¿qué debe considerar para contratar un asesor jurídico externo para su empresa?

qué debe tener en cuenta para contratar un asesor jurídico externo

La contratación de un abogado general externo puede ayudar a los empresarios, propietarios, o a personas que deseen crear una empresa en Estados Unidos, a ahorrarse la molestia de gestionar asuntos legales, evitar los errores de una gestión inadecuada y conservar ese tiempo para otro tipo de actividades cruciales para la empresa. Resulta importante que si sus intereses se encuentran en fronteras estadounidenses, tenga en cuenta que el tener la asesoría de un abogado de inmigración, puede ser el complemento perfecto para el asesoramiento jurídico externo.

¿Contratista independiente o bufete de abogados?

Hay dos posibles vías por las que puede encontrar un asesor jurídico externo: por medio de un bufete de abogado o encontrar un contratista independiente.

Un contratista independiente puede trabajar de distintas formas, dependiendo de los recursos proporcionados por el cliente. Pueden hacerlo de forma parcial o establecer una oficina propia dentro de la empresa. En cualquiera de los casos, estos contratistas no son empleados de la empresa. Y uno de los principales retos de los contratistas de abogados externos independientes, es encontrar a aquellos que sean competentes para cumplir con las responsabilidades de la función. La evaluación de la competencia en estas funciones puede ser difícil, ya que a menudo está fuera de la experiencia de los que llevan a cabo la contratación.

La otra opción, la cual muchos propietarios de empresas encuentran más razonable, es trabajar con un bufete de abogados que se especialice en asesoramiento externo. Y, aunque esta opción puede parecer más cara a primera vista, el nivel de servicio, los recursos y la competencia suelen ser mayores y más fiables.

¿Qué debe buscar en un asesor externo?

El abogado externo debe tener conocimientos sobre el área específica de la cuestión legal, tener experiencia en las leyes aplicables y habilidades de investigación. Deben tener las competencias necesarias para tratar los asuntos en curso y tener la capacidad de detectar otros problemas antes de que estos surjan. Y en beneficio de todas las partes implicadas, también debe saber cómo comunicar los asuntos legales de forma eficaz.

El asesor jurídico externo que contrate debe tener experiencia y competencias en una o varias de las siguientes directrices legales:

Directrices del gobierno corporativo

Las empresas están obligadas a cumplir las normas y reglamentos estatales y federales que tengan que ver con el gobierno corporativo. La legislación estatal puede exigirle a una empresa que cumpla con las presentaciones anuales, las divulgaciones, el mantenimiento de registros, de reuniones, etc.

Por otro lado, el gobierno corporativo federal requeriría revelaciones públicas, basadas en el estatus fiscal y público de la empresa. El asesor jurídico externo debe conocer las normativas de ambos gobiernos corporativos, ya que le asesorará a lo largo del proceso para que se garanticen sus cumplimientos.

Cumplimiento de las normativas

Toda empresa está sujeta al cumplimiento de una normativa, y el asesor general externo que elija debe ser experto en tratar los problemas derivados del incumplimiento. Los sectores más propensos a correr el riesgo de incumplir la normativa son los de fabricación, producción o venta de productos químicos o explosivos, la información financiera o de consumo, el préstamo de dinero o los valores.

Privacidad e intimidad del cliente

Si dirige una empresa que maneja información de clientes, el asesor general externo con el que trabaje debe tener conocimientos relacionados con la privacidad de los consumidores

Leyes laborales

El asesor externo que elija para trabajar debe tener un alto conocimiento y manejo de las leyes laborales que toda empresa con empleados debe tener. A la legislación laboral le competen cuestiones tales como la divulgación de derechos, los riesgos en el lugar de trabajo, las prácticas de contratación discriminatorias, el despido de empleados, la compensación y otras regulaciones relevantes.

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