Mediante la sentencia de unificación SU-108 de 2016, la cual aún no ha sido expedida sino que fue dada a conocer vía comunicado de prensa, la Corte Constitucional estableció lo siguiente:
Ayer me pasó algo que demuestra que los Jueces Civiles en Cali, o están muy mal preparados, o ni siquiera están leyendo lo que se les solicita en una acción de tutela. Un Juez de segunda instancia le negó a mi cliente una acción de tutela, al confirmar la sentencia de primer instancia pero basándose exclusivamente en unas lecciones de moral donde quiso jugar a ser el papá de mi cliente en lugar de hacer su trabajo.
Como detesto las injusticias, pero sobre todo, la estupidez humana, simplemente no pude quedarme quieto sabiendo que a mi cliente le están negando sus derechos de esta manera tan burda. Por ello, me di a la tarea de averiguar qué más podía hacer, y esto fue lo que encontré:
Continue reading “Lo que debe de hacer si le niegan una tutela en primera y segunda instancias”
¿Recuerdan que en diciembre (si mal no recuerdo) levantaron el requisito de la visa Schengen a los colombianos? Pues como muchos compatriotas se han ido “a la loca” a conocer el viejo continente y se han estrellado, no sobra compartir algunas recomendaciones que nos da la Cancillería para no tener contratiempos.
Continue reading “Tenga esto presente si piensa viajar a Europa”
(Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia STC- STC 167732015 (17001221300020150024602) – 12/4/2015)
La Sala Civil de la Corte Suprema reiteró que las situaciones en las que es procedente el resguardo constitucional por mora judicial son aquellas en las que sea evidente el comportamiento “desidioso, apático o negligente de la autoridad vinculada”, y no cuando esta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas. En ese sentido, deberá verificarse que la expedición de la providencia haya cumplido con la prelación y el orden en resolver los procesos de que tratan el artículo 6º de la Ley 472 de 1998 y el numeral 6º del artículo 37 del Código de Procedimiento Civil. La protección del derecho fundamental se circunscribe a la verificación objetiva de su calificación entre justificada e injustificada, agregó, pues si existe alguna de las causales de justificación, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podrá predicarse la violación del derecho al debido proceso (M.P. Álvaro Fernando García).
Tomado de Legis.com (con acceso al 7 de enero de 2016)
Este artículo lo tomo de Ámbito Jurídico por ser muy interesante, además de tratarse de dos artículos en uno solo.
Continue reading “El precedente judicial obligatorio y sus falacias”
El Acto Legislativo 2 de 2015 modificó la Constitución y adoptó una supuesta reforma al equilibrio de Poderes. Lo cierto es que he estado leyendo el Acto Legislativo y no sólo no veo ninguna reforma más allá del cambio de nombre, sino que además encuentro con muchísima preocupación que la misma está llena de adefesios que terminan concentrando el poder en pocas manos.
No obstante, ustedes como lectores son quienes se deben formar un criterio sobre esta reforma y sacar sus propias conclusiones. Es por ello que les recomiendo leer El Acto Legislativo, aunque también los invito a leer este artículo en el cual les comparto diez cosas interesantes que encontré mientras lo leía
Continue reading “Diez datos interesantes sobre la Reforma de Equilibro de Poderes”
¿Qué es la Tarjeta Andina Migratoria -TAM-?
Es un documento de control migratorio de carácter estadístico y de uso obligatorio cuando se encuentra acompañado del documento de identidad; para el ingreso y salida de personas del territorio de los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones -CAN- (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) y del Mercado Común del Sur -MERCOSUR- (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile), ya sea por sus propios medios o utilizando cualquier forma de transporte.
Su uso no excluye la presentación del pasaporte, visa u otro documento de viaje previstos en las normas nacionales o comunitarias, así como en los convenios bilaterales vigentes.
¿Qué requisitos se necesitan para solicitar una Tarjeta Andina Migratoria -TAM-?
a) Ser Ciudadano Nacional o Residente en el territorio de los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones -CAN- (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) o del Mercado Común del Sur -MERCOSUR- (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile como país asociado).
b) Acercarse personalmente al Puesto de Control Migratorioy presentar el Documento Nacional de Identificación (DNI) del país miembro de la CAN o del MERCOSUR.
c) Si es menor de edad, el representante legal o acompañante debe presentar el Registro Civil de Nacimiento del Menor o documento que corresponda.
d) Diligenciar el formatoTarjeta Andina Migratoria -TAM
Nota:
La Tarjeta Andina Migratoria -TAM- debe ser conservada durante toda su estadía en Colombia ya que su presentación es requisito indispensable para la salida del país.
Descargar TARJETA ANDINA DE MIGRACIÓN – TAM
Las demandas de inconsitucionalidad son muy útiles y son, por mucho, la verdadera representación del derecho académico en el derecho real (intenté explicar esa diferencia en este artículo). Además, permiten depurar del ordenamiento jurídico toda norma contraria a la Constitución (Si la constitución es norma de normas, entonces ¿por qué más bien no nos regimos de una vez por ella y el resto que lo resolvamos sólo con la costumbre?).
Pero a veces ocurre que uno como abogado encuentra una norma vigente que es contraria a la carta magna, pero no sabemos cómo iniciar la demanda de Constitucionalidad. Por suerte, la Corte Constitucional nos explica cómo hacerlo.
PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR DEMANDAS DE CONSTITUCIONALIDAD
1. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA:
Lo primero para resaltar es que las demandas de inconstitucionalidad pueden ser presentadas por cualquier ciudadano en ejercicio que considere que determinada ley o decreto con fuerza de ley viola la Constitución Política. Es preciso aclarar que para presentar una demanda no se requiere ser profesional, ni tener una preparación especial, por lo tanto, cualquier ciudadano por el sólo hecho de serlo, puede ejercer la acción pública de inconstitucionalidad. Entre los requisitos que se exigen para formular una demanda de inconstitucionalidad, se encuentra el de hacer una presentación personal ante cualquier notaría, despacho judicial o ante la misma Corte Constitucional donde se exhiba el documento de identificación para acreditar la condición de ciudadano colombiano. Además, el escrito contentivo de la demanda debe ser presentado por escrito, en duplicado y debe contener lo siguiente, según lo dispone el artículo 2º. Del Decreto 2067 de 1991:
1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas.
2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas.
3. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados.
4. Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado, y
5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.
2. RADICACIÓN Y REPARTO:
Luego de que la demanda ha sido presentada o recibida en Secretaría General, se procede a su RADICACIÓN, para su posterior REPARTO que se efectúa en Sala Plena, por sorteo, con la presencia de todos los Magistrados y de la Secretaria General de la Corte. Repartida la demanda el Magistrado Ponente cuenta con diez (10) días para adoptar alguna de las siguientes decisiones:
2.1 Admitir la demanda, cuando reúne todos los requisitos.
2.2 Inadmitir la demanda, cuando no reúne alguno de los requisitos. En éste evento, se le concede al demandante el término de tres (3) días a partir de la notificación por estado, (fijado en la Secretaria y publicado en la página web), para corregir la misma, según las indicaciones que se dieron en el respectivo auto (Artículo 6º Decreto 2067 de 1991).
2.3 Rechazo de la demanda, que se presenta cuando el actor no corrige su escrito de demanda una vez ha sido inadmitida, cuando recaiga sobre una norma que ya ha sido estudiada con anterioridad (cosa juzgada) o cuando se demandan normas para las cuales la Corte carezca de competencia (Art. 6º. Decreto 2067 de 1991). Presentada esta situación el demandante cuenta con tres (3) días siguientes a partir de la notificación por estado, para presentar recurso de súplica, el cual es enviado al Magistrado que siga en orden alfabético a quien dictó el auto de rechazo, para que elabore ponencia dentro de los diez (10) días siguientes, la cual, posteriormente, es estudiada por la Sala Plena sin la intervención del Magistrado Ponente del auto objeto de recurso (Artículo 48 del Reglamento Interno de la Corte).
3. TRÁMITE CUANDO LA DEMANDA ES ADMITIDA
3.1 Notificación del auto, comunicaciones, pruebas y fijación en lista Una vez el Magistrado Sustanciador admite la demanda, el auto es entregado en la Secretaría General, quien procede a su notificación mediante estado y, transcurridos tres (3) días cobra ejecutoria. El Magistrado, en el mismo auto admisorio puede ordenar que se practiquen las pruebas que sean conducentes, en el término de diez (10) días, una vez estas son evaluadas y se encuentra suficiente el material probatorio, se continúa el trámite del proceso. Si se hubieren decretado pruebas, vencido el término respectivo, se procede a fijar en lista la demanda por el término de diez (10) días durante los cuales podrá intervenir cualquier persona o entidad en defensa o impugnación de la norma (art. 7º del Decreto 2067 de 1991). Adicionalmente, el Magistrado deberá comunicar al Presidente de la República o al Presidente del Congreso, según quien haya dictado la norma, acerca de la iniciación del proceso, para que, por escrito, indiquen las razones que justifican la constitucionalidad de la norma; igualmente, podrá ordenar la comunicación a los organismos o entidades del Estado que participaron en la elaboración de la misma con el objeto de que dentro de los 10 días siguientes presenten los argumentos que justifican su constitucionalidad (artículos 244 de la C.P. y 11 del Decreto 2067 de 1991).
3.2. Traslado al Procurador General de la Nación Admitida la demanda, o vencido el término probatorio, el Magistrado Sustanciador ordena dar traslado al Procurador General de la Nación por el término de treinta (30) días que se cuentan a partir del día siguiente en que se entrega la copia del expediente al Procurador, con el fin de que rinda su concepto. El cómputo de este término se hace simultáneamente con el de la fijación en lista (Artículo 7º del Decreto 2067 de 1991).
3.3. Registro de Proyecto de Fallo Vencido el término para que el Procurador rinda concepto, el Magistrado sustanciador cuenta con treinta (30) días para registrar proyecto de sentencia que es entregado en la Secretaría General, el cual es repartido a los demás Magistrados para su estudio y tiene reserva por espacio de cinco (5) años (artículos 8º y 19 del Decreto 2067 de 1991).
3.4. Sentencia Luego de registrado el correspondiente proyecto de fallo, la Sala Plena cuenta con el plazo máximo de sesenta (60) días para emitir la correspondiente sentencia donde se decide sobre la exequibilidad o no de la norma demandada (artículo 8º del Decreto 2067 de 1991).
Como pueden ver, no es un proceso tan difícil, pero el excesivo amor al formalismo de Colombia hace que iniciar la demanda sea un poco tortuoso. Así que mi invitación es a que se animen a iniciar sus propias demandas y ayudemos a limpiar del ordenamiento jurídico colombiano todo instrumento legal que sea contraria a la Constitución.
