Fundamento legal:
Art. 250 parágrafo 2 de la Constitución
Ley 1826 de 2017
A partir del 12 de julio de 2017 entró en vigencia el Procedimiento Especial Abreviado, uno de esos pañitos de agua tibia con el cual el Estado cree que acabará con el delito y que ha sido presentado, así como ha pasado con otras leyes, como la panacea que hará que los delincuentes se piensen dos veces cometer delitos.
Pues les cuento que esa Ley trae consigo un gran problema para el Estado, y aquí se les informaré.
El Consejo Superior de la Judicatura es un Frankenstein que creó la Constitución de 1991 y que nadie ha podido acabar, dada la tendencia de algunos abogados en este país a leguyelar. PERDÓN!, a realizar interpretaciones “armónicas” de la Ley.
Pues bien, en una de esas “interpretaciones armónicas”, a este organismo se le pudo haber ido la mano.
Jenny, una comentarista de este blog, me hizo esta pregunta, referente a los procesos monitorios, que hoy intentaré responder:
BUENOS DIAS DOCTOR, UNA PREGUNTA QUE PASA SI LA OBLIGACIÓN SUPERA LOS 40 SMLV SE PUEDEN HACER DOS O VARIOS PROCESOS MONITORIOS CON EL PROPÓSITO DE FRACCIONAR DICHA CIFRA, SIN QUE EL JUZGADO RECOPILE TODA LA INFORMACIÓN Y DEJE UN SOLO PROCESO
Fundamento legal: Decreto 1227 de 2015, Sentencia T-063 de 2015, artículos 91 y 95 del Decreto Ley 1260 de 1970
¿Es usted transgenero y está cansado de ver que en su cédula aparece el género que no le corresponde? ¿Le han cerrado puertas por esto? ¿Lo miran raro cuando presenta su cédula para hacer algún trámite? Pues entonces, este artículo es para usted.
¿se acuerdan de los procesos monitorios? ¿Aquellos procesos que implementó el nuevo Código General del Proceso, sobre los cuales escribí un artículo hace un par de años y que, tanto abogados como no abogados, han estado esperando con ansias? Pues al parecer su implementación sólo ocurrirá en el 2016.
Y es que no era de extrañarse: El Estado Colombiano, en materia de política judicial, siempre se ha comportado como el país tercermundista que lleva siendo desde su fundación (tan es así que pocos dirigentes en Colombia saben qué es política judicial) y por consiguiente, basa esta política en la improvisación y en las reacciones coyunturales de masas, lo cual nos lleva a la implementación de procesos sin SIQUIERA garantizar una fuente de recursos sostenible.
En este orden de ideas, las palabras del numeral 6 del artículo 627 del Código General del Proceso deben entenderse como un acto de resignación por el cual el Congreso reconoce la inutilidad del Estado, y en especial de ese pequeño tumor maligno esa prestigiosa Entidad conocida como Consejo Superior de la Judicatura, para diseñar y ejecutar una política judicial a las buenas; dejando a los usuarios de la Justicia del país esperando a que llegue el 2015 (o 2016, según cierto juzgado civil municipal caleño) para poder hacer uso, “a las patadas” de un procesos como el Monitorio que le facilitará la vida a muchos colombianos de bien.
NOTA: Como es muy probable que usted, amable lector, no sepa qué es un proceso monitorio, le ruego encarecidamente que deje de leer este artículo y proceda a informarse mejor sobre los procesos monitorios aquí. ¿Ya sabe qué es un Proceso Monitorio? Muy bien, ¡siga leyendo!
Es por eso que me di a la tarea de aplicar un poco de creatividad jurídica para darle a conocer a los muggles no abogados, y a uno que otro abogado noobster recién egresado, alternativas a los Procesos Monitorios que pueden aplicar hoy:
La gran desventaja de la conciliación en derecho es que acceder a esta figura, en muchos casos, tiene costo. Existen Centros de Conciliación gratuitos (como los de las Personerías de cada municipio), pero estos suelen limitar el acceso al servicio a la cuantía de las pretensiones (es decir, si a usted le deben más de $25.000.000 no puede acudir a estos Centros de Conciliación). Además, si usted va solo dependerá de sus propias habilidades de persuasión y convencimiento para procurarse llegar a un arreglo satisfactorio (por lo cual lo mejor es acudir acompañado de un abogado. Pero de uno bueno!, no de uno que se tome el asunto de manera personal porque de lo contrario no llegará a ningún arreglo)
La jurisdicción de paz es casi que ilimitada, ya que pueden conocer sobre cualquier asunto que sea susceptible de transacción, conciliación o desistimiento con cuantía menor a 100 salarios mínimos legales mensuales. Lo único sobre lo cual ellos no pueden conocer es sobre las acciones constitucionales y contencioso administrativas, así como asuntos que versen sobre el la capacidad y el estado civil de las personas (salvo para el reconocimiento de hijos extramatrimoniales)
Si bien con un juez de paz usted también podría constituir un título ejecutivo por la vía de la conciliación en equidad, el problema está en la limitación por la cuantía y en que los jueces de paz no suelen ser abogados (ni siquiera son personas que hayan terminado el bachillerato). No quiere decir esto que se deba desmeritar sus habilidades para resolver conflictos, pero muchas de sus decisiones podrían ser contrarias a derecho y serían fácilmente declaradas nulas ante la jurisdicción ordinaria (que es más ordinaria que un velorio con lluvia de sobres).
Además, quizá debido a la completa ignorancia de algunos de sus funcionarios, la jurisdicción de paz ha encontrado cierta reticencia en los juzgados del país. En el caso de Cali, algunos jueces han negado librar mandamientos de pago de Actas de Conciliación de jueces de paz alegando que la capacidad de conciliar de estos jueces quedó tácitamente derogada con la Ley 640 de 2001, olvidando que son cosas completamente diferentes y, de paso, dejado en evidencia la poca o nula preparación que tienen los estudiantes de Derecho sobre esta jurisdicción.
Este tipo de procesos se solicitan mediante demanda ante un juez civil municipal, o mediante solicitud a un Notario (lo que, naturalmente, le costará dinero) y se rige por las normas de cada una de las pruebas que quiera practicar. Su único inconveniente es que necesita NECESARIAMENTE estar acompañado de un abogado para poder tramitarlos
¿conoces otras alternativas a los procesos monitorios? No dudes en indicarlas en la sección de comentarios, será de buen recibo en este espacio.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura estableció tres etapas para la entrada en vigencia del Código General del Proceso (CGP) en 34 distritos judiciales, que se iniciará el 3 de junio del 2014 y tendrá como fecha final el 1º de diciembre del 2015. Así mismo, adoptó un plan especial de descongestión para evacuar los procesos que se adelantan por medio del sistema escrito, con miras a la puesta en marcha del nuevo esquema procesal en despachos civiles.
Así, la corporación facultó a salas administrativas de consejos seccionales de la Judicatura para efectuar la rotación de cargos de descongestión en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, tribunales y juzgados de las especialidades civil, de familia y promiscuos.
“Los despachos judiciales en los cuales se crean cargos de descongestión deberán incrementar su productividad en un 25 %, con respecto al egreso efectivo del trimestre anterior”, señala el Acuerdo PSAA1310072, por medio del cual se establece el plan.
Así las cosas, la Dirección Seccional de Administración Judicial adelantará el respectivo reparto de los procesos del sistema escrito que se encuentren a cargo de los despachos que ya tienen previsto el inicio de audiencias basadas en el sistema oral.
Ello indica que solo los despachos judiciales que al 13 de enero no hayan sido individualizados, dentro del proceso de implementación del nuevo sistema establecido en la Ley 1395 del 2010, estarán inmersos en este proceso de descongestión.
En este sentido, la Sala dispuso la entrada en vigencia de la oralidad en los distritos de Arauca (Arauca), Barranquilla (Atlántico) y Cali (Valle) para el próximo 13 de enero, y de Cúcuta (Norte de Santander), Medellín (Antioquia), Pamplona (Norte de Santander), Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) y Tunja (Boyacá), para el 30 de abril.
Estas estrategias tienen como fin adecuar los despachos para la entrada en vigencia del CGP, que empezará a implementarse en los distritos de Manizales (Caldas), Florencia (Caquetá), Montería (Córdoba), San Gil (Santander), Valledupar (Cesar) y San Andrés (San Andrés) desde el 3 de junio.
El 1º de octubre se cumplirá una segunda etapa de puesta en marcha de la plataforma en Armenia (Quindío), Barranquilla (Atlántico), Arauca (Arauca), Cali (Valle), Cúcuta (Norte de Santander), Medellín (Antioquia), Pamplona (Norte de Santander), Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) y Tunja (Boyacá).
La última fase tendrá lugar el 1º de diciembre del 2015, fecha en la cual entrará en vigencia para Antioquia, Bogotá (Cundinamarca), Bucaramanga (Santander), Buga (Valle), Cartagena (Bolívar), Cundinamarca, Ibagué (Tolima), Mocoa (Putumayo), Neiva (Huila), Pasto (Nariño), Pereira (Risaralda), Popayán (Cauca), Quibdó (Chocó), Riohacha (Guajira), Santa Marta (Magdalena), Sincelejo (Sucre), Villavicencio (Meta) y Yopal (Casanare).
(Consejo Superior Judicatura, acuerdos PSAA131071 y PSAA1310073, Dic. 27/2013)
Tomado de Ámbito jurídico
Hace muchísimo tiempo que no escribía algo de mi propia inventiva en este blog. Es que este mes ha sido bastante duro por la carga de trabajo (y el próximo mes será peor, por fortuna). Pero ya que estamos en vacaciones, comencemos hablando de este proceso (gracias a la recomendación de una comentarista de este blog) que cambia de forma radical en el Código General del Proceso.
Dejo claro esto de antemano: El Código General del Proceso no será la panacea en cuanto a eficacia para la terminación de los procesos. Lo que hace lentos los procesos en Colombia no son los códigos, sino la pésima preparación de buena parte de los funcionarios judiciales (incluyendo Jueces. Colombia es quizá el único país del mundo donde el abogado litigante sabe más de derecho que un Juez (porque muchos son elegidos como cuotas burocráticas, más no por mérito propio) y ello ha llevado a que estos se conviertan en simples mandaderos en lugar de verdaderos Juristas), su aun peor equipamiento tecnológico (que no solamente se refleja en el uso de computadores de última generación), su falta de integración con las TIC (por lo cual aun seguimos notificándonos por estados y mandando memoriales de papel a un Juzgado) y su total desprecio por el método científico y los estándares que ello traería para convertir la justicia en Colombia en algo serio y no en el monigote que es hoy en día.
Lo anterior lo digo para que quede claro que estos procesos no serán más rápidos con el Código General del Proceso y que la velocidad no es el objetivo de este artículo, sino simplemente analizar si era mejor que los procesos divisorios fueran un proceso independiente como lo ha sido con el Código de Procedimiento Civil, o bien, si vale la pena que se tramiten como procesos Declarativos Verbales Especiales a la luz del Código General del Proceso.
Pero primero, definamos qué son los procesos Divisorios:
Los procesos divisorios son un proceso judicial que le permite al copropietario de un bien, sea este mueble o inmueble, poder acabar con la copropiedad y separar su patrimonio del resto de los copropietarios. Para ello, el copropietario, o comunero, puede pedir la división material del bien (si es posible) o en su defecto pedir la venta del inmueble con el fin de que se distribuya el producto de la misma entre los comuneros.
¿Cómo se tramitaban en el Código de Procedimiento Civil? (Artículo 467 y subsiguientes)
1. Se realiza la demanda contra los demás comuneros, acompañada de la prueba de que son condueños y, si son bienes sujetos a registro, el certificado de tradición que de cuenta sobre la situación jurídica del bien durante los últimos 20 años si es posible.
2. Se puede solicitar licencia judicial previa, que por lo general suele ser para la venta de algún inmueble (artículo 469 del C.P.C)
3. Se da traslado por 10 días al demandado (o demandados). Si este se allana, o no contesta la demanda (aquí no hay excepciones de mérito, sino posición a la división) ni propone excepciones previas, el Juez decretará la división mediante Auto. Si hay excepciones previas, se tramitan conforme al artículo 99 del C.P.C.
4. Una vez decretada la División, se procede conforme lo establece el artículo 471 del C.P.C, que indica el trámite a seguir para la división del bien. Aquí es donde se encuentra el verdadero proceso divisorio, y es la parte de este proceso que más se demora,en mi opinión, ya que si se decreta la venta de la cosa común se irá el bien a remate como en los procesos ejecutivos. Esto, sin contar con el nombramiento del perito avaluador y lo que se demore realizando dicho avalúo.
5. En cuanto a las mejoras, quien tenga derecho a estas deberá reclamarlas en la demanda o en la contestación especificándolas y pidiendo las pruebas de las mismas.
7. Los gastos comunes de la división material o de la venta corren por cuenta de cada comunero en proporción a su derecho.
8. El demandado tiene derecho de compra dentro de los tres días siguientes a aquel en que el avalúo quede en firme.
9. Si lo que se dividen son comunidades territoriales que pertenezcan a más de 20 personas, o con número de comuneros desconocido o incierto, el proceso divisorio es distinto, ya que en lugar de notificación personal habrá lugar a emplazamiento de todos los comuneros, conforme al artículo 318 del C.P.C, lo cual cambia completamente el panorama de este trámite (no me extenderé mucho en eso. Mejor lea los artículos 475 a 483 del C.P.C)
10. Si la comunidad no tiene administrador, se puede nombrar a uno (artículos 484 a 487 del C.P.C)
¿Y cómo se tramitan ahora con el Código General del Proceso? (Art. 406 al 418 C.G.P)
1. Se realiza la demanda contra los demás comuneros, acompañada de la prueba de que son condueños y, si son bienes sujetos a registro, el certificado de tradición que de cuenta sobre la situación jurídica del bien durante los últimos 10 años si es posible. (en el anterior código eran 20 años)
2. La demanda debe de ir acompañada,para su admisión, de un dictamen pericial que determine el valor del bien, el tipo de división procedente y la partición, si fuere el caso, y el valor de las mejoras si se reclaman.
3. Se puede solicitar licencia judicial previa, que por lo general suele ser para la venta de algún inmueble (artículo 408 del C.G.C)
4. Se da traslado por 10 días al demandado (o demandados) y se ordenará la inscripción de la demanda en los bienes sujetos a registro. Si el demandado no está de acuerdo con el dictamen que aportó el demandante, podrá aportar otro o solicitar la convocatoria del perito a la audiencia para interrogarlo (y aquí es donde estos procesos divisorios terminarán siendo el galimatías que son hoy en día).
5. Una vez decretada la División, se procede conforme lo establece el artículo 410 del Código General del Proceso que indica el trámite a seguir para la división del bien. Cabe destacar que este trámite es mucho más corto que el establecido por el C.P.C
6. Si se ordena la venta de la cosa común, se decretará su secuestro y se procederá al remate de la misma, pero aquí la base para hacer postura es el total del avalúo.
7. Los gastos comunes de la división material o de la venta corren por cuenta de cada comunero en proporción a su derecho.
8. El demandado tiene derecho de compra dentro de los tres días siguientes a aquel en que el avalúo quede en firme.
9. Si la comunidad no tiene administrador, se puede nombrar a uno (artículos 415 a 418 del C.G.P)
Entonces, ¿valdrá la pena que se tramiten ahora como Procesos declarativos verbales especiales?
En mi opinión, da lo mismo, porque la única diferencia importante que tiene el nuevo proceso divisorio frente al viejo es que ahora el avalúo y la forma de distribución se convierten en un requisito formal de la demanda, y no en una prueba que se debe practicar en el momento procesal oportuno, lo que de antemano me hace pensar que solicitar amparo de pobreza en estos procesos no servirá para un carajo porque la Ley presume que quien es copropietario entonces puede pagar un proceso. Por lo demás, sus otras diferencias se reducen a menos tiempos en algunos requisitos y en que ahora los copropietarios indeterminados o demasiados numerosos no tienen un proceso especial sino que es el mismo, lo cual me hace pensar que, en un principio, habría que notificarlos a todos de forma personal, y en caso de que se desconozca quienes son los comuneros, entonces si se deben emplazar, llevando copia de dicho emplazamiento al Registro Nacional de Persona Emplazadas (artículo 108 C.G.P).
Aprovecho para decir que el emplazamiento que establece el C.G.P es la cosa más irracional jamás inventada por el Legislador en materia procesal: Si el emplazamiento quedará registrado en el Registro Nacional de Personas Emplazadas por un año, entonces, por qué carajos se debe publicar en un maldito periódico por 15 días antes de pasar por el Registro? Será que habrán hecho Lobby los de los periódicos porque saben que los edictos judiciales son lo único que justifica su existencia? (ah si, y envolver aguacates)
Retomando, y ya para terminar, sostengo lo que dije al principio y concluyo que ni fue acertado ni fue un desatino convertir los procesos divisorios en procesos declarativos PORQUE NO HACE NINGUNA DIFERENCIA. Es que el Proceso Divisorio es básicamente el mismo (fuera de las diferencias ya enunciadas), y como es básicamente lo mismo, ¿Será que también se demorarán tres años como con el viejo Código? Amanecerá y veremos.
