Como existen personas que temen denunciar a alguien penal, o disciplinaria, por las represalias que dicha denuncia generaría en caso de ser desestimadas por el ente investigador competente, comparto este artículo de Ámbito Jurídico bastante interesante.
Jenny, una comentarista de este blog, me hizo esta pregunta, referente a los procesos monitorios, que hoy intentaré responder:
BUENOS DIAS DOCTOR, UNA PREGUNTA QUE PASA SI LA OBLIGACIÓN SUPERA LOS 40 SMLV SE PUEDEN HACER DOS O VARIOS PROCESOS MONITORIOS CON EL PROPÓSITO DE FRACCIONAR DICHA CIFRA, SIN QUE EL JUZGADO RECOPILE TODA LA INFORMACIÓN Y DEJE UN SOLO PROCESO
Con la promulgación de la Ley 1801 2016, se hace necesario hablar de este nuevo Código porque afectará de sobremanera muchas actividades de nuestro día a día.
Leyendo el Informe de Conciliación al Proyecto de Ley 256 de 2016 Cámara, 99 de 2014 Senado, me acabo de llevar una grata sorpresa con lo que se viene en el nuevo Código de Policía, que no es nada menos que el reconocimiento por parte del Estado Colombiano de que la prostitución es una actividad legal y que requiere especial protección del estado
La nueva Ley de costos financieros (Ley 1793 de 2016) de entrada le garantiza a usted los siguientes derechos frente a los bancos (cuando abra, o si tiene, cuentas de ahorro):
Mediante la sentencia de unificación SU-108 de 2016, la cual aún no ha sido expedida sino que fue dada a conocer vía comunicado de prensa, la Corte Constitucional estableció lo siguiente:
ATENCIÓN: Este es un blog jurídico, y por ende este tema se aborda desde esta perspectiva. Si usted es de los clásicos Uberlievers que defiende a su amada aplicación sólo porque prestan un buen servicio, los taxistas son malos y Uber es bueno, y no le importa la regulación sino que lo dejen tranquilo con su Uber, pues le cuento que este artículo NO es para usted.
Por ende, le pido de manera cordial que si va a aportar su opinión al respecto, por lo menos lea el artículo para que se de cuenta que aquí no se habla de si Uber debe, o no debe, prohibirse. Creeme, eso le servirá para no hacer el ridículo como el sujeto que comentó este artículo primero.
Uber es un fiasco. Y no lo digo porque esté operando bajo un marco de ilegalidad por culpa del gobierno (que ha fallado no sólo en no regularlos sino además en permitir que operen como lo hacen actualmente) sino por la forma en que opera en Colombia y la forma en que traslada el riesgo de sus usuarios a sus conductores.
Por lo anterior, es que el tema de Uber va más allá de la clásica discusión de la «economía colaborativa» y de si el «maléfico» estado debe permitir todos los emprendimientos de este tipo, so pena de parecer un país atrasado tecnológicamente: Estamos frente a un debate con relevancia jurídica que debe abordarse a partir de la legislación actual, a fin de conocer exactamente cuál es la posición de este tipo de servicios en Colombia y las implicaciones jurídicas de su operación irregular.
Mientras que los derechos de los homosexuales enfrentaron duras batallas legales que, afortunadamente y luego de muchos años, terminaron con la aprobación del matrimonio igualitario y la adopción por padres del mismo sexo, sorprende lo fácil y silenciosamente que en este país las relaciones poliamorosas, bien sea por acción o por omisión, han gozado de la relativa protección del Estado Social de Derecho, lo que a su vez demuestra que para que en Colombia las libertades civiles reciban el apoyo de la ciudadanía basta con no hacerles prensa y enfocar las noticias de manera diferente para que los retardatarios (perdón, los religiosos) no se atraviesen como mulas muertas en el camino, como suele suceder.
Hoy les hablaré de estas uniones, describiendo qué son, el trato que han tenido por parte del Estado en los últimos años, y los derechos y deberes que tienen quienes viven bajo este tipo de relaciones.
En los trámites de insolvencia se está discutiendo actualmente a qué clase de prelación legal pertenecen los honorarios de los abogados. Muchos, incluyendo el Tribunal Superior de Cali, han llegado a la conclusión que estos honorarios hacen parte de la quinta clase, y no de la primera como lo son los demás créditos laborales.
Pues hoy vengo a decirles que se equivocan quienes piensen así, y les voy a decir porqué:
Esta Anécdota, sin ningún tipo de utilidad jurídica, la pongo simplemente para que cada uno de ustedes haga el ejercicio mental de preguntarse «Qué hubiera pasado si…».
En lo personal, la misma nos pone a pensar sobre la legitimidad de la actual constitución, y de si la misma no habrá sido el producto de la improvisación.
Como las formas de adquirir la nacionalidad colombiana han sido uno de los temas más recurrentes en este espacio, creo que es justo y necesario que yo lo amplíe un poco para despejar las dudas que tienen muchas personas interesadas en ser ciudadanos de este país (especialmente los venezolanos). Para ello, lo mejor es hablar de las visas, la forma en que se obtienen y la función que cumplen para adquirir la nacionalidad colombiana.
Ya en este espacio hemos hablado de manera considerable sobre las centrales de riesgo, el tiempo máximo que se permanece en ellas y la forma en la cual usted puede ser retirado. Pero hasta ahora sólo nos hemos referido a las tres centrales de riesgo que hay en Colombia (bueno, son dos y medio, porque Procrédito, aunque es más antigua que Datacredito, parece que sólo sirve a ciertos sectores determinados).
Pero hasta ahora se me olvidó hablar de una cuarta central de riesgo, quizá la más importante y la más fácil de consultar de todas: El Boletín de deudores Morosos del Estado.
A veces, en mis tiempos libres, entro a Youtube para desestresarme viendo estupideces que me hagan reír un poco. Y entre esa búsqueda terminé llegando a un canal de Youtube de un abogado tolimense (el que publicó el triste video de la loca desesperada que peleaba con su marido en plena calle porque llevaba a la amante en el carro) que publicó este extracto de una audiencia en donde le faltaron al respeto:
David Kostenwein, urbanista Vienés, ha escrito este artículo que hoy quiero compartirles porque tiene una incidencia directa en la manera como se legisla en materia urbanística en Colombia. Además que sus conclusiones son de mucha utilidad al momento de diseñar una política criminal en Colombia.
Los Patios es en Municipio de Norte de Santander tan pequeño, que podría decirse que no es más que una parada de camiones hecha municipio. Por lo cual me sorprendió saber que tiene MÁS DE UN JUZGADO civil Municipal, y no un sólo juzgado promiscuo, como ocurre en muchas ciudades pequeñas.
Actualmente, y por cuenta del cierre de la frontera, la situación económica que afronta el municipio no es la mejor, y por ello algunos de sus habitantes enfrentan demandas ejecutivas y el remate de sus bienes por el impago de sus deudas. Es una crisis social que, si bien no es excusa para que se dejen de aplicar las normas, debería ser tenida en cuenta por los operadores judiciales al momento de fallar, en cumplimiento del preámbulo y del artículo 1 de la Constitución Política de 1991.
Pero hoy no venimos a hablar de este municipio, y su desafortunado nombre, sino de su Juzgado Primero Civil Municipal: Un Juzgado en el que los abogados pensamos tan poco que, muy seguramente, si vamos a los Patios lo confundiremos con la Notaria.