En este artículo que hoy les comparto, la autora nos da su perspectiva sobre el litigio del Derecho en Colombia. Como comparto esta opinión, y como ya había dado una opinión sobre este aspecto antes, quiero reproducir su opinión en este humilde espacio. Todo el crédito es para la autora del texto.
Antes de que me lapiden por la palabrota del título, los invito a seguir leyendo y a dejar de ser tan hipócritas con el lenguaje que uso, ya que muchos de ustedes también lo usan.
Mientras leen esto, por demás, los invito a ver el vídeo de Cantinflas que puse al principio.
El ejercicio de la abogacía en Colombia está en crisis, por cuenta de los últimos escándalos de la Corte Suprema de Justicia que han expuesto la podredumbre y pésima preparación de los operadores judiciales que tienen el destino de millones de personas en sus manos.
Sin embargo, todos olvidan que esos operadores judiciales mediocres, corruptos y estéticamente feos, son egresados de universidades colombianas, litigaron en algún momento ej Juzgados colombianos, defendieron clientes amparados en la legislación de este país y además, tuvieron un prestigio entre los abogados a pesar de que en muchas de sus conductas y actuaciones judiciales ya quedaba patente su podredumbre moral y falta de preparación.
Todo lo anterior me lleva a pensar en estas preguntas que, al parecer, ningún abogado o abogada se está haciendo por estar más pendientes de chuparse su propio pito formarse un prestigio como abogado (a riesgo de parecerse a los Moreno, Bustos o Ricaute) en lugar de funcionar para lo que históricamente hemos existido los abogados: Luchar contra las injusticias de manera elocuente y resolver problemas entre personas. Son preguntas que, de ser sometidas a discusión en el mundo jurídico colombiano, servirían para que esta carrera tuviera, más que decoro, humildad, y se enfocara en realmente solucionar los grandes problemas que la aquejan.
Hace muchos años también fui estudiante, y decidí optar por presentar una tesis de grado que tendrá vigencia en dos años, porque hablaba de la Televisión Digital Terrestre. No hice la judicatura por estas razones que, hoy por hoy, comparto con todos ustedes porque veo que muchos estudiantes de derecho siguen preguntando por lo mismo y cometiendo los errores comunes en estos casos.
Si bien los funcionarios tienen, a veces, razones más que justificadas para entrar a paro, yo nunca los apoyo. No sólo porque me perjudican directamente (si ellos no trabajan, mi trabajo como abogado litigante se hace un poco más complicado, sin contar con mis funciones como conciliador en Insolvencia) sino por el daño que le hacen a los usuarios. Además, carece de toda lógica reclamar mejores condiciones laborales mediante paros judiciales cuando son los paros los culpables, en cierto grado, de que estas empeoren.
En resumen, un paro judicial es como dispararse en el pie.
Sin embargo, el Paro Judicial que se adelante actualmente tiene algo de especial, porque por primera vez se realiza por un motivo que cambiará la forma de relacionarnos con los Despachos Judiciales para siempre.
Cuando el señor Pedro Páramo, habitante de Cali, (nombre cambiado para proteger su identidad) me contactó para que lo retirara de las centrales de riesgo, no le di muchas esperanzas: Su caso, como el de muchas otras personas, era extremadamente complicado.
No puedo entrar en detalles sobre el caso del señor Pedro ni las razones por las cuales se logró retirar ese reporte negativo, pero básicamente diré que él había sido reportado negativamente por una entidad financiera que, al momento de reportarlo, cometió un error muy común en estas entidades que aproveché hábilmente para lograr que dos jueces de tutela retiraran el nombre de mi cliente de las bases de datos negativas.
Al menos en Cali, las Insolvencias de Persona Natural No Comerciante se están tramitando a las patadas. Como si no fuera preocupante que que algunos conciliadores no estén lo suficientemente comprometidos con su papel, muchas audiencias de negociación de deudas se están enviando a los jueces civiles municipales para que estos se pronuncie sobre unas famosas “controversias”, las cuales no existen en la ley y por ende no se les debería dar trámite, so pena de incurrir en alguna falta disciplinaria.
Con este escrito quiero abrir el debate sobre esas controversias, y exponer las gravísimas consecuencias que puede enfrentar un conciliador de continuar permitiendo que un régimen tan garantista, pero sobre todo, tan claro, se esté prostituyendo al darle lugar a semejante despropósito. Para ello optaré por exponer lo sucedido en forma de preguntas que voy a responder con fundamentos de derecho lo suficientemente contundentes como para que no se repitan. O por lo menos, para dejar en claro que en mis audiencias dichas controversias no son bienvenidas.
