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Cómo interponer una demanda de inconstitucionalidad

Las demandas de inconsitucionalidad son muy útiles y son, por mucho, la verdadera representación del derecho académico en el derecho real (intenté explicar esa diferencia en este artículo). Además, permiten depurar del ordenamiento jurídico toda norma contraria a la Constitución (Si la constitución es norma de normas, entonces ¿por qué más bien no nos regimos de una vez por ella y el resto que lo resolvamos sólo con la costumbre?).

Pero a veces ocurre que uno como abogado encuentra una norma vigente que es contraria a la carta magna, pero no sabemos cómo iniciar la demanda de Constitucionalidad. Por suerte, la Corte Constitucional nos explica cómo hacerlo.

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR DEMANDAS DE CONSTITUCIONALIDAD

1. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA:

Lo primero para resaltar es que las demandas de inconstitucionalidad pueden ser presentadas por cualquier ciudadano en ejercicio que considere que determinada ley o decreto con fuerza de ley viola la Constitución Política. Es preciso aclarar que para presentar una demanda no se requiere ser profesional, ni tener una preparación especial, por lo tanto, cualquier ciudadano por el sólo hecho de serlo, puede ejercer la acción pública de inconstitucionalidad. Entre los requisitos que se exigen para formular una demanda de inconstitucionalidad, se encuentra el de hacer una presentación personal ante cualquier notaría, despacho judicial o ante la misma Corte Constitucional donde se exhiba el documento de identificación para acreditar la condición de ciudadano colombiano. Además, el escrito contentivo de la demanda debe ser presentado por escrito, en duplicado y debe contener lo siguiente, según lo dispone el artículo 2º. Del Decreto 2067 de 1991:
1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas.
2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas.
3. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados.
4. Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado, y
5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.
2. RADICACIÓN Y REPARTO:
Luego de que la demanda ha sido presentada o recibida en Secretaría General, se procede a su RADICACIÓN, para su posterior REPARTO que se efectúa en Sala Plena, por sorteo, con la presencia de todos los Magistrados y de la Secretaria General de la Corte. Repartida la demanda el Magistrado Ponente cuenta con diez (10) días para adoptar alguna de las siguientes decisiones:
2.1 Admitir la demanda, cuando reúne todos los requisitos.
2.2 Inadmitir la demanda, cuando no reúne alguno de los requisitos. En éste evento, se le concede al demandante el término de tres (3) días a partir de la notificación por estado, (fijado en la Secretaria y publicado en la página web), para corregir la misma, según las indicaciones que se dieron en el respectivo auto (Artículo 6º Decreto 2067 de 1991).
2.3 Rechazo de la demanda, que se presenta cuando el actor no corrige su escrito de demanda una vez ha sido inadmitida, cuando recaiga sobre una norma que ya ha sido estudiada con anterioridad (cosa juzgada) o cuando se demandan normas para las cuales la Corte carezca de competencia (Art. 6º. Decreto 2067 de 1991). Presentada esta situación el demandante cuenta con tres (3) días siguientes a partir de la notificación por estado, para presentar recurso de súplica, el cual es enviado al Magistrado que siga en orden alfabético a quien dictó el auto de rechazo, para que elabore ponencia dentro de los diez (10) días siguientes, la cual, posteriormente, es estudiada por la Sala Plena sin la intervención del Magistrado Ponente del auto objeto de recurso (Artículo 48 del Reglamento Interno de la Corte).
3. TRÁMITE CUANDO LA DEMANDA ES ADMITIDA
3.1 Notificación del auto, comunicaciones, pruebas y fijación en lista Una vez el Magistrado Sustanciador admite la demanda, el auto es entregado en la Secretaría General, quien procede a su notificación mediante estado y, transcurridos tres (3) días cobra ejecutoria. El Magistrado, en el mismo auto admisorio puede ordenar que se practiquen las pruebas que sean conducentes, en el término de diez (10) días, una vez estas son evaluadas y se encuentra suficiente el material probatorio, se continúa el trámite del proceso. Si se hubieren decretado pruebas, vencido el término respectivo, se procede a fijar en lista la demanda por el término de diez (10) días durante los cuales podrá intervenir cualquier persona o entidad en defensa o impugnación de la norma (art. 7º del Decreto 2067 de 1991). Adicionalmente, el Magistrado deberá comunicar al Presidente de la República o al Presidente del Congreso, según quien haya dictado la norma, acerca de la iniciación del proceso, para que, por escrito, indiquen las razones que justifican la constitucionalidad de la norma; igualmente, podrá ordenar la comunicación a los organismos o entidades del Estado que participaron en la elaboración de la misma con el objeto de que dentro de los 10 días siguientes presenten los argumentos que justifican su constitucionalidad (artículos 244 de la C.P. y 11 del Decreto 2067 de 1991).
3.2. Traslado al Procurador General de la Nación Admitida la demanda, o vencido el término probatorio, el Magistrado Sustanciador ordena dar traslado al Procurador General de la Nación por el término de treinta (30) días que se cuentan a partir del día siguiente en que se entrega la copia del expediente al Procurador, con el fin de que rinda su concepto. El cómputo de este término se hace simultáneamente con el de la fijación en lista (Artículo 7º del Decreto 2067 de 1991).
3.3. Registro de Proyecto de Fallo Vencido el término para que el Procurador rinda concepto, el Magistrado sustanciador cuenta con treinta (30) días para registrar proyecto de sentencia que es entregado en la Secretaría General, el cual es repartido a los demás Magistrados para su estudio y tiene reserva por espacio de cinco (5) años (artículos 8º y 19 del Decreto 2067 de 1991).
3.4. Sentencia Luego de registrado el correspondiente proyecto de fallo, la Sala Plena cuenta con el plazo máximo de sesenta (60) días para emitir la correspondiente sentencia donde se decide sobre la exequibilidad o no de la norma demandada (artículo 8º del Decreto 2067 de 1991).

Como pueden ver, no es un proceso tan difícil, pero el excesivo amor al formalismo de Colombia hace que iniciar la demanda sea un poco tortuoso. Así que mi invitación es a que se animen a iniciar sus propias demandas y ayudemos a limpiar del ordenamiento jurídico colombiano todo instrumento legal que sea contraria a la Constitución.

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Las copias simples tienen valor probatorio. PUNTO

Si hay algo que más detesto aparte de los Jueces ineficientes, son los jueces leguleyos, en especial cuando exigen que todo documento tiene valor probatorio sólo si está autenticado por un Notario. Pues bien, este despropósito está muriendo gracias a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado.

Por ello, les comparto esta noticia de Ámbito Jurídico que ilustra lo que la Corte Constitucional ha dicho al respecto:

El juez que se niegue a incluir como prueba las copias que no han sido autenticadas, aunque la contraparte no haya cuestionado su veracidad, incurre en un error procedimental y en un defecto fáctico. Lo primero, por exceso ritual manifiesto y lo segundo, por no valorar su capacidad probatoria, aunque no se haya puesto en duda su autenticidad.

Así lo advirtió la Corte Constitucional, en una sentencia de tutela que coincide con la reciente unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual los documentos aportados en copia simple a un proceso judicial deben valorarse probatoriamente, cuando no hayan sido tachados de falsos.

La providencia señala que, desde el 12 de julio del 2010, cuando entró en vigencia la modificación al artículo 252 del Código de Procedimiento Civil (Ley 1395 del 2012), tanto los elementos aportados en original como los que han sido allegados en copia gozan de presunción de autenticidad, por regla general.

La salvedad que impide dar por resuelto dicho debate es que la parte demandada tache de falso el material aportado en tales condiciones. Por lo tanto, si no se presenta tal cuestionamiento, el material debe ser valorado de acuerdo con su capacidad probatoria, y no puede ser desechado por consideraciones formales.

(Corte Constitucional, Sentencia T-113, feb. 20/12, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza) (tomado de Ámbito Jurídico (con acceso al 25 de noviembre de 2013)

No se ustedes, pero para mí la Corte Constitucional ha sido clara. Por ende, el próximo Juez que me vuelva a pedir copias autenticas, se gana su disciplinario, ya que lastimosamente algunos sólo aprenden a las malas a dejar semejante hábito cavernario del exceso ritual manifiesto.

El salario integral vs el Salario “integral”: Desenmascarando un robo

A muchas personas en este país les ha ocurrido lo siguiente: Llegan a un trabajo en el cual su empleador, en lugar de pagarles el salario mínimo mas las prestaciones sociales (como a todo el mundo), les sale con que les pagará ese mismo salario mínimo mas doscientos mil pesos adicionales. Y el empleador le dice, de manera campante, que ese es un salario integral.

Como quizá el trabajador no entiende lo que le está diciendo su empleador, él le explica que es salario es integral porque en esos doscientos mil pesos de más le están incluyendo las primas que le tienen que pagar sobre el salario mínimo, las cesantías y las vacaciones y otros factores como las horas extras. Cabe aclarar que, por lo general, esta figura la utilizan empleadores que contratan a término fijo inferior a un año.

Al principio, posiblemente estos trabajadores se conformen  con dicho salario (incluso, se ponen contentos por recibir un poco más del mínimo). El problema viene cuando llegan los meses de junio y diciembre y no recibe la prima de servicios que reciben todos, o cuando su jefe no le paga las vacaciones sino que le da el mismo sueldo que se ha estado ganando.

A ese tipo de trabajadores es que va dedicada esa entrada, de esta forma se evitarán problemas con sus empleadores. Así mismo, los empleadores pueden conocer esta forma de pagarle a un trabajador y evitar cualquier lío legal por el desconocimiento de esta norma.

Aclaración: el derecho laboral no es mi fuerte, por lo cual, amable lector, le pido que si quiere complementar esta entrada, es libre de hacerlo.

1. Cuál es el valor del salario integral en la realidad? El salario integral es simplemente el salario mínimo multiplicado por 10 con el 30% de mas por factor prestacional. Mejor dicho, son 13 salarios mínimos.

Al año 2013, el Salario Integral mínimo vendría siendo $7.663.500.

La idea de este salario es que si un trabajador se gana esto al mes, entonces el empleador puede optar, para reducir costos laborales, incluirle todos los factores que les expondré en el punto 4.

De este salario, el 70% será para todos los efectos considerado salario (para liquidar seguridad social, parafiscales y vacaciones) y el 30% restante, es el que cubre el valor por cesantías, primas, recargos por trabajo nocturno, extraordinario, dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones, que si se deben pagar normalmente sobre la base del 70% del salario integral.
Debe tener en cuenta que el hecho de existir la figura de salario integral no afecta en absoluto la condición de empleado como tal, es decir, que el vínculo laboral se sigue presentando, con todas las obligaciones y deberes establecidos por el Código Sustantivo del Trabajo.
Frente a las obligaciones tributarias de los empleados que gozan de la figura del salario integral, el factor prestacional (el 30%) no está exento de impuestos y por consiguiente está sometido a Retención en la Fuente, además de los beneficios que le confiere la ley tributaria a los ingresos laborales. (fuente: http://www.vanguardia.com/economia/nacional/204007-clases-de-salario-cual-es-el-que-mas-le-conviene)

2. Cómo lo define la Ley? según el numeral 2 del artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo, el salario integral se define así:

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con éstas, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones.

3. Y esa cantidad se paga mensual? SI!, esos 13 salarios mínimos se pagan mensualmente. Y eso que quede bien claro porque pensar lo contrario no es acorde a la realidad jurídico – fáctica. Sin embargo, en las empresas donde supuestamente se paga bajo esta modalidad, dividen esos 13 salarios mínimos por 12 meses para “estirar” un mes de salario integral por todo un año, lo cual es ilegal.

Cabe aclarar que este salario integral (el original) se puede pagarse proporcionalmente si la jornada es inferior a la máxima legal (8 horas)

4. Qué involucra el salario integral para que sea tan alto? El salario integral incluye lo siguiente:

  1. El salario ordinario.
  2. El pago de todas las prestaciones sociales.
  3. Recargos por trabajo nocturno
  4. Horas extras
  5. Dominicales y festivos
  6. Pagos en especies
  7. Subsidios e intereses.

Ojo, las vacaciones no se incluyen.

Visto todo lo anterior, en el ejemplo que puse al inicio de esta entrada, el famoso “salario integral” ahí pactado es una farsa completamente inconveniente para el trabajador y hace que la empresa sea vulnerable a demandas millonarias de carácter laboral.

Dejo claro que, para indicar lo anterior, parto de que esa modalidad irregular de pago se aplica a un contrato individual a término fijo donde el trabajador recibe un salario mínimo legal mensual vigente, es decir, el contrato de trabajo más común del país. Tal vez me equivoque si ese salario se aplica bajo otras circunstancias, pero eso es algo que se lo dejo a usted, amable lector, si tiene un conocimiento mayor que el mío en el tema:

El salario chimbo “integral” que pactan algunas empresas en realidad es una estafa y burla los derechos de los trabajadores: Tomando como ejemplo el contrato a término fijo por un año con un salario mínimo como remuneración: Si el salario integral es de 10 salarios mínimos, mas el 30% de esa suma por factor prestacional, entonces no sería rentable porque al fin y al cabo es el salario mínimo de un año mas un salario de más donde se incluyen las prestaciones sociales, que en total da 13 salarios mínimos. ¿Pero en una liquidación de un trabajador a término fijo a un año, él no recibe ese mismo salario mínimo adicional por concepto de primas? ¿Dónde quedan entonces las horas extras, el auxilio de transporte y las vacaciones, si el salario integral supuestamente los involucra?

Además Según vimos en el punto cuatro, el salario integral incluye esos emolumentos. Pero esto no cuadra cuando lo aterrizamos al salario integral de pacotilla que están pagando en algunas empresas.

Para expresarles mejor lo que quiero decir, aporto a continuación una liquidación a un trabajador bajo contrato a término fijo: (realizada con este programa)

image

Multiplicando el valor del salario mínimo por 12 nos da $7.074.000, lo que sumado a lo que nos dio la liquidación nos deja un total de $8.767.950, suma bastante alta frente a los $7.663.500 que es el salario integral mínimo.

En ese orden de ideas ¿A dónde demonios le cabe a ese salario integral las malditas horas extras, las cesantías, el auxilio de transporte y las primas?!

Además, a diferencia de la remuneración normal, el salario integral falso (incluso el salario integral de verdad) abre las horribles puertas de la explotación laboral porque permite que el empleador pueda poner a trabajar a un empleado horas extras QUE NUNCA LE VA A PAGAR porque supuestamente ya vienen incluidas.

Por lo anterior, mi recomendación para los empleadores que paguen bajo esta modalidad irregular es que no se metan en problemas y legalicen la forma de pago de sus trabajadores.

¿Qué quedará derogado a partir del 2014 gracias al Código General del Proceso?

Y continuando con el artículo anterior, les presento a continuación lo que quedará derogado a partir del 2014 por cuenta del Código General del Proceso.

Cabe decir en este punto que el aparte de las vigencias y derogatorias de dicho Código fue realizado de forma tan anti técnica, que deroga normas QUE YA SE ENCONTRABAN DEROGADAS. Es como si ese artículo lo hubiese realizado algún párvulo de Kínder en lugar de un conocedor del ordenamiento jurídico (aunque vamos, para ser justos dudo mucho que un abogado promedio conociera siquiera la mitad de las leyes y decretos que se Código General del Proceso está derogando)

¿Qué quedará derogado a partir del 2014 (de forma gradual y a medida de que existan los recursos en un plazo de 3 años)?

Todo el Código de Procedimiento Civil y las disposiciones que lo reforman (incluye cualquier Ley que salga en el 2013 en ese sentido)

Todo el Decreto 508 de 1974 (Por el cual se señala el procedimiento judicial abreviado para sanear el derecho de dominio en pequeñas propiedades rurales.)

Todo el Decreto 206 de 1975 (reglamenta la Ley 24 de 1974, que a su vez habla de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Claramente una Ley sin vigencia por sustracción de materia)

Todo el Decreto 2272 de 1989 (El que organiza la jurisdicción de Familia y crea unos despachos)

Todo el Decreto 2273 de 1989 (crea 23 Juzgados Civiles del Circuito especializados en asuntos comerciales, que igual no estaba vigente por sustracción de materia)

Todo el Decreto 2303 de 1989 (jurisdicción Agraria. Igual, no estaba vigente por sustracción de materia)

Toda la Ley 794 de 2003 (regula los procesos ejecutivos)

Del Código Civil

· 151: Sentencia de nulidad del matrimonio civil.

· 157: Partes en el proceso de divorcio

· 159: Fin del proceso de divorcio.

· 214 (sólo las expresiones “mediante prueba científica” y “en atención a lo consagrado en la Ley 721 de 2001”) Es delicado, porque este artículo habla de la impugnación de paternidad.217 (sólo la expresión “En el respectivo proceso el juez establecerá el valor probatorio de la prueba científica u otras si así lo considera.”)

· 225 al 230: Denuncia del embarazo en el proceso de divorcio.

· 402: Requisitos del fallo de legitimidad de un hijo.

· 404 y 405: Herederos en juicio de filiación y prueba de colusión (es decir, que dos personas se hayan puesto de acuerdo en ese proceso para perjudicar a un tercero)

· 409 y 410: prueba de hechos anteriores al 1 de septiembre de 1853 (¡) y el registro del Estado Civil.

· 757 (sólo la expresión “mientras no preceda” y los numerales 1 y 2 de ese artículo) Ese artículo habla de la posesión de bienes herenciales.

· 766, pero sólo el inciso final (este artículo habla de los títulos no justos en la posesión)

· 1434: Títulos ejecutivos contra el causante y sus herederos.

Del Código de Comercio:

· 6: Prueba de la costumbre mercantil

· 8: Prueba de la costumbre mercantil extranjera

· 9: Prueba de la costumbre mercantil internacional

· 68 a 74: Nos habla de varios aspectos de los libros y papeles de comercio

· 804, pero sólo el inciso 1: Habla del juez competente para la cancelación y reposición de títulos valores

· 805 a 816: Era el procedimiento para la cancelación y reposición de títulos valores

· 1006: Acciones de los herederos del pasajero fallecido en un contrato de transporte de personas.

· 1053 numeral 3: pero sólo las expresiones “según las condiciones de la correspondiente póliza” y “de manera seria y fundada”

· 2027 a 2032: habla sobre la designación de peritos, su posesión, tacha, entre otras cosas relacionadas con los peritos.

Del Decreto 1778 de 1954:

Artículo 88: Bueno es primero recordar que el mentado Decreto se refiere a normas sobre notariado y registro. Y aunque no lo crean, sigue vigente.

El artículo 88 se refería a la cancelación del registro de embargos y otras órdenes de autoridad que se refieran a Inmuebles en un término de 5 años.

De la Ley 75 de 1968 (habla sobre el proceso de filiación y crea el ICBF)

· 11

· 14

· 16 a 18

Del Decreto 2820 de 1974 (otorga iguales derechos a las mujeres y a los hombres)

· 69

De la Ley 9 de 1989 (dicta normas sobre planes de desarrollo municipal y expropiación de bienes)

· 25 (ese artículo hablaba de la demanda de expropiación. Esto se da cuando el Estado necesita de un predio para una obra de interés general)

Del Decreto 919 de 1989 (organiza el sistema nacional para la prevención y atención de Desastres. Es curioso, porque ese decreto ya estaba derogado por la Ley 1523 de 2012, que habla de lo mismo)

· 36

Del Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor. Lo que hizo el C.G.P fue acabar de derogar lo que no derogó el Código de Infancia y Adolescencia)

· 139 al 147

· 320 al 325

De la Ley 54 de 1990 (La que define las uniones maritales de hecho)

· 7 (pero sólo la expresión “Los procesos de disolución y liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se tramitará por el procedimiento establecido en el Título XXX del Código de Procedimiento Civil y serán del conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia.”

· 8 (supuestamente es el 6, pero está mal citado)

Del Decreto 2651 de 1991

· 10 y 11

· 21

· 23

· 24

· 41

· 46 a 48

· 50 y 51

· 56

· 58

De la Ley 25 de 1992

· 7 y 8

De la Ley 256 de 1996

· 24 al 30

· 32

De La Ley 270 de 1996

· 54 inciso 4

De la Ley 388 de 997

· 62

· 94

De la Ley 446 de 1998

· 2 a 6

· 9 al 15

· 17

· 19

· 20

· 22 y 23

· 25 al 29

· 103

· 137

De la Ley 640 de 2001

· 43 a 45

De la Ley 675 de 2001 (régimen de propiedad horizontal)

· 49 inciso 2

· 58 parágrafo 3

· Artículo 62 inciso 2 (pero sólo la expresión “Será aplicable para efectos del presente artículo, el procedimiento consagrado en el artículo 194 del Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.”)

De la Ley 721 de 2001

· 7 y 8

De la Ley 820 de 2003 (Ley de arrendamiento de vivienda urbana)

· 35 a 40

De la Ley 861 de 2003

· 50

De la ley 1098 de 2006

· 111 numeral 5

De la Ley 1285 de 2009

· 25

De la Ley 1306 de 2009

· 40 a 45

· 108

De la Ley 1395 de 2010

· 1 a 39: Eran las modificaciones que le hacía al Código de Procedimiento Civil, y que se supone, entrarían a regir en el 2011 de manera gradual en un plazo máximo de 3 años que se vencía el 1 de enero de 2014

· 41 y 42: Autenticidad de la demanda y remisión al proceso verbal.

· 44: La vigencia y derogatoria de los artículos anteriores.

· 113: Pruebas Extraprocesales

· 116 y 117: Experticios aportados por las partes y designación de secuestre.

· 120 y 121: Notificación por medios electrónicos (algo que jamás pasó) y de dónde saldrían los recursos para implementar esa Ley.

De la Ley 1480 de 2011

· 8

Las demás normas que le sean contrarias.

¿Existe la cultura del no pago en Colombia? Posibles Causas y posibles soluciones

no-pago-tarjetas-interiorHasta ahora no había tenido problema con las asesorías jurídicas gratuitas que le brindaba a los comentaristas que tienen deudas sin pagar y que de manera acomedida me consultan su situación en el blog.

Pero de un tiempo para acá he venido observando que algunas personas consideran “grave” e “irresponsable” que yo le recomiende a un deudor que no pague sus deudas, y todo para que no promueva la “cultura del no pago”.

Por ello, este artículo pretende hablar un poco de la famosa cultura del no pago y también me ayudará a fijar posición frente a esos comentaristas que creen que yo promuevo algo que ni ellos mismos saben qué es.

En efecto, la cultura del no pago es una de esas características que le endilgan al colombiano promedio (como aquella de que somos un país alegre y unido) sin estar seguro de por qué y con base en qué. ¿Cultura del no pago de qué? ¿De deudas? ¿De impuestos? ¿De eventos culturales? ¿Cultura del no pago de aquellas cosas que no pueden comprar la gran mayoría de personas que viven con un salario mínimo? ¿O será acaso de todas las anteriores?

Como este es un blog jurídico, entonces asumiré que esa frasecilla molesta se refiere a las deudas y por eso me enfocaré en responder a esta pregunta desde este sentido.

Ojo: Aprovecho para aclarar que este artículo no tiene pretensiones académicas y que está escrito en un lenguaje claro para que muchas personas puedan entenderlo. Así que si lo que buscas en una investigación exhaustiva sobre el tema, con fundamentos jurídicos excesivos y citas de ñoños distinguidos académicos que hayan estudiado ese fenómeno, entonces hazla tu.

Y de paso aclaro que en este blog no se promueve el no pago de las deudas, dejando claro desde ya que USTED DEBE PAGAR SUS DEUDAS, PERO SÓLO SI TIENE LIQUIDEZ SUFICIENTE PARA PAGARLAS, SI SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA LO PERMITE Y SI ESTAS NO ESTÁN PRESCRITAS. Tenga en cuenta, además, que una cosa es no pagar las deudas porque no puede y otra porque no quiere. Lo primero se adapta a la teoría de la imprevisión de los contratos jurídicos (que existe desde hace mas de 200 años pero que en Colombia sólo tiene soporte jurisprudencial, como en la Sentencia T-726/10), lo segundo es ser una rata persona deshonesta, Punto.

Lo primero, ¿existe esa cultura del no pago de las deudas?

Pues al menos para la Corte Constitucional si existe, y aparentemente la define como una práctica social injustificada que abusa de los derechos propios y no respeta los derechos ajenos, o al menos eso quiso decir en la Sentencia T-349 de 2010, en la cual protege los derechos fundamentales de una persona a la cual su Colegio le retuvo los certificados de notas por no pagar las mensualidades atrasadas.

Y en lo personal, considero que es un fenómeno innegable que es mas la excepción que la norma. Pero que a diferencia de lo que piensa la Corte Constitucional, no creo que sea una práctica social injustificada sino la consecuencia de las ineficiencias estructurales del Estado Colombiano..

¿Y cuáles pueden ser sus causas?.

Y entre esas consecuencias me refiero mas que todo a estas tres:

La primera: El procedimiento Jurídico existente para cobrar las deudas: Estoy seguro de que una de las cosas que permiten la existencia de la cultura del no pago es la misma dinámica de los procesos ejecutivos, algo que no cambiará mucho con el nuevo Código General del Proceso. ¿La razón? Que el mismo procedimiento, que por cierto se ajusta por igual a las obligaciones de dar dinero y las de hacer y no hacer a pesar de que son cosas muy diferentes, le da demasiadas oportunidades al deudor para defenderse, a pesar de que se inicia reconociendo que el deudor si debe lo que el acreedor pretende cobrarle. A esto súmele que estos proceso se vuelven inocuos si el deudor no tiene bienes ni tampoco tiene un salario.

Para rematar, a pesar de ser un proceso meramente documental, a este tipo de procesos le caben todas las pruebas habidas y por haber en la Ley procesal: Desde un peritaje para saber qué debe el deudor realmente (aunque ni siquiera tenga con qué pagar esa suma), hasta el interrogatorio de parte al que le prestó el dinero. Todo lo cual, aunque son medios de defensa legales, sólo sirven para dilatar el pago de la obligación.

La segunda: la lentitud judicial, que tampoco va a cambiar con el Código General del Proceso: Y es que si ese procedimiento ejecutivo se cumpliera a cabalidad y en el menor tiempo posible, las deudas podrían cobrarse en menos de 30 días. El problema es que ningún Juzgado en Colombia tiene un sólo proceso ejecutivo, sino cientos de miles que hacen bulto en los juzgados con las cientos de miles de tutelas y los demás cientos de miles de procesos ¡Y los padres de la patria pretenden que todo eso lo resuelva un solo Juez!”

La gran consecuencia de la lentitud de la justicia es el fracaso de la función coercitiva del Estado en este sentido, ya que se percibe a la justicia como un aparato tan ineficiente que no genera el suficiente temor que si generaría, y con creces, una amenaza real. De hecho, muchos deudores se ríen con la sola mención de que los van a demandar.

Nótese que ese no parece ser el problema de los agiotistas y de los famosos prestamistas gota a gota, esto debido a que ellos actúan por fuera de la Ley y tienen medios más expeditos para cobrar sus deudas, a pesar de lo poco éticos e inmorales que puedan resultar. Vamos,  es que es lógico que alguien pague sus deudas como sea cuando su vida corre peligro.

La tercera: el fracaso de la Jurisdicción Coactiva: La Jurisdicción Coactiva es la facultad que la Ley le otorga a una Entidad Estatal para el cobro de deudas ea su favor o para facilitar a un ente territorial, o a una entidad como la Dian, cobrar los impuestos atrasados. Sin embargo, la Jurisdicción Coactiva ha fracasado, y la muestra de ello es que muchas personas que le deben dinero al Estado Colombiano prefieren esperar a que la deuda prescriba porque saben que el Estado nunca se las va a cobrar. Esto, al parecer, se debe a que el aparato estatal no cuenta con suficiente personal para realizar dichos cobros y a que el poco que existe se enfoca en cobrarle a la gente con más recursos, o a las empresas.

De ser estas las causas, ¿entonces cuáles son sus posibles soluciones?

Podríamos decir que también la gente no paga sus deudas culpa de la situación del país, de los TLC, de que a veces la gente se enferma o porque tienen hijos que no esperaban. Pero esas causas en sí mismas no han generado la cultura del no pago de las deudas sino que se deben mas a externalidades que se le salen de las manos a un deudor y que, por mas que quiera pagar sus deudas, no podrá hacerlo por encontrarse en una situación difícil, lo cual nada tiene que ver con una cultura del no pago.

Además, para las personas que se encuentran en ese tipo de situaciones ya existen los Procedimientos de Insolvencia, de entre los cuales ya hablamos en este blog de uno de los dos (les quedo debiendo el de comerciante).

Por el contrario, las causas anteriores nos permiten concluir que no existe en la Ley Colombiana un mecanismo verdaderamente disuasorio, fuera del historial crediticio y las amenazas de las casas de cobranzas (por demás ilegales e indignas), que le permita a una persona evaluar las posibles consecuencias de no pagar sus deudas. Por el contrario, las causas antes mencionadas demuestran que una persona que no quiera pagar sus deudas tendrá mil maneras para burlar a sus acreedores.

Por ello, a los que se quejan de la existencia de una cultura del no pago quisiera proponerles algunas soluciones que permitirían reducir este fenómeno ya de por sí muy mermado. Estas soluciones han demostrado funcionar en otros países pero son muy impopulares allá donde existen:

  • Cambio del procedimiento Ejecutivo Colombiano por un procedimiento ejecutivo mas ágil y eficaz. En especial uno donde el embargo preventivo de los bienes del deudor se pueda hacer directamente por el acreedor, sin pasar por un Juzgado.
  • Que se tramiten los procesos ejecutivos en las Notarías y no en un Juzgado.
  • Que el reporte negativo de las Centrales de Riesgo sea más accesible y público, permitiéndoles a las personas del común reportar pequeñas deudas o consultar el historial crediticio de las personas a las que quieren prestarles dinero, para que de este modo pueda extenderse al arriendo de viviendas y a prestamos entre particulares.
  • En el caso de que la persona viva en una propiedad horizontal bajo un contrato de arrendamiento y deba cánones, la facultad para que el deudor no pueda abandonar el inmueble sin la existencia de un paz y salvo de su arrendador.
  • Limitación de la salida del país por toda clase de deudas, y no sólo por las deudas de alimentos en favor de menores de edad como ocurre ahora.
  • Reducción sustancial de los costos de constitución de una garantía hipotecaria o prendaria, para que no sólo sean las entidades Crediticias quienes garanticen sus obligaciones con estas dos fabulosas garantías.

¿Pueden existir otras causas?

Claro que si, estas no son únicas, y además son situaciones que he detectado en mi poca experiencia como abogado. Pero existen otras causas que generan la Cultura del No pago en Colombia algunas de ellas comprensibles, otras mas bien absurdas. A continuación cito algunas que se me ocurrieron:

  1. Pereza: porque el Banco queda lejos de la casa, porque odia las filas, porque va al Banco y de cinco cajas sólo hay un par de pelagatos atendiendo, entre otras.
  2. Porque la persona deudora está indefensa o enferma: Es decir, aun si quisiera pagar no tiene una forma para hacerlo o se encuentra bajo situaciones especiales que le hacen desear no pagar, como una depresión o alguna tendencia suicida.
  3. Porque el deudor se va a ir del país para jamás volver.
  4. Porque el deudor odia a los Bancos y los percibe como sus enemigos. Y esto se da mucho cuando el Banco cambia las condiciones ya pactadas con el deudor sin explicarle de buena manera, y de forma suficientemente fundamentada, las razones que los llevó a tomar esa decisión. O también se debe a que el Banco tiene funcionarios tan ineptos que hicieron sentir mal al Deudor y por eso él ya no quiere pagarles. Aquí también caben las razones ideológicas.
  5. Porque el Deudor está loco: Y aquí incluyo al deudor que cree que el mundo se acabará pronto, al que se unió a una secta religiosa, al que un carpintero zombi con poderes mágicos de hace 2000 años le ordenó que no lo hiciera cuando se le apareció en una tostada de plátano, y situaciones similares.

En esos casos, el acreedor, sobre todo si es un Banco, debería optar por facilitar el pago de la obligación: Que algún mensajero recogiera las cuotas en la casa del deudor,si estas son pequeñas; o que las cuotas del préstamo se puedan pagar con transferencias bancarias entre bancos distintos. Tratar mejor a los deudores, en especial cuando están en mora. Ser mas transparentes, concientizarlos de su labor y hacer mas esfuerzos por desmentir las teorías conspirativas en torno a ellos.

Pero ante todo, si un acreedor quiere asegurarse de que un futuro deudor le va a pagar la obligación, lo mejor es que cuente con una asesoría jurídica previa y un conocimiento previo de los mecanismos legales que le permitirían cobrar sus deudas de manera más ágil, para que así no se lleve sorpresas y no pierda su dinero.

Los verdaderos damnificados con el nuevo Arancel Judicial.

Ya hemos hablado de las formas de no tener que pagar el nuevo arancel judicial en este blog. Y luego de leerlas el lector podrá comprender que la norma, a pesar de ser un peaje descarado, no limita el acceso a la justicia de quienes no lo pueden pagar, por lo que esta razón no no será suficiente si alguien quisiera demandar la Ley 1653 de 2013 por inconstitucional.

Pero entonces, ¿Si no es el ciudadano del común el que pierde, entonces quién pierde? Los que pierden con ese arancel son los siguientes:

  1. Las personas, naturales y jurídicas, que si están obligadas a declarar renta: Y ojo, porque intentar declarar lo contrario para evadir ese arancel acarrea una sanción del triple de lo que le hubiera tocado pagar, sin perjuicio de las sanciones penales (parágrafo 1 del art. 5 de la Ley 1653 de 2013 )
  2. Los demandados que llamen en garantía a su Aseguradora.
  3. Los terceros intervinientes en su modalidad Ad Excludendum y denunciante del pleito, porque deberán pagar ese arancel si quieren intervenir en el proceso.
  4. Los litisconsortes necesarios. Dice el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 1653 de 2013 que cualquiera de los litisconsortes podrá pagar ese arancel, ya que es una obligación solidaria en este caso. La pregunta es. ¿Qué pasa si ninguno quiere pagarlo y se empiezan a tirar esa papa caliente entre ellos?
  5. Los litisconsortes cuasi necesarios, por lo mismo de arriba.
  6. Los litisconsortes facultativos, porque en ese caso TODOS tendrán que pagar ese arancel.
  7. Quienes se dediquen a comprar derechos litigiosos: Aunque el arancel está vigente desde el 15 de julio de 2013 y sólo aplica para los procesos que se tramiten a partir de esa fecha, si se configura una sucesión procesal, quien vaya a continuar con el proceso deberá pagar el arancel.

En ese orden de ideas, los verdaderos damnificados con el nuevo arancel judicial son  LOS BANCOS, LOS PRESTAMISTAS A TIEMPO COMPLETO Y LOS CESIONARIOS DE ESTOS. ¿Por qué? por esto:

  1. Los Bancos SIEMPRE DECLARAN RENTA
  2. Los Bancos JAMÁS pedirán amparo de pobreza (ni siquiera el Banco de los Pobres de Muhammad Yunus pediría eso)
  3. Los Bancos siempre demandan a sus clientes no sólo por el capital sino por los intereses abusivos que están acostumbrados a cobrar, lo cual hace que las pretensiones se inflen a niveles legendarios (y es sobre estas que se calcula ese arancel).
  4. Si un Banco ve que el proceso se está demorando mucho, le vende la cartera morosa a un cesionario para que sea él quien la cobre (lo peor es que estos petardos prefieren vender esa cartera súper barata en vez de negociar con el cliente directamente por ese mismo valor que le darán por esa cartera morosa). Claro, ese cesionario deberá pagar ese arancel si quiere continuar con la demanda.
  5. En el caso de los prestamistas particulares, por mas que algunos de ellos quieran encubrir sus negocios con triquiñuelas igual pagarán ese arancel. Además, están en las mismas disyuntivas anteriores.
  6. Y lo peor: si el demandado se acoge a Ley de insolvencia (cualquiera de las dos) antes de que se dicte sentencia, no habrán costas que liquidar y por ende NO PODRÁN EXIGIRLE AL DEMANDADO QUE LES REEMBOLSE LO QUE PAGARON por ese concepto en las audiencias de negociación de deudas.

¿No quiere pagar el Arancel Judicial? Aquí le cuento cómo puede evitar pagarlo

Con la Ley 1653 de 2013, o también conocida como Ley del peaje de mierda del arancel judicial se crea un arancel del 1.5% sobre el total de las pretensiones que la parte demandante deberá pagar y presentar su constancia de pago JUNTO CON LA DEMANDA, so pena de inadmisión.

Sin embargo, dice el artículo 5 de la Ley 1653 de 2013 que este nuevo arancel judicial no lo pagará todo el mundo, ya que la Ley establece unas situaciones y personas que están exentas de dicho pago, a saber:

  1. No se cobra en procesos arbitrales, penales, laborales (en todas sus formas), de familia, de menores, en procesos liquidatorios, de insolvencia, de Jurisdicción voluntaria ni en acciones constitucionales.
  2. Si el demandante es una persona jurídica de derecho público no vigilada por la Superfinanciera.
  3. Si el demandante es una persona natural que no declaró renta en el año inmediatamente anterior a la radicación de la demanda. (esto no se debe probar, porque dicha circunstancia de no declarar renta se asumirá como una negación indefinida que no requiere prueba, según la misma Ley)
  4. Si el demandante solicita amparo de pobreza (Art 160 del Código de Procedimiento Civil y articulo 151 del Código General del Proceso).
  5. Si en un proceso de Reparación directa el demandante demuestra sumariamente que eh hecho jurídico por el cual reclama lo ha dejado en situación de indefensión. Esto, con el fin de no limitar su derecho de acceder a la justicia.
  6. Quien sea llamado de oficio al proceso, o coadyuvante, no paga el arancel.
  7. Las victimas en los procesos judiciales de reparación de la Ley de victimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011).
    Ahora, si usted no se encuentra dentro de estas circunstancias, hay una solución para no perder ese dinero y es GANANDO EL CASO. Esto, debido a que el Artículo 6 de la Ley 1653 de 2013, en su inciso 4, establece que lo que usted pagó por este concepto se tendrá en cuenta al momento de liquidar las costas. De modo que quien pierda el pleito deberá pagarle a usted esa cantidad.

Finalmente, no olvide que esto sólo aplica para las demandas que se radiquen a partir del 15 de Julio de 2013.