otra ley que de seguro era tan antigua como el Código Civil (esa pieza de museo que aun sigue vigente aunque apenas responde a la realidad del Derecho Privado y que si merece ser modificada por otra Ley, y pronto). Es decir, cada 40 años se modifica el Procedimiento Civil y las cosas no mejoran a pesar de lo bonitas que estén redactadas esas leyes (y eso que la Ley 105 de 1931, en su Art. 1208, ya hablaba de procesos verbales que se  resolverían de forma tan ágil como una conciliación en un Centro de Conciliación y que costaban lo mismo, ya que había que pagar por ello).

Y eso se debe a que el verdadero logro de los cambios de normas procedimentales es el reconocimiento de la realidad del país en el cual van a regir. De este modo, así como el C.P.C tuvo como gran logro la gratuidad de la justicia frente al Código Judicial, la Ley 1564 de 2012 tendrá como gran logro la implementación de las TIC en el Procedimiento Civil (Ver arts. 171 y 291 del Código General del Proceso) y la creación de procesos especiales para situaciones cotidianas que hoy por hoy se resuelven en procesos ordinarios porque el C.P.C ni siquiera las contemplaba (como los Procesos Monitorios del Art. 419 del C.G.P) o introduce grandes avances como el Proceso de Insolvencia de Personas naturales No Comerciantes contemplado en el Art. 531 del C.G.P (A.K.A: Ley 1380 de 2010) .

Pero, si usted lo que espera es que el Procedimiento Civil se haga más ágil, que los funcionarios lo atiendan más rápido, que no llegue a un juzgado y lo encuentre todo lleno de carpetas por doquier y otro tipo de aberraciones éticas y estéticas, creo que se desilusionará enormemente. Si no me cree recuerde cómo se sintió cuando salió la Ley 906 de 2004 y mire en lo que estamos ahora en materia de Procedimiento Penal.

Antes que una modificación de normas procedimentales, para lograr la tan anhelada descongestión judicial se requiere de una concientización de los operadores judiciales y su relación frente a los particulares (mejor dicho, que se den cuenta que servidor público no es igual a emperadorcito), de una reingeniería del funcionamiento de los Juzgados que permita un manejo gerencial para el cual los jueces ni siquiera están preparados, y de una aplicación inmediata de las TIC en todos los aspectos que rigen el funcionamiento de la Rama Judicial. Si esto se lograra, estoy seguro que hasta con la Ley 105 de 1931 el procedimiento Civil sería aun más ágil y menos congestionado de lo que es hoy en día.

Nuevo sistema de riesgos laborales (Ley 1562 de 2012)

accidente de trabajo

ARTICULO ACTUALIZADO EL 20 DE MARZO DE 2015

Mediante proyecto de Ley 67 (senado) y 217 de 2011 (cámara) el Congreso acaba de modificar el Sistema de Riesgos Profesionales, que en adelante se llamará Sistema de Riesgos Laborales.

Una de las novedades, innecesarias en mi opinión, es el cambio de nombre de algunas definiciones con las cuales los empresarios y los trabajadores ya venían familiarizados desde la década de los 90, cuando se creó el Sistema de Riesgos Profesionales. Algunas de las nuevas definiciones son las siguientes:

  • Sistema General de Riesgos Laborales = Sistema General de Riesgos Profesionales
  • Seguridad y Salud en el Trabajo = Salud Ocupacional
  • Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) = Programa de Salud Ocupacional
  • ARP = ARL

    Personalmente, el cambio de nombre era innecesario porque esto, fuera de no mejorar por sí mismo el Sistema, simplemente genera confusión porque ya los colombianos están familiarizados con unos nombres que, en esencia, evocan lo mismo que la nueva Ley (que está para sanción presidencial al momento en que escribo esto y por ende, aun no tiene número consecutivo) ofrece. De hecho, si observan el proyecto de Ley se darán cuenta que los cambios no son muchos.

    Sin embargo, el cambio a destacar, es la nueva regulación a las Juntas Nacionales y Regionales de Calificación de Invalidez, ya que en dicho proyecto de Ley se puede apreciar una modificación al Art. 42 de la Ley 100 de 1993 de la siguiente manera:

    Artículo 16. El artículo 42 de la Ley 100 de 1993, quedará así:

    Artículo 42. Naturaleza, administración y funcionamiento de las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de invalidez. Las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de invalidez son organismos del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas
    al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio, sin perjuicio de la segunda instancia que corresponde a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, respecto de las regionales y conforme a la reglamentación que determine el Ministerio del Trabajo
    Será conforme a la reglamentación que determine el Ministerio del Trabajo, la integración, administración operativa y financiera, los términos en tiempo y procedimiento para la expedición de dictámenes, funcionamiento y la inspección, vigilancia y control de estos aspectos, así como
    la regionalización del país para los efectos de funcionamiento de las Juntas, escala de honorarios a sus integrantes, procedimientos operativos y recursos de reposición y apelación.

    Parágrafo 1º. Los integrantes de las Juntas Nacional y regionales de Calificación de Invalidez se regirán por la presente ley y su reglamentación, actuarán dentro del respectivo período y, en caso necesario, permanecerán en sus cargos hasta tanto se realice la posesión de los nuevos integrantes para el período correspondiente, serán designados de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio del Trabajo.

    Parágrafo 2º. Las entidades de seguridad social y los integrantes de las Juntas Regionales y Nacionales de Invalidez y los profesionales que califiquen, serán responsables solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o a los Administradores del Sistema
    de Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté plenamente probado.

    Es obligación de los diferentes actores de los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales la entrega oportuna de la información requerida y de la cual se disponga para fundamentar la calificación del origen, entre las entidades competentes para calificar al trabajador.

    Parágrafo 3º. El Ministerio del Trabajo deberá organizar dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, la estructura y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez como parte de la estructura del Ministerio de Trabajo

En la práctica esto supone mas vigilancia y control para estas entidades dado los diferentes problemas que estas tenían con sus usuarios. Además, de ahora en adelante el pago de los honorarios a las Juntas Regionales y Laborales no los cubrirá el usuario sino la ARP (o ARL) si la calificación de origen es laboral (si es común, lo pagará el fondo de pensiones). Esos pagos sólo los hará las ARL (o el fondo de pensiones según el caso) en primera instancia. Sin duda, un gran alivio para quienes deban recurrir a estas juntas debido a que los colombianos que acuden a las Juntas de Calificación de Invalidez lo hacen para poder pedir una pensión que, en muchos casos, se convertirá en la única fuente de ingresos a partir de que se la otorguen.

Finalmente, otros datos importantes a resaltar de esta nueva regulación, que aun no entra en vigencia, es que de ahora en adelante todas las prestaciones establecidas en el nuevo sistema de riesgos profesionales prescriben en 3 años y se crea una Comisión Especial de Inspectores de Trabajo en Materia de Riesgos Laborales, que tendrá a su cargo “la prevención y promoción en materia de riesgos laborales y la vigilancia del estricto cumplimiento de las normas relativas a la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y así mismo, velará por el cumplimiento y observancia de las normas en materia de salud ocupacional y seguridad industrial.”

En cuanto salga la Ley se observarán con más detalle los nuevos cambios. Pero por ahora puede ver el proyecto de Ley haciendo click aquí.

ACTUALIZACIÓN (14/07/12): La Ley que modifica el Sistema de Riesgos Laborales es la Ley 1562 de 2012 y pueden consultarla aquí

ACTUALIZACIÓN DEL 20 DE MARZO DE 2015: Mediante el Decreto 472 de marzo de 2015, el Gobierno Nacional reglamentó el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, estableciendo de esta forma los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y salud en el trabajo y Riesgos Laborales. Además, ese decreto también establece las normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas. Pueden descargar el Decreto 472 de 2015 aquí.

Formas de adquisición de la nacionalidad colombiana

formas de adquisición de la nacionalidad colombianavisa colombiana homero

 

NOTA AL 11 de septiembre de 2018: Si usted requiere mayor información sobre cómo adquirir la nacionalidad colombiana, lo invito cordialmente a solicitar una consulta jurídica especializada con el fin de analizar detenidamente su caso y, de ser posible, brindarle acompañamiento legal para la realización de este trámite.

Recuerde que para solicitar una consulta jurídica especializada debe de seguir las instrucciones indicadas en este enlace http://bit.ly/Consulta_Especializada. Puede realizar el pago de la consulta, si está en el exterior, mediante un giro internacional en Western Union o Moneygram, según las instrucciones indicadas en el enlace. Solicite información adicional al 3042874360

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Una de las preguntas más recurrentes de mis lectores extranjeros se refiere a la la forma de adquisición de la nacionalidad colombiana a partir de las uniones maritales de hecho con personas del mismo sexo. Como para tratar este tema en especifico es importante conocer este tema en términos generales, por lo que en este artículo encontrará cómo ser nacional colombiano en todas las circunstancias.

Fundamento de derecho:  Art. 96 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 43 de 1993:

1. ¿Cuáles son las formas de adquirir la nacionalidad colombiana?: Las formas de adquirir la nacionalidad colombiana son por nacimiento y por adopción  

Por nacimiento:
  • Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones; que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento;
  • Los hijos de padre o madre colombianos, que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaran en la República.

Por adopción:

  • Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización de acuerdo con la presente Ley;
  • Los latinoamericanos y del caribe por nacimiento, domiciliados en Colombia que con autorización del gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren;
  • Los miembros de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad y según tratados públicos que para el efecto se celebren y sean debidamente perfeccionados.

2. ¿Soy extranjero, y deseo adquirir la nacionalidad colombiana por adopción, qué debo hacer?

Depende de su nacionalidad.

  • Si usted es Latinoamericano o del Caribe por nacimiento: Debe estar domiciliado en Colombia por un término de un (1) año continuo inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Si es español por nacimiento: Debe estar domiciliado en Colombia por un término de dos (2) años continuos  inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Si no es latinoamericano, del Caribe o español: Usted debe estar en Colombia por un término de cinco (5) años continuos  inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, o por dos (2)  años, si usted está casado(a) con un (a) nacional colombiano (a), o si es compañero (a) permanente de nacional colombiano (a), o si tiene hijos (as) colombianos (as).

Lea además: NACIONALIDAD COLOMBIANA POR MATRIMONIO CON COLOMBIANO. ¿ES POSIBLE?

3. ¿Entonces, de acuerdo con todo lo anterior, si pertenezco a la comunidad LGBT y decido formalizar mi relación con mi pareja colombiana mediante la unión marital de hecho, y además cumplo los requisitos para ser colombiano por adopción, puedo solicitar dicha nacionalidad?

Exactamente. Como ya se ha indicado en anteriores ocasiones en este blog, las parejas del mismo sexo tienen los mismos beneficios que las pajeras heterosexuales si deciden formalizar su relación mediante esta figura (menos la posibilidad de adoptar niños). Naturalmente, esto incluye la nacionalidad.

4. ¿Finalmente, cuál es el trámite para adquirir la nacionalidad colombiana?

NOTA AL 4 de abril de 2019: Si usted desea saber cómo adquirir la nacionalidad colombiana, le pido por favor que lea detenidamente este artículo, ya que los pasos que encontrará en él, y en el enlace adjunto, son los únicos que debe de seguir si quiere ser nacional colombiano.

El trámite para adquirir la nacionalidad colombiana está disponible en esta pagina.

Los documentos que requiere, según el Ministerio de Relaciones exteriores, son los siguientes:

Documentos

1. Memorial dirigido al señor Ministro de Relaciones Exteriores, solicitando la nacionalidad colombiana, con su respectiva motivación, el cual deberá indicar:

Nombre, número de cédula de extranjería, ocupación, país de origen y nacionalidad actual del peticionario;

Ciudad de domicilio y dirección de su residencia en Colombia;

Razones en que se fundamenta su petición;

Manifestación de su último domicilio antes de haberse residenciado en el país;

Autorización expresa para que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda solicitar el informe confidencial para naturalización, tributarios u otra información pertinente ante las autoridades competentes.

Si el interesado tiene hijos menores de edad bajo su patria potestad, puede solicitar que se extienda la nacionalidad a ellos, para lo cual deberá presentar las pruebas referentes al estado civil de los hijos a quienes debe extenderse la nacionalidad. La solicitud deberá hacerse conjuntamente por los padres o quien ejerza la patria potestad.  En caso de que la patria potestad sea ejercida por el solicitante, deberá acreditarse dicha circunstancia.

2. Fotocopia de la cédula de extranjería y de la visa de residente, validas y vigentes.

3. Cinco (5) fotos recientes e iguales entre si, tamaño 4×5 centímetros.

4. Fotocopia de la página de datos del pasaporte valido.

5. En caso de que el pasaporte no incluya la información requerida, se solicitará un documento idóneo expedido por una autoridad competente de su país de origen, en el cual se compruebe la fecha y lugar de nacimiento. Dicho documento debe estar legalizado por el cónsul de Colombia, o apostillado por la autoridad competente del país de origen del peticionario según corresponda. Dicho documento deberá ser traducido al idioma español en caso de que hubiese sido expedido originalmente en otro idioma, sí la traducción se hubiese realizado en el exterior deberá ser apostillado o legalizado según corresponda.

6. Acreditar profesión u oficio con el certificado laboral de la empresa donde trabaja, no mayor a 6 meses.

7. Si el solicitante es profesional independiente, deberá aportar copia del formulario del Registro Único Tributario (RUT), declaración de renta y certificaciones de retención en la fuente, dado el caso, no mayor a 6 meses.

8. Certificación actual por parte del contador público en la que acredite que el solicitante no es contribuyente.

9. En caso de ser socio o propietario de algún establecimiento comercial, deberá allegar el certificado de la Cámara de Comercio con una expedición no mayor a seis (6) meses, en el cual conste el objeto social de dicha entidad  y su número de identificación tributaria (NIT).

10. En caso de que el solicitante dependa económicamente de otra persona, deberá presentar una declaración en la que conste esa dependencia, suscrita por el familiar, cónyuge o compañero permanente.

11. Acreditar conocimientos básicos de Constitución Política de Colombia, historia patria, geografía de Colombia y castellano, exámenes que deberá presentar en la respectiva Gobernación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43 de 1993, modificada por la Ley 962 de 2005.

Se exceptúan de este requisito quienes comprueben haber obtenido título de bachiller, o haber cursado una carrera universitaria en Colombia y a las personas mayores de 65 años. El examen de castellano se exceptúa para originarios de países hispano parlantes. La homologación de títulos de especializaciones o posgrados no exime de la prueba de conocimientos.
Nota: Presentar estos exámenes ante la gobernación de su domicilio, en la fecha dispuesta por la respectiva gobernación en caso de ser legalmente requerido.

12. Registro civil de matrimonio si es casado(a) con  colombiano(a), o prueba de la unión marital de hecho. Si tuviere hijos(as) de nacionalidad colombiana, deberá presentar los respectivos registros civiles de nacimiento.

13. Una certificación expedida por al autoridad competente donde acredite que definió su situación militar en el país de origen. Se exime de este requisito cuando el solicitante tiene mas de 50 años o es de género femenino. Dicho documento debe estar legalizado por el cónsul de Colombia o apostillado por la autoridad competente del país de origen del peticionario según corresponda. Dicho documento deberá ser traducido al idioma español en caso de que hubiese sido expedido originalmente en otro idioma, sí la traducción se hubiese realizado en el exterior deberá ser apostillado o legalizado según corresponda.

14. Compromiso escrito de que definirá su situación militar en Colombia, en caso que se le otorgué la nacionalidad.

ADVERTENCIA: La naturalización es un acto soberano y discrecional del Presidente de la República. En la práctica esto significa que, aun si usted cumple con todos los requisitos, podrían no darle la nacionalidad colombiana.

Además, la Ley 43 de 1993 contempla la posibilidad de otorgarle la nacionalidad a un extranjero sin cumplir con el lleno de los requisitos, por aportes significativos al progreso económico, científico, social o cultural.

 NOTA AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018: Si usted requiere mayor información sobre cómo adquirir la nacionalidad colombiana, lo invito cordialmente a solicitar una consulta jurídica especializada con el fin de analizar detenidamente su caso y, de ser posible, brindarle acompañamiento legal para la realización de este trámite.

Recuerde que para solicitar una consulta jurídica especializada debe de seguir las instrucciones indicadas en este enlace http://bit.ly/Consulta_Especializada. Puede realizar el pago de la consulta, si está en el exterior, mediante un giro internacional en Western Union o Moneygram, según las instrucciones indicadas en el enlace.

Los taxistas y la Ley: Al final, todo queda en el papel

Mis amigos taxistas se sorprenderían al saber que existen dos leyes que protegen su trabajo de todo tipo de abusos laborales. Una, ya muy antigua, es la Ley 15 de 1959, que en su artículo 15 establece lo siguiente:

ARTICULO 15. El contrato de trabajo verbal o escrito, de los choferes asalariados del servicio público, se entenderá celebrados con las empresas respectivas, pero para efecto de pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, las empresas y los propietarios de los vehículos, sean socios o afiliados, serán solidariamente responsables.

Como si no fuera más claro el artículo anterior, la Ley 336 de 1996, en su Art. 36 se establece lo siguiente:

ARTÍCULO 36. Los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte serán contratados directamente por la empresa operadora de transporte, quien para todos los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del equipo.

La jornada de trabajo de quienes tengan a su cargo la conducción y operación de los equipos destinados al servicio público de transporte será la establecida en las normas laborales y especiales correspondientes.

Como si este artículo no fuese lo suficientemente claro, el antiguo Ministerio de Protección Social (hoy, Ministerio de Trabajo), en Concepto del 28 de septiembre de 20055280 dijo lo siguiente:

En el artículo 36 de la ley en comento, se determina que los conductores de equipos destinados al Servicio público de transporte serán contratados directamente por la empresa operadora de transpone, quien para todos los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del Vehículo.

De esta manera y expuesto lo anterior, se tiene que por expresa disposición legal, entre la empresa operadora de transporte y los conductores debe existir un Contrato de trabajo, situación que nos lleva a concluir que la empresa operadora de transporte actúa como empleador y por ende, a su cargo estarán todas las obligaciones que la ley laboral le impone al patrono.

Lamentablemente, nada de esto se cumple en el caso de los taxistas. Actualmente el único salario con el que cuenta un taxista es lo que le queda después de cumplir con la entrega que le exige su empleador (el dueño del vehículo, que puede ser, o no, la empresa a la cual está afiliado). El taxista, para poder llevar suficiente dinero a su casa, cumple con turnos desproporcionados y por ello deja de pasar tiempo con su familia, desmejorando su calidad de vida por ahí derecho.

Como ven, no basta con que existan leyes que protejan un oficio, se necesita también con que los ciudadanos estén dispuestos a aplicarlas, y que aquellos a quienes benefician estén dispuestos a exigirlas.