Corte Suprema de Justicia lo ratifica: Jueces deben dictar sentencia en un año.

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Hoy en Ámbito Jurídico observo esta noticia que hoy quiero compartir con ustedes.

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Hablemos del Procedimiento Penal Abreviado: ¿Pone en riesgo a las víctimas de los delitos?

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Fundamento legal:

Art. 250 parágrafo 2 de la Constitución

Ley 1826 de 2017

A partir del 12 de julio de 2017 entró en vigencia el Procedimiento Especial Abreviado, uno de esos pañitos de agua tibia con el cual el Estado cree que acabará con el delito y que ha sido presentado, así como ha pasado con otras leyes, como la panacea que hará que los delincuentes se piensen dos veces cometer delitos.

Pues les cuento que esa Ley trae consigo un gran problema para el Estado, y aquí se les informaré.

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¿El Consejo Superior de la Judicatura está legislando?

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El Consejo Superior de la Judicatura es un Frankenstein que creó la Constitución de 1991 y que nadie ha podido acabar, dada la tendencia de algunos abogados en este país a leguyelar. PERDÓN!, a realizar interpretaciones “armónicas” de la Ley.

Pues bien, en una de esas “interpretaciones armónicas”, a este organismo se le pudo haber ido la mano.

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¿Se pueden fraccionar obligaciones para iniciar un proceso monitorio por una cuantía mayor a la permitida?

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Jenny, una comentarista de este blog, me hizo esta pregunta, referente a los procesos monitorios, que hoy intentaré responder:

BUENOS DIAS DOCTOR, UNA PREGUNTA QUE PASA SI LA OBLIGACIÓN SUPERA LOS 40 SMLV SE PUEDEN HACER DOS O VARIOS PROCESOS MONITORIOS CON EL PROPÓSITO DE FRACCIONAR DICHA CIFRA, SIN QUE EL JUZGADO RECOPILE TODA LA INFORMACIÓN Y DEJE UN SOLO PROCESO

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Así es como usted puede corregir su sexo y las dudas que este tema plantea

Fundamento legal: Decreto 1227 de 2015, Sentencia T-063 de 2015, artículos 91 y 95 del Decreto Ley 1260 de 1970

¿Es usted transgenero y está cansado de ver que en su cédula aparece el género que no le corresponde? ¿Le han cerrado puertas por esto? ¿Lo miran raro cuando presenta su cédula para hacer algún trámite? Pues entonces, este artículo es para usted.

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Alternativas a los procesos monitorios en Colombia

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¿se acuerdan de los procesos monitorios? ¿Aquellos procesos que implementó el nuevo Código General del Proceso, sobre los cuales escribí un artículo hace un par de años y que, tanto abogados como no abogados, han estado esperando con ansias? Pues al parecer su implementación sólo ocurrirá en el 2016.

Y es que no era de extrañarse: El Estado Colombiano, en materia de política judicial, siempre se ha comportado como el país tercermundista que lleva siendo desde su fundación (tan es así que pocos dirigentes en Colombia saben qué es política judicial) y por consiguiente, basa esta política en la improvisación y en las reacciones coyunturales de masas, lo cual nos lleva a la implementación de procesos sin SIQUIERA garantizar una fuente de recursos sostenible.

En este orden de ideas, las palabras del numeral 6 del artículo 627 del Código General del Proceso deben entenderse como un acto de resignación por el cual el Congreso reconoce la inutilidad del Estado, y en especial de ese pequeño tumor maligno esa prestigiosa Entidad conocida como Consejo Superior de la Judicatura, para diseñar y ejecutar una política judicial a las buenas; dejando a los usuarios de la Justicia del país esperando a que llegue el 2015 (o 2016, según cierto juzgado civil municipal caleño) para poder hacer uso, “a las patadas” de un procesos como el Monitorio que le facilitará la vida a muchos colombianos de bien.

NOTA: Como es muy probable que usted, amable lector, no sepa qué es un proceso monitorio, le ruego encarecidamente que deje de leer este artículo y proceda a informarse mejor sobre los procesos monitorios aquí. ¿Ya sabe qué es un Proceso Monitorio? Muy bien, ¡siga leyendo!

Es por eso que me di a la tarea de aplicar un poco de creatividad jurídica para darle a conocer a los muggles no abogados, y a uno que otro abogado noobster recién egresado,  alternativas a los Procesos Monitorios que pueden aplicar hoy:

  • Conciliaciones en Derecho (Ley 640 de 2001): La Conciliación es un método alternativo de resolución de conflictos por el cual dos personas acuden a donde un tercero neutral y calificado para resolver un conflicto. Si las partes concilian, el Conciliador redactará un Acta de Conciliación que prestará mérito ejecutivo (mérito ejecutivo quiere decir que lo puede exigir en un juzgado de la ciudad para su cobro, como cualquier pagaré). Esto quiere decir que si a usted una persona le debe dinero y no tiene como cobrárselo, lo que debe de hacer es citarlo ante un Centro de Conciliación para buscar conciliar con esa persona y, de este modo, tendrá usted un título ejecutivo que podrá exigir ante la justicia si aquella persona no le paga.

La gran desventaja de la conciliación en derecho es que acceder a esta figura, en muchos casos, tiene costo. Existen Centros de Conciliación gratuitos (como los de las Personerías de cada municipio), pero estos suelen limitar el acceso al servicio a la cuantía de las pretensiones (es decir, si a usted le deben más de $25.000.000 no puede acudir a estos Centros de Conciliación). Además, si usted va solo dependerá de sus propias habilidades de persuasión y convencimiento para procurarse llegar a un arreglo satisfactorio (por lo cual lo mejor es acudir acompañado de un abogado. Pero de uno bueno!, no de uno que se tome el asunto de manera personal porque de lo contrario no llegará a ningún arreglo)

  • Conciliaciones en equidad (Ley 497 de 1999), y más concretamente, Conciliaciones ante Jueces de Paz: La Jurisdicción de Paz es una jurisdicción especial dentro del Aparato de Justicia colombiano que busca que las personas no lleven todos sus conflictos ante la Justicia Ordinaria (ordinaria no sólo porque sea una justicia común y corriente, sino por lo burdo e ineficaz de algunos de sus funcionarios) sino que los resuelvan de forma pacifica, manteniendo unidos los lazos de la comunidad. El Juez de Paz, una persona respetada por la comunidad que suele encontrarse en las sedes comunales de los barrios, es básicamente un Juez cuyas decisiones se basan en equidad (básicamente, una decisión en equidad es como lo que decidió el Rey Salomón cuando decidió partir a aquel bebé por la mitad, sólo que sin ese toque sangriento que caracteriza a la Biblia).

La jurisdicción de paz es casi que ilimitada, ya que pueden conocer sobre cualquier asunto que sea susceptible de transacción, conciliación o desistimiento con cuantía menor a 100 salarios mínimos legales mensuales. Lo único sobre lo cual ellos no pueden conocer es sobre las acciones constitucionales y contencioso administrativas, así como asuntos que versen sobre el la capacidad y el estado civil de las personas (salvo para el reconocimiento de hijos extramatrimoniales)

Si bien con un juez de paz usted también podría constituir un título ejecutivo por la vía de la conciliación en equidad, el problema está en la limitación por la cuantía y en que los jueces de paz no suelen ser abogados (ni siquiera son personas que hayan terminado el bachillerato). No quiere decir esto que se deba desmeritar sus habilidades para resolver conflictos, pero muchas de sus decisiones podrían ser contrarias a derecho y serían fácilmente declaradas nulas ante la jurisdicción ordinaria (que es más ordinaria que un velorio con lluvia de sobres).

Además, quizá debido a la completa ignorancia de algunos de sus funcionarios, la jurisdicción de paz ha encontrado cierta reticencia en los juzgados del país. En el caso de Cali, algunos jueces han negado librar mandamientos de pago de Actas de Conciliación de jueces de paz alegando que la capacidad de conciliar de estos jueces quedó tácitamente derogada con la Ley 640 de 2001, olvidando que son cosas completamente diferentes y, de paso, dejado en evidencia la poca o nula preparación que tienen los estudiantes de Derecho sobre esta jurisdicción.

  • Prueba anticipada con fines judiciales: Y en este caso me refiero al interrogatorio de parte, o confesión judicial como prueba anticipada, (Artículo 184 del Código General del proceso, o 294 del Código de Procedimiento Civil) y al reconocimiento de documentos (art. 185 CGP o 295 y 296 del CPC). De hecho, estos, y en especial el interrogatorio de parte, eran los procesos monitorios de antes (y de ahora, hasta que entre en vigencia el CGP). Lo usan mucho las personas que han perdido títulos ejecutivos, o contratos de arrendamiento, y buscan que el deudor reconozca la deuda. La gran ventaja del interrogatorio de parte es que si el deudor no se presenta a la citación, se entenderá como cierto lo que se le vaya a preguntar. Dicha prueba anticipada prestará mérito ejecutivo.

Este tipo de procesos se solicitan mediante demanda ante un juez civil municipal, o mediante solicitud a un Notario (lo que, naturalmente, le costará dinero) y se rige por las normas de cada una de las pruebas que quiera practicar. Su único inconveniente es que necesita NECESARIAMENTE estar acompañado de un abogado para poder tramitarlos

  • Otros métodos más costosos e ineficientes: Eso es básicamente una sentencia judicial en virtud de un proceso ordinario (o declarativo, según el nuevo CGP) y un Laudo arbitral. Ambos son ineficientes porque son largos y cuestan mucho dinero (en el caso del Laudo Arbitral cuesta mucho más dinero). Simplemente los menciono porque en algunas circunstancias ambos pueden serle de gran utilidad, en especial si no ha podido cuantificar lo que le debe su deudor.

¿conoces otras alternativas a los procesos monitorios? No dudes en indicarlas en la sección de comentarios, será de buen recibo en este espacio.

El Código General del Proceso comenzaría a aplicarse a partir de Junio de 2014

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura estableció tres etapas para la entrada en vigencia del Código General del Proceso (CGP) en 34 distritos judiciales, que se iniciará el 3 de junio del 2014 y tendrá como fecha final el 1º de diciembre del 2015. Así mismo, adoptó un plan especial de descongestión para evacuar los procesos que se adelantan por medio del sistema escrito, con miras a la puesta en marcha del nuevo esquema procesal en despachos civiles.

Así, la corporación facultó a salas administrativas de consejos seccionales de la Judicatura para efectuar la rotación de cargos de descongestión en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, tribunales y juzgados de las especialidades civil, de familia y promiscuos.

“Los despachos judiciales en los cuales se crean cargos de descongestión deberán incrementar su productividad en un 25 %, con respecto al egreso efectivo del trimestre anterior”, señala el Acuerdo PSAA1310072, por medio del cual se establece el plan.

Así las cosas, la Dirección Seccional de Administración Judicial adelantará el respectivo reparto de los procesos del sistema escrito que se encuentren a cargo de los despachos que ya tienen previsto el inicio de audiencias basadas en el sistema oral.

Ello indica que solo los despachos judiciales que al 13 de enero no hayan sido individualizados, dentro del proceso de implementación del nuevo sistema establecido en la Ley 1395 del 2010, estarán inmersos en este proceso de descongestión.

En este sentido, la Sala dispuso la entrada en vigencia de la oralidad en los distritos de Arauca (Arauca), Barranquilla (Atlántico) y Cali (Valle) para el próximo 13 de enero, y de Cúcuta (Norte de Santander), Medellín (Antioquia), Pamplona (Norte de Santander), Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) y Tunja (Boyacá), para el 30 de abril.

Estas estrategias tienen como fin adecuar los despachos para la entrada en vigencia del CGP, que empezará a implementarse en los distritos de Manizales (Caldas), Florencia (Caquetá), Montería (Córdoba), San Gil (Santander), Valledupar (Cesar) y San Andrés (San Andrés) desde el 3 de junio.

El 1º de octubre se cumplirá una segunda etapa de puesta en marcha de la plataforma en Armenia (Quindío), Barranquilla (Atlántico), Arauca (Arauca), Cali (Valle), Cúcuta (Norte de Santander), Medellín (Antioquia), Pamplona (Norte de Santander), Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) y Tunja (Boyacá).

La última fase tendrá lugar el 1º de diciembre del 2015, fecha en la cual entrará en vigencia para Antioquia, Bogotá (Cundinamarca), Bucaramanga (Santander), Buga (Valle), Cartagena (Bolívar), Cundinamarca, Ibagué (Tolima), Mocoa (Putumayo), Neiva (Huila), Pasto (Nariño), Pereira (Risaralda), Popayán (Cauca), Quibdó (Chocó), Riohacha (Guajira), Santa Marta (Magdalena), Sincelejo (Sucre), Villavicencio (Meta) y Yopal (Casanare).

(Consejo Superior Judicatura, acuerdos PSAA131071 y PSAA1310073, Dic. 27/2013)

Tomado de Ámbito jurídico

Los procesos divisorios en el Código General del Proceso: ¿Fue acertado convertirlo en un proceso declarativo, o fue un desatino?

procesos divisoriosHace muchísimo tiempo que no escribía algo de mi propia inventiva en este blog. Es que este mes ha sido bastante duro por la carga de trabajo (y el próximo mes será peor, por fortuna). Pero ya que estamos en vacaciones, comencemos hablando de este proceso (gracias a la recomendación de una comentarista de este blog) que cambia de forma radical en el Código General del Proceso.

Dejo claro esto de antemano: El Código General del Proceso no será la panacea en cuanto a eficacia para la terminación de los procesos. Lo que hace lentos los procesos en Colombia no son los códigos, sino la pésima preparación de buena parte de los funcionarios judiciales (incluyendo Jueces. Colombia es quizá el único país del mundo donde el abogado litigante sabe más de derecho que un Juez (porque muchos son elegidos como cuotas burocráticas, más no por mérito propio) y ello ha llevado a que estos se conviertan en simples mandaderos en lugar de verdaderos Juristas), su aun peor equipamiento tecnológico (que no solamente se refleja en el uso de computadores de última generación), su falta de integración con las TIC (por lo cual aun seguimos notificándonos por estados y mandando memoriales de papel a un Juzgado) y su total desprecio por el método científico y los estándares que ello traería para convertir la justicia en Colombia en algo serio y no en el monigote que es hoy en día.

Lo anterior lo digo para que quede claro que estos procesos no serán más rápidos con el Código General del Proceso y que la velocidad no es el objetivo de este artículo, sino simplemente analizar si era mejor que los procesos divisorios fueran un proceso independiente como lo ha sido con el Código de Procedimiento Civil, o bien, si vale la pena que se tramiten como procesos Declarativos Verbales Especiales a la luz del Código General del Proceso.

Pero primero, definamos qué son los procesos Divisorios:

Los procesos divisorios son un proceso judicial que le permite al copropietario de un bien, sea este mueble o inmueble, poder acabar con la copropiedad y separar su patrimonio del resto de los copropietarios. Para ello, el copropietario, o comunero, puede pedir la división material del bien (si es posible) o en su defecto pedir la venta del inmueble con el fin de que se distribuya el producto de la misma entre los comuneros.

¿Cómo se tramitaban en el Código de Procedimiento Civil? (Artículo 467 y subsiguientes)

1. Se realiza la demanda contra los demás comuneros, acompañada de la prueba de que son condueños y, si son bienes sujetos a registro, el certificado de tradición que de cuenta sobre la situación jurídica del bien durante los últimos 20 años si es posible.

2. Se puede solicitar licencia judicial previa, que por lo general suele ser para la venta de algún inmueble (artículo 469 del C.P.C)

3. Se da traslado por 10 días al demandado (o demandados). Si este se allana, o no contesta la demanda (aquí no hay excepciones de mérito, sino posición a la división) ni propone excepciones previas, el Juez decretará la división mediante Auto. Si hay excepciones previas, se tramitan conforme al artículo 99 del C.P.C.

4. Una vez decretada la División, se procede conforme lo establece el artículo 471 del C.P.C, que indica el trámite a seguir para la división del bien. Aquí es donde se encuentra el verdadero proceso divisorio, y es la parte de este proceso que más se demora,en mi opinión, ya que si se decreta la venta de la cosa común se irá el bien a remate como en los procesos ejecutivos. Esto, sin contar con el nombramiento del perito avaluador y lo que se demore realizando dicho avalúo.

5. En cuanto a las mejoras, quien tenga derecho a estas deberá reclamarlas en la demanda o en la contestación especificándolas y pidiendo las pruebas de las mismas.

7. Los gastos comunes de la división material o de la venta corren por cuenta de cada comunero en proporción a su derecho.

8. El demandado tiene derecho de compra dentro de los tres días siguientes a aquel en que el avalúo quede en firme.

9. Si lo que se dividen son comunidades territoriales que pertenezcan a más de 20 personas, o con número de comuneros desconocido o incierto, el proceso divisorio es distinto, ya que en lugar de notificación personal habrá lugar a emplazamiento de todos los comuneros, conforme al artículo 318 del C.P.C, lo cual cambia completamente el panorama de este trámite (no me extenderé mucho en eso. Mejor lea los artículos 475 a 483 del C.P.C)

10. Si la comunidad no tiene administrador, se puede nombrar a uno (artículos 484 a 487 del C.P.C)

¿Y cómo se tramitan ahora con el Código General del Proceso? (Art. 406 al 418 C.G.P)

1. Se realiza la demanda contra los demás comuneros, acompañada de la prueba de que son condueños y, si son bienes sujetos a registro, el certificado de tradición que de cuenta sobre la situación jurídica del bien durante los últimos 10 años si es posible. (en el anterior código eran 20 años)

2. La demanda debe de ir acompañada,para su admisión, de un dictamen pericial que determine el valor del bien, el tipo de división procedente y la partición, si fuere el caso, y el valor de las mejoras si se reclaman.

3. Se puede solicitar licencia judicial previa, que por lo general suele ser para la venta de algún inmueble (artículo 408 del C.G.C)

4. Se da traslado por 10 días al demandado (o demandados) y se ordenará la inscripción de la demanda en los bienes sujetos a registro. Si el demandado no está de acuerdo con el dictamen que aportó el demandante, podrá aportar otro o solicitar la convocatoria del perito a la audiencia para interrogarlo (y aquí es donde estos procesos divisorios terminarán siendo el galimatías que son hoy en día).

5. Una vez decretada la División, se procede conforme lo establece el artículo 410 del Código General del Proceso que indica el trámite a seguir para la división del bien. Cabe destacar que este trámite es mucho más corto que el establecido por el C.P.C

6. Si se ordena la venta de la cosa común, se decretará su secuestro y se procederá al remate de la misma, pero aquí la base para hacer postura es el total del avalúo.

7. Los gastos comunes de la división material o de la venta corren por cuenta de cada comunero en proporción a su derecho.

8. El demandado tiene derecho de compra dentro de los tres días siguientes a aquel en que el avalúo quede en firme.

9. Si la comunidad no tiene administrador, se puede nombrar a uno (artículos 415 a 418 del C.G.P)

Entonces, ¿valdrá la pena que se tramiten ahora como Procesos declarativos verbales especiales?

En mi opinión, da lo mismo, porque la única diferencia importante que tiene el nuevo proceso divisorio frente al viejo es que ahora el avalúo y la forma de distribución se convierten en un requisito formal de la demanda, y no en una prueba que se debe practicar en el momento procesal oportuno, lo que de antemano me hace pensar que solicitar amparo de pobreza en estos procesos no servirá para un carajo porque la Ley presume que quien es copropietario entonces puede pagar un proceso. Por lo demás, sus otras diferencias se reducen a menos tiempos en algunos requisitos y en que ahora los copropietarios indeterminados o demasiados numerosos no tienen un proceso especial sino que es el mismo, lo cual me hace pensar que, en un principio, habría que notificarlos a todos de forma personal, y en caso de que se desconozca quienes son los comuneros, entonces si se deben emplazar, llevando copia de dicho emplazamiento al Registro Nacional de Persona Emplazadas (artículo 108 C.G.P).

Aprovecho para decir que el emplazamiento que establece el C.G.P es la cosa más irracional jamás inventada por el Legislador en materia procesal: Si el emplazamiento quedará registrado en el Registro Nacional de Personas Emplazadas por un año, entonces, por qué carajos se debe publicar en un maldito periódico por 15 días antes de pasar por el Registro? Será que habrán hecho Lobby los de los periódicos porque saben que los edictos judiciales son lo único que justifica su existencia? (ah si, y envolver aguacates)

Retomando, y ya para terminar, sostengo lo que dije al principio y concluyo que ni fue acertado ni fue un desatino convertir los procesos divisorios en procesos declarativos PORQUE NO HACE NINGUNA DIFERENCIA. Es que el Proceso Divisorio es básicamente el mismo (fuera de las diferencias ya enunciadas), y como es básicamente lo mismo, ¿Será que también se demorarán tres años como con el viejo Código? Amanecerá y veremos.

La vigencia del Código General del Proceso: Lo que está vigente y lo que estará vigente de este Código en los próximos años

Y si, este artículo llega tarde. Pero aun así es de gran utilidad porque muchos abogados desconocen lo que está vigente, muchos estudiantes deben aprenderse esto y además, porque este Código prácticamente entra a regir en el año 2017 de forma completa (a juzgar por la lentitud de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura). ¿Pero qué carajo? Llevo mas de 2 horas redactando este artículo, así que ahí les va para el que le sirva.

Lo que está vigente con la promulgación del Código (12 de julio de 2012)

· 24: Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades Administrativas

· 31 numeral 2: El artículo habla de la competencia de la Sala Civil de los Tribunales Superiores. El numeral 2 establece: “De la segunda instancia de los procesos que conocen en primera instancia las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cuando el juez desplazado en su competencia sea el juez civil del circuito. En estos casos, conocerá el tribunal superior del distrito judicial de la sede principal de la autoridad administrativa o de la sede regional correspondiente al lugar en donde se adoptó la decisión, según fuere el caso”

· 33 numeral 2: En el mismo sentido que el anteriormente citado, sólo que esta vez se refiere a la Competencia del Juez Civil del Circuito y el juez desplazado es el Juez Civil Municipal.

· 206: Juramento Estimatorio.

· 467: Adjudicación o realización especial de la garantía real en los Procesos Ejecutivos.

· 610 a 627: Ojo con el 610, ya que permite que la Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado pueda intervenir en los procesos civiles en cualquier estado del proceso, bajo unas condiciones muy claras. Además, el 617 otorga una competencia a prevención a los Notarios en 10 asuntos muy puntuales. Los artículos 620 y 621 modifican artículos de la Ley 640 de 2001.

· 121: Este artículo habla sobre la Duración de los Procesos. Sin embargo, para los procesos en cursos a partir del 12 de julio de 2012 sólo es aplicable si el Juez o Magistrado así lo dispone (lo que equivale a que no lo harán)

Lo que está vigente desde el 1 de octubre de 2012

· 17 numeral 1: La importancia de este artículo se debe a que le otorga a los Jueces Civiles Municipales, de una vez y para siempre, el conocimiento de los procesos de responsabilidad médica de mínima cuantía en única instancia.

· 18 numeral 1: En igual sentido que el anterior, sólo que esta vez se refiere a los proceso de menor cuantía.

· 20 numeral 1: Como los anteriores, sólo que esta vez se refiere a los Jueces Civiles del Circuito y a procesos de mayor cuantía.

· 25: Las cuantías.

· 30 numeral 8 y parágrafo: Competencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General de la Nación y el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para cambiar radicación de un proceso y que implique remisión de un distrito judicial a otro.

· 31 numeral 6 y parágrafo: En igual sentido que el anterior, sólo que ahora se refiere a la Sala Civil de los Tribunales Superiores, y sólo si el cambio se hace dentro del mismo distrito judicial.

· 32 numeral 5 y parágrafo: Similar al anterior, sólo que esta vez habla de la Sala de Familia.

· 94 y 95: Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora, y sus efectos.

· 317: Desistimiento Tácito.

· 351: Acumulación de fallos.

· 398: Proceso de Cancelación, reposición y reivindicación de Títulos Valores.

· 487 parágrafo: Permite que una persona parta su patrimonio en vida y conforme a lo que establece el Código Civil para las sucesiones por causa de muerte.

· 531 a 576: Insolvencia para persona natural no comerciante.

· 590: Medidas cautelares en Procesos Declarativos.

A partir del 1 de enero de 2014 entrará a regir todo el Código General del Proceso, pero lo hará de forma gradual y en un plazo máximo de 3 años (2017), dependiendo de la adecuación de la infraestructura de los Juzgados y de la capacitación a los funcionarios.

¿Qué quedará derogado a partir del 2014 gracias al Código General del Proceso?

Y continuando con el artículo anterior, les presento a continuación lo que quedará derogado a partir del 2014 por cuenta del Código General del Proceso.

Cabe decir en este punto que el aparte de las vigencias y derogatorias de dicho Código fue realizado de forma tan anti técnica, que deroga normas QUE YA SE ENCONTRABAN DEROGADAS. Es como si ese artículo lo hubiese realizado algún párvulo de Kínder en lugar de un conocedor del ordenamiento jurídico (aunque vamos, para ser justos dudo mucho que un abogado promedio conociera siquiera la mitad de las leyes y decretos que se Código General del Proceso está derogando)

¿Qué quedará derogado a partir del 2014 (de forma gradual y a medida de que existan los recursos en un plazo de 3 años)?

Todo el Código de Procedimiento Civil y las disposiciones que lo reforman (incluye cualquier Ley que salga en el 2013 en ese sentido)

Todo el Decreto 508 de 1974 (Por el cual se señala el procedimiento judicial abreviado para sanear el derecho de dominio en pequeñas propiedades rurales.)

Todo el Decreto 206 de 1975 (reglamenta la Ley 24 de 1974, que a su vez habla de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Claramente una Ley sin vigencia por sustracción de materia)

Todo el Decreto 2272 de 1989 (El que organiza la jurisdicción de Familia y crea unos despachos)

Todo el Decreto 2273 de 1989 (crea 23 Juzgados Civiles del Circuito especializados en asuntos comerciales, que igual no estaba vigente por sustracción de materia)

Todo el Decreto 2303 de 1989 (jurisdicción Agraria. Igual, no estaba vigente por sustracción de materia)

Toda la Ley 794 de 2003 (regula los procesos ejecutivos)

Del Código Civil

· 151: Sentencia de nulidad del matrimonio civil.

· 157: Partes en el proceso de divorcio

· 159: Fin del proceso de divorcio.

· 214 (sólo las expresiones “mediante prueba científica” y “en atención a lo consagrado en la Ley 721 de 2001”) Es delicado, porque este artículo habla de la impugnación de paternidad.217 (sólo la expresión “En el respectivo proceso el juez establecerá el valor probatorio de la prueba científica u otras si así lo considera.”)

· 225 al 230: Denuncia del embarazo en el proceso de divorcio.

· 402: Requisitos del fallo de legitimidad de un hijo.

· 404 y 405: Herederos en juicio de filiación y prueba de colusión (es decir, que dos personas se hayan puesto de acuerdo en ese proceso para perjudicar a un tercero)

· 409 y 410: prueba de hechos anteriores al 1 de septiembre de 1853 (¡) y el registro del Estado Civil.

· 757 (sólo la expresión “mientras no preceda” y los numerales 1 y 2 de ese artículo) Ese artículo habla de la posesión de bienes herenciales.

· 766, pero sólo el inciso final (este artículo habla de los títulos no justos en la posesión)

· 1434: Títulos ejecutivos contra el causante y sus herederos.

Del Código de Comercio:

· 6: Prueba de la costumbre mercantil

· 8: Prueba de la costumbre mercantil extranjera

· 9: Prueba de la costumbre mercantil internacional

· 68 a 74: Nos habla de varios aspectos de los libros y papeles de comercio

· 804, pero sólo el inciso 1: Habla del juez competente para la cancelación y reposición de títulos valores

· 805 a 816: Era el procedimiento para la cancelación y reposición de títulos valores

· 1006: Acciones de los herederos del pasajero fallecido en un contrato de transporte de personas.

· 1053 numeral 3: pero sólo las expresiones “según las condiciones de la correspondiente póliza” y “de manera seria y fundada”

· 2027 a 2032: habla sobre la designación de peritos, su posesión, tacha, entre otras cosas relacionadas con los peritos.

Del Decreto 1778 de 1954:

Artículo 88: Bueno es primero recordar que el mentado Decreto se refiere a normas sobre notariado y registro. Y aunque no lo crean, sigue vigente.

El artículo 88 se refería a la cancelación del registro de embargos y otras órdenes de autoridad que se refieran a Inmuebles en un término de 5 años.

De la Ley 75 de 1968 (habla sobre el proceso de filiación y crea el ICBF)

· 11

· 14

· 16 a 18

Del Decreto 2820 de 1974 (otorga iguales derechos a las mujeres y a los hombres)

· 69

De la Ley 9 de 1989 (dicta normas sobre planes de desarrollo municipal y expropiación de bienes)

· 25 (ese artículo hablaba de la demanda de expropiación. Esto se da cuando el Estado necesita de un predio para una obra de interés general)

Del Decreto 919 de 1989 (organiza el sistema nacional para la prevención y atención de Desastres. Es curioso, porque ese decreto ya estaba derogado por la Ley 1523 de 2012, que habla de lo mismo)

· 36

Del Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor. Lo que hizo el C.G.P fue acabar de derogar lo que no derogó el Código de Infancia y Adolescencia)

· 139 al 147

· 320 al 325

De la Ley 54 de 1990 (La que define las uniones maritales de hecho)

· 7 (pero sólo la expresión “Los procesos de disolución y liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se tramitará por el procedimiento establecido en el Título XXX del Código de Procedimiento Civil y serán del conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia.”

· 8 (supuestamente es el 6, pero está mal citado)

Del Decreto 2651 de 1991

· 10 y 11

· 21

· 23

· 24

· 41

· 46 a 48

· 50 y 51

· 56

· 58

De la Ley 25 de 1992

· 7 y 8

De la Ley 256 de 1996

· 24 al 30

· 32

De La Ley 270 de 1996

· 54 inciso 4

De la Ley 388 de 997

· 62

· 94

De la Ley 446 de 1998

· 2 a 6

· 9 al 15

· 17

· 19

· 20

· 22 y 23

· 25 al 29

· 103

· 137

De la Ley 640 de 2001

· 43 a 45

De la Ley 675 de 2001 (régimen de propiedad horizontal)

· 49 inciso 2

· 58 parágrafo 3

· Artículo 62 inciso 2 (pero sólo la expresión “Será aplicable para efectos del presente artículo, el procedimiento consagrado en el artículo 194 del Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.”)

De la Ley 721 de 2001

· 7 y 8

De la Ley 820 de 2003 (Ley de arrendamiento de vivienda urbana)

· 35 a 40

De la Ley 861 de 2003

· 50

De la ley 1098 de 2006

· 111 numeral 5

De la Ley 1285 de 2009

· 25

De la Ley 1306 de 2009

· 40 a 45

· 108

De la Ley 1395 de 2010

· 1 a 39: Eran las modificaciones que le hacía al Código de Procedimiento Civil, y que se supone, entrarían a regir en el 2011 de manera gradual en un plazo máximo de 3 años que se vencía el 1 de enero de 2014

· 41 y 42: Autenticidad de la demanda y remisión al proceso verbal.

· 44: La vigencia y derogatoria de los artículos anteriores.

· 113: Pruebas Extraprocesales

· 116 y 117: Experticios aportados por las partes y designación de secuestre.

· 120 y 121: Notificación por medios electrónicos (algo que jamás pasó) y de dónde saldrían los recursos para implementar esa Ley.

De la Ley 1480 de 2011

· 8

Las demás normas que le sean contrarias.

¿Qué está derogado actualmente (2013) por cuenta del Código General del proceso?

Aunque usted no lo crea, este artículo se hace necesario.

Y esto se debe a que quienes redactaron el artículo 626 y 627 del código General del Proceso lo hicieron de una forma tan anti técnica, que finalmente me terminó doliendo la cabeza y decidí organizar ese galimatías.

Cabe aclarar que al momento de escribir esta nota, aun no he terminado, por lo cual los invito a estar pendientes de los próximos artículos.

¿Qué está derogado hoy por cuenta del Código General del proceso?

Del Código Civil: Están derogados estos artículos:

· 126: Lugar De Celebración Y Testigos

· 128: Solicitud Ante Juez

· 129 (sólo la expresión “y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes”)

· 130: Interrogatorio de testigos y Edictos.

· 133: Recursos contra la Resolución

· 134 (sólo la expresión “Practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130”)

· 136 (pero sólo las expresiones “y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130” y “sin tales formalidades”)

Nota: los artículos anteriores se refieren al procedimiento para el matrimonio civil que establece el Código Civil

· 202: Se refería a la confesión ineficaz en la separación de Bienes de los cónyuges.

Del Decreto 2651 de 1991 (Por el cual se expiden normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales):

· 9: Que añade el parágrafo 3 al artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, el cual se refiere al interrogatorio de las partes y la solicitud adicional de pruebas.

· 21: Este artículo ya había sido derogado por la Ley 1563 (estatuto de Arbitramento)

De la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996):

· 8 (sólo la expresión “Contra las sentencias o decisiones definitivas que en asuntos judiciales adopten las autoridades administrativas excepcionalmente facultadas para ello, siempre procederán recursos ante los órganos de la Rama Jurisdiccional del Estado, en los términos y con las condiciones que determine la ley.”)

· 209 A: Perención en procesos ejecutivos (esta norma era transitoria)

· 209B: Crea una Comisión de Justicia Oral.

De la Ley 446 de 1998 (otra Ley de descongestión judicial)

· Articulo 148 menos los parágrafos 1 (que es inexequible desde hace años) y 2

Del Código de Procedimiento Civil:

· 211: Juramento Estimatorio

· 544: Se refería a la posibilidad de que el acreedor hipotecario o prendario pudiera pedir la adjudicación de la cosa.

De la Ley 1116 de 2006 (insolvencia para comerciantes):

· 19 (pero sólo el numeral 1)

· 67 (Sólo la expresión “por sorteo público”) Ojo, ese artículo se refiere a la escogencia de promotores o liquidadores por parte del juez de concurso.

De la Ley 1258 de 2008 (Crea las S.A.S)

· 40 (sólo el inciso segundo) Hablaba sobre la posibilidad de que la Supersociedades conociera de los conflictos societarios mediante el proceso Verbal Sumario.

Del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo:

· 71(sólo la expresión “que requerirá presentación personal”) Se refiere a la autorización para recibir notificación personal.

· 215, inciso 1 (valor probatorio de las copias)

· 309 inciso 2 (habla de la derogatoria de ese Código)

Del Estatuto del consumidor (Ley 1480 de 2011)

· 58: Pero sólo lo siguiente: numeral 4 (sólo la expresión “No se requerirá actuar por intermedio de abogado”, numeral 5 literal e y numeral 8

De la “Ley” anti trámites (Decreto Ley 19 de 2012)

· 34 (actuación en sede administrativa sin abogado)

Cualquier otra norma que le sea contraria.

¿Qué quedó derogado a partir del primero de Octubre de 2012?

Del Código de Procedimiento Civil:

· 19: cuantías

· 90: Interrupción De La Prescripción, Inoperancia De La Caducidad Y Constitución En Mora

· 91: Inoperancia de la interrupción y operancia de la caducidad.

· 346: Desistimiento Tácito

· 449: Reposición, Cancelación Y Reivindicación De Títulos Valores

· 690: Medidas cautelares en procesos Ordinarios.

Los verdaderos damnificados con el nuevo Arancel Judicial.

Ya hemos hablado de las formas de no tener que pagar el nuevo arancel judicial en este blog. Y luego de leerlas el lector podrá comprender que la norma, a pesar de ser un peaje descarado, no limita el acceso a la justicia de quienes no lo pueden pagar, por lo que esta razón no no será suficiente si alguien quisiera demandar la Ley 1653 de 2013 por inconstitucional.

Pero entonces, ¿Si no es el ciudadano del común el que pierde, entonces quién pierde? Los que pierden con ese arancel son los siguientes:

  1. Las personas, naturales y jurídicas, que si están obligadas a declarar renta: Y ojo, porque intentar declarar lo contrario para evadir ese arancel acarrea una sanción del triple de lo que le hubiera tocado pagar, sin perjuicio de las sanciones penales (parágrafo 1 del art. 5 de la Ley 1653 de 2013 )
  2. Los demandados que llamen en garantía a su Aseguradora.
  3. Los terceros intervinientes en su modalidad Ad Excludendum y denunciante del pleito, porque deberán pagar ese arancel si quieren intervenir en el proceso.
  4. Los litisconsortes necesarios. Dice el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 1653 de 2013 que cualquiera de los litisconsortes podrá pagar ese arancel, ya que es una obligación solidaria en este caso. La pregunta es. ¿Qué pasa si ninguno quiere pagarlo y se empiezan a tirar esa papa caliente entre ellos?
  5. Los litisconsortes cuasi necesarios, por lo mismo de arriba.
  6. Los litisconsortes facultativos, porque en ese caso TODOS tendrán que pagar ese arancel.
  7. Quienes se dediquen a comprar derechos litigiosos: Aunque el arancel está vigente desde el 15 de julio de 2013 y sólo aplica para los procesos que se tramiten a partir de esa fecha, si se configura una sucesión procesal, quien vaya a continuar con el proceso deberá pagar el arancel.

En ese orden de ideas, los verdaderos damnificados con el nuevo arancel judicial son  LOS BANCOS, LOS PRESTAMISTAS A TIEMPO COMPLETO Y LOS CESIONARIOS DE ESTOS. ¿Por qué? por esto:

  1. Los Bancos SIEMPRE DECLARAN RENTA
  2. Los Bancos JAMÁS pedirán amparo de pobreza (ni siquiera el Banco de los Pobres de Muhammad Yunus pediría eso)
  3. Los Bancos siempre demandan a sus clientes no sólo por el capital sino por los intereses abusivos que están acostumbrados a cobrar, lo cual hace que las pretensiones se inflen a niveles legendarios (y es sobre estas que se calcula ese arancel).
  4. Si un Banco ve que el proceso se está demorando mucho, le vende la cartera morosa a un cesionario para que sea él quien la cobre (lo peor es que estos petardos prefieren vender esa cartera súper barata en vez de negociar con el cliente directamente por ese mismo valor que le darán por esa cartera morosa). Claro, ese cesionario deberá pagar ese arancel si quiere continuar con la demanda.
  5. En el caso de los prestamistas particulares, por mas que algunos de ellos quieran encubrir sus negocios con triquiñuelas igual pagarán ese arancel. Además, están en las mismas disyuntivas anteriores.
  6. Y lo peor: si el demandado se acoge a Ley de insolvencia (cualquiera de las dos) antes de que se dicte sentencia, no habrán costas que liquidar y por ende NO PODRÁN EXIGIRLE AL DEMANDADO QUE LES REEMBOLSE LO QUE PAGARON por ese concepto en las audiencias de negociación de deudas.

¿No quiere pagar el Arancel Judicial? Aquí le cuento cómo puede evitar pagarlo

Con la Ley 1653 de 2013, o también conocida como Ley del peaje de mierda del arancel judicial se crea un arancel del 1.5% sobre el total de las pretensiones que la parte demandante deberá pagar y presentar su constancia de pago JUNTO CON LA DEMANDA, so pena de inadmisión.

Sin embargo, dice el artículo 5 de la Ley 1653 de 2013 que este nuevo arancel judicial no lo pagará todo el mundo, ya que la Ley establece unas situaciones y personas que están exentas de dicho pago, a saber:

  1. No se cobra en procesos arbitrales, penales, laborales (en todas sus formas), de familia, de menores, en procesos liquidatorios, de insolvencia, de Jurisdicción voluntaria ni en acciones constitucionales.
  2. Si el demandante es una persona jurídica de derecho público no vigilada por la Superfinanciera.
  3. Si el demandante es una persona natural que no declaró renta en el año inmediatamente anterior a la radicación de la demanda. (esto no se debe probar, porque dicha circunstancia de no declarar renta se asumirá como una negación indefinida que no requiere prueba, según la misma Ley)
  4. Si el demandante solicita amparo de pobreza (Art 160 del Código de Procedimiento Civil y articulo 151 del Código General del Proceso).
  5. Si en un proceso de Reparación directa el demandante demuestra sumariamente que eh hecho jurídico por el cual reclama lo ha dejado en situación de indefensión. Esto, con el fin de no limitar su derecho de acceder a la justicia.
  6. Quien sea llamado de oficio al proceso, o coadyuvante, no paga el arancel.
  7. Las victimas en los procesos judiciales de reparación de la Ley de victimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011).
    Ahora, si usted no se encuentra dentro de estas circunstancias, hay una solución para no perder ese dinero y es GANANDO EL CASO. Esto, debido a que el Artículo 6 de la Ley 1653 de 2013, en su inciso 4, establece que lo que usted pagó por este concepto se tendrá en cuenta al momento de liquidar las costas. De modo que quien pierda el pleito deberá pagarle a usted esa cantidad.

Finalmente, no olvide que esto sólo aplica para las demandas que se radiquen a partir del 15 de Julio de 2013.

Una visión panorámica del Código General del Proceso

Navegando por la red encontré un interesante documento que nos ilustra a fondo sobre los cambios que se vienen a partir del 2014 con la vigencia de este Código.

El documento consiste en unas diapositivas de una presentación del Doctor Pablo Felipe Robledo y lo pueden descargar aquí.

Sin embargo, el mismo viene con unos interesantes flujogramas que nos ilustran mejor sobre los Procesos que traerá dicho Código y que serán los más comunes, los cuales me tomé el atrevimiento de poner en esta entrada. Espero que los disfruten:

Procesos Verbales

proceso verbal

proceso verbal 2

PROCESO VERBAL SUMARIO

verbal sumario

verbal sumario 2

PROCESOS MONITORIOS

monitorio

PROCESOS DE EJECUCIÓN

de ejecución

de ejecución 2

Cuidado con el desistimiento tácito

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Artículo actualizado el 30 de marzo de 2016

Me entero con horror que muy pocos saben que el Artículo 317 del Código General del Proceso está vigente desde el 1 de octubre de 2012, y que este artículo habla sobre el desistimiento tácito: uno de mis artículos favoritos de todo el Derecho, ya que castiga a los abogados perezosos y garantiza que no existirán procesos eternos en los juzgados.

¿Qué es?: Es una presunción legal consistente en que usted, al no actuar desde hace un tiempo, optó por no seguir con el proceso.

¿Para qué sirve?: Para castigar abogados perezosos y descongestionar juzgados.

¿Cómo se aplica?: Se aplica en dos eventos:

  1. Cuando en el proceso se requiera del cumplimiento de una carga procesal para poder continuarlo. Ejemplo: emplazar a los demandados no localizados, aportar los aranceles para la diligencia de notificación personal, entre otros. Ojo, esto no aplica si el acto no es necesario para continuar con el proceso (como registrar un embargo en el folio de matricula inmobiliaria, o enviar las notificaciones a los testigos, por ejemplo. En esos casos, en mi concepto, el proceso sigue sin perjuicio de las consecuencias que la omisión de dichos actos traiga para quien no los realice). En este caso, el Juez requerirá a la parte para que realice el acto que falta en treinta días HABILES. Si no lo hace, el Juez tendrá por desistida SÓLO DICHA ACTUACIÓN.
  2. AÑADIDO EL 30 DE MARZO DE 2016:

    En mi opinión, si se presenta el primer caso de desistimiento tácito, este artículo se puede interpretar de dos formas:

    1. Considerando que el 317 habla posteriormente de una condena en costas, y sumado a que luego se somete el desistimiento tácito a unas reglas generales, entre las cuales se encuentra la prohibición de presentar la demanda dentro de los seis meses siguientes, el decreto de desistimiento tácito en el primer caso implica la terminación del proceso.
    2. Considerando que el 317 numeral 1 habla de ACTUACIONES, asumo que posterior a la condena en costas el proceso continúa, pero el interesado tendrá que volver a solicitar dichas actuaciones (o realizarlas).

    En lo personal, comparto más la primera interpretación, ya que me parece más completa y más coherente con el fundamento teleológico de esa norma, que es descongestionar la justicia.

  3. Cuando un proceso cualquiera permanezca inactivo por mas de un año desde el día siguiente a la última actuación, luego de lo cual se dará por terminado de oficio o a petición de parte. Esto no aplica si el proceso ya tiene sentencia ejecutoriada a favor del demandante, o de auto que ordene seguir adelante con la ejecución, ya que el plazo será de dos años en estos casos.

¿Y cómo evito esto? siendo un abogado diligente Realizando CUALQUIER actuación en el proceso. Por ejemplo, pedir copias simples o autenticas, o actualizar la liquidación del crédito. O simplemente realizar lo que está pendiente.

¿Y cuáles son las consecuencias del desistimiento tácito? Son unas muy simples:

  1. La obvia: la terminación del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares.
  2. Sólo podrá presentar la demanda de nuevo en seis meses, contados desde la ejecutoria de la providencia.
  3. Se reanudarán los términos de prescripción extintiva o de caducidad que se hayan interrumpido por cuenta de la presentación de la demanda.
  4. La mas grave: si se decreta el desistimiento tácito dos veces SE EXTINGUIRÁ EL DERECHO PRETENDIDO, Y SE CANCELARÁN LOS TITULOS DEL DEMANDANTE (SI HAY LUGAR A ELLO).

AÑADIDO EL 30 DE MARZO DE 2016: ¿Y las medidas cautelares? Considerando que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es obvio que estas deberán ser levantadas. Sin embargo, el destino de las mismas depende de la etapa procesal.

Así, si estamos frente a un proceso ejecutivo en el cual no hay auto de seguir adelante con la ejecución, y se embargó dinero, entonces una vez decretado el desistimiento ese dinero quedará a órdenes del demandado, para que él lo retire. Pero si ya hubo auto de ordenar seguir adelante con la ejecución, entonces ese dinero es para el demandante.

Ahora bien, si se embargó un bien distinto a dinero, y no se llegó a la etapa de remate (o no se pidió la adjudicación), entonces el bien seguirá en propiedad del demandado.

Me parece injusto que me hayan aplicado este artículo, qué puedo hacer? Interponga un recurso de reposición y en subsidio de apelación, lo cual por obvias razones ocurrirá con efecto suspensivo (es decir, el expediente se irá al superior jerárquico, y entre tanto, la demanda no continuará). Ahora, si usted solicitó el desistimiento y se lo negaron, también debe apelar si le parece injusto, pero será en el efecto devolutivo (el proceso continuará su trámite al margen de la apelación)

 

¿Cuáles son los bienes inembargables?

Artículo actualizado el 3 de mayo de 2017

Embargos munozmontoya

Los bienes inembargables están enlistados en el artículo 594 del Código General del Proceso, de la siguiente manera:

Artículo 594. Bienes inembargables.

Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

2. Los depósitos de ahorro constituidos en los establecimientos de crédito, en el monto señalado por la autoridad competente, salvo para el pago de créditos alimentarios. (negrillas fuera del texto)

3. Los bienes de uso público y los destinados a un servicio público cuando este se preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden, o por medio de concesionario de estas; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje.

Cuando el servicio público lo presten particulares, podrán embargarse los bienes destinados a él, así como los ingresos brutos que se produzca y el secuestro se practicará como el de empresas industriales.

4. Los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las mismas.

5. Las sumas que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado o deben anticiparse por las entidades de derecho público a los contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su construcción, excepto cuando se trate de obligaciones en favor de los trabajadores de dichas obras, por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

6. Los salarios y las prestaciones sociales en la proporción prevista en las leyes respectivas. La inembargabilidad no se extiende a los salarios y prestaciones legalmente enajenados. (recuérdese que lo referente a embargos de salarios lo encontramos en los artículos 154 al 156 del Código Sustantivo del Trabajo)

7. Las condecoraciones y pergaminos recibidos por actos meritorios.

8. Los uniformes y equipos de los militares.

9. Los terrenos o lugares utilizados como cementerios o enterramientos.

10. Los bienes destinados al culto religioso de cualquier confesión o iglesia que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano.

11. El televisor, el radio, el computador personal o el equipo que haga sus veces, y los elementos indispensables para la comunicación personal, los utensilios de cocina, la nevera y los demás muebles necesarios para la subsistencia del afectado y de su familia, o para el trabajo individual, salvo que se trate del cobro del crédito otorgado para la adquisición del respectivo bien. Se exceptúan los bienes suntuarios de alto valor. (negrillas fuera del texto)

12. El combustible y los artículos alimenticios para el sostenimiento de la persona contra quien se decretó el secuestro y de su familia durante un (1) mes, a criterio del juez.

13. Los derechos personalísimos e intransferibles.

14. Los derechos de uso y habitación.

15. Las mercancías incorporadas en un título-valor que las represente, a menos que la medida comprenda la aprehensión del título.

16. Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales.

Parágrafo.

Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene.

Del anterior artículo se deduce lo siguiente:

1. Las cuentas de ahorros, en materia de alimentos, SON EMBARGABLES EN UN 100%. Este es un gran paso para que los hijos de P*** que no responden por sus hijos aprendan una buena lección sobre responsabilidad parental.

2. El computador PERSONAL, o el equipo que haga sus veces es inembargable. Ese “equipo que haga sus veces” puede ser perfectamente un Smartphone. Además, de la lectura del artículo se deduce que si la persona tiene más de uno de estos equipos es perfectamente viable que le embarguen todos los demás, dejando al deudor con uno de ellos. Esto me lleva a la siguientes preguntas:

  • Si tengo un smarphone y un pc, ¿Cuál me embargan? o por le contrario: ¿Es perfectamente viable que no me embarguen ninguno, como quiera que ambos son indispensables para la comunicación personal?

3. Si bajo la Ley de garantías mobiliarias a una persona X le venden un smartphone, y la persona sólo tiene ese equipo, ese Smartphone es EMBARGABLE sólo por el dueño de la garantía mobiliaria. Lo mismo aplica para todos los demás bienes muebles inembargables (incluso la nevera). Este también es un gran paso para que esa entidades tengan la plena certeza de que podrán recuperar sus bienes.

4. Por un mes, a un deudor no se le puede embargar la comida y la gasolina del carro, pero eso queda a criterio del Juez. En ese orden de ideas. ¿Si le embargan el carro a alguien, le deben devolver la gasolina, o lo dejan que use el carro un mes antes del decomiso?

5. Los bienes para el trabajo individual siguen siendo inembargables. Y ahora, a menos que estén garantizados como garantía mobiliaria, los muebles o enseres son prácticamente inembargables en su totalidad, a menos que se trate de bienes suntuarios de alto valor. Ojo! ese alto valor lo determina un perito especialista, no el Juez ni la contraparte.

¿Y la lista de bienes inembargables del Código Civil sigue vigente?

OBVIO!, incluso, sigue vigente por remisión expresa del mismo artículo 594 del Código General del Proceso, que claramente dejó abierta esta posibilidad cuando dijo que los bienes inembargables no sólo incluyen los que el artículo menciona, sino que también incluye “los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales”  Por lo tanto, también son inembargables los bienes que relaciona el artículo 1677 del Código Civil, que provee otra lista:

(…)

No son embargables:
1o. “El artículo 154 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así:
“Regla general. No es embargable el
salario mínimo legal o convencional”.
2o. El lecho del deudor, el de su mujer, los de los hijos que viven con él y a sus expensas, y a la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas;
3o. Los libros relativos a la profesión del deudor, hasta el valor de doscientos pesos, y a la elección del mismo deudor;
4o. Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, hasta dicho valor y sujetos a la misma elección;
5o. Los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado;
6o. Los utensilios del deudor artesano o trabajador del campo, necesarios para su trabajo individual;
7o. Los artículos de alimento y combustible que existan en poder del deudor, hasta concurrencia de los necesarios para el consumo de la familia durante un mes;
8o. La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente;
9o. Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación.

Así que, si usted es de los comentaristas que a diario pregunta si los bienes sometidos a un fideicomiso civil siguen siendo inembargables, pues ahí le acabo de dar la respuesta (por si no la cogió, entonces se lo digo más clarito: LOS BIENES SOMETIDOS A FIDEICOMISO CIVIL SIGUEN, HAN SIDO Y SEGUIRÁN SIENDO INEMBARGABLES)

¿Y las pensiones?

Son inembargables. Aunque, conforme al Art. 134 de la Ley 100 de 1993 y decretos 1073 de 2002 y 994 de 2003, las mesadas pensiónales pueden ser embargadas por excepción hasta el 50% para:

  • Cuotas alimentarias
  • Créditos en favor de cooperativas.

Aquí se hace necesario agregar la lista de bienes inembargables que contempla el artículo 134 de la Ley 100 de 1993, que también está vigente:

ARTÍCULO 134. INEMBARGABILIDAD. Son inembargables:

1. Los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad.

2. Los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida y sus respectivas reservas.

3. Las sumas abonadas en las cuentas individuales de ahorro pensional del régimen de ahorro individual con solidaridad, y sus respectivos rendimientos.

4. Las sumas destinadas a pagar los seguros de invalidez y de sobrevivientes dentro del mismo régimen de ahorro individual con solidaridad.

5. Las pensiones y demás prestaciones que reconoce esta Ley, cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

6. Los bonos pensionales y los recursos para el pago de los bonos y cuotas partes de bono de que trata la presente Ley.

7. Los recursos del fondo de solidaridad pensional.

PARÁGRAFO. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, las cotizaciones voluntarias y sus rendimientos financieros solo gozarán de los mismos beneficios que la Ley concede a las cuentas de ahorro en UPAC, en términos de inembargabilidad.

Ventajas del nuevo procedimiento de insolvencia de persona no comerciante (Art. 531 del CGP)

Aunque hace una semana entró a regir el capitulo de insolvencia de persona natural no comerciante, nadie parece haber caído en cuenta de las bondades de este nuevo procedimiento que introduce el Código General del Proceso. Esto se agrava aun mas con la desinformación que circula en los medios de comunicación que agrava y profundiza mas el desconocimiento de miles de deudores en Colombia (como la burrada que publicó el periódico Portafolio el 30 de septiembre de 2012 que asegura que para acogerse al procedimiento de insolvencia necesita certificar sus ingresos con un contador LO CUAL ES FALSO, como el 50% de ese artículo)

Quizás la única ventaja que se ha mencionado en los periódicos es que al deudor no se le podrán cortar los servicios públicos una vez se acoja a este procedimiento. Este beneficio, aunque muy ventajoso, es completamente ajeno a la realidad de millones de colombianos que SOLO LE DEBEN A LOS BANCOS! Y que simplemente dejan de pagarle al banco porque no quieren que les corten los servicios, lo cual es un acto de inteligencia aunque no le guste al banco.

Por lo tanto, los deudores deberían conocer los demás beneficios que les trae este nuevo procedimiento y que mejorarán la calidad de vida del deudor. Entre esos beneficios encontramos:

  1. la suspensión de todos los procesos en su contra
  2. la desaparición inmediata de su nombre de las centrales de riesgo (si cumple el acuerdo), el levantamiento de los embargos en contra de un inmueble
  3. la cancelación de prendas e hipotecas
  4. y la mejor de todas, la conservación de su patrimonio intacto si cumple con el acuerdo (cosa que no podría hacer el deudor con un proceso ejecutivo en contra).

Todo sobre los Procesos Monitorios (Art. 419 del CGP)

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Nota del 13 de junio de 2018: Recuerde que si desea asesoría sobre los procesos monitorios, puede contactarme al 3042874360. 

En esta oportunidad analizaré los procesos monitorios, el cual es un novedoso procedimiento que trajo consigo el CGP y que, a pesar de existir en otros países, nunca se había implementado en Colombia.

La importancia de este procedimiento para el quehacer jurídico colombiano radica en que antes la finalidad que trae consigo este tipo de proceso declarativo especial se tenía que lograr mediante un proceso Ordinario del Código anterior, con las demoras subsecuente. Con este nuevo proceso, se promete que durará muchísimo menos lograr el mismo resultado de manera más precisa.

Pero, qué son los procesos monitorios?: básicamente, son procesos que permiten crear títulos ejecutivos “de la nada”. En efecto, el Art. 419 del CGP, al referirse a su procedencia, indica que se deben seguir por “Quien pretenda el pago de una obligación en dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible que sea de mínima cuantía

Cuales son las condiciones para poder interponer este tipo de procesos?: Como lo dice el Art. 419 del CGP, el proceso monitorio se puede interponer siempre que se cumpla con estas condiciones:

1. Que la obligación provenga de un contrato: Ojo, esto no quiere decir que el contrato tenga que estar por escrito. Recuérdese que también existen contratos verbales (como el contrato de compraventa que usted celebra con su tendero todas las mañanas cuando le compra la leche para el desayuno). Obviamente, aquí jugará la naturaleza del contrato, ya que sería estúpido promover un proceso monitorio en virtud de un contrato a titulo gratuito como el contrato de comodato, por ejemplo.

2. Que la obligación sea determinada: es decir, debe existir claridad a lo que el supuesto deudor se comprometió. Ejemplo: si me logras construir la terraza de mi casa, te pagaré un salario mínimo.

Normalmente, una obligación es determinada cuando tiene plazos o está condicionada a un hecho posible (como la construcción de la terraza de la casa).

3. Que sea exigible: Es decir, que sea física y jurídicamente posible, o de lo contrario la obligación será nula. Una obligación es jurídicamente posible no porque esté establecida en el Código Civil o en el Código de Comercio, sino porque su objeto sea licito. De este modo, si eres narcotraficante y tu cliente no te pagó por ese cargamento que le enviaste, ni pienses en un proceso monitorio. O aun, si metiste dinero en alguna pirámide y el delincuente distinguido empresario no te pagó los jugosos rendimientos, tampoco podrás exigirlos mediante un proceso monitorio; Muy diferente si celebraste un contrato de Joint Venture o aportaste dinero a una mesa de dinero (no confundir con las pirámides)

4. Que sea de mínima cuantía: Pero de la cuantía nueva, la del CGP. Es decir, lo que se desee exigir debe ser menor a 40 SMLMV (al 2012 eso son $22.668.000)

Y cuales son los requisitos legales que me exigen para interponer este tipo de procesos?: son los que menciona el Art. 220 del CGP:

 

Artículo 420. Contenido de la demanda.

El proceso monitorio se promoverá por medio de demanda que contendrá:

1. La designación del juez a quien se dirige.

2. El nombre y domicilio del demandante y del demandado y, en su caso, de sus representantes y apoderados.

3. La pretensión de pago expresada con precisión y claridad.

4. Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados, con la información sobre el origen contractual de la deuda, su monto exacto y sus componentes.

5. La manifestación clara y precisa de que el pago de la suma adeudada no depende del cumplimiento de una contraprestación a cargo del acreedor.

6. Las pruebas que se pretenda hacer valer, incluidas las solicitadas para el evento de que el demandado se oponga.

El demandante deberá aportar con la demanda los documentos de la obligación contractual adeudada que se encuentren en su poder. Cuando no los tenga, deberá señalar dónde están o manifestar bajo juramento que se entiende prestado con la presentación de la demanda, que no existen soportes documentales.

7. Corregido por el art. 10, Decreto Nacional 1736 de 2012. El  lugar y las direcciones físicas y electrónicas donde el demandado recibirá notificaciones.

8. Corregido por el art. 10, Decreto Nacional 1736 de 2012. Los  anexos pertinentes previstos en la parte general de este código.

 

MUCHO OJO. Esos requisitos legales que establece el Art. 420 del CGP, y sólo esos, son los requisitos de forma. Eventualmente, el Juez podrá referirse a los requisitos de fondo del Art. 419 y abstenerse de librar requerimiento aun si cumple con las formalidades exigidas.

Y una vez admitida, qué sigue?: El Juez librará requerimiento al demandado para que pague, o niegue, la deuda reclamada. Esto lo debe hacer en un plazo de 10 días. Por lo cual, cuatro cosas pueden pasar, según las actitudes del demandado:

  • Si se presenta y paga: se acaba el proceso.
  • Si no se presenta: El juez dictará sentencia por la  totalidad de las pretensiones de la demanda, la cual no tendrá recurso y prestará mérito ejecutivo, con todo lo que ello implica. Esta sentencia será el titulo que el demandante necesitaba y que antes no tenía.
  • Si se presenta, niega la obligación y pierde el proceso: Se seguirá el trámite del Art. 392 del CGP, en el cual el demandado tendrá que justificar su negativa de manera fundamentada con base en los hechos y las pruebas que aportó dentro de los 10 días que tiene para hacerlo. Es decir, el demandado debe aportar pruebas argumentos coherentes. Si no logra demostrar la negativa, o si lo hace de manera infundada (léase, argumentando alguna estupidez por no leer bien o por simple ignorancia), SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA correspondiente al 10% del valor de las pretensiones en favor del demandante.
  • Si se presenta, niega la obligación y gana el proceso: el multado será el demandante.

Este proceso lo puedo interponer si el demandado es ilocalizable? no puede lamentablemente. Una de las fallas del CGP es impedir que el demandado en este tipo de procesos sea emplazado o se le nombre curador ad litem. Esto significa que el demandado debe acudir de manera personal al juzgado una vez que sea notificado debidamente de la demanda.

Mucho ojo! Una cosa es que el demandado sea ilocalizable, y otra cosa es que no quiera ir. Ambas situaciones tienen implicaciones distintas. De este modo, si a usted lo demandan en el marco de este proceso, y cree que con negarse a notificarse se salvará de la sentencia a la cual lo condenarán por no ir, está cometiendo una de las mayores burradas de su vida porque de todas formas lo van a condenar.

Y una vez tenga la sentencia a mi favor, qué sigue? El juzgado iniciará inmediatamente el proceso ejecutivo contra el demandado. Es decir, no será necesario radicar otra demanda, sino que se seguirá el proceso ejecutivo dentro de esta misma demanda monitoria pero en cuaderno separado.

Interesante. Pero cuándo podré interponer un proceso monitorio? Podrá hacerlo en el 2014, que es cuando entra a regir el Art. 419 del CGP. Cuando entre en vigencia, estos procesos se interpondrán ante un Juez Civil Municipal en única instancia.

(AÑADIDO EL 11 DE MAYO DE 2013)

monitorio

 

El Art. 44 de la Ley 1395 sólo durará un año

Recuerdan que la Ley 1395 de 2010 establecía en su Art. 44 que la oralidad, en materia Civil, “Entra en vigencia a partir del 1o de enero de 2011 en forma gradual a medida que se disponga de los recursos físicos necesarios, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, en un plazo máximo de tres años.” Es decir, esta Ley, en el papel, rige a partir del año 2011, pero en la práctica, y dada la falta de recursos, esta Ley regirá a partir del 2014.

Sin embargo, con la Ley 1564 de 2012 (CGP) eso ya es letra muerta, ¿quiere saber por qué? Siga leyendo:

El numeral 6 del Art. 627 indica lo siguiente:

6. Los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país.

Es decir, que el CGP entra a regir completamente, de manera formal, en el 2014, pero si no hay recursos disponibles regirá a partir del 2017 en la práctica.

Pero esto no debe entenderse de esta forma tan plana, ya que no debemos dejar de lado el Art. 625 del CGP, que nos habla del tránsito de legislación y que YA ESTÁ VIGENTE. Ese artículo establece la forma en que se adaptarán los procesos en curso al nuevo CGP dependiendo de la clase de proceso y del estado en que se encuentren. AUN SIN HABER RECURSOS DISPONIBLES!

Además, si el CGP también le da plazo al Consejo Superior de la Judicatura para que disponga de los recursos necesarios para la implementación del nuevo Código, y teniendo en cuenta los principios de eficacia y economía de la contratación estatal, el Consejo Superior de la Judicatura a partir de julio de 2012 DE NINGÚN MODO podría ejecutar presupuesto para implementar la Ley 1395 porque estaría cometiendo una estupidez del tamaño de un castillo. No sólo sería un gran despilfarro, sino que sería más eficiente implementar recursos para el nuevo Código que  deroga gran parte de la Ley 1395 de 2010 y que prácticamente ya comenzó a regir para los procesos en curso.

Conclusión, el Art. 44 de la Ley 1395 de 2010 sólo regirá por todo el 2014 porque para el 2015 ya habrá recursos para el nuevo CGP. Además de quedar en letra muerta para gran parte de los procesos vigentes antes de julio de 2012.

Apuntes sobre la “Ley” de insolvencia para personas naturales no comerciantes (INOC)

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(actualizado el 17 de agosto de 2016)

NOTA DEL 1 de agosto de 2013: Por ahí me enteré que una profesora del Diplomado de Conciliación en Insolvencia de la Persona Natural No Comerciante ha plagiado este artículo para dar sus clases. Desde esta tribuna le pedimos cordialmente que CITE LA FUENTE y que deje de ser tan rata. Darle el crédito al autor no cuesta nada y queda bien con todo el mundo

Aclaremos este detalle de una vez por todas: Esta “Ley”, no es una Ley, es un capítulo del nuevo Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Y no, no es la resurrección de la Ley 1380 de 2010, aunque en esta Ley declarada inexequible por la Corte Constitucional está el antecedente directo de este Capitulo del Código General del Proceso.

Para qué me sirve? Según el Art. 531 del CGP, la Insolvencia de Persona Natural No Comerciante (INOC) sirve para Negociar sus deudas con sus acreedores, convalidar los acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores, o liquidar su patrimonio.

Y cómo me acojo a INOC? Para usted acogerse a este procedimiento, debe tener en cuenta los siguientes requisitos que exige la Ley (artículo 538 C.G.P):

LEA: Insolvencia de la Persona Natural No Comerciante: Los requisitos que debe de cumplir para poder acogerse a este régimen.

1. No ser Comerciante: Si lo es, vaya a la Ley 1116 de 2006 (ver, además: ¿Soy comerciante por tener deudas como comerciante? y también lea Seis mentiras sobre el Régimen de Insolvencia económica para Personas Naturales No Comerciantes)

2.Estar en cesación de pagos de dos o mas obligaciones con dos o mas acreedores por mas de 90 días. Nota al 15/09/13: Algunos dicen que estos días son hábiles dado que las normas de interpretación de la Ley establecen que cuando estas se refieran a días se entienden hábiles a menos que la misma Ley diga que son Calendario. No comparto esta interpretación porque no obedece al espíritu de la Ley y, por demás, porque no obedece a la realidad de los créditos en Colombia, en donde el periodo de mora se entiende en días calendario y no hábiles. 

3. O también, tener dos o mas procesos ejecutivos, o de jurisdicción coactiva (o sea, los que adelantan las entidades del Estado, como Emcali, o el municipio por el cobro del impuesto predial) que cursen en su contra.

4.(Actualizado el 17 de agosto de 2016) En cualquiera de las circunstancias 2 y 3, esas deudas en mora deben representar el 50% de todos los pasivos a su cargo. Es decir, si usted debe 100 millones pero tiene deudas al día por 70 millones, entonces usted no cumple con los supuestos de insolvencia.  No obstante, tenga en cuenta lo que dice la Ley:

En cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones deberá representar no menos del cincuenta (50%) por ciento del pasivo total a su cargo. Para la verificación de esta situación bastará la declaración del deudor la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

Así las cosas, un Conciliador no debe revisar este aspecto en consideración a que sólo basta su declaración como deudor, la cual se entiende rendida bajo la gravedad de juramento. Esto significa que si usted no cumple con ese requisito podría enfrentar problemas en el futuro.

Por ello, para curarse en salud, le recomiendo que no esté al día con ninguna de sus deudas si desea acogerse a este procedimiento.

Yo cumplo los requisitos, pero a dónde debo dirigirme? A un Centro de Conciliación. La ley dice que el Centro de Conciliación debe de estar autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho para realizar este tipo de trámites, pero también dice que si en un municipio no hay un Centro de Conciliación con estas características, entonces lo puede presentar en uno cualquiera. También se vale presentar la solicitud en una Notaría.

En serio? pero si yo no tengo plata. Qué puedo hacer entonces? En ese caso, debe acudir a los Centros de Conciliación gratuitos (los de los consultorios jurídicos, o los de las entidades públicas, como la Personería de su municipio).

NOTA DEL 29 DE ENERO DE 2015: Actualmente he logrado acceder a convenios con unas Notarias y un Centro de Conciliación en Cali para acceder a insolvencias mucho más económicas con respecto a la tabla de precios oficiales. Si necesita acogerse a este régimen con urgencia y de manera económica, lo invito a contactarme. 

Debo llevar algún papel, o documento? Si, si debe. Y son tantos que a veces pienso que en realidad nuestros padres de la patria no querían que los colombianos de a pie se acogieran a INOC. La buena noticia es que esos documentos que la Ley pide no aplican en todos los casos, y de esta forma usted podrá hacer su solicitud de forma más amigable. Los documentos que solicita la Ley los puede encontrar revisando el Art. 539 del CGP:

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Artículo 539. Requisitos de la solicitud de trámite de negociación de deudas.

La solicitud de trámite de negociación de deudas podrá ser presentada directamente por el deudor o a través de apoderado judicial y a ella se anexarán los siguientes documentos:

1. Un informe que indique de manera precisa las causas que lo llevaron a la situación de cesación de pagos.

2. La propuesta para la negociación de deudas, que debe ser clara, expresa y objetiva.

3. Una relación completa y actualizada de todos los acreedores, en el orden de prelación de créditos que señalan los artículos 2488 y siguientes del Código Civil, indicando nombre, domicilio y dirección de cada uno de ellos, dirección de correo electrónico, cuantía, diferenciando capital e intereses, y naturaleza de los créditos, tasas de interés, documentos en que consten, fecha de otorgamiento del crédito y vencimiento, nombre, domicilio y dirección de la oficina o lugar de habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de no conocer alguna información, el deudor deberá expresarlo.

4. Una relación completa y detallada de sus bienes, incluidos los que posea en el exterior. Deberán indicarse los valores estimados y los datos necesarios para su identificación, así como la información detallada de los gravámenes, afectaciones y medidas cautelares que pesen sobre ellos y deberá identificarse cuáles de ellos tienen afectación a vivienda familiar y cuáles son objeto de patrimonio de familia inembargable.

5. Una relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el deudor o que curse contra él, indicando el juzgado o la oficina donde están radicados y su estado actual.

6. Certificación de los ingresos del deudor expedida por su empleador o, en caso de que sea trabajador independiente, una declaración de los mismos, que se entenderá rendida bajo la gravedad de juramento.

7. Monto al que ascienden los recursos disponibles para el pago de las obligaciones descontados los gastos necesarios para la subsistencia del deudor y de las personas a su cargo si los hubiese, de conservación de los bienes y los gastos del procedimiento.

8. Información relativa a si tiene o no sociedad conyugal o patrimonial vigente. En el evento en que la haya tenido, deberá aportar copia de la escritura pública o de la sentencia por medio de la cual esta se haya liquidado, o de la sentencia que haya declarado la separación de bienes, si ello ocurrió dentro de los dos (2) años anteriores a la solicitud. En cualquiera de estos últimos casos, deberá adjuntar la relación de bienes con el valor comercial estimado que fueron objeto de entrega.

9. Una discriminación de las obligaciones alimentarias a su cargo, indicando cuantía y beneficiarios.

Parágrafo primero.

La información de la solicitud del trámite de negociación de deudas y las declaraciones hechas por el deudor en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se entenderán rendidas bajo la gravedad del juramento y en la solicitud deberá incluirse expresamente la manifestación de que no se ha incurrido en omisiones, imprecisiones o errores que impidan conocer su verdadera situación económica y su capacidad de pago.

Parágrafo segundo.

La relación de acreedores y de bienes deberá hacerse con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a aquel en que se presente la solicitud.

Y cuales son los beneficios? Según el Art 545 del CGP, una vez que acepten su solicitud para acogerse a INOC, usted tendrá los siguientes beneficios:

1. No podrán perseguir su patrimonio judicialmente de ninguna manera.

2. No le podrán cortar los servicios públicos por no pago de las obligaciones ANTERIORES a la aceptación de la solicitud (es decir, que si de la solicitud en adelante usted insiste en no pagar los servicios, se los cortarán inevitablemente)

3. Si ya se los cortaron, se los deben restablecer

4. Si debe pagar algún impuesto o contribución para poder vender un inmueble, sólo le podrán cobrar los que se causen con posterioridad a la aceptación de la solicitud.

5. Si cumple con el acuerdo y paga sus obligaciones, a usted lo podrán retirar de las bases de datos financieras (léase, Datacrédito) de forma inmediata.

Definitivamente yo no tengo plata para este trámite, y en los consultorios gratuitos que usted menciona no quieren llevar mi caso. Qué puedo hacer entonces?

Lo primero, preguntar por qué no quieren llevar su caso esos consultorios gratuitos, y denunciarlos si hay lugar a ello. Lo segundo, reúnase con sus acreedores y lleguen a un acuerdo, y el acuerdo al que llegue convalídelo conforme al Art. 562 del CGP. La CONVALIDACIÓN DE ACUERDO PRIVADO sólo podrá intentarla si usted está desempleado (o divorciándose) y teme que en los siguientes 120 días dejará de pagar sus deudas.

Para la convalidación de acuerdo privado, sólo basta con llevar el acuerdo ante un Centro de Conciliación o Notario y seguir las instrucciones del Art. 562 del CGP

Todo esto suena muy lindo, pero qué pasa si me acojo a INOC pero no llego a ningún acuerdo con mis acreedores? En ese caso, iniciarán la liquidación patrimonial (art. 563 CGP), la cual se tramitará ante un Juez Civil Municipal. Esta liquidación también se iniciará si usted incumple el acuerdo al cual llegó con sus acreedores o si los acreedores impugnaron el acuerdo conforme al Art. 557 CGP y un Juez Civil lo declaró nulo).

Y cuál es la gran ventaja de todo este procedimiento? Que una vez termine (sea por acuerdo por liquidación) ningún acreedor podrá perseguir sus bienes por deudas anteriores a la fecha de apertura de la liquidación. Es decir, las deudas se pagarán CON LO QUE USTED TENGA A ESA FECHA. Si al día siguiente usted se compra un carro o una casa (por ejemplo), ningún acreedor la podrá tocar

Y cuantas veces puedo “meterme” en este trámite? Las que quiera, siempre y cuando cumpla con los siguientes intervalos de tiempo:

1. 5 años si usted logró un acuerdo con sus acreedores, o si la liquidación salió perfecta

2. 10 años si sus bienes no alcanzaron en la liquidación para pagarlo todo, y quedaron saldos insolutos que se convirtieron en obligaciones naturales (Art. 571 Num. 1 del CGP)