Supongamos que usted tiene una deuda con un Banco X (puede ser Av Villians, que siempre lo uso para mis ejemplos). Actualmente se encuentra al día con las cuotas y, como todos los seres vivos, cree que tiene la vida comprada.
El problema es que usted se acaba de dar cuenta que tiene cáncer terminal, no va a poder seguir trabajando porque el tratamiento le va a consumir todo su tiempo de vida, y su Banco, que antes lo idolatraba por su buen manejo crediticio, ahora le está cobrando con insultos ese dinero, sin entender su actual situación médica.
¿Quiere saber qué puede hacer en estos casos? Pues siga leyendo.
Pero Doctor, yo sé que pagué un seguro junto con las cuotas mensuales del Banco. Es obvio que debo pedir la activación de ese seguro ahora que estoy enfermo, ¿No?
Pues esa es una verdad a medias. Es cierto que usted, como todos los deudores del sistema financiero, en ALGUNOS CASOS paga un seguro (sea de vida o solamente de todo riesgo) para amparar el pago de los créditos cada vez que se endeuda. Esto es más común con las tarjetas de crédito, u otros créditos de libre inversión que no tienen una garantía real.
En teoría, bastaría con que usted solicite el amparo en caso de enfermedad, para que así la obligación se pague y usted pueda seguir con su vida. Sin embargo, esto es lo que ocurre en la práctica:
- Mucha gente desconoce que existe ese seguro, y se dejan mangonear de los bancos al momento de no poder pagar ese dinero.
- Aún si conoce que existe el seguro, las personas se dejan mangonear de las aseguradoras, que siempre se lavan las manos diciendo que todo es una «preexistencia»
- Se ignora que, en aplicación del Principio de Solidaridad, la Corte Constitucional ha establecido que el Banco ni siquiera debería cobrarle las deudas a los deudores con enfermedades terminales. O por lo menos, eso es lo que ha insinuado en las sentencias T, 1165 de 2001, T-1018 de 2010, T-086 de 2012 y T-342 de 2013, sólo por citar algunas.
Por tanto, partiendo de esta información usted fácilmente entenderá que al pedir la activación del seguro de una obligación al Banco hará que usted se vea como Oliver Twist cuando le pidió más colada al director del Hospicio: Sabe que tiene razón en pedir lo que le corresponde por derecho, pero igual lo verán como un niño muerto de hambre e insolente que está mordiendo la mano de quien le da de comer (que es más o menos lo que un banco piensa de sus clientes).
Lo anterior se traduce simplemente en que estas peticiones hay que hacerlas bien, por lo que voy a darle unas pequeñas pautas para que lo haga (lea: https://munozmontoya.wordpress.com/2019/02/19/la-accion-de-tutela-si-procede-para-reclamar-seguros-pero-solo-en-estos-casos/):
Todo parte de tener un buen diagnóstico: Una cosa es estar enfermo, y otra cosa estar incapacitado para trabajar. Lo primero se lo diagnostica su médico, y hasta usted mismo. Lo segundo hay que hacerlo bien. Y en Colombia sólo hay dos entidades que determinan si usted está incapacitado laboralmente: Una es Medicina Legal (en el caso de delitos y por requerimiento judicial) y la otra es la Junta de Calificación de Invalidez. Tenga esto muy en cuenta, porque si usted pretende reclamar esos seguros de deudores con una mera incapacidad de la EPS ya la cagó de entrada.
Hay que hacer una petición al Banco, de las buenas. Apenas le diagnostiquen, y tenga certeza de que la incapacidad es permanente, deberá presentar al Banco la reclamación del seguro, para que ellos se encarguen de iniciar el trámite ante la aseguradora. En este punto, dos cosas pueden pasar:
Que la aseguradora le conceda el amparo: En cuyo caso descanse tranquilo.
Que no le concedan el amparo: En este caso eso suele ocurrir porque, según la aseguradora, usted ya tenía esa enfermedad desde antes. Eso es lo que ellos llaman preexistencia. Bajo esta excusa chimba, las aseguradoras niegan los amparos porque insinúan que usted no fue honesto con ellos al momento de tomar la póliza, de tal suerte que ya tenía la enfermedad y omitió revelar ese hecho. En este caso, como lo más probable es que a usted nunca le han hecho exámenes, debe tener en cuenta que LA CARGA DE LA PRUEBA DE LA PREEXISTENCIA LA TIENE LA ASEGURADORA, NO EL BENEFICIARIO. Y es obvio, si la Aseguradora dice que usted ya estaba enfermo, debe probar que así era, y no simplemente ir negando amparos porque sí. Así que si esto le está pasando a usted, siga leyendo.
Si le niegan el amparo, usted puede seguir dos caminos:
El camino largo y el corto. Obviamente el camino corto es iniciar una acción de tutela, invocando los antecedentes jurisprudenciales que le acabé de dar. El más emblemático es la Sentencia T-1018 de 2010, que es la piedra angular para estos reclamos. En esa sentencia, Bancolombia, o más bien la aseguradora que contrató esa entidad para amparar las deudas del accionante, iba a ser condenada a resolver la situación de un anciano enfermo terminal que además estaba registrado como desplazado. Sin embargo, y de seguro para evitar que hubiera un precedente, Bancolombia le condonó la deuda al accionante, llevando a la Corte Constitucional a declarar como hecho superado esta situación, pero advirtiendo que de no haberlo hecho concederían el amparo constitucional.
¿Y el camino largo? Iniciar una demanda civil de reclamación de seguro, vinculando a la aseguradora como demandada y al Banco como tercero garante (o al revés, no recuerdo). Obviamente, esto lo pongo sólo con fines informativos, ya que la tutela en este caso es más que suficiente. Tal y como lo estableció la Corte Constitucional en la Sentencia T- 1018 de 2010, cuando dijo lo siguiente:En lo referente al fondo del asunto y específicamente en lo relacionado con el otorgamiento del crédito de consumo al actor (f. 6 cd inicial) y del seguro que lo amparaba, se aprecia que se está en presencia de un contrato vigente, suscrito en 2004, con 36 meses de plazo para el pago; en agosto de 2005 quedaban 22 cuotas pendientes, lo que permite observar que el banco llevaba 14 meses recibiendo los abonos a que se había comprometido el actor. Así, a pesar de que es a la jurisdicción civil ordinaria a la que le correspondería resolver la controversia que de allí surge, en el caso concreto emerge una excepción, por tratarse de un anciano cubierto por un seguro de vida grupo de deudores, que se halla incapacitado y gravemente enfermo, viviendo con su esposa y 3 hijos y percibiendo pensión de vejez de aproximadamente $950.000, luego de descuentos y deducciones legales, acreditándose luego que él y miembros de su grupo familiar se encuentran inscritos en el sistema único de registro de la población desplazada (f. 45cd. Corte).
Este argumento fue secundado posteriormente en recientes fallos, como en la Sentencia T-342 de 2013:La Corte reiteradamente ha señalado que uno de los factores de procedencia de la acción de tutela, radica en la inexistencia o ineficacia del medio de defensa judicial ordinario, situación que podrá determinarse por el juez de tutela en el caso concreto, apreciados los hechos y el material probatorio correspondiente. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución somete la acción de tutela al principio de subsidiariedad, esto es, que el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa, salvo cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En desarrollo de la norma superior, en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 fueron consagradas las causales de improcedencia de la acción de tutela. Sin embargo, la Corte Constitucional ha sostenido que existiendo fundamento fáctico para otorgar el amparo, la tutela puede ser procedente si el medio de defensa judicial común no es eficaz, idóneo o expedito para lograr la protección y ésta llegaría tarde, encontrándose la persona en una circunstancia de debilidad manifiesta, o en insubsanable apremio en su mínimo vital.
¿Las aseguradoras están robándole a los usuarios del Sistema Financiero con estos seguros?
En mi concepto, sí. Esto se debe a que estas entidades se aprovechan del desconocimiento que tienen los deudores del seguro, lo cual les permite aumentar sus ganancias sin tener que responder jamás por situaciones frente a las cuales están obligados a hacerlo.
Al menos esto se desprende de la lectura de un interesante artículo de la Revista Portafolio, en el cual se indicó que «Por esa falta de conocimiento, las personas pierden no solo dinero, sino muchas veces oportunidades de atención en salud y en emergencias», dijo Patricia Jaramillo, de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros (Acoldese).
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Abogado Juan Carlos Muñoz Montoya 
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