Etiqueta: Conciliación

La ley de financiamiento y los beneficios para los deudores de la UGPP y la DIAN: Conciliación Administrativa

Beneficios Ley de Financiamiento

Fundamento legal: Artículos 100 y 101 de la Ley 1934 de 2018.

Después de muchos devenires, la Ley De Financiamiento (Ley 1934 de 2018) fue aprobada el 28 de diciembre de 2018. Esta ley fue muy criticada, como muchos ya saben. Incluso generó mucho malestar entre la población que, en un principio, la vio como una amenaza a su estilo de vida (principalmente por los impuestos a la canasta familiar que pensaban implementar inicialmente).

Sin embargo, en sus artículos 100 y 101 encontramos dos beneficios que muchos van a agradecer, en especial porque en el anterior gobierno se dio una cacería de deudores al sistema de seguridad social, del cual ya hablamos en este espacio.

Estos beneficios son dos:

  1. Conciliación Administrativa en Materia Tributaria.
  2. Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos, tributarios, aduaneros y cambiarios.

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Señor Conciliador: Mucho cuidado con lo que está aprobando

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La Corte Constitucional acaba de dejar claro que una Conciliación jamás debe vulnerar derechos fundamentales:

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Señores conciliadores en insolvencia: Mucho cuidado con la forma en que llevan las audiencias.

conciliador en insolvencia

Al menos en Cali, las Insolvencias de Persona Natural No Comerciante se están tramitando a las patadas. Como si no fuera preocupante que que algunos conciliadores no estén lo suficientemente comprometidos con su papel, muchas audiencias de negociación de deudas se están enviando a los jueces civiles municipales para que estos se pronuncie sobre unas famosas “controversias”, las cuales no existen en la ley y por ende no se les debería dar trámite, so pena de incurrir en alguna falta disciplinaria.

Con este escrito quiero abrir el debate sobre esas controversias, y exponer las gravísimas consecuencias que puede enfrentar un conciliador de continuar permitiendo que un régimen tan garantista, pero sobre todo, tan claro, se esté prostituyendo al darle lugar a semejante despropósito. Para ello optaré por exponer lo sucedido en forma de preguntas que voy a responder con fundamentos de derecho lo suficientemente contundentes como para que no se repitan. O por lo menos, para dejar en claro que en mis audiencias dichas controversias no son bienvenidas.

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Requisitos, Inhabilidades, Impedimentos y recusaciones del Conciliador

Comparto este artículo por su relevancia, en especial, por estar relacionado con mi labor como Conciliador en Insolvencia, como quiera que a nosotros los conciliadores nos aplica este mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

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El Decreto 1829 de 2013 puede ser declarado inexequible.

Hace un par de meses hablé del Decreto 1829 de 2013 y de como modificó las tarifas para las conciliaciones en Derecho. Pero también hice un comentario acerca de dicho Decreto indicando que “ese Decreto fue redactado por los mismos mensos que redactaron el Decreto que reglamentó el Procedimiento de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante, ya que tiene aspectos preocupantes que podrían costarle su exequiblidad”. Pues bien, uno de esos aspectos preocupantes es el de la prohibición de no realizar conciliaciones a prevención.

Al respecto, el Doctor Elbert Araujo Daza me escribe este correo que deseo compartir con ustedes por considerarlo pertinente para este debate:

SOY CONCILIADOR COMO TU Y HE LEIDO TU BREVE NOTA SOBRE LA REDACCIÓN DEL DECRETO 1829 DE 2013, SOBRE LA REGLAMENTACIÓN QUE HACE SOBRE EL ARTICULO 16 DE LA LEY 640 DE 2001, QUE PUGNA CON LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE SE HICIERA PARA SU EXPEDICIÓN, QUE LA LINEA INSTITUCIONAL DE DICHO MINISTERIO RESUMIÓ EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

(…)

si se consulta la voluntad de nuestro legislador al expedir la Ley 640 de 2001, expresamente quiso ampliar la oferta de los operadores de la conciliación en Colombia porque eran insuficientes, como quedó consignado en la ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 148 de 1999 Senado, 304 de 2000 Cámara de la siguiente manera:

"además de los funcionarios conciliadores, se promoverá un giro estructural en el manejo de los conflictos a través de la posibilidad de que los abogados en ejercicio puedan actuar como conciliadores desde sus oficinas, previa capacitación sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos que los habilite para el ejercicio de tan importante misión y bajo la égida de los centros de conciliación que, en adelante, cambiarán su actual concepción para convertirse en la célula de un sistema más amplio de solución de conflictos a través del mecanismo conciliatorio."

Así las cosas, para este Ministerio, es suficiente aplicar un criterio de interpretación histórico del Artículo 16 de la Ley 640 de 2001 y concluir que es permitido y jurídicamente autorizado realizar audiencias de conciliación por fuera de las instalaciones de los centros de conciliación por parte de los abogados conciliadores cuando las partes lo habilitan…

EN ESTE ORDENDE IDEAS, CONSIDERAMOS QUE AL REGLAMENTARSE EL ARTICULO EN MENCIÓN, LA NORMA EN REFERENCIA VIOLA OBSTENSINLEMENTE LA QUE PRETENDE REGLAMENTAR, POR LO CUAL ES PERTINENTE SU REVOCATORIA…

LO ANTERIOR ES UNA INQUIETUD QUE QUIERO COMPARTIR CON CONCILIADORES DE ESA PARTE DEL PAIS DONDE ESTAS Y APROVECHO TU SENTIDO CRITICO PARA HACERLO EXTENSIVO A  LOS QUE SEAN CRITICOS TAMBIEN  DE LA DISPOSICIÓN, QUE RESTRINGE ESTE MECANISMO, PARA FAVORECER LOS INTERESES ECONOMICOS DE LOS CENTROS, YA QUE ADEMAS, EN ADELANTE, EL PAGO DE LA CONCILIACIÓN  VA A SER A TRAVES DE DICHOS CENTROS, QUIENES PODRAN REGULAR EL PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL CONCILIADOR…

ELBERT ARAUJO DAZA

El doctor Araujo tiene toda la razón en mi opinión. Y hay que añadir que quienes redactaron este Decreto de marras, en su afán por adaptar el procedimiento conciliatorio a unas normas técnicas que buscan estandarizar todo el procedimiento, olvidaron que el fin de la conciliación es la resolución de conflictos de manera expedita y sin los formalismos y sobrecostos que implican acudir a la jurisdicción ordinaria, de tal suerte que en su afán estúpido de estandarizar el procedimiento conciliatorio terminaron por desfigurar su finalidad y convertir los Centros de Conciliación en otro juzgado (lo que prácticamente ocurre con los Centros de Conciliación que actualmente tramitan Insolvencias de Persona Natural No Comerciante).

Nuevas tarifas máximas para los centros de Conciliación

Hace poco salió el Decreto 1829 de 2013. Por lo poco que he leído, creo que ese Decreto fue redactado por los mismos mensos que redactaron el Decreto que reglamentó el Procedimiento de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante, ya que tiene aspectos preocupantes que podrían costarle su exequiblidad.

Pero de ello hablaremos luego, porque lo interesante, por ahora, son las tarifas, ya que ahora quedarán así según el artículo 26 de ese Decreto:

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El mismo decreto establece que la tarifa máxima que puede exigir un Centro de Conciliación son 30 Salario Mínimos.

Nótese que la tarifa está calculada en SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS. Es decir, para calcular dicha tarifa debe partir de dividir el valor del Salario mínimo por 30.

Espero que les sirva para cuando deban solicitar una Conciliación en algún Centro de Conciliación.

Otros usos para la conciliación extrajudicial

conciliacion extrajudicialLa Ley 640 de 2001, y otras leyes anteriores, concibieron la Conciliación como un método alternativo para resolver conflictos, pero la creatividad de los colombianos y los padres de la patria (con su voraz y poco práctico afán de expedir leyes inútiles) le permitieron convertirla en algo mas.

Y es que las palabras mágicas que permiten que esto suceda se llaman “primera copia” y “presta mérito ejecutivo”. Gracias a ellas con un Acta de Conciliación usted puede hacer lo siguiente:

  • Declarar la unión marital de hecho: aunque suene increíble, pero es cierto. Con un Acta de Conciliación usted puede declarar la existencia de su vinculo emocional con su pareja, e incluso declarar la existencia de la sociedad patrimonial de hecho el los términos de la Ley 54 de 1990, Si no me cree revise el Artículo 2 de la Ley 979 de 2005. Además, esta declaración de la unión marital de hecho también aplica para las parejas del mismo sexo gracias a la Corte Constitucional (así le duela al Senador Gerlein y a todos los trogloditas que lo apoyan). (ver mas sentencias sobre ese tema aquí)
  • Revivir obligaciones prescritas: Este es un uso un poco perverso, pero es el más usado por las casas de cobranzas expertas en cobrar créditos de Bancos que ya no existen. Para ello usted necesita que su deudor tenga miedo e ignore las consecuencias de firmar un Acta de Conciliación referente a sus deudas. (por eso amigo deudor, nunca firme algo que no sea un paz y salvo si su deuda ya tiene mas de 5 años). Este aspecto aplica también en materia laboral, donde todo prescribe en 3 años. En materia laboral sólo basta con solicitar la cita para la conciliación ante un Inspector de Trabajo de su ciudad.
  • Protocolizar contratos verbales: En Colombia los contratos pueden ser verbales o escritos según la Ley. Sin embargo, como en el país se presume la mala fe de las personas, los contratos verbales sólo se limitan a las compraventas que realizan las tiendas de barrio y similares, por lo cual todos los grandes negocios que se celebran entre particulares se deban hacer por escrito. Esto no siempre sucede (ejemplo típico: venta de vehículo con traspaso abierto), y por ello un Acta de Conciliación permite “crear” ese contrato escrito al declarar su existencia.
  • Traspaso de bienes inmuebles: en tónica con el punto anterior, un acta de conciliación puede ser un gran reemplazo para un contrato de compra y venta. Sin embargo, se deben cumplir con los requerimientos del parágrafo 1 del Artículo 4 de la Ley 1579 de 2012 o de lo contrario esto no surtirá ningún efecto.
  • Traspaso de bienes muebles: Aunque no encontré el marco legal que lo permita, asumo que también puede traspasarse un bien mueble mediante acta de conciliación, especialmente los carros. Tenga en cuenta que si el objeto se encuentra sujeto a registro debe cumplir con ese requisito para que tenga efecto, o no surtirá ningún efecto.
  • Evitar ir a la cárcel: si el delito es querellable, la Fiscalía está obligada a citar a las partes a conciliar, tal como lo ordena el Artículo 522 del Código de Procedimiento Penal. En este caso si que aplica ese dicho de “es mejor un mal arreglo que un buen pleito”, ya que ese mal arreglo lo salva a usted de tener que recoger el jabón en el baño de la cárcel. No olvide que la lista de delitos querellables se encuentra en el Artículo 74 del Código de Procedimiento Penal.
  • Terminar procesos de manera ágil: En todas las etapas del proceso (concretamente, de los procesos civiles), las partes pueden conciliar sus diferencias y dar por terminado el proceso. Para ello deben comunicarlo al Juez para que este declare la terminación del proceso. Pero seamos realistas. Esto pocas veces ocurre, a menos que alguna de las partes tenga una prueba irrefutable a su favor. Ideal para aquellos que encontraron una prueba contundente que ya no pueden aportar al proceso y no quieren ir a segunda instancia.
  • Fijar cuotas alimentarias: mucho cuidado, señor padre irresponsable, porque todo funcionario que conozca de una conciliación en la cual se afecten los intereses de menores de edad deberá definir la fijación de una cuota alimentaria si aun no está definida. Para evadir este bochornoso acontecimiento, es mejor realizar el ofrecimiento voluntario de alimentos, de lo cual ya hemos hablado en este blog.

Si alguien conoce otro uso para la Conciliación extrajudicial, que me lo diga.