¿Qué pasó con la sección de los Juzgados de la Vergüenza?

Este blog ha estado demasiado quieto, desde la pandemia.

Como saben, la crisis sanitaria de 2020 nos trastocó la vida a todos, y nos llevo a «reinventarnos», palabra que odio pero que es acertada. en este escenario.

En mi caso, reinventarme significó pasar del medio escrito al formato de vídeo, cambiar planes que tenía para este blog (como el de convertirlo en podcast) y reconocer que en Colombia la gente en general ya no lee. Si, es lamentable decirlo. Pero si de un alcance de más de 4 mil lectores al día, este blog pasó a unos 300 lectores desde 2020, para mí significa que hay poco interés en el contenido educativo escrito. El SEO mató el formato escrito, nada que hacer, y por principios no pienso entrar a esa carrera de ratas de «adecuar el blog a los buscadores», cuando un vídeo de 30 segundos de tiktok tiene más exposición que toda la que tuvo este blog en 12 años de existencia con sus artículos que a veces me costaba días escribir.

Pero a eso hay que agregar la persecución judicial de la que fui víctima por cuenta de la sección de Los Juzgados de la Vergüenza. Si bien considero este episodio una molestia, como cuando te zumba un mosquito, es importante mencionar las denuncias que me hicieron con todos ustedes para que se de cuenta de lo que he tenido que enfrentar:

• La primera de estas denuncia vino de parte de la Juez 22 Civil Municipal de Cali, una tal Dunia, por cuenta de este artículo. El proceso disciplinario se tramitó bajo el radicado 2015- 0254, en la extinta sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La misma fue archivada en 2016 y en el fallo se indica que:

• La segunda ustedes ya la conocen, e hizo célebre al Hugo Albeiro Cano Quintero (albeirito), quien por ese entonces fungía como Juez 25 Civil Municipal de Cali. Esta denuncia se originó en este artículo. Como saben, la denuncia disciplinaria fue archivada.
• A partir de aquí, Cano Quintero interpuso siete denuncias disciplinarias en mi contra entre 2015 y 2017. Seis fueron archivadas pero una prosperó de manera irregular. ¿Cómo prosperó? Prácticamente distorsionaron unas declaraciones que di en el mismo artículo y a partir de ahí se inventaron que yo llevé un proceso en ese juzgado. Dicho proceso se llevó en la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Valle. El Magistrado Ponente fue Luis Hernando Castillo Restrepo, de quien por una alumna de la Libre me enteré que en las clases que departía en esa Universidad hablaba mucho sobre mi blog y la importancia de hacer reverencia a los jueces (si, reverencia, como a la usanza de reyezuelos medievales o dictadores africanos). La Segunda instancia se resolvió a finales de 2020, y cometieron dos errores garrafales: El primer error, sostuvieron el invento del proceso que supuestamente yo llevé en el Juzgado 25 Civil Municipal, pese a que nunca quedó claro el nexo causal entre el artículo y en proceso inventado, no se mencionó su radicación o siquiera su contenido. De manera chambona convirtieron un asunto de libertad de expresión en un tema profesional para pretender acallar este blog. El segundo error guarda relación con el cambio que sufrió la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en 2020 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y consiste en que dos Magistrados de la extinta sala permanecieron más tiempo del reglamentado en el cargo. Con estos argumentos, es que llevé este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y actualmente lo están estudiando. Si bien la sanción fue pequeña (dos meses de suspensión del ejercicio profesional que en plena pandemia encerrado en casa, grabando Tiktoks, no es que haga mucha diferencia), quiero sentar un precedente por las irregularidades que presentó el caso, y por el desconocimiento de los precedentes de la misma CIDH, que por demás hacen parte del bloque de constitucionalidad. Actualmente, estoy estudiando la posibilidad de iniciar acciones penales por este caso, como quiera que desde la sanción se han publicado precedentes judiciales positivos sobre casos similares (como el caso matarife, el de Vicky Davila, o el caso Baraona Bray vs Chile), que me llevan a pensar que el trato recibido fue el de un ciudadano de segunda categoría. Y eso no lo voy a perdonar. Y si no cree nada de lo que dije, entonces dejo este extracto de los fallos de primera y segunda instancia, para que saque sus propias conclusiones:

Bajo esta lógica, al parecer en las otras siete denuncias anteriores yo escribí los artículos siendo bombero o leñador, y por eso me archivaron las investigaciones. O bien, me tocaría renunciar a ser abogado si quiero ejercer mi derecho a la libertad de expresión.

¡O no!, más creativo!, bajo esta lógica, Daniel Mendoza Leal tendría que ser procesado disciplinariamente porque publicó la serie Matarife y Alvaro Uribe Vélez es abogado como él.

Pero lo que ocurre en segunda instancia fue aun más creativo:

Falso. Yo renuncié al proceso porque era un ejecutivo que llevé en representación de una empresa que fue liquidada, el cual asumí DESPUÉS de las denuncias de albeirito. En su momento, no aporté esas pruebas porque, sencillamente, la queja de Albeirito Cano ni siquiera hacía referencia a proceso judicial alguno al interior de su despacho en donde yo hubiese sido apoderado. Por otro lado, la manifestación más grave se dio en la segunda instancia, de modo que ya no hay oportunidad de defensa en ese caso.

Ya queda a interpretación del lector. si yo debo denunciar o no esta irregularidad.

• La última de estas denuncias vino de la mano de dos Magistrados del Honorable Tribunal Superior de Cali, en 2020, por cuenta de un artículo que ni siquiera recuerdo haber escrito (vamos, que media Cali está enojada por la forma en que se están resolviendo las objeciones en los procesos de insolvencia, como se observa en este artículo de la Revista de la Universidad Externado de Colombia). Esta denuncia fue archivada en enero de 2023, y quien la conoció fue el Magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca Gustavo Adolfo Hernandez Quiñones, quien mientras consultaba su teléfono mientras yo intervenía en su audiencia, seguramente dio con este argumento que celebro, aunque no comparta del todo:

Quiero destacar que la sentencia anticipada de terminación surge después de que la Procuraduría pidió copia del expediente y pidió acceso a la audiencia virtual que estaba por celebrarse en mayo de 2023. No digo que guarden relación, pero si que me parece mucha coincidencia.

¿Dejé de escribir por esta persecución judicial?

La respuesta es un rotundo no.

Estas denuncias, como ya les dije, las considero una molestia, y mientras no amenacen mi trabajo, mi integridad física o a mi familia, no dejan de ser un chiste para mí y un pequeño precio a pagar por exponer la desnudez del emperador, fuera de que no alcanzan a cuestionar mi labor como abogado o como operador judicial en insolvencia. Por otro lado, no es la primera vez que se sanciona a una persona que denuncia irregularidades en la Rama Judicial, o que se burla de los errores garrafales que algunos jueces cometen. Por ejemplo, en el año 2004 por hechos muy similares a estos, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Valle, sancionó con la pena de censura al abogado y periodista Juan José Saavedra: Un abogado, ya fallecido, que escribió entre los años 2000 y 2009  una serie de libros compuesta de 4 tomos llamado “Sobre Fallos y Fallas”, en cual hacía exactamente lo mismo que estoy haciendo yo con la sección “los Juzgados de la Vergüenza” de mi blog, que es exponer fallos judiciales mal hechos y actuaciones irregulares de jueces y llamarlas por su nombre, con el sustento probatorio debido y con un lenguaje que, lejos de ser acomodado para que le guste a quienes se está denunciando, pretende que las personas del común no abogadas sepan que en la Rama Judicial se han colado durante años seres “mediocres, perezosos, brutos y deshonestos”[1] que contribuyen a la ineficacia y desprestigio de la justicia colombiana.

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[1] Palabras que utilizó el autor en su dedicatoria a los Jueces y Magistrados en el libro “Sobre Fallos y Fallas”, tomo II. Impresora Feriva. 2004. ISBN 958-91-8730-7.

No se equivoquen: Las razones por las cuales he dejado de publicar en la sección de Los Juzgados de la Vergüenza, en este blog, son de otra índole:

1. Como ya les dije, el formato escrito está muerto. Si nadie entra a este blog no tiene caso que me esfuerce mucho en él.
2. A medida que maduras te das cuenta que no tiene caso seguir generando polémica en un blog que lleva mi nombre. Empecé a escribir esas denuncias en mis veintes, y ahora en mis treintas leo lo que escribí y me dan ganas de meterme un puño por el lenguaje usado. En algunos artículos se nota que los escribí con rabia, o con sueño, o con afán pasa simplemente cumplir. Así que he decidido borrar algunas escritos y trasladarlos a un nuevo blog, del cual ya les hablaré.
3. Durante la pandemia fui dos veces víctima de suplantación de identidad y hackearon el blog. Algunos artículos están prácticamente desaparecidos, y aparecieron otros que ni siquiera hablaban de derecho colombiano, lo que en parte llevó a que el blog perdiera muchas visitas.
4. Por el mismo hackeo, mucha gente empezó a creer que los artículos de los Juzgados de la Vergüenza eran la página web del juzgado de marras, de modo que me llamaban a pedirme la dirección del juzgado, información sobre procesos o incluso indicando que habían radicado memoriales a mi email. Obviamente, después de burlarme de esta gente decidí bajar los artículos mal redireccionados para que no vuelvan a contactarme.
5. Tiktok, y mis nuevas ocupaciones, quitan mucho tiempo. Producir un vídeo de esos a veces consume el poco tiempo que me queda, y debo hacer malabares para poder fungir como Operador Judicial en Insolvencia, papá gatuno, amante, hijo y abogado. O dejo de jugar al paladín de la libertad de expresión, o me muero de burnout.
6. Tuve dos años de bloqueo creativo.

Es por eso que decidí tomar una decisión drástica con la sección de los Juzgados de la Vergüenza: Voy a dejar de publicar aquí, y continuaré haciendo las publicaciones en el proyecto «La Dictadura de los Jueces»

¿Qué es la Dictadura de Los Jueces?

La Dictadura de Los Jueces es el nombre de un proyecto colaborativo, escrito a varias manos, que no solo se enfoca en denunciar los errores conceptuales de algunos jueces, sino en casos de acoso laboral al interior de estos despachos. El proyecto surge a raíz de una llamada telefónica que unos funcionarios judiciales me hicieron denunciado que Albeiro Cano Quintero, «albeirito», ahora fungía como Juez en un Juzgado de Santa Marta (Magdalena) y, en palabras de los funcionarios que me llamaron, estaba actuando de manera despótica con ellos. Esto me llevó a revisar el Twitter de Asonal Judicial, y vi que el funcionario judicial está solo en sus denuncias. Muchos de ellos sufren acoso judicial, persecusiones laborales, las condiciones de trabajo no son las mejores y encima la virtualidad solo les trajo problemas. Esto último lo viví de cerca porque dos amigas trabajan en sendos juzgados de Cali, y ambas prácticamente sufren de depresión y ansiedad.

Ahora bien, los artículos de la sección de Los Juzgados de la Vergüenza siempre fueron producto de fallos judiciales que los lectores enviaban de forma anónima. Pero como muchos no eran aptos para ser publicados en esa sección, considero que en este nuevo espacio se fija un criterio sobre qué providencia judicial amerita ser publicada en dicha sección, o cual no.

Otro gran problema es que nadie parece denunciar las irregularidades en torno a los nombramientos de funcionarios en la Rama Judicial, donde la interinidad es rey y muchos malos funcionarios, que accedieron por rosca, quieren aferrarse al cargo con el cuento de que están en embarazo, o son inválidos. Esto ha llevado a que mucha gente que ganó los concursos no esté nombrada en propiedad incluso cinco años después de haberlo ganado.

Y como si fuera poco, ahora resulta que los empleados viejos le están haciendo acoso laboral a los nuevos, como si fueran primiparadas. Tal es el caso de Luis Carlos Montenegro, quien al parecer se suicidó por el acoso laboral que sufrió en un Juzgado de Pereira.

El título del blog se inspira del libro «El derecho de los jueces», de Diego López Medina, que considero una obra muy idealizada y la responsable de que ahora tengamos a un montón de reyezuelos montados en la Rama Judicial, muchos de los cuales resultaron siendo cuotas de Centro Democrático, llegando al extremo de presionar a los funcionarios del Juzgado para que en las pasadas elecciones le consiguieran votos a Federico Gutiérrez, como me contaron de uno en Cali.

En principio, los artículos no tendrán el nombre del autor que los escribió, salvo que lo quiera hacer. Se habilitará un correo para que se envíen providencias judiciales que se quieran denunciar, o grabaciones donde se evidencie acoso judicial, acoso laboral, o sabotaje a abogados por parte de Jueces o Magistrados. En el caso de las grabaciones, se va a proteger a la fuente pero se guardarán sus datos en caso de denuncia.

¿Desaparece el blog «De Hechos y de Derechos?

El blog sigue, pero como algunos perspicaces lo han notado, ahora es un apéndice de mi página personal. En él seguiré escribiendo artículos académicos o recogiendo experiencias sobre cómo afrontar ciertos casos, pero poco a poco iré quitando todo lo concerniente a la sección de los Juzgados de la Vergüenza. La sección Los Juzgados Del Triunfo continuará porque me parece importante que se destaquen los juzgados y Tribunales que hacen un excelente trabajo, pero lejos de las polémicas.

Pueden visitar el blog La Dictadura de los Jueces aquí.

Señor Magistrado, tenga en cuenta:

Si está leyendo esto es porque alguien me denunció por este artículo, por lo que desde ya le voy contando que la falta disciplinaria de injuria no tiene fundamento constitucional, si consideramos que el caso Baraona Bray vs Chile la Corte Interamericada de Derechos Humanos deja claro que:

(…) en el caso de un discurso protegido por su
interés público, como son los referidos a conductas de funcionarios públicos en el ejercicio de
sus funciones, la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es
convencionalmente procedente para proteger el honor del funcionario. Ahora bien, en cada caso
concreto la calificación de un discurso como de interés público depende de la ponderación de tres
elementos -subjetivo, funcional y material-, lo que otorga a los jueces penales un considerable
margen de discrecionalidad. Esto significa que dicho análisis no puede producirse de forma
previa a que se haya acudido a la vía penal, pues una decisión de este tipo sólo tiene lugar con
posterioridad a que se haya iniciado un proceso penal. Así, aunque la autoridad judicial
competente se pronuncie por la inaplicabilidad de la sanción penal, ya se habría producido el
efecto amedrentador que afecta la libertad de expresión.

En vista de lo anterior, en el presente caso el Tribunal consideró necesario continuar en la
senda protectora del derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 13 de la
Convención, en el entendido de que, cuando se trata de delitos contra el honor que implican
ofensas e imputación de hechos ofensivos, la prohibición de la persecución criminal no debe
basarse en la eventual calificación de interés público de las declaraciones que dieron lugar a la
responsabilidad ulterior, sino en la condición de funcionario público o de autoridad pública de
aquella persona cuyo honor ha sido supuestamente afectado. Agregó que, de esta forma, se
evitaría el efecto amedrentador («chilling effect») causado por la iniciación de un proceso penal,
así como sus repercusiones en el disfrute de la libertad de expresión, y el debilitamiento y
empobrecimiento del debate sobre cuestiones de interés público. Con ello, se salvaguarda de
forma efectiva el derecho a la libertad de expresión, ya que, al descartar de forma inmediata la
posibilidad de iniciar un proceso penal, se evita el empleo de este medio para inhibir o desalentar
las voces disidentes o las denuncias contra funcionarios públicos.

En su lugar, exija al funcionario que pida la rectificación, si lo cree necesario.