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Sobre la Ley 1380 de 2010

La tan esperada Ley 1380 de 2010 (reglamentada por el Decreto 4007 de 2010, y modificada por la ley 1430 de 2010), parece que quedará en letra muerta. En los medios especializados corre el rumor de que el Procurador General pidió la inexequibilidad de esta, y otras leyes, porque fueron aprobadas en sesiones extraordinarias del congreso sin la debida publicación del decreto que las convocaba. Quienes hayan seguido de cerca la caída del referendo reeleccionista, sabrán que la ley que lo convocaba fue declarada inexequible por lo mismo, de modo que la desaparición del régimen de insolvencia para personas naturales parece ser inminente.

La Ley de insolvencia para personas naturales fue un mecanismo nacido para satisfacer la necesidad de los miles de deudores morosos de los bancos que no tienen el dinero para pagar sus obligaciones. Es una ley que, aunque muy importante para el país, quedó mal hecha porque no contó con la participación que aquellos sectores directamente involucrados, sin contar con que su alcance es demasiado extenso y por ende, poco claro, lo cual hace que la Ley en cuestión sea malinterpretada y en muchas ocasiones no cumple con los fines para los cuales fue prevista. Por ende, la ley 1380 no está cumpliendo con su cometido a cabalidad.

A esto se le suma la incertidumbre legal existente debido a la tardanza del gobierno para reglamentar esta ley. En efecto, muchas personas decidieron acogerse a la Ley 1380 pero luego se dieron cuenta de que muchos conciliadores no sabían cómo actuar frente a las solicitudes que les llegaban. Incluso algunos Centros de Conciliación decidieron no tramitar tales solicitudes. Quienes si lo hicieron,  tal vez estén confundidos porque el decreto reglamentario exige que el conciliador se forme en el programa académico de Formación de Conciliadores en Insolvencia Económica para Persona Natural no Comerciante, el cual se dicta ante una entidad avalada por el Ministerio del Interior y de Justicia.

Qué pasará entonces con aquellos procesos de insolvencia que se tramitaron antes del decreto reglamentario? Seguirán su trámite, aun sabiendo que el conciliador no es apto según el decreto 4007 de 2010? o acaso deberían anularse?. Por otro lado, si la ley es declarada inexequible, qué ocurrirá con los procesos que se están tramitando hoy?

Sea cual sea la respuesta a dichas preguntas, la realidad es que miles de deudores se encuentran en serias dificultades con sus acreedores, aguantando las llamadas amenazantes de los bancos cobrándoles el dinero y tomando caminos tenebrosos para cubrir sus deudas (como acudir a prestamos gota a gota), sin que el instrumento legal que debería ampararlos, y también equilibrar su posición como parte legal en el contrato de mutuo, haya cumplido con su finalidad.

 

 

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Cuatro razones para contratar a un abogado

destruccion-documental-una-cuestion-de-confianza ¿Dé qué sirve tener un abogado? Creo que más de uno se ha hecho esta pregunta alguna vez, y tal vez no haya tenido una respuesta muy clara si aquel que la responde saca a relucir sus prejuicios sobre los abogados, como que somos unos leguleyos, tinterillos o chupasangres. Así que intentaré darle una respuesta, pero teniendo en cuenta que para nadie es un secreto que Internet está dejando a mas de un abogado “en jaque”.

Hoy en día pululan los sitios web donde se ofrecen servicios legales de manera gratuita, desde asesorías jurídicas hasta minutas para redactar contratos de todo tipo (incluso contratos de sociedad), lo que hace que el papel del abogado en la sociedad quede cada día menos claro y la gente termine por dejar sus asuntos en manos de foristas dudosos (porque en internet hasta un estudiante de primer semestre de derecho puede pasar por gran abogado) o de consultorios virtuales. Además, el colombiano tiene la manía de creer que lo sabe todo. Es que aun antes del internet, ya tu vecino te podía asesorar perfectamente en derecho y hasta en medicina.

También, para serle sincero, uno de los papeles del abogado en la sociedad es el de simplemente ser un asesor de vocabulario. Fuera de esta función, si crees que los abogados estamos ahí para arreglarte la vida en cuestiones legales estás muy equivocado. Como lo dijo alguien por ahí, “Tu defensa y tu acusador son tus acciones.”

Entonces, de qué sirve tener un abogado? aquí le doy cuatro razones por las cuales es mejor tener siempre un buen abogado a mano:

  1. Porque usted no tiene tiempo de leer leyes y códigos: Y no, no estoy insultando su inteligencia. Pero es ingenuo creer que con todos los problemas y todos los deberes que usted debe afrontar en su vida diaria, va a tener el tiempo necesario para leer una ley o un código legal para auto asesorarse en sus negocios (ojo, no es lo mismo leer una ley que un libro). En cambio, nosotros los abogados nos preparamos para eso, para interpretar la ley, concordarla con otras leyes aplicables al caso concreto y de este modo encargarnos de protegerlo a usted y a sus intereses con base en la correcta interpretación legal que hagamos.
  2. Porque hay asuntos donde es obligatorio tener un abogado: En efecto, la ley ordena en algunos casos darle poder a un abogado para que lo represente, como por ejemplo, a la hora de acudir ante un juez o un magistrado. En otras palabras, por más que creas que tu caso es sencillo, o que tienes la solución a la mano, necesitarás contar con un abogado. En esos casos, la función del abogado no es resolver el caso, sino simplemente darle cauce legal (es decir, surtir los trámites, presentar memoriales, cumplir con los términos legales, etc.)
  3. Porque las asesorías gratuitas no siempre saldrán como lo esperas: Para nadie es un secreto que la economía no está para recurrir a un profesional cada vez que tenga una duda, y que los avances tecnológicos permiten consultar a cualquier profesional en cualquier parte del mundo. Pero, sabe usted qué tan confiable es ese abogado que lo asesora gratis?, Qué tan bien preparado se encuentra para hacerle frente a sus asuntos? Y lo más importante: Cómo sabe que el asesoramiento gratuito no es mas que un gancho para recomendarle la solución más costosa (un pleito legal) donde el único ganador será ese abogado que lo asesoró gratuitamente?. En cuanto a los consultorios jurídicos, no olvide que estos son meros centros de práctica de las facultades de derecho y que no están autorizados a actuar en ciertos asuntos en razón de la cuantía. Mejor dicho, recuerde que en estos casos, lo barato también puede salirle más caro.
  4. Porque el abogado cumple una función preventiva: Aunque no seamos mas que simples asesores de vocabulario, como lo dije anteriormente, nuestra capacidad interpretativa, y la experticia que da el ejercicio de esta profesión, nos permiten conocer de antemano las posibles consecuencias negativas de sus asuntos (en términos legales) que podrían costarle muchísimo tiempo y dinero. Como lo dije anteriormente, muchos de los abogados que ofrecen asesorías gratuitas lo hacen mas como “gancho” para inducirlo a ser parte de un pleito judicial innecesario, con los gastos que ello implica. El buen abogado no sólo se encarga de interpretar las leyes para usted, sino también de aconsejarlo sobre el mejor camino a seguir en el problema que usted plantee (esto tanto en términos económicos como de cualquier tipo).

En cualquier caso, le aconsejo que se tome las cosas con calma primero. No en todos los casos es necesario consultar a un abogado (como para hacer preguntas sobre trámites o para vender una nevera, por ejemplo). Pero hay otros que si lo ameritan demasiado (como vender una casa o cualquier bien costoso). Pero al final, la decisión está en sus manos.

Es la Ley 1395 de 2010 letra muerta?

La ley 1395 fue promulgada como una respuesta al clamor generalizado sobre la lentitud de la justicia. Entre otras cosas, la ley modifica el Código de Procedimiento Civil (CPC), una de las herramientas jurídicas más utilizadas en el país y un monumento a la ineptitud del estado en materia de descongestión judicial.

En efecto, entre las modificaciones que establece esta ley, la más interesante es la implementación de la oralidad en materia civil, eliminando los procesos ordinarios y ordenando que su trámite se realice bajo el proceso verbal: un tipo de procedimiento civil que existe desde la promulgación misma del CPC en 1971 y que durante todos estos años sólo se utilizaba en materias especificas, dependiendo de su naturaleza (como los divorcios o cesación de efectos civiles de matrimonio católico) o su cuantía (como la reposición de títulos valores)

Por otro lado, la Ley 1395, en su articulo 44, parágrafo, indica que la oralidad en materia civil “Entra en vigencia a partir del 1o de enero de 2011 en forma gradual a medida que se disponga de los recursos físicos necesarios, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, en un plazo máximo de tres años.” Y aquí es donde está el problema.

En primer lugar, y como dije antes, la Ley 1395 no está inventando algo nuevo. La oralidad siempre ha existido en el CPC por años, y si bien el articulo 44 ordena que la oralidad entre en vigencia a medida que se dispongan de los recursos físicos necesarios (que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá entiende como aquellos necesarios para implementar el sistema de oralidad en los procesos civiles, como las salas de audiencia), posponer la aplicación de esta ley sólo por eso es un despropósito que atenta contra el principio de economía y celeridad de todo el sistema procesal colombiano.

La justicia civil ha funcionado por años con pocos recursos, y que yo sepa, nunca se ha inadmitido una demanda sólo porque no hay salas de audiencias o cámaras de video para grabar una audiencia. Como dije anteriormente, la oralidad no es algo nuevo en materia civil, entonces por qué no se puede implementar ahora, con los recursos existentes?

En segundo lugar, la Ley 1395 fija un plazo de tres años al Consejo Superior de la Judicatura (CS de la J) para que determine la disposición de los recursos físicos. Será que este organismo, con todos sus problemas ya conocidos por todos en el mundo jurídico, si cumplirá a cabalidad con la entrega de estos recursos?. Si este organismo del estado no ha podido disponer de los recursos económicos para la correcta implementación del sistema penal acusatorio (que lleva mas de 5 años vigente), será que si lo hará en materia civil en 3 años? 

Entre otras cosas, en Cali existe un serio problema en materia de administración de justicia justo por falta de recursos. Todos los abogados caleños somos consientes del enorme daño que el atentado al Palacio de Justicia le ocasionó a los juzgados de Cali, que hoy tienen que despachar desde los baños de apartamentos incautados al narcotráfico. Pero ese atentado ocurrió en 1 de septiembre de 2008, y hasta la fecha el CS de la J ha hecho muy poco por reparar el edificio de forma expedita.

palacio675                     El panorama en materia judicial en Cali es desolador

                                  (imagen tomada de El País.com)

Y a esto hay que sumarle la inminente desaparición del CS de la J, como lo han anunciado muchos altos funcionarios del gobierno. Si el CS de la J es liquidado y reemplazado por otro de aquí en tres años (por ejemplo, el Ministerio de Justicia), su prioridad será la de organizarse a sí mismo y luego asumiría la administración económica del sistema judicial colombiano, lo que hará que la implementación de la oralidad, como lo ordena la Ley 1395, se demore mas de 3 años.

Tal vez esté equivocado, pero el panorama es preocupante con justa razón. Eso sin mencionar el hecho de que hasta ahora ni el gobierno ni el CS de la J han dicho qué pasará si en 3 años no se dispone de los recursos físicos para implementar la oralidad en materia civil. En este orden de ideas, será que seguiremos siendo testigos de como la vida útil de dos abogados se gasta en el procedimiento Ordinario por muchos años mas?

Las matemáticas y el derecho

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Artículo actualizado el 6 de mayo de 2019:

Cuando estaba en la universidad y le preguntaba a mis compañeros por qué habían decidido estudiar derecho, muchos de ellos respondían que lo hacían para no estudiar matemáticas puesto que sentían odio por ellas desde el colegio. Para su decepción, estaban equivocados: las matemáticas están muy presentes en el derecho.

Si bien, otros autores han agotado este tema a saciedad, eso no es impedimento para escribir este pequeño articulo, que pretende ser un elemento disuasorio para que aquellos bachilleres que quieren estudiar derecho sólo porque no les gusta las matemáticas lo piensen dos veces. Ya la carrera está muy llena de mediocres como para aceptar a otros mas (o es que acaso no es mediocre el abogado que manda a su contador a hacer las operaciones aritméticas que él no quiere hacer, porque nunca lo aprendió?). Mejor dicho, con los que hay, hay de sobra.

Para ser justos, las matemáticas, en el sentido de operaciones aritméticas, no están presentes en todas las ramas del derecho ni en todas las actuaciones judiciales. Pero es innegable que la lógica matemática está presente, muy presente, en el quehacer de los juristas del planeta. Esto es debido a que el análisis de muchos argumentos requieren de una gran dosis de lógica para deducir si son falacias o si son correctos, mas aun si con esos argumentos se quiere convencer a un juez. Además, no se debe olvidar que la ley y la constitución, como grandes fuentes del derecho, se convierten en axiomas que sirven para demostrar, o establecer, otras “formulas” de actuación judicial.

No me extenderé con la relación entre lógica matemática y derecho, ya que el doctor Alejandro Martín Maldonado lo hizo muy bien en este articulo, el cual pueden leer aquí. Si usted, querido lector, quiere estudiar derecho y quieren profundizar sobre su relación con las matemáticas, lo invito a leer dicho articulo. También si usted es un abogado en ejercicio que quiere mejorar su relación con las matemáticas y, de paso, dejar de lado viejos prejuicios sobre esta ciencia.

Actualización: Como me dicen que hay un problema con el artículo del Dr. Alejandro Martín Maldonado, voy a dejar una copia aquí.

Ahora, en cuanto a las operaciones aritméticas a realizar en el derecho, he realizado una lista de las ramas del derecho para las cuales es importante tener muy claro lo que se aprendió en el colegio sobre matemáticas, y al lado de cada rama del derecho se encuentra la situación para la cual es necesario echar mano de las matemáticas. Si alguien no está de acuerdo o quiere agregar algo a esta lista, me lo hace saber a través de un comentario a esta entrada:

Derecho penal: En derecho penal, las matemáticas son importantes para establecer estas situaciones:

  • Dosificación punitiva (art 54-62 CP): la dosificación punitiva es la herramienta que le permite al juez determinar la pena que debe imponer a un reo, ya que en Colombia las penas no son fijas, sino que estas se basan en un sistema de mínimos y máximos que deben establecerse en cuatro cuartos para determinar el ámbito punitivo de movilidad. De este modo, la pena va aumentando o va disminuyendo dentro de esos cuatro cuartos, de acuerdo a los atenuantes o agravantes que se presenten en cada caso. Traducción: operaciones aritméticas.
  • Delitos de alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida; agiotaje y usura: Especialmente en este último, donde su existencia depende de una fórmula matemática.

Derecho laboral y derecho de seguridad social:

  • Liquidación de monto de prestaciones sociales (cesantías, prima semestral, etc…) e indemnización por despido sin justa causa.
  • Liquidación de monto de pensiones de vejez, invalidez y muerte.

En laboral, determinar ese monto es necesario para establecer la cuantía de la demanda. Si no están dichas liquidaciones en una demanda, lo más probable es que el juez la inadmita.

Derecho de familia y sucesiones:

  • Liquidación de los bienes de la sociedad conyugal o del un fallecido.

Derecho tributario:

Esta es sin duda la rama del derecho donde más se utilizan las matemáticas. El sólo nombre lo dice.

Otras ramas del derecho:

  • Derecho financiero, derecho económico, derecho civil (procesos ejecutivos), derecho marítimo y aeronáutico (determinación de fletes, mas que todo)

Y las matemáticas también se necesitan para algo demasiado importante para un abogado: cobrar sus honorarios. Es importante porque los abogados no vivimos del aire y, a menos que sea un monje budista o un romántico sin remedio, nadie estudia una carrera para hacer caridad. Además, como decía un sabio español llamado Sancho Panza “oficio que no da de comer a su dueño no vale dos habas”.

Luego, si no sabes matemáticas, como piensas cobrar? cómo vas a liquidar correctamente las facturas y cómo vas a sacar el porcentaje que te corresponde por haber ganado un proceso? Vas a llamar al contador?

En resumen, las matemáticas están en todas partes, también en el derecho. Así que ser abogado ya no es excusa para no repasar esos apuntes de bachillerato y mejorar las habilidades matemáticas, para ser mejores abogados.

 

Colapso del Sistema Penal Acusatorio: Está mal concebido el Código de Procedimiento Penal?

El Sistema Penal Acusatorio es el nombre que recibe el sistema procedimental penal adoptado por Colombia en el año 2005 para darle celeridad a las denuncias de delitos en el país. Algunos dicen que fue uno de las condiciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos para poder desembolsar el dinero del Plan Colombia, y que por eso es una copia del sistema penal estadounidense. Pero a pesar de apenas llevar 6 años en funcionamiento, ya genera polémicas enormes.

Hace poco leí en el diario La República una columna de opinión sobre el fracaso del Sistema Penal Acusatorio en Colombia cuyo autor finalizó con una frase, completamente descabellada para un abogado en ejercicio, que aludía a que en materia penal todo tiempo pasado fue mejor. El autor dijo esto con base en todas las fallas que ha tenido el sistema desde que se implementó, y que fueron expuestas por el exvicefiscal Francisco Cintura.

sistema penal

(Fuente: El Espectador)

Si bien es cierto que el Sistema Penal Acusatorio (o sistema oral) presenta fallas inmensas que han permitido que la aplicación de la justicia en materia penal sea paupérrima y no logre los resultados esperados, decir que en materia penal todo tiempo pasado fue mejor es ignorar que el sistema antiguo era una completa falta de respeto para quienes tenían que verse obligados a recurrir a la justicia penal antes del 2004. Sin embargo esta frase es interesante porque anima a evocar la historia del procedimiento penal colombiano.

En efecto, desde el Decreto 409 de 1971 han habido cuatro códigos de procedimiento penal en Colombia (Decreto 50 DE 1987, Decreto 2700 DE 1991, LEY 600 DE 2000 y la Ley 906 de 2004), cada uno con un enfoque diferente y cada uno concebido para acabar con la impunidad y la lentitud de la justicia en materia de derecho penal. En total, desde 1971 el país ha tenido cinco códigos de procedimiento penal y ninguno ha servido para solucionar los viejos problemas que han aquejado al país en esta materia: presupuesto, honestidad de los abogados litigantes y preparación de los funcionarios.

El primer problema es inherente a nuestra condición de país subdesarrollado pero también es un problema de política. En efecto, lo que el estado colombiano invierte en la justicia es poco, y siempre se le ha visto como un gasto innecesario y casi todo se va para cosas que si se consideran importantes (como el conflicto armado interno). El resultado de esto es una infraestructura inadecuada, unos funcionarios mal pagos y sobresaturados de trabajo, y condiciones de seguridad deficientes que impiden la debida aplicación de la justicia penal en Colombia.

El segundo problema, la honestidad de los abogados, es un problema cultural que se presenta en todas las esferas de la sociedad colombiana. No estoy diciendo que Colombia sea un país de corruptos y de hampones, pero mientras sigamos pensando que todo es valido para lograr el éxito financiero y profesional, seguirán existiendo abogados que harán lo imposible para que el cliente que les pague mas salga de la cárcel (así sea dilatando el proceso hasta que prescriba el delito o se venzan los términos) o que no harán nada en favor del cliente que no pueda costear los gastos procesales.

El tercer problema, la preparación de los funcionarios, está relacionado con el primer problema. Aunque en este punto (y esto es percepción mía) hay que agregar la total indiferencia de los funcionarios que trabajan en la rama judicial por evitar que ese sistema no colapse. Es inexplicable por qué hay entidades que manejan un volumen mayor de procesos y funcionan más eficazmente que los juzgados penales.

En este orden de ideas, ¿está mal concebido el Código de Procedimiento Penal actual (Ley 906 de 2004)? La respuesta a este pregunta es un rotundo no. Pero es innegable que la entrada en vigencia apresurada de dicha ley son una piedra en el zapato que contribuye enormemente al colapso del sistema penal acusatorio, a pesar de ser completamente revolucionario (en el papel, mas no en su implementación) frente a los otros cuatro sistemas penales anteriores.

En resumen, el problema del actual sistema penal no se debe a la ley, se debe a viejos problemas que nunca fueron erradicados del panorama jurídico colombiano, y que hoy por hoy siguen causando estragos en la debida aplicación de justicia. Si cambiáramos la Ley 906 del 2004 ahora mismo, lo único que lograríamos sería ahondar mas esos problemas.

En esta materia necesitamos las verdaderas soluciones que los abogados y los ciudadanos estamos esperando desde hace cuarenta años en materia penal, no los paños de agua tibia que siempre nos han vendido como grandes soluciones.

El contrato de prestación de servicios como forma de ceder los derechos de autor

Normalmente los casos que llegan a un despacho de abogados, sobre derechos de auto, se refieren a la cesión de los derechos patrimoniales del autor sobre una determinada obra, y por lo general, terminan en la realización de un contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor. Dicho contrato tiene unas implicaciones practicas bastante nefastas por los formalismos que le exigen el articulo 183 de la Ley 23 de 1982 y el articulo 6 de la Ley 44 de 1993. Nefastos en términos económicos, porque el reconocimiento notarial siempre es costoso y el registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, a pesar de ser gratuito, no está descentralizado porque sólo se realiza en Bogotá, lo cual aumenta los costos de transacción inherentes a este tipo de contratos.

Cabe recordar que los derechos morales JAMÁS serán objeto de cesión bajo ningún tipo de contrato, ya que las característica de los derechos morales de autor lo impiden irremediablemente. Por cierto, las características de los derechos morales de autor son estas: intransferibles, imprescriptibles e irrenunciables

Entonces, existe una forma legal de evadir los trámites antes mencionados y aun así lograr la tan anhelada cesión de los derechos patrimoniales de autor?. Claro que existe, y se llama contrato de prestación de servicios.

Recordemos que el contrato de prestación de servicios es un contrato atípico, civil bilateral y oneroso, por medio del cual una persona se obliga frente a otra a cumplir una obligación de hacer algo (ejemplo, diseñar un software para la empresa) frente a otra que se obliga a pagar un precio estipulado por dicha contraprestación. Se diferencia del contrato laboral en que en el contrato de prestación de servicios no existe la subordinación y no es necesaria, en todos los casos, la prestación personal de la labor. Pero al igual que en un contrato laboral, todos los derechos sobre una obra que se realicen bajo un contrato de prestación de servicios pertenecerán a la persona contratante, tal como lo establece el articulo 20 de la Ley 23 de 1982.

Pero debemos tener en cuenta que el articulo 20 de la ley antes mencionada sólo aplica a los contratos de prestación de servicios si cumplen con estas condiciones: primero, que exista un plan señalado por el contratante. Segundo, que la elaboración de dicha obra corra por cuenta y riesgo del contratante. Y tercero, que se pacte de manera expresa el precio de los honorarios.

Pero, ¿por qué en un contrato de prestación de servicios, donde se transfieren derechos patrimoniales de autor, no hay que realizar los registros que exigen las normas mencionadas anteriormente? R/ por dos razones:

  1. El articulo 20 de la Ley 23 de 1982 indica que por ese sólo acto habrá transferencia de derechos de autor. Luego, cualquier otro acto de registro será superfluo, mas aun en un documento de naturaleza privada como lo es un contrato de prestación de servicios, donde si siquiera se exige el reconocimiento ante notario.
  2. Porque el articulo 183 de la Ley 23 de 1982 y el articulo 6 de la Ley 44 de 1993 sólo se refieren a los actos de enajenación, es decir, actos de transferencia de dominio. Y es lógico que el contrato de prestación de servicios no es un acto de enajenación. Sobra decir, por tanto, que la suerte de lo principal sigue lo accesorio.

En conclusión, el contrato de prestación de servicios es la mejor alternativa para ceder los derechos patrimoniales de autor, siempre y cuando cumplan con las características del articulo 20 de la Ley 23 de 1983. Por ello es importante realizar este contrato por escrito antes de la realización de la labor contratada y con una clausula donde se indique expresamente que se ceden los derechos de autor. De este modo se evitarán futuros pleitos por los derechos patrimoniales de autor.

Es difícil ser abogado en Cali?

La pregunta es pertinente a raíz de las dificultades técnicas que los abogados caleños experimentamos para el ejercicio de la abogacía desde el atentado terrorista que semidestruyó el tan odiado edificio donde la rama judicial tenía su sede en Cali. Desde ese día tan negro hemos visto cómo el lugar de trabajo de los jueces y sus empleados se reducen a incómodos apartamentos donde da lo mismo apilar los procesos en baños o en lavaderos que en cocinas. Y hemos visto como nuestro espacio vital se ve dramáticamente reducido en dichos lugares a la hora de ir a consultar por nuestros procesos.

Puede que como seres humanos, los abogados caleños nos adaptemos a este tipo de dificultades, pero estas no son un factor determinante para responder a la pregunta planteada en el titulo de esta entrada. ¿Es difícil ser abogado en Cali?, es una pregunta que encierra un trasfondo subjetivo porque cada quien la responderá de acuerdo a como le haya ido en el baile. Puedes ser un abogado exitoso en esta ciudad y tener buenos contactos que te faciliten la práctica legal (sobre todo a la hora de conseguir y retener los clientes), y por consiguiente, decir que es fácil ser abogado en esta ciudad. Por otro lado, puedes ser un abogado que esté pasando por un momento difícil y es seguro que tu respuesta será negativa. Pero intentemos responderla a partir de puntos comunes.

Para empezar, qué aspectos hacen fácil, o difícil, la practica del derecho en Cali?. Un aspecto de gran importancia es el mercado mismo. En este caso, en Cali nos enfrentamos a un mercado jurídico conformado por una ciudad con el 85% de sus ciudadanos en la pobreza. Esto significa que existen consumidores de servicios jurídicos en potencia que desean demandar estos servicios pero que probablemente no podrán, ni querrán, costearlos. Por otro lado, encontramos algo pintoresco en este mercado, y es que la gente de alguna forma sabe mucho de derecho (o creen que saben), lo cual juega en contra de los abogados sencillamente porque estamos perdiendo unos clientes potenciales por el sólo hecho de que estos preferirán consultarle sus asuntos a un vecino que a quien estudió para resolverlos más eficientemente, o bien, se fiarán de conocimientos previos a partir de experiencias personales o de conocidos. De este modo, estamos frente a un mercado que no valorará a los abogados porque subestiman su función en la sociedad, al creer que somos simples seres que hacen lo que ellos ya sabían hacer de antemano (y la lógica es simple: si lo se hacer de antemano, por qué pagar por ello?)

Un segundo factor que juega en contra del ejercicio de la profesión en Cali se debe a los abogados mismos. En mi caso particular he detectado que los abogados en lugar de convertirse en apoyo para sus colegas (al estilo de los médicos) muchas veces se terminan convirtiendo en piedras en el zapato para ellos, en muchos de esos casos es debido a que se sienten amenazados y temen perder potenciales clientes (o clientes ya establecidos). El mismo ejercicio de la profesión no ayuda, ya que los más apasionados ven el ejercicio del derecho como una batalla campal entre dos partes, se apasionan en exceso y ven a sus colegas de la contraparte como enemigos a derrotar sin importar a qué clase de tácticas non sanctas se recurra, incluso aun más allá del marco del proceso en especifico. Tal vez esto ocurra en otras partes del país, pero en Cali esto parece profundizarse aun mas quizá por lo pequeño que resulta ser el mercado para los abogados, como se dio a entender anteriormente.

Un tercer factor que está relacionado con el segundo, y que juega un papel ambivalente a la hora de responder nuestra pregunta, es la rosca que va acompañada con arribismo. No se cómo sea este aspecto en otras ciudades, pero en Cali se le da un excesivo valor a los contactos personales y a pretender pagar favores a personas que no suelen ser las más calificadas para asumir un determinado proceso judicial. No es que sea malo tener buenos contactos y mantener cerca a aquellos que puedan ayudarnos en el futuro, ya que eso facilita el ejercicio del derecho enormemente, pero si abusas excesivamente de esos contactos, terminarás creando un circulo cerrado que terminará jugando en tu contra tarde o temprano, dado que se corre el riesgo de caer en situaciones no éticas con tal de tener contento a ese amigo que alguna vez te ayudó o que le dio trabajo a ese sobrino que estaba mal ubicado.

Este mismo aspecto juega en contra de aquellos abogados que, no obstante sus grandes conocimientos y preparación impecable, desafortunadamente no cuentan con la palanca necesaria para ubicarse en esta ciudad. El triste resultado de todo esto es que Cali termina convirtiéndose en una ciudad donde para ejercer el derecho de una forma más cómoda tienes que ser amigo de X o Y persona, dejando de lado la meritocracia en detrimento de la calidad de los servicios ofrecidos.

Finalmente, el gran aspecto que juega en contra del ejercicio de la abogacía (y aquí no sólo hablo de Cali sino de toda Colombia), es el articulo 31 núm. 1 de la Ley 1123 de 2007. En mi opinión, considerar la creatividad como una falta al decoro profesional contribuye a que el ejercicio de la profesión sea difícil en una ciudad puesto que no se logra atraer clientes de forma efectiva. A diferencia de los cirujanos estéticos, el abogado simplemente no puede pagar por un anuncio creativo en una revista o por un volante llamativo simplemente porque este articulo se lo prohíbe. Y cuál es el resultado lamentable de esto? que la creatividad en esta carrera se ve castrada en este aspecto, limitando la promoción de nuestras habilidades como abogados a un escueto y gris clasificado en un periódico que la gente muchas veces no lee, dejando en las tinieblas las habilidades de aquellos abogados que no son arribistas y haciendo más difícil posicionarse en el mercado caleño (entre otras cosas, un mercado que suele ser más propenso a darle valor a aquello que tiene una publicidad más creativa, directa y colorida).

Entonces, es difícil ser abogado en Cali? En mi opinión personal, depende. Pero no depende de la rosca ni de la suerte ni de si saliste de esta universidad o la otra. Eso depende enteramente de usted, señor abogado, de la forma en que esté afrontando los tiempos difíciles, de la forma en que sortee los obstáculos socio legales que tenemos para ejercer nuestra profesión con decoro, de la forma en que esté tratando a los muchos o pocos clientes que usted tenga. En este sentido, nuestra creatividad como abogados juega un papel clave a la hora de desenvolvernos profesionalmente de forma más fácil en esta ciudad. Porque cuando las cosas se hacen bien hechas, y en un marco de ética y de respeto, es imposible que las cosas no se faciliten para usted.

En cualquier caso, querido lector, esta pregunta también se responderá con sus opiniones y experiencias personales al respecto. No dude en compartirlas, por lo tanto. Buena suerte.