En 1998 comienza la que fue la peor crisis económica que ha vivido Colombia hasta la fecha. La crisis del UPAC, una modalidad de adquisición de vivienda que inventó el Gobierno, de repente dejó a miles de personas con enormes deudas que no podían pagar, como quiera que estas de repente crecieron tanto que se hicieron impagables. Pronto, estas personas pasaron de ser deudores a demandados en largos procesos ejecutivos, los cuales se extendieron, inclusive, hasta diez años después de que se radicaron. Lamentablemente, esta situación ocurre porque gran parte de estos deudores nunca contaron con un acompañamiento legal idóneo desde el principio, o incluso se asesoraron para cuando ya era demasiado tarde. Otros tantos se dejaron intimidar de los bancos, y las casas de cobranzas, y entregaron sus bienes sin cuestionar si le estaban cobrando lo justo.

Si, si… vivimos tiempos difíciles. Todos estamos cansados de esta pandemia y de sus consecuencias económicas, que empiezan a vislumbrarse. Estamos cansados de un estado de cosas que va a empeorar con el tiempo. Pero debemos seguir hablando de esto para que no se repita la historia del UPAC. Esta crisis del Covid-19 apenas empezó, y la justicia apenas va a retomar labores en julio, con ciertas restricciones. Por lo tanto, los deudores afectados tienen una oportunidad de oro para no repetir la historia del UPAC, y tomar cartas en el asunto antes de que los bancos, o sus acreedores en general, radiquen demandas en su contra. Entre las herramientas con las cuales cuentan los deudores, tenemos:

1. El régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. De este régimen venimos hablando hace muchos años en este espacio, y es el aplicable para personas naturales no comerciantes, que deban dos o más obligaciones en mora mayor a 90 días en esta cuarentena.
2. El régimen de insolvencia de personas comerciantes y empresas, establecido en la ley 1116 de 2006.
3. El régimen de rescate empresarial del Decreto Ley 560 de 2020, el cual trae la negociación de emergencia, que se desarrolla en la Superintendencia de Sociedades, y el Procedimiento de Recuperación Empresarial, que se adelanta en las Cámaras de Comercio.
4. El proceso de reorganización abreviado y el proceso de liquidación judicial simplificado, contemplado en el Decreto Ley 772 de 2020.

Otras medidas extrajudiciales.

Como existen personas que no pueden pagar los costos de acceso a estos trámites ya mencionados, como ocurre comúnmente en el régimen de insolvencia de personas naturales no comerciante, los abogados expertos en insolvencia podemos desarrollar distintas estrategias legales de planeación patrimonial que le permitirán afrontar su situación de forma menos estresante. Es por ello que se recomienda consultar con un abogado experto en esta materia, a fin de establecer cuál es la mejor estrategia legal para usted y la más acorde a su presupuesto y nivel de endeudamiento.

En todo caso, nunca un deudor en dificultades había contado con tantas herramientas para afrontar su situación de endeudamiento. Sería el colmo que la inacción de un deudor lo lleve a perder su casa, carro o a enfrentar el embargo del salario. Sin duda, no hacer nada es lo peor que un deudor puede hacer en esta época de crisis.