Con la entrada en vigor de la LEY 2540 DE 2025, el pasado 27 de agosto de 2025, se abre paso a la privatización de los procesos ejecutivos, tan anhelada por acreedores y entidades financieras.
¿Será una medida de descongestión eficaz? ¿Quedará en buenos deseos? Pero lo más importante: ¿Cómo quedan los deudores ante este nuevo panorama?
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