Hablemos del Procedimiento Penal Abreviado: ¿Pone en riesgo a las víctimas de los delitos?

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Fundamento legal:

Art. 250 parágrafo 2 de la Constitución

Ley 1826 de 2017

A partir del 12 de julio de 2017 entró en vigencia el Procedimiento Especial Abreviado, uno de esos pañitos de agua tibia con el cual el Estado cree que acabará con el delito y que ha sido presentado, así como ha pasado con otras leyes, como la panacea que hará que los delincuentes se piensen dos veces cometer delitos.

Pues les cuento que esa Ley trae consigo un gran problema para el Estado, y aquí se les informaré.

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Uribe Noguera y sus amigos pedófilos

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Por lo que leo aquí, este debería ser el nuevo escudo de Colombia.

Este artículo, escrito por el bloguero Daniel Emilio Mendoza Leal, cuyo blog fue censurado por directivos del diario El Tiempo, se comparte por su contundencia, por haber sido censurado por El Tiempo y porque plantea tantas preguntas e hipótesis que sólo puede ser un mindblowing de esos que te cambian la forma de ver este feudo llamado Colombia. Además, le servirá a muchos estudiantes de Derecho Penal.

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Decálogo para sobrevivir al nuevo Código Nacional de Policía

El nuevo Código Nacional de Policía será muy polémico. Si bien las medidas que toma son necesarias a prima facie si se contrastan con los hechos que ocurren en Colombia, algunos críticos señalan que algunas de las disposiciones que establece son propias de un estado policivo.

Algunas de esas medidas han sido citadas con mucho humor por el periódico El Gato, las cuales comparte en su blog el Doctor Elmer Montaña:

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La dificultad para aplicar la Eutanasia legal en Colombia y qué hacer al respecto

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Originalmente titulado: Odio decir te lo dije pero… ¡Te lo dije!

¿Se acuerdan del artículo que escribí hace dos meses sobre la Reglamentación a la Eutanasia en Colombia? Pues al padre del caricaturista Matador le negaron la eutanasia que había solicitado. Y según la BBC, se la negaron por algunas de las razones que enuncié en mi artículo.

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Lo que no te han dicho sobre los riesgos de linchar a un delincuente.

Acabo de leer un artículo de Colprensa en el cual se le consulta a la policía, a un abogado y “al Código Penal” acerca de los riesgos de linchar a un delincuente. Y lo que leí, si bien es parcialmente cierto, me deja la impresión de estar frente a un intento desesperado del Estado colombiano para enviar un mensaje de miedo a la ciudadanía ante la pérdida de su poder coercitivo frente a la contundente acción de los ciudadanos.

Es por ello que, en aras de la discusión sobre este tema tan complejo como el de los linchamientos, voy a contarles aquello que el artículo de marras omite descaradamente en su intento por hacer ver mal algo que, aparte de ser obvio y natural, debería ser catalogado al nivel de un deber patriótico.

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No cualquier actuación en la que un hombre provoca la muerte de una mujer es feminicidio: Corte Suprema de Justicia

120615_sos1Cuando la subordinación y la discriminación de las que son víctimas las mujeres motivan su asesinato, este hecho delictivo constituye un feminicidio, indicó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El alto tribunal aclaró que no cualquier actuación en la que un hombre provoca la muerte de una mujer puede enmarcarse dentro de este tipo. Si la conducta está motivada por un sentimiento de dominación, debe considerarse que ocurre por el hecho de ser mujer, que es el agravante del homicidio contenido en el numeral 11 del artículo 104 de la Ley 599 del 2000, precisó.

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Para la Corte Constitucional, los hijos producto de violación no son iguales a los demás niños

O al menos así lo dejó claro al declarar exequibles los artículos 108 y 128 del Código Penal Colombiano.

Para quienes no lo sepan, ambos artículos se refieren al homicidio y al abandono de hijo producto de acceso carnal violento u otro medio de concepción no consentida por la madre que mata a ese niño. Tengan en cuenta que este tipo penal es diferente al del aborto porque aquí el bebé ya nació.

Según Ámbito Jurídico, “A juicio del alto tribunal, no se viola el derecho a la igualdad, dado que la valoración de la conducta atiende a las afecciones emocionales que puede haber sufrido la responsable de los hechos, tras ser sido víctima de agresiones y excesos como los descritos. No se trata, dice, de una situación equiparable a la de un homicidio y abandono que no se haya producido bajo esas características.

Además, precisa, no se afecta el interés superior del menor, porque legislador también establece una pena por la comisión de los punibles, aun cuando sea menos gravosa. La prioridad o prevalencia de los derechos de los niños, resaltó, no implica la negación de las garantías de los demás.

A su vez, señaló que no puede hablarse de atentado ni desprotección del derecho a la vida de la criatura concebida, pues el legislador ciertamente reprocha la conducta de la madre, en cuanto lesiona altos intereses y valores jurídicos, aunque lo hace mediante el anuncio e imposición de una pena más benigna.

Los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Jorge Ignacio Pretelt se opusieron a la decisión mayoritaria, al considerar que lo demandado debió ser declarado inconstitucional, por vulnerar de manera muy grave la dignidad humana, el principio de proporcionalidad y el derecho a la igualdad de los menores.

Para Pretelt, las  normas desconocen la dignidad humana, al no proteger la vida, permitiendo que se aplique una pena muy baja por el homicidio o abandono cometidos contra “una víctima absolutamente indefensa, situación que estimula que se lleven a cabo actos abominables como dejar a menores en las calles o incluso en basureros como si se tratara de cosas”.

Por su parte, el magistrado Guerrero sostuvo que  estimar que  la circunstancia de que la mujer que provoca la muerte o abandona a su hijo haya sido objeto de un acto violento justifica una disminución punitiva, los términos en que se concretó esta medida no se ajusta a los estándares constitucionales. En este sentido, consideró que la aproximación de la Sala Plena al debate planteado es claramente inadecuado, y que la decisión adoptada no es consistente con los imperativos constitucionales.”

(Corte Constitucional, Comunicado Sentencia C-829 (D-10171), 11/5/2014. M. P. Martha Sáchica)

En lo personal, estoy de acuerdo con los magistrados que se opusieron a la decisión mayoritaria, porque el hecho de que la madre se encuentre pasando por malos momentos no quiere decir que un niño tenga que pagar los platos rotos, más cuando existen otras herramientas dentro del Estado Colombiano que permiten que una mujer que afronta estas situaciones no llegue a los extremos de matar a un bebé. Como por ejemplo, el aborto o entregar en adopción a ese niño. Incluso es preferible que se lo venda a alguna pareja europea acaudalada (Si, no es legal pero al menos no se muere nadie en el proceso).