Para los que no sepan todavía, hace un par de años la Corte Constitucional decidió que si el Congreso no reglamentaba el matrimonio igualitario en el 2013, entonces los notarios y jueces quedarían habilitados para formalizar esas “uniones solemnes” (que es un eufemismo que los retrasados mentales creyentes que están en el poder utilizan para referirse a los matrimonios gays, ya que consideran que la palabra “matrimonio” se la inventó su dios y sólo se la merecen los idiotas útiles que lo siguen). A partir de ese momento, algunos jueces y notarios intentaron celebrar esas “uniones solemnes” y se encontraron con la férrea oposición de la Procuraduría (una entidad que actualmente está en manos de un desagradable gordo fascista que nos quiere devolver a todos a la edad media, justo lo mismo que quiere ISIS), que a través de tutelas, investigaciones disciplinarias y una que otra denuncia penal, ha hecho que muchos funcionarios ahora teman realizar esas uniones hasta que la Corte Constitucional no se pronuncie nuevamente y aclare el panorama del matrimonio igualitario en Colombia, dado que el Congreso no lo ha hecho.

Si bien es sorprendente que un mecanismo que existe para proteger derechos fundamentales se utilice como herramienta de terror para evitar el ejercicio de un derecho fundamental, es aun más sorprendente que funcionarios públicos le tengan miedo a esas acciones y decidan no aplicar la Constitución sólo por temor a la irracionalidad del Procurador (a quien sólo le queda un año de periodo, por fortuna). Por suerte, el operador judicial que está a cargo del Juzgado Promiscuo de San Estanislao de Kostka no se dejó amedrentar y decidió celebrarlos.

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