Las preguntas que todo abogado debería hacerse pero no se hace.

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El ejercicio de la abogacía en Colombia está en crisis, por cuenta de los últimos escándalos de la Corte Suprema de Justicia que han expuesto la podredumbre y pésima preparación de los operadores judiciales que tienen el destino de millones de personas en sus manos.

Sin embargo, todos olvidan que esos operadores judiciales mediocres, corruptos y estéticamente feos, son egresados de universidades colombianas, litigaron en algún momento ej Juzgados colombianos, defendieron clientes amparados en la legislación de este país y además, tuvieron un prestigio entre los abogados a pesar de que en muchas de sus conductas y actuaciones judiciales ya quedaba patente su podredumbre moral y falta de preparación.

Todo lo anterior me lleva a pensar en estas preguntas que, al parecer, ningún abogado o abogada se está haciendo por estar más pendientes de chuparse su propio pito formarse un prestigio como abogado (a riesgo de parecerse a los Moreno, Bustos o Ricaute) en lugar de funcionar para lo que históricamente hemos existido los abogados: Luchar contra las injusticias de manera elocuente y resolver problemas entre personas. Son preguntas que, de ser sometidas a discusión en el mundo jurídico colombiano, servirían para que esta carrera tuviera, más que decoro, humildad, y se enfocara en realmente solucionar los grandes problemas que la aquejan. 

Pregunta 1: ¿Por qué no se fomenta en el ejercicio de esta profesión la aplicación de un criterio propio en vez de repetir como loros lo que dijeron otros abogados, incluso, hace más de un siglo? Llama la atención que muchos abogados se sienten orgullosos de saber lo que dijo la Corte Suprema, la Corte Constitucional, de conocer el último concepto de la Dian o la última resolución de alguna de las prácticamente sobrantes superintendencias que hay en Colombia, sin detenerse a pensar no sólo sobre la seriedad de los argumentos esbozados por las personas que proyectan esas decisiones, sino en las motivaciones ocultas que pudieron tener esos fallos.

De hecho, un claro ejemplo de esta falta de sentido crítico la encontramos en cómo algunos abogados siguen citando como jurisprudencia la sentencia SU-770 de 2014, que fue producto de un soborno que le costó la cabeza a un Magistrado de una de las Cortes más importantes de este país. O de como la mayoría de abogados aplauden las decisiones judiciales de la primera Corte Constitucional, sin detenerse a revisar la validez de muchos de sus fallos.

Lo peor de todo es que cuando algún abogado intenta tener criterio propio, es ignorado por sus pares con argumentos ad hominem tan estúpidos como “es que fulanito trabaja para un banco” o “sutanito se insolventó y por eso no tiene razón”, demostrando que lo que realmente sucede en esta profesión, cada vez más decadente, no es el respeto por las posturas jurídicas y el análisis crítico de las mismas, sino una reverencia ciega hacia ciertas personas e instituciones que lleva a que muchos abogados tengan como cierto lo que ellos digan.

Pregunta 2: ¿Por qué un abogado es quien tiene que interpretar la ley? ¿Por qué la ley tiene que ser interpretada en lugar de simplemente ser obedecida?.

Se parte de la base que la ley va dirigida a regular la vida de personas en sociedad. Personas que no necesariamente son abogadas y carecen de los estudios que si tiene un abogado y que le permite interpretar de manera armónica la ley. Pero, ¿Por qué tiene que ser el abogado? ¿Por qué las leyes no son lo suficientemente claras para que simplemente no sean interpretadas sino OBEDECIDAS sin mayores consideraciones?

La primera pregunta es pertinente. Aunque muchos abogados pensemos lo contrario, y queramos creer que esta profesión es la madre de todas las profesiones, la realidad es que el ejercicio del derecho no es más que un remanente de una época muy antigua que se niega a morir justamente porque en el imaginario popular se ha restringido el estudio de la ley a los abogados, lo que nos lleva a creer que somos los únicos capaces de interpretarlas o, en casos más descarados, de redactarlas.

Lo cierto es que la Ley y la jurisprudencia, entendida como una manifestación escrita de la voluntad del Congreso frente a hechos que requieren ser regulados, a veces terminan siendo más enredadas por los mismos abogados que, en muchos casos, carecen de la habilidad más básica para entender un texto.

Si, yo sé que en la facultad vimos hermenéutica jurídica. Pero la hermenéutica es una disciplina muchísimo más amplia que, de la mano con la filología y estudiada con mayor intensidad que la ofrecida en las facultades, le daría una verdadera autoridad a los abogados para interpretar textos y no esa autoridad artificial que viene dada simplemente por leer unos códigos y unas sentencias judiciales.

Lo peor de todo es que la soberbia de los abogados no sólo nos impide reconocer esta realidad, sino también que existen muchísimos profesionales que interpretan la ley de mejor manera que un abogado. Esto es tan cierto que un grupo de ingenieros y comunicadores sociales logró reducir a una sola hoja varias minutas de contratos realizadas por abogados que en el peor de los casos, llegaban a cinco páginas.

Ahora, un abogado debería hacerse la segunda pregunta porque estamos interpretando leyes pésimamente redactadas, en  lo que parece un acto intencionado de redactarlas para que sólo pocos las puedan interpretar (y encima lo hagan a su conveniencia), especialmente cuando esas leyes regulan aspectos económicos. O lo que es peor, para que existan dos interpretaciones de un texto que, intrínsecamente, sólo debería de tener una interpretación. Y lo que es peor, que esas dos interpretaciones puedan existir armónicamente como si ambas fueran correctas. 

Un ejemplo de esa redacción maliciosa la encontramos en el parágrafo del artículo 10 de la Ley 1266 de 2008, que dice lo siguiente:

PARÁGRAFO 1o. La administración de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, por parte de fuentes, usuarios y operadores deberá realizarse de forma que permita favorecer los fines de expansión y democratización del crédito. Los usuarios de este tipo de información deberán valorar este tipo de información en forma concurrente con otros factores o elementos de juicio que técnicamente inciden en el estudio de riesgo y el análisis crediticio, y no podrán basarse exclusivamente en la información relativa al incumplimiento de obligaciones suministrada por los operadores para adoptar decisiones frente a solicitudes de crédito.

La Superintendencia Financiera de Colombia podrá imponer las sanciones previstas en la presente ley a los usuarios de la información que nieguen una solicitud de crédito basados exclusivamente en el reporte de información negativa del solicitante.

Lo que dice ahí pudo haber sido redactado de una manera más inteligente, así:

Las fuentes, usuarios y operadores que administren información financiera, crediticia, comercial, de servicios o la proveniente de terceros países, al momento de decidir sobre la solicitud de un crédito no podrán negarlo exclusivamente basados en los reportes negativos que tenga el solicitante. De lo contrario la Superintendencia Financiera de Colombia les aplicará las sanciones establecidas en esta Ley.

Esta redacción es más inteligente porque:

  1. Porque hacer referencia a los fines de expansión y democratización del crédito es una redundancia sin tenemos en cuenta que ese objetivo está claramente establecido en la Constitución Política de Colombia, que se supone que es “norma de normas”
  2. Porque cuando esa norma dice “La Superintendencia Financiera de Colombia PODRÁ….”, ya le está quitando fuerza a la aplicación de esa ley, dejándola en letra muerta. Esto, porque la palabra “podrá” lleva a interpretar que la Superintendencia tiene la facultad de decidir sobre si impone o no la multa, aún si encuentra que existen razones para imponerla.
  3. Porque gran parte del texto puede sobre entenderse con la aplicación de la sanción, de tal suerte que hace innecesario decirle a las fuentes como tienen que valorar una solicitud de un crédito si claramente estas saben que los van a sancionar si sólo se limitan a valorar esas solicitudes de cierta forma.

Esto no sucede con las leyes penales. Muchas de las cuales son fáciles de interpretar, hasta el punto de existir consenso sobre la interpretación de gran parte de sus disposiciones. El gran ejemplo lo encontramos en el artículo 103 del Código Penal, que simplemente dice “El que matare a otro, incurrirá en prisión de trece (13) a veinticinco (25) años”. Ahí cualquiera con dos dedos de frente sabe si mata a alguien le van a clavar todos esos años de cárcel, lo que le llevaría a pensar entre si vale la pena cometer un asesinato frente a todo lo que va a pasar en una cárcel. Y lo mejor! ni siquiera necesita de un abogado para llegar a esa conclusión.

Pregunta 3: ¿Están desconectados los abogados “prestigiosos” de la realidad del país en el que viven? Esta pregunta me la hago desde hace tiempo, cuando leí en 2012 una columna en Ámbito Jurídico que me llevó a concluir que los supuestos abogados “prestigiosos” de este país en realidad son unos pobres pendejos que sólo son útiles en un plano académico y que morirían de asombro cuando se den cuenta que a la gente del común poco le importan sus teorías porque, sencillamente, no sirven para resolver problemas cotidianos.

Lo peor de todo es que el autor de esta columna (un abogado muy prestigioso que escribió el pajazo mental libro de cabecera de todos los abogados y jueces que quieren hacernos creer que este es un país regido bajo el common law y que la jurisprudencia es importante para algo más que ver cómo se resolvió un problema jurídico.) no aprendió nada del incidente que narra en la misma e, inspirado en el mismo, escribió otra columna donde llegó a la conclusión que entre las personas existe un desacuerdo sobre nuestro concepto de derecho y de autoridad, dejando de lado preguntas que debió haberse hecho cuando contó lo que le pasó (y que usted debió de haber leído ya):

  1. ¿Será acaso que las leyes de este país son tan poco efectivas que un policía tuvo que recurrir a la astucia para resolver un conflicto, o simplemente son desconocidas hasta el punto que el taxista no sabía que el policía sólo estaba mintiendo para que conciliara rápido y se pudieran ir todos a sus casas?
  2. ¿Por qué existe un “derecho e a pie” en Colombia? Esto es importante, porque ese “derecho de a pie”, en mi concepto, es la muestra de que en este país existe un paraestado que ha progresado al margen del estado formal, de modo que nosotros los abogados nos hemos enfocado en resolver problemas basados en leyes que, posiblemente, ya no apliquen en Colombia.
  3. ¿Por qué existen desacuerdos sobre el derecho y la autoridad si ambas van de la mano? Aunque pocos abogados lo admitan, filósofos han llegado a la conclusión que la ley, como producto de la civilización no busca la justicia, sino simplemente servir de control de masas. Esto queda patente en el hecho de que el mismo Estado Colombiano se ha encargado de modificar, y a veces romper, esas mismas leyes si observa que le estorban para poder mantener el orden. (ejemplo: todos los actos legislativos que han modificado la constitución de 1991 desde su creación)

Pregunta 4. ¿Por qué el derecho colombiano sigue nutriendose de Europa Occidental cuando, en un mundo globalizado, podemos acceder a otras fuentes de derecho claramente superiores a las propuestas por Europa?

Esto lo digo por la forma en que todos los académicos de este país ignoran la legislación de países asiáticos, con mejor desempeño que cualquier país europeo o Americano, máxime en materia penal.

Basta con ver la pulcritud de la redacción del Código Penal Japonés (sobre todo, su parte general) y compararla con la asquerosidad de redacción del Código Penal Colombiano para saber que el camino no está en estudiar únicamente la escuela dogmática alemana, sino también en nutrirse de lo que nos pueda aportar la legislación de estos países para la redacción y ejecución de nuestras leyes.

Como dato cultural, Japón tiene el mismo Código Penal desde 1907, mientras que Colombia ha tenido como tres códigos penales desde esa fecha hasta el presente. Esta es la muestra de que vivimos en una sociedad enferma que hace leyes que no respeta (y que el estado es incapaz de imponer a las malas), y que cuando ve que no le sirven más porque nadie las respeta, las cambia para volver a repetir el ciclo.

Pregunta 5: ¿Por qué, a pesar de todo el cuerpo normativo que tiene el Estado, de todas los vacíos legales en ese cuerpo normativo y de las miles de interpretaciones que puede tener una ley en este país (simplemente por mal hecha), el Congreso poco, o nunca, hace uso de la facultad consagrada en el artículo 150 numeral 1 de la Constitución? Aunque no lo crean, el Congreso no sólo tiene la facultad de hacer las leyes, sino también la de INTERPRETARLAS. Si los juristas de este país miraran a Asia, y en particular a Singapur, sabrían que muchos problemas de interpretación legal que tiene Colombia actualmente se pueden resolver con un Código de Interpretación, que simplemente se limite a definir con fuerza de ley todas las palabras que se usan en las leyes y con las cuales los ciudadanos no abogados no estén familiarizados, como “interdicto”, “prescripción”, “caducidad”, entre otras.

Pregunta 6: ¿Con qué criterio técnico se están redactando las leyes de este país? ¿Quiénes participan en su creación? ¿Son todos abogados o también hay ingenieros? La falta de un criterio técnico de redacción normativa es lo que lleva a Colombia a estar prescindiendo de las leyes que promulga cada dos por tres sólo porque pierden su eficacia, gracias al no ser claras. Y nadie se ha enfrentado a este problema con rigor desde el Derecho en Colombia.

Esto se agrava cuando se observa que el Código General del Proceso nació de una iniciativa del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que es un organismo integrado por abogados pero ningún ingeniero, quienes están mejor capacitados para diseñar cualquier proceso al interior de una organización o país.

Esta ausencia nos ha llevado a la creación de leyes ilógicas, que no persiguen la efectividad de los derechos sino que fomentan las discusiones desgastantes al interior de los despachos judiciales (como las nulidades por falta de requisitos formales, siendo que exigir requisitos formales a quien accede a la justicia ya es una estupidez de por sí), por cuanto esas leyes no se diseñan para que sean adaptadas al interior de los juzgados en la solución de los problemas jurídicos que les llegan a diario: Se diseñan, al parecer, para que una persona necesite lo máximo posible de un abogado para que le ayude a sortear la marejada de ritualismos  decimonónicos que persisten en el ejercicio del derecho en Colombia.

Pregunta 7: ¿Por qué existen los procesos ejecutivos y la jurisdicción voluntaria? Si el trabajo de un juez es resolver una controversia, resulta interesante ver cómo en Colombia los jueces se desgastan con situaciones que no son controversiales. El claro ejemplo lo vemos en los procesos ejecutivos: Un proceso de cobro de dinero que el Estado complicó artificialmente para poner a hacer algo a los abogados sobrantes que las universidades siguen graduando a pesar de que ya no damos abasto. Este proceso en otros países los llevan actores privados o la misma policía, de tal suerte que el Juez sólo conoce de la controversia en caso de que el deudor se oponga al pago o a la entrega de sus bienes de alguna manera.

Los de la jurisdicción voluntaria (como los matrimonios de mútuo acuerdo o las declaraciones de muerte presunta) los pueden llevar las Notarias perfectamente. O como en Estados Unidos, simplemente llenando una forma y radicarla en la oficina correspondiente para su aprobación.

Lo peor de todo es que los procesos ejecutivos y de jurisdicción voluntaria ocupan buena parte del tiempo de los funcionarios judiciales. Tiempo que no se invierte en la solución de procesos más graves, como los declarativos.

Pregunta 8: ¿Por qué casi nada de lo que aprendimos en la Facultad nos sirve en la vida diaria? Me hice esta pregunta en su momento y llegué a unas conclusiones que pueden ver aquí. Pero quiero escuchar las suyas.

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4 comentarios en “Las preguntas que todo abogado debería hacerse pero no se hace.

  1. Como ciudadano, lo unico que se, es que hay una corrupcion que eso no lo para esnadie, tan solo que se imponga la pena de muerte y se aplique las leyes de Singapur aqui en colombia, tan solo asi podremos librar a colombia de tanto delincuente en el poder.

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  2. Dr. Muñoz: Gracias por la invitación a responder la última pregunta en su blog. Me gustaria hacerlo, sin embargo no puedo porque quedé “sin palabras”. No necesita agregar u omitir algo.
    Es un mensaje fácil de entender por lo preciso. El cuestionamiento es escalofriante, hasta podría considerarse arriesgado donde, hasta la libertad de expresión, es dudosa. Probablemente la mayoría de sus lectores le pide que tenga cuidado. No con lo que dice, porque lo dice muy bien, son unas verdades irrefutables, contundentes; sino tenga cuidado por donde se moviliza. Usted le “respira en el cuello” a varios de quienes manipulan, perdon, hacen las leyes y a algunos de quienes los secundan en la aplicación de las mismas, y eso lo convierte en una persona vulnerable. Quienes no tenemos fácil acceso a un abogado,inquietos estudiantes de derecho, abogados en ejercicio, docentes y quedan sin mencionar otros más, lo necesitamos.

    Una pregunta que tambien me gustaria lanzar al aire es: Por que las universidades no se involucran de manera efectiva en la formación moral de sus profesionales? Esto no es parte de sus responsabilidades? En qué queda la ceremonia de graduación incluyendo juramento de servir con honestidad a la patria y a la sociedad? Ya no es delito jurar en falso? Jurar en falso es mentir, es engañar? Es burlarse de las autoridades legales (o civiles?), académicas, sociales y familiares (madres y padres)?

    Asi como cuando las universidades y sus egresados mutuamente, y con mucha razón, se enorgullecen de sus desempeño profesionales, con los mismos bombos y platillos las universidades debería proceder en los casos contrarios para retirar matrículas o registros profesionales e invalidar diplomas y, en consecuencia retiro de la condición de egresado.
    La mamá, el papa, los hermanos y los demás miembros relacionados bien sea por afinidad o por consanguinidad, deberían manifestar públicamente su dolor vergüenza, si la hay, por los actos que sus seres queridos fueron capaces de hacer. Qué sentido tiene pedir perdón desde la cárcel? A ninguna de las partes afectadas le soluciona algo.

    Respetadas Autoridades: desde el hogar que es el primer punto de formación moral siendo los padres los primeros docentes hasta la universidad pasando por todo tipo de formación académica, por favor ejerzan su autoridad. Toda autoridad viene de Dios y esta delegada y esa delegación es para ser obedecida, repitiendo la precisa palabra del Dr. Munoz, simplemente obedecer.

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  3. Buen día señor Muñoz, de verdad que éste artículo es sumamente pertinente en muchos aspectos y le agradezco porque cuestiona acerca de la labor que como abogados ejercemos, del contexto en el que lo hacemos y la finalidad que buscamos; además de como damos por sentado(o por inútil) la aplicación del principio de ética (entre otros) que tan de “relleno” y “deportivamente” nos enseñan en la facultad.
    Y qué dice usted acerca del Grado Jurisdiccional de Consulta? Uno de los pesos pesados del desgaste y la pérdida de tiempo.

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